Resulta procedente la demanda de daños deducida contra la Municipalidad en virtud de la ilegítima denegatoria del otorgamiento del registro de remis al actor, ya que lo privó de ventajas económicas de acuerdo a probabilidades debidamente comprobadas

Partes: Van Son Le c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ demanda contencioso administrativa

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 14-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105909-AR | MJJ105909 | MJJ105909
Resulta procedente la demanda de daños deducida contra la Municipalidad en virtud de la ilegítima denegatoria del otorgamiento del registro de remis al actor, ya que lo privó de ventajas económicas de acuerdo a probabilidades debidamente comprobadas.

Sumario:

 

1.-Corresponde acoger parcialmente la demanda de daños deducida contra la Municipalidad en virtud de la ilegítima denegatoria del otorgamiento del registro de remis al actor, pues la conducta de la demandada privó al actor de ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades debidamente comprobadas; y aunque la parte accionante no ha aportado una acreditación precisa de la cuantía de las pérdidas experimentadas, la falta de tales elementos cuantitativos puede ser suplida por una prudente estimación judicial. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. de Lázzari, Soria y Borinsky – mayoría)

2.-En casos de actividad ilícita del Estado -es decir viciada por no haber sido emitida de conformidad con la legislación aplicable-, el resarcimiento de los daños y perjuicios, una vez decidida la nulidad del acto, debe ser integral, total comprensiva no sólo del daño emergente, sino también del lucro cesante. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. de Lázzari, Soria y Borinsky – mayoría)

3.-Debe rechazarse la demanda de daños deducida contra la Municipalidad en virtud de la ilegítima denegatoria del otorgamiento del registro de remis al actor, pues no consta indicio alguno acerca de los costos o las ganancias pretendidas, con independencia de los propios dichos del accionante al momento de interponer la demanda; y tampoco este último ofreció prueba pericial, ni acompañó documentación contable, impositiva o de naturaleza similar que posibilite determinar el perjuicio invocado. (Del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Kogan y Genoud – disidencia)

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 14 de junio de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Negri, de Lázzari, Soria, Borinsky, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia en la causa B. 61.396, “Van Son, Le contra Municipalidad de Bahía Blanca. Demanda contencioso administrativa”.

ANTECEDENTES

I. El señor Le Van Son, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Bahía Blanca, solicitando el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que, según aduce, le ha irrogado la ilegítima actuación de la comuna demandada.

A fs. 16/17, 26/29 y 33/34 el actor amplía demanda denunciando el incremento del perjuicio patrimonial ocasionado. Expone, asimismo, que el día 5-IV-2006, se dictó sentencia definitiva en la causa B. 60.242, “Van Son, Le c/ Municipalidad de Bahía Blanca. D.C.A.”.

II. Con fecha 16-IV-2009, en atención a lo solicitado por las partes (fs. 46/46 vta.), el Tribunal dispuso la suspensión de los plazos por el término de diez días (fs. 47).

III. A fs. 88/90 se presenta el apoderado de la Municipalidad de Bahía Blanca, contesta la demanda y solicita su rechazo en todas sus partes.

IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a la causa B. 60.242, “Van Son Le c/ Municipalidad de Bahía Blanca. D.C.A.”, el cuaderno de pruebas de la actora, glosado el alegato de la parte accionante, no habiendo hecho uso de ese derecho la parte demandada, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, decidiendo el Tribunal plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N

¿Es fundada la demanda? V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Relata el actor que los hechos que motivan su reclamo fueron expuestos en la causa B.60.242, “Van Son Le”, en la que demandó a la Municipalidad de Bahía Blanca la restitución de un registro de remis.

Recuerda que la Ordenanza 9236 (modificatoria de su similar 7937) estableció en su art. 4 que: “A los efectos de la conformación del registro de prestadores del servicio de remises, éste se integrará con todos aquellos que se encuentren inscriptos en el organismo de aplicación, ya sea a nombre de los particulares o empresas o en carácter de contratados por alguna de estas, a la fecha de la sanción de la ordenanza 8888”.

Apunta que, al momento del dictado de la mencionada ordenanza, se hallaba inscripto en el referido organismo municipal, y por ello -según lo entiende- se encontró comprendido en el grupo de personas a las que la nueva norma le confería un derecho a un registro habilitante para remis.

Consigna que, ante las reiteradas negativas de la Administración, formuló un reclamo por carta documento a fin de que se le restituya su registro de remis y pidió indemnización por los daños y perjuicios sufridos, sin obtener respuesta alguna de la comuna demandada.

A continuación detalla los rubros en concepto de indemnización por el menoscabo que denuncia, a saber:

1. Daño material: afirma que este concepto se integra por las ganancias de las que se vio privado desde el momento en que el municipio debió entregarle el registro de remis, esto es, desde el 19-VI-1997 y hasta la fecha en que ello ocurrió efectivamente.

Calcula sus ingresos frustrados con un promedio mensual sobre lo que obtiene un propietario de remis, trabajando su vehículo personalmente durante medio día y a través de un chofer durante la otra mitad de la jornada.

Detalla como ganancia neta, tomando los datos de la empresa “Remis Universitario S.R.L.” con la cual celebró un contrato la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) mensuales.Aclara que dedujo los gastos relativos al salario de un chofer, el canon que corresponde a la empresa de remis y los gastos por el pago de tributos y de mantenimiento del vehículo.

Refiere que, a la fecha de presentación de la demanda, el daño por lucro cesante asciende a la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000) o el que surja de la prueba a rendirse en autos. Alega que el monto se incrementará en función del tiempo que transcurra hasta el momento en que se haga efectiva la restitución del registro. Lo que ciertamente hizo en sus posteriores presentaciones.

2. Daño moral: aduce que la pérdida de su fuente de trabajo le trajo una serie de trastornos espirituales que merecen un resarcimiento económico.

Afirma que se le provocó una afección a sus sentimientos por la injustificada denegatoria que, ante la inexistencia de explicación alguna, lo llevó a creer que estaba siendo discriminado por su condición de extranjero.

Reclama por este concepto la suma de pesos quince mil ($ 15.000) o el que se determine en la sentencia.

II. Al contestar la demanda la Municipalidad accionada solicita su rechazo. Niega que deba repararse al actor los daños que dice haber sufrido.

Expone que con fecha 5-IV-2006 se dictó sentencia en los autos caratulados B. 60.242, “Van Son, Le c/ Municipalidad de Bahía Blanca.D.C.A.”. Señala que allí el Tribunal condenó a la comuna a otorgarle en el plazo de treinta días el registro de remis, en tanto se acredite el cumplimiento de los requisitos impuestos a tal fin por la normativa vigente en la materia.

Expresa que el día 2-V-2006, el accionante inició el trámite administrativo (expediente 00-10.134-2006 que adjunta), en el que solicitó formalmente la entrega del registro.

Indica que recién el 19-VI-2007 el señor Van Son Le acompañó la documentación que demostraba el cumplimiento de los recaudos impuestos por la normativa en la materia.

Manifiesta que con fecha 10-VII-2007 el Intendente dictó la resolución 10/452-07, por la que otorgó el registro, luego de que el peticionante cumpliera con las exigencias previstas en la norma.

Sostiene que antes de ese momento la Administración no podía otorgar el registro, dado que resultaba indispensable que el actor se presentara y cumpliera con los extremos que estaban a su cargo.

Argumenta que no puede ser condenada por la falta de diligencia del demandante y afirma que la Administración no resulta responsable por los daños que el actor dice haber sufrido.

Subsidiariamente, para el caso de que el Tribunal considere que la acción es viable, solicita que los daños sean calculados por el tiempo que demoró el municipio en otorgar el registro, computados a partir de que Van Son Le cumplió con los requisitos impuestos por la normativa vigente, esto es, desde el 19-VI-2007.

En otro orden, impugna la liquidación practicada por el demandante. Desconoce que como pérdida de chance deba resarcirse los importes que dice haber dejado de percibir mes a mes.

Finalmente, solicita el rechazo del reclamo concerniente a la reparación por daño moral también pretendido.

III. De las constancias administrativas, expediente número 10134/2006-0-0 caratulado “Comunica Sentencia de Suprema Corte. Solicita Registro de Remis”, agregado a fs. 48/87 de la causa, surgen los siguientes elementos útiles para resolver la controversia:

1.Con fecha 2-V-2006 el señor Van Son, por apoderado, se presenta ante la comuna demandada y comunica la sentencia dictada en la causa B. 60.242, “Van Son, Le c/ Municipalidad de Bahía Blanca. D.C.A.”, por la que se ordenó otorgar, en el plazo de treinta días, el “Registro” de remis peticionado (fs. 1, expte. citado).

2. La Asesoría Letrada de la accionada dictaminó que, de conformidad con lo resuelto en aquella sentencia, correspondía otorgar al demandante la licencia de remis, en tanto acreditara el cumplimiento de los requisitos impuestos por la normativa vigente (fs. 12).

3. A fs. 15 el Departamento de Transporte Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca detalló los recaudos requeridos para el otorgamiento del registro, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 7937.

4. A continuación se agrega la documentación solicitada, entre la que cabe resaltar la nota dirigida al intendente pidiendo el legajo de remis (fs. 16); copia del documento de identidad del actor en su carácter de titular del registro (fs. 20/22); copia del Título de Propiedad del automotor referenciado en el pedido, a nombre del aquí demandante y de la cédula de identificación del automóvil (fs. 28/29); comprobante de contratación de seguro para el referido vehículo (fs. 31/32); contrato de locación entre el actor y “Remis Centro Cooperativa de Trabajo Ltda.” (fs. 33).

5. Mediante resolución 10/452 de fecha 10-VII-2007, el Intendente de la comuna accionada otorgó al señor Le Van Son la titularidad de los derechos de explotación del registro de remis R-128, a partir del día de su notificación (fs. 37).

IV. Asimismo, con fecha 5-IV-2006 el Tribunal dictó sentencia en la causa B. 60.242, “Van Son, Le c/ Municipalidad de Bahía Blanca.D.C.A.”. Allí se hizo lugar a la demanda y se declaró la ilegitimidad del actuar de la comuna, en atención a la ausencia de motivos suficientes en el obrar municipal y su apartamiento del ordenamiento positivo que regía el caso. En consecuencia, se condenó a la Municipalidad de Bahía Blanca a otorgar, en el plazo de treinta días, el “Registro” de remis que peticionara el actor.

V. Reseñado lo anterior, corresponde analizar si resulta procedente la pretensión indemnizatoria deducida por la parte actora, en procura de la reparación de los daños que -según lo alega- le produjo la defectuosa actuación del municipio demandado.

Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a la comuna demandada- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conforme doctr. art. 7 del C.C.C., ley 26.994). i. En ese orden, resulta oportuno señalar, liminarmente, que la sola verificación de una acción u omisión ilegítima de la Administración no supone indefectiblemente la configuración de un supuesto en el que esta última deba responder por las consecuencias derivadas de tal proceder. Dado que, para ello, es menester constatar la observancia de la totalidad de los recaudos concernientes a la responsabilidad estatal de esa índole (conf. doct. mi voto en B. 61.229, “Kovalskys”, sent. del 29-XII-2014).

En particular, en lo que atañe al presente, ha de recordarse, de un lado, que la procedencia de todo reclamo indemnizatorio frente al Estado supone la existencia de un daño cierto (conf. C.S.J.N, Fallos 324:3699, 326:964, 332:2328; 333:1404, 334:376, entre otras).

Y del otro, conforme al principio reiteradamente expuesto por este Tribunal, que quien pretende un resarcimiento por el daño que manifiesta haber sufrido como consecuencia de una acción u abstención estatal ilegítima le incumbe la carga de su individualización y acreditación (arts.27 inc. 8 del C.P.C.A. -conc. arts. 31 inc. 6° del Código Varela-, 77 inc. 1, C.P.C.A., 330 inc. 6°, 375 y cc., del C.P.C.C.). Esa prueba resulta capital para la satisfacción del derecho que se invoca, en tanto no es dable otorgar indemnización alguna en ausencia de su adecuada comprobación (voto del doctor Soria en causas B. 58.742, “Monteleone”, sent. del 14-VII-2010 y sus citas; B. 57.379, “D.A.C. Producciones S.R.L.”, sent. del 9-X-2013; doct. causas B. 67.269, “P.,C.H.”, sent. del 22-VIII-2012; B. 58.527, “IMPAR S.R.L.”, sent. del 26-XII-2012; B. 61.025, “Baistrochi”, sent. del 21-V-2014; entre otras y doct. C.S.J.N., Fallos 334:104 y C.127.XLVII, “Carballo de Pochat. Violeta Sandra Lucía c/ANSES s/ daños y perjuicios”, sent. del 8-X-2013 y sus citas; entre muchos).

En otros términos, la antedicha constatación es la forma de demostrar la existencia del daño cuya compensación se demanda, de darle certeza para que ello sea posible. Lo que por regla supone la suficiente alegación del perjuicio y de la prueba que lo corrobore por quien formula tal petición.

En el caso, de los términos del escrito inicial surge que el accionante limita su pretensión indemnizatoria a la reparación de los conceptos que puntualmente individualiza en sus escritos introductorios como lucro cesante y daño moral. ii. a. Respecto del primer aspecto objeto del reclamo, lo estima a partir de las ganancias que -valoradas según un promedio mensual- obtendría un propietario de remis, cuantificando esa suma en dos mil quinientos pesos ($2.500) mensuales.Aduce que llega a ese monto tomando el ingreso bruto generado por un vehículo que trabaja 24 hs, los 7 días de la semana, luego de deducir los gastos relativos al salario de un chofer, el canon correspondiente a la empresa de remis y los gastos por el pago de tributos y el mantenimiento del vehículo (v. fs. 4 vta.). Evalúa que al momento de iniciar la demanda el daño por este concepto asciende a la suma de $ 85.000.

Agrega que en los veinticuatro meses transcurridos desde la promoción de la acción, el monto del daño por lucro cesante se vio incrementado en veintiséis mil cuatrocientos pesos ($ 26.400; v. ampliación de demanda, fs. 16/17).

A fs. 26/34 estima que desde principios del año 2003, en concepto de ganancia neta, dejó de percibir la suma de dos mil ochocientos pesos ($ 2.800) por mes. Sin perjuicio de ello, y para el supuesto de que se considere que no era factible que recaudara el 100% de ese monto, solicita que el menoscabo sea considerado como pérdida de chance, en función al grado de probabilidad que tuvo de obtener dicho ingreso y calculado hasta el momento de la efectiva restitución de su registro.

Finalmente, en su presentación de fecha 5-IX-2007 estima que la utilidad total mensual de la que se vio privado en los últimos años rondaba los $ 3.500 a $ 4.000. b. De acuerdo al criterio sostenido por esta Corte el lucro cesante puede ser conceptualizado como “. la probabilidad objetiva, debida y estrictamente comprobada, de las ventajas económicas justamente esperadas, conforme a las circunstancias del caso”. Este rubro indemnizatorio “reemplaza en el patrimonio del afectado aquello que legítimamente se le había incorporado por la actividad desplegada y los elementos de trabajo y capital armonizados en el empeño” (doct. voto del doctor Hitters en causa B. 51.148, “Divertimentos Acuáticos S.A.”, sent. del 4-XI-1997; B. 54.024, “Cantera Gorina S.H.”, sent. del 27-XII-2006; B.57.916, “Tansportes y Construcciones S.A.”, sent. del 18-II-2009; B. 58.527, “IMPA S.R.L.”, cit.; asimismo doct. C.S.J.N, Fallos 297:280; 307:933; 306:1409; 316:1335; 328:2654, entre otros).

En tal contexto, adelanto que el accionante no ha logrado demostrar de modo eficaz el perjuicio que invoca, sellando así la suerte adversa de su pretensión en este punto.

En ese sentido, debe destacarse que el contrato celebrado con fecha 8-VI-2007 por el demandante con la empresa “Remis Centro Cooperativa de Trabajo Ltda.” no contiene previsiones sobre este tópico (v. fs. 81 y vta. de la causa).

Si bien en los informes efectuados por las empresas “Cooperativa de Trabajo Centro Coop. Ltda.” del día 8-IV-2010 (v. fs. 108) y “Remis Universitario” del día 29-VI-2011 (v. fs. 146), se detallan valores similares (los ingresos diarios que generaría en los años 2010 y 2011 respectivamente, un remis trabajado durante 24 hs, el importe mensual por vehículo y los promedios de ingresos en bruto correspondientes a los años 1997 a 2002, para un propietario de remis en servicio las 24 hs y el canon que debería abonar a la empresa), tales informes no están avalados por datos objetivos, ni se sustentan en fuente documental alguna o en valores de referencia comprobados.

A ello se añade que, según surge del contrato celebrado con la empresa “Remis Universitario S.R.L.” en el año 1996 (v. fs. 6/10, expte. 10008-96-00), la jornada se fijaba en 16 horas. Además se establecía que se abonaría diariamente al propietario el 85% de lo recaudado, a lo que debían descontarse todos los gastos para el funcionamiento y circulación del vehículo (combustible, mantenimiento, reparaciones, impuestos de los automotores). También corrían por cuenta del propietario, la retribución a los conductores y el seguro con la cobertura para este tipo de actividad.Más, sin perjuicio de esas previsiones, no consta indicio alguno acerca de los costos o las ganancias pretendidas, con independencia de los propios dichos del accionante al momento de interponer la demanda.

Tampoco este último ofreció prueba pericial, ni acompañó documentación contable, impositiva o de naturaleza similar que posibilite determinar el perjuicio invocado.

Sólo las declaraciones de los testigos Busilacchi (fs. 126), Andueza (fs. 127) y Lamonega (fs. 128) avalan sus dichos; aunque esas afirmaciones, nuevamente, no resultan respaldadas por registros, constancias o prueba alguna.

Los referidos deponentes, por otra parte, si bien expresan que son propietarios de remis, declaran que se encuentran vinculados con las empresas a las que se solicitaron los informes (“Cooperativa de Trabajo Centro Coop. Ltda.” o con “Remis Universitario”), tal como lo expuso el propio actor al desistir de la prueba informativa pendiente (v. fs. 142, punto I.b.).

De todo ello se sigue que el accionante no logró acreditar los daños solicitados por el concepto bajo análisis con el grado de certeza necesario para que proceda su reparación (arts. 77 inc. 1, C.P.C.A., 375 y concs., C.P.C.C.). Así, la inexistencia de otra prueba idónea en el expediente respecto de la entidad y alcance concreto de los perjuicios que denuncia a ese respecto, privan de justificación al pedido indemnizatorio. c.A su vez, juzgo que también debe desestimarse el planteo subsidiario del demandante relativo a que la frustración de los ingresos invocada sea considerada como pérdida de chance -en función al grado de probabilidad de obtención de dicha ganancia y calculada hasta el momento de la efectiva restitución de su registro-. Pues este reclamo adolece de análogos defectos de planteamiento y orfandad probatoria que fueran puestos de relieve en el apartado anterior, traduciendo una expectativa que no alcanza a trascender el marco de lo probable.

Tratándose de un daño futuro, sólo es susceptible de reparación cuando se prevén repercusiones que si bien no han acaecido, se sabe con objetiva seguridad que ocurrirán dentro del curso natural y ordinario de las cosas. Lo que se indemniza como tal es la pérdida de una oportunidad u ocasión propicia con vistas de razonabilidad o fundabilidad de lograr una ventaja o evitar una pérdida (conf. B. 65.517, “Vega”, sent. del 10-XII-2008; B. 63.367, “Cavaliere”, sent. del 14-VII-2010).

En ese orden, la chance debe ser real y seria, no una conjetura, por lo que la mera alegación de su existencia no resulta suficiente. El agraviado con el actuar ilegítimo de la Administración debe probar que la chance existió y que el acto u omisión ilícita la frustró.

Empero, en el caso, no concurren las referidas notas que habilitan el reconocimiento del rubro reclamado.El pretendido daño, en rigor, no deja de ser una hipotética repercusión patrimonial negativa, genéricamente considerada.

Resulta oportuno destacar que la Corte nacional respecto a pretensiones análogas a la presente ha sostenido que debe desestimarse la petición si las constancias atinentes a estos reclamos no permiten, en el caso, determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto (Fallos 308:2426; 317:181; 320:1361; 326:847). Consecuentemente, no se trata de un daño que deba ser resarcido, ya que “la indemnización debe reparar un interés actual del interesado, que no existe cuando quien se pretende damnificado no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida” (Fallos 317:181 y 330:2748).

Por las razones expuestas, juzgo que no le corresponde al actor resarcimiento por el mentado concepto. d. Por último, el accionante pretende una indemnización por la afectación a sus sentimientos y a su paz espiritual que alega haber padecido, por cuanto denuncia que la ilegítima e injustificada denegación de lo que entiende le correspondía le produjo un estado de angustia e indignación que alteraron su armonía espiritual (pto. III.2., fs. 5).

Sin embargo, por fuera de esas genéricas referencias el demandante omitió aportar a la causa la prueba del daño invocado; obstando, con ello, el progreso del reclamo (arts. 77 inc.1, C.P.C.A.; 375, C.P.C.C.).

Lo que no resulta trastocado por la doctrina mayoritaria de este Tribunal -que por cierto comparto- en función de la cual en determinados supuestos (vinculados esencialmente a la anulación de actos administrativos que extinguieron ilegítimamente relaciones de empleo público) se aceptó que el daño de la naturaleza del ahora analizado pueda presumirse por el sólo hecho de la acción antijurídica.

Pues el presente, conforme se desprende del desarrollo efectuado en los apartados anteriores, exhibe un disímil sustrato fáctico y jurídico que obsta la posibilidad de adoptar un criterio similar en los términos de la citada doctrina y, por ende, de conjeturar sobre la existencia de una afectación del tenor de la invocada (conf. doc. causa B. 57.171, “Castro Galván”, sent. del 21-VI-2000; y mis votos en causas B. 59.610, “Matwijow”, sent. del 15-III-2006; B. 57.993, “Cejas”, sent. del 27-IX-2006 y B. 65.697, “Neuman”, sent. del 11-IX-2013).

De allí que la pretensión indemnizatoria sub examine debe ser rechazada.

VI. En conclusión, y de acuerdo a los fundamentos desarrollados en los apartados anteriores, juzgo que la demanda no puede prosperar.

Voto por la negativa.

Costas en el orden causado (arts. 17, ley 2961; 78 inc. 3º in fine, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Adhiero a los fundamentos y solución que propone el señor Juez doctor Pettigiani.

En cuanto a la pretensión de reconocimiento del daño moral considero que la misma debe ser rechazada debido a la ausencia de su acreditación.

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

En mi criterio, la demanda prospera parcialmente.

1.El fundamento del derecho del accionante a ser indemnizado por el daño causado es la ilegitimidad del obrar administrativo, la que ha sido ya declarada por esta Suprema Corte en el pronunciamiento dictado con fecha 5 de abril de 2007 en los autos B. 60.242.

En estos casos de actividad ilícita del Estado -es decir viciada, inválida, por no haber sido emitida de conformidad con la legislación aplicable- el resarcimiento de los daños y perjuicios, una vez decidida la nulidad del acto, debe ser integral, total comprensiva no sólo del daño emergente, sino también del lucro cesante (conf. doct. causa B. 58.742, “Monteleone”, sent. del 14-VII-2010).

A su vez, este Tribunal ha establecido una doctrina que comparto -si bien con relación a los casos de indemnizaciones derivadas de cesantías ilegítimas- considerando que el daño se presume por la ilegitimidad del acto que afecta un derecho del accionante, con la consiguiente inversión de la carga probatoria.

De tal modo, corresponde atenerse a las circunstancias de cada caso para decidir acerca de los rubros pretendidos.

En la especie, entiendo que resulta procedente el lucro cesante, pues la conducta de la demandada privó al actor de ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades debidamente comprobadas.

Y aunque la parte accionante no ha aportado una acreditación precisa de la cuantía de las pérdidas experimentadas, la falta de tales elementos cuantitativos puede ser suplida por una prudente estimación judicial (art. 165 apart. 3º del C.P.C.C.).

Por ello, teniendo en cuenta las pautas doctrinarias adoptadas a los efectos de la determinación del monto indemnizatorio, las circunstancias del caso, lo expresado por los testigos Busilacchi, Andueza y Lamonega a fs.126, 127 y 128, respectivamente (los cuales no han sido cuestionados por la parte demandada) y la prueba informativa producida a fs.108 de estos autos -todo ello debidamente detallado en el voto que inicia el acuerdo, a los que por razones de brevedad me remito-, juzgo pertinente fijar en concepto de reparación por este rubro la suma de $ 1.500 (mil quinientos) mensuales, desde el 19-VI-1997 y hasta el 19-VI-2007, fecha en la que el señor Le Van Son cumplió con los requisitos impuestos por la normativa vigente (conf. fs. 16 de las actuaciones administrativas).

En consecuencia, a los importes que debe abonar la accionada se le adicionarán intereses, los que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos periodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cado caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622 del Código Civil; 7, 767, 768 inc. c) y 770, Código Civil y Comercial; doct. de la mayoría en la causa B. 62.488, “Ubertalli”, sent. del 18-V-2016). Dicha suma deberá abonarse dentro de los sesenta días de quedar firme la presente (art. 163 inc. 7°, C.P.C.C.).

2. En cuanto al daño moral reclamado, adhiero a la solución propiciada por mis colegas preopinantes.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961; 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al voto del doctor Negri.

Sobre el punto intereses, dejando a salvo la opinión que expresara al dar mi voto en los autos B. 62.488 (“Ubertalli”, sent.del 18-V-2016) considero que los mismos deberán calcularse en el caso, conforme lo resuelto por la mayoría en la citada causa, exclusivamente sobre el capital, de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme a las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. “c” y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928).

Con este alcance voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Por los fundamentos que expongo seguidamente, adhiero a la solución propuesta por el doctor Negri.

1. Tal como afirmara al votar en la causa “D.A.C. Producciones S.R.L.” (B. 57.379, sent. de 9-X-2013) a quien pretende un resarcimiento por el daño que manifiesta haber sufrido como consecuencia de un accionar estatal ilegítimo, incumbe la carga de su acreditación. Esa prueba es necesaria para la satisfacción del derecho que se invoca, dado que no es dable otorgar indemnización alguna en ausencia de adecuada comprobación (doct. C.S.J.N., Fallos 312:1657; 318:1539).

En la especie, tal exigencia se encuentra cumplida y por tanto concurre el presupuesto de la responsabilidad imputable a la Municipalidad demandada en virtud de la ilegítima denegatoria del otorgamiento del registro de remis. En efecto, conforme fuera decidido por este Tribunal en la sentencia recaída en la causa B. 60.242 (sent. de 5-IV-2006) en aquella oportunidad, el actor acreditó la celebración y vigencia de un contrato de locación con “Remis Universitario”, de conformidad con el art. 48 inc. c) de la Ordenanza municipal 7937 (t.o. Ord.9236) que, al encontrarse reunidas las demás condiciones reglamentarias, le hubiese permitido realizar regularmente la actividad, obteniendo las ganancias consecuentes, que es el daño que aquí se pretende resarcir (v. fs. 4/5).

2. Con todo, concuerdo con el doctor Negri en punto a que la prueba rendida en este proceso no exhibe la contundencia necesaria como para cuantificar el perjuicio sufrido en la precisa extensión que se reclama en la demanda. Sin embargo, esta circunstancia no autoriza a rechazar sin más el planteo pues, legalmente comprobado el daño, el análisis de la determinación de su alcance ha de discurrir por un carril que no puede desvincularse de las circunstancias que rodean el litigio y los derechos debatidos. Es por tal motivo que para la determinación del quantum de la indemnización el art. 165, tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial autoriza al juzgador a recurrir a lineamientos objetivos y razonables para alcanzar el mentado justiprecio.

Desde esta óptica, las consideraciones indiciarias que aportan los informes efectuados por las empresas “Cooperativa de Trabajo Centro Coop. Ltda.” con fecha 8-IV-2010 (v. fs. 108) y “Remis Universitario” con fecha 29-VI-2011 (v. fs. 146); así como lo referido en las declaraciones de los testigos Busilacchi (fs. 126), Andueza (fs. 127) y Lamonega (fs.128); sumado al hecho de que el accionante pudo aplicar su capacidad laborativa y los medios de que disponía para mitigar la envergadura de los perjuicios que invoca, me convencen de acompañar la propuesta de fijar en $ 1.500 mensuales el resarcimiento, el que será calculado en el modo indicado en el voto del doctor Negri.

Con este alcance, voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Borinsky, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, lo que importa condenar a la Municipalidad de Bahía Blanca a pagar al accionante una indemnización equivalente a la suma de mil quinientos pesos mensuales, desde el 19-VI-1997 y hasta el 19-VI-2007.

A esos importes se le adicionará el correspondiente a los intereses que deberán ser calculados exclusivamente s obre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. “c” y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928).

Las sumas reconocidas deberán abonarse dentro de los sesenta días de quedar firme la presente (art. 163 inc. 7°, C.P.C.C.).

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 3 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).

Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 51, última parte, ley 8904).

Regístrese y notifíquese.

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

HECTOR NEGRI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

RICARDO BORINSKY

JUAN JOSE MARTIARENA

Secretario