Responsabilidad del banco frente al cliente por haber realizado descuentos ilegítimos por giros en descubierto y retenciones de impuestos

Partes: Pereyra Luis Miguel c/ Banco Santander Río S.A. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 6-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105301-AR | MJJ105301 | MJJ105301

El banco es responsable frente al cliente por haber realizado descuentos ilegítimos por giros en descubierto y retenciones de impuestos. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

 

1.-La intervención del Tribunal ante la existencia de extracciones ilegítimas por parte del Banco demandado, respecto de intereses y cargos percibidos por el mismo, está fuertemente justificada en virtud de la relación de consumo que une a las partes en los términos de los arts. 1 y 2 de la Ley 24.240, ley de orden público y, por tanto, de obligatoria aplicación por parte del juez aun ante el silencio del propio interesado y con prescindencia de toda otra norma que se oponga a sus explícitas disposiciones dada la jerarquía constitucional de la mencionada normativa.

2.-Mientras del resumen de cuenta cuestionado por el actor resulta claramente detallada la percepción de intereses (por giros en descubierto por ejemplo y/o retenciones en concepto de impuesto a los débitos originados por el movimiento de traspaso de cuentas), fruto de las extracciones ilegítimas, resulta inadmisible que el Banco sólo se haya limitado a negar que los hubiese percibido, cuando debió aportar al juicio todos los elementos necesarios para que la cuestión fuera dilucidada, asumiendo la carga activa que en tal sentido le impone el art. 53 de la Ley 24.240, máxime cuando el devengamiento de ese tipo de interés es presumible en los términos aquí dados (esto es, cuando se producen giros en descubierto).

3.-Para examinar la responsabilidad que tiene el demandado derivada de las extracciones indebidas realizadas por el banco demandado, es necesario tener en cuenta la relación de consumo existente entre las partes, la cual habilita la aplicación de toda la normativa consumeril, en particular del art. 40 de la Ley 24.240, el cual lo que busca es responsabilizar a todos aquellos que han creado, cuanto menos, la apariencia jurídica de su intervención en la prestación del servicio defectuoso o en la creación de la cosa viciada que provoca el daño y han tenido alguna posibilidad de identificar al dañador real.

4.-Frente al consumidor, entonces, no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a aquél, por el solo hecho de haber tenido esa intervención, sabiendo o debiendo saber que en algún eslabón podía producirse el perjuicio.

5.-El sistema responsabilizatorio previsto por la Ley 24.240 parte de un presupuesto fáctico, cual es, que sí haya existido esa participación en la actividad generadora del daño, realizada por los integrantes de esa cadena con miras a compartir un mismo interés económico. Es ese nexo funcional que existe entre las distintas empresas el que permite la expansión de la responsabilidad de quienes integran esa especie de organización económica en procura de beneficios.

6.-El banco demandado no puede eludir su responsabilidad alegando que las extracciones y posterior reembolso fueron realizados por Banelco , toda vez que, debido al analizado artículo ambas entidades forman parte de la llamada cadena de consumo . En tales condiciones, y con el fin de recomponer la cuenta del actor al momento previo a la situación que motivó la presente acción, el banco demandado deberá reembolsar al actor la suma que de acuerdo al resumen de cuenta ha sido percibida por el Banco en concepto de intereses y cargos, más la aplicación, en este caso en particular, de la misma tasa activa que el demandado cobra a sus clientes en caso de descubiertos no autorizados como realizó conforme surge del resumen de cuenta obrante en estos autos. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a seis días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “PEREYRA LUIS MIGUEL c. BANCO SANTANDER RIO S.A.” (expediente n° 56061/2015), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1765/1781?

El Sr. Juez de Cámara Eduardo R. Machin dice:

I. Los antecedentes del caso.

1. El Sr. Luis Miguel Pereyra dedujo acción contra Banco Santander Rio S.A.a fin de obtener el reembolso de los intereses y cargos que le habían sido cobrados sobre las sumas indebidamente extraídas en descubierto de su cuenta.

Tras señalar las irregularidades en cuyo marco se habían realizado esas extracciones, requirió que el demandado fuera condenado a pagarle la suma de $ 50.000 en concepto de daño moral, explicando las razones que justificaban su pretensión.

A tal efecto, manifestó en su escrito de inicio que luego de varios reclamos practicados al “Banco”, éste le había manifestado que debido a que la tarjeta no había sido pasada por un clonador ni por ningún otro aparato con el cual se pueda hacer un uso delictivo de datos, lo ocurrido quedaba a cargo del titular de la cuenta y que, en todo caso a quien debía reclamar era a “Banelco”, debido a que, para consumar dichas extracciones había sido introducida la clave PIN, la cual era de exclusivo manejo del actor.

Expresó que el día 08/08/2014 el “Banco” le había reembolsado -mediante depósito hecho en su cuenta en concepto de “préstamo interno”- la suma de $9.600 sin computarle los intereses y cargos generados por los giros en descubierto denunciados, ni los gastos.

Manifestó que, pese a todos los reclamos realizados, no había tenido una respuesta favorable por parte del “Banco” y por tal motivo había tenido que iniciar la presente acción.

2. El Banco Santander Rio S.A.contestó demanda negando cada uno de los hechos.

Manifestó que, de acuerdo a lo informado por “Banelco S.A.” las extracciones realizadas de la cuenta del actor habían sido correctamente desarrolladas, es decir, con la utilización de su PIN, cuyo conocimiento, manejo y responsabilidad sólo pesaba sobre el usuario tal como lo establecía el contrato suscripto por las partes.

Expresó que fue el propio actor quien reconoció que “Banelco” le había devuelto la suma de $9.600, es decir, el monto que según este mismo adujo había sido extraído de su cuenta en forma indebida.

Afirmó que dicho monto había sido acreditado bajo el concepto de “crédito interno” y no de “préstamo interno” como expresó el actor, con lo cual esto no devengó interés alguno al accionante.

Aseguró que el “Banco” cumplió con su deber de seguridad toda vez que le facilitó al actor el código correspondiente para realizar cualquier movimiento en la cuenta, y que dicho código había sido utilizado para realizar las extracciones reclamadas en estos autos.

Consideró que el actor no había traído los elementos necesarios para determinar los daños patrimoniales y espirituales que adujo haber sufrido.

Manifestó que no existe nexo causal que vinculara a las extracciones indebidas con la responsabilidad del “Banco”.

II. La sentencia apelada.

En el pronunciamiento dictado a fs. 169/174, el magistrado de primera instancia rechazó la demanda entablada por el Sr.Luis Miguel Pereyra contra el Banco Santander Rio S.A.

Para así decidir, el sentenciante consideró que no se encontraban configurados los presupuestos determinantes de la responsabilidad del demandado.

En tal sentido, manifestó que la acreditación en cuenta por parte de “Banelco” del importe reclamado había importado su devolución, y que de dicha actitud se infería que el error había sido de la mencionada entidad, siendo el “Banco” ajeno a la situación y carente de toda responsabilidad.

Asimismo consideró que no estaba probado en la causa el daño moral que el demandante había invocado, toda vez que para respaldar tal extremo éste había alegado su inclusión en el “Veraz”, situación que no se había comprobado.

Impuso costas al actor en virtud del artículo 68 del CPCCN.

II. El Recurso.

1. La sentencia fue apelada por el actor, quien fundó su recurso a fs. 182/183, el cual fue respondido a fs. 188/191.

El nombrado se queja por considerar que el a quo no realizó un correcto análisis de la documentación acompañada en su escrito de inicio, de la que se desprende que la devolución que había realizado “Banelco” se había producido como “préstamo interno Banelco” y que por tanto se había devengado la suma de $2.628,97 en concepto de intereses y cargos en virtud de la ley 25.413, extremo que, según aduce, a pesar de no haber sido desconocido por el demandado, no fue valorado en la sentencia de grado.

De otro lado, manifiesta que el sentenciante incurrió en un error al considerar que el Sr. Pereyra debía soportar las costas del proceso, toda vez que, la devolución que había realizado “Banelco” se había producido en virtud de la mediación que él había tenido que impulsar, es decir, una vez puesto en marcha el aparato judicial, lo cual denota que el actor tuvo elementos suficientes para inferir que le asistía derecho para entablar el reclamo en cuestión.

2. El demandado respondió los agravios a fs.188/191.

Solicita que se declare desierto el recurso por considerar que el mismo no realiza una crítica concreta y razonada tal lo establecido en el artículo 265 CPCCN.

Manifiesta que el actor se equivoca al decir que el demandado no impugnó la prueba documental acompañada con la demanda ya que, tal como surge de la contestación respectiva, fueron negados y desconocidos todos los hechos esgrimidos por el Sr. Pereyra como así también la documentación acompañada, salvo el retiro del dinero cuestionado y la acreditación efectuada por “Banelco” debido a que esto surgía expresamente de los resúmenes de cuenta.

Sin perjuicio de ello, rechazó todo tipo de responsabilidad derivada de tal evento, poniendo de resalto que “Banelco” había informado que las operaciones cuestionadas habían sido realizadas correctamente, es decir, mediante la introducción del PIN, por lo que el “Banco” no tenía ninguna responsabilidad por lo ocurrido.

Aduce que es falaz lo que manifiesta el actor cuando expresa que la devolución efectuada había sido consecuencia de la citación a la mediación, debido a que dicho reintegro se había producido el día 08/08/2014 y la mediación el día 02/09/2014, es decir, casi con un mes de diferencia.

Expresa que los intereses que, según el actor, le habían sido debitados de su cuenta no eran tales y que éste incurría en un error en la lectura del resumen de cuenta, toda vez que tal importe era el “saldo de cuenta que poseía el actor” y no “intereses cobrados” por lo que, el Sr. Pereyra no había sufrido ninguno de los daños que reclamó.

III. La Solución.

1. En primer lugar, cabe señalar que si bien la expresión de agravios de fs. 182/183 adolece de ciertas deficiencias técnicas, al solo efecto de no acotar el análisis a cuestiones formales voy a adentrarme en el examen de los agravios del actor.Tal intervención en este tipo de situaciones está fuertemente justificada en virtud de la relación de consumo que une a las partes en los términos de los artículos 1 y 2 de la ley 24.240, ley de orden público y, por tanto, de obligatoria aplicación por parte del juez aun ante el silencio del propio interesado y con prescindencia de toda otra norma que se oponga a sus explícitas disposiciones dada la jerarquía constitucional de la mencionada normativa.

2. Como surge de la reseña que antecede, el actor reclamó el reembolso de los intereses y cargos cobrados por el “Banco”, devengados a raíz de ciertas extracciones -que implicaron giros en descubierto- que, según adujo, habían sido ilegítimas.

3. No es hecho controvertido en autos que las partes aquí enfrentadas estaban vinculadas por un contrato bancario que el actor había celebrado con el mencionado “Banco”.

Tampoco controvertido está que dichas extracciones efectivamente ocurrieron, ni que, con posterioridad, “Banelco” devolvió al demandante la sumatoria de las extracciones indebidas.

4. Así las cosas, la cuestión litigiosa ha quedado circunscripta a tres aspectos:por un lado, a la determinación de la legitimidad de las aludidas extracciones con la posterior configuración de los giros en descubierto mencionados; por otro lado, y siempre y cuando ese primer interrogante mereciera respuesta positiva, será necesario expedirse acerca de si el “Banco” percibió los intereses y cargos correspondientes por dichas extracciones; y, finalmente, se impondrá determinar si corresponde al actor derecho al reembolso que reclama.

En lo que concierne al primero de los aspectos señalados, encuentro relevante destacar que si bien “Banelco” respondió, en el oficio oportunamente remitido, que no registraba reclamo por extracciones indebidas en las tarjetas del actor, lo cierto es que, tal como está demostrado en la causa, el día 08/08/2014 la cuenta del mismo se vio incrementada en la suma de $9.600, a través de un crédito interno que había otorgado “Banelco”.

De lo antedicho se desprende que tal crédito configuró no sólo el reembolso de las extracciones ilegítimas denunciadas por el actor, sino un reconocimiento tácito de que dicha entidad había incurrido en un “error” al debitar los montos mencionados.

5. Con respecto al segundo de los aspectos señalados, no soslayo que, tal como dice el demandado, esa suma acreditada al actor es la misma que éste denuncia como extraída en forma ilegítima de su cuenta, pero ello no aporta mayor inform ación a los fines de este pronunciamiento.

A tal efecto corresponde analizar la información que surge del resumen de cuenta ofrecido por el actor y no desconocido por el demandado, el cual debe tenerse por cierto para dilucidar si, en el caso de autos, el “Banco” percibió los intereses y cargos en cuestión.

Pues bien: de la mencionada documentación surge que la cuenta del actor, antes del débito de la primera extracción, presentaba un saldo positivo de $3.903,33, el cual se transformó en saldo deudor con el tercer débito indebido generado en su cuenta.

Las sucesivas extracciones no sólo implicaron que el dinero que existía en la cuenta del Sr.Pereyra se consumiera en su totalidad sino que generaron también que la misma arrojara un saldo negativo de $6.929,20, ocasionándole al actor un perjuicio total de $10.832,53 (entre las extracciones, giros en descubierto, traspaso de dinero de caja de ahorro a cuenta corriente, etc.) como resulta del análisis de la rendición de cuentas acompañado por el actor (ver en particular el desarrollo de la columna “unificado pesos”) efecto del movimiento del dinero de la caja de ahorro a la cuenta corriente.

La situación recientemente descripta denota que el monto reembolsado por “Banelco” de $9.600 ha sido a todas luces insuficiente y no ha revertido en forma integral la situación del actor.

Véase que mientras del resumen de cuenta en cuestión resulta claramente detallada la percepción de intereses (por giros en descubierto por ejemplo y/o retenciones en concepto de impuesto a los débitos originados por el movimiento de traspaso de cuentas), fruto de las extracciones ilegítimas, el “Banco” sólo se limitó a negar que los hubiese percibido, cuando debió aportar al juicio todos los elementos necesarios para que la cuestión fuera dilucidada, asumiendo la carga activa que en tal sentido le impone el art. 53 de la ley 24.240, máxime cuando el devengamiento de ese tipo de interés es presumible en los términos aquí dados (esto es, cuando se producen giros en descubierto).

6.Resta ahora examinar la responsabilidad que tiene el demandado derivada de las extracciones indebidas realizadas por “Banelco”.

Para analizar tal situación, es necesario tener en cuenta la relación de consumo existente entre las partes, la cual habilita la aplicación de toda la normativa consumeril, en particular del artículo 40 de la mencionada ley, el cual lo que busca es responsabilizar a todos aquellos que han creado, cuanto menos, la apariencia jurídica de su intervención en la prestación del servicio defectuoso o en la creación de la cosa viciada que provoca el daño y han tenido alguna posibilidad de identificar al dañador real (Lorenzetti Ricardo, “Consumidores”, Rubinzal Culzoni, 2009, p. 536 y ss.).

Frente al consumidor, entonces, no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a aquél, por el solo hecho de haber tenido esa intervención, sabiendo o debiendo saber que en algún eslabón podía producirse el perjuicio.

Pero si esto es así, no menos lo es que el sistema parte de un presupuesto fáctico, cual es que sí haya existido esa participación en la actividad generadora del daño, realizada por los integrantes de esa cadena con miras a compartir un mismo interés económico.

Es ese nexo funcional que existe entre las distintas empresas el que permite la expansión de la responsabilidad de quienes integran esa especie de organización económica en procura de beneficios (esta Sala, “Portonaro, Juan Mario c/ Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y otro s/ ordinario” del 14/10/09).

De lo antedicho se desprende que el “Banco” no puede eludir su responsabilidad alegando que las extracciones y posterior reembolso fueron realizados por “Banelco”, toda vez que, debido al analizado artículo ambas entidades forman parte de la llamada “cadena de consumo”.

En tales condiciones, y con el fin de recomponer la cuenta del actor al momento previo a la situación que motivó la presente acción, si mi distinguida colegacompartiera mi criterio, el demandado deberá reembolsar al actor la suma que de acuerdo al resumen de cuenta ha sido percibida por el “Banco” en concepto de intereses y cargos, esto es $1.232,53 más la aplicación, en este caso en particular, de la misma tasa activa que el demandado cobra a sus clientes en caso de descubiertos no autorizados como realizó conforme surge del resumen de cuenta obrante en estos autos. Teniendo en cuenta la fecha de acreditación del monto reembolsado, los intereses deberán correr desde el 08/08/2014 hasta el efectivo pago.

IV. Conclusión.

Por lo expuesto propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar en forma parcial a la demanda deducida por Luis Miguel Pereyra contra Banco Santander Río S.A., condenando a éste a pagar la suma de $1.232,53 con aplicación de la tasa activa que dicho banco cobra a sus clientes en caso de giros en descubierto no autorizados de acuerdo a las pautas que anteceden. Costas de ambas instancias a cargo de la demandada, por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68 del código procesal).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara, doctora Julia Villanueva, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva y Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F.Bruno Secretario

Buenos Aires, 6 de junio de 2017.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar en forma parcial a la demanda deducida por Luis Miguel Pereyra contra Banco Santander Río S.A., condenando a éste a pagar la suma de $1.232,53 con aplicación de la tasa activa que dicho banco cobra a sus clientes en caso de giros en descubierto no autorizados de acuerdo a las pautas que anteceden. Costas de ambas instancias a cargo de la demandada, por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68 del código procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

Rafael F. Bruno

Secretario