El organismo fiscal incidentista se encuentra sometido a las mismas reglas de la carga de la prueba que rigen para los demás acreedores

Partes: Sarkis SACIFI s/ concurso preventivo – incidente de revisión promovido por la AFIP

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 15-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105412-AR | MJJ105412 | MJJ105412

Cuando un organismo fiscal deduce un incidente de revisión de créditos, se encuentra sometida a las mismas reglas de la carga de la prueba que rigen para los demás acreedores.

Sumario:

 

1.-Como regla general, los litigantes tienen la carga de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin que ello dependa de la calidad de actor o demandado, sino de su situación procesal.

2.-Cuando de revisionar o verificar en los términos de los arts. 37 o 56 de la LCQ. se trata, la carga de la prueba de los hechos específicamente concernientes al crédito insinuado pesa, como regla general, sobre el incidentista (art. 273:9° , LCQ.) y tales reglas no resultan ajenas a la situación en que se encuentran los organismos recaudadores públicos, dado que -por sí mismas- las constancias fiscales unilateralmente emitidas no hacen plena fe en el proceso concursal. Aún en esos casos, sobre el insinuante continúa pesando la carga de demostrar la verdadera causa, extensión y privilegio de su crédito.

3.-En tanto se advierte que los rubros que integran la boleta de deuda emitida por la AFIP. corresponden a ciertos planes de facilidades de pago a los que se adhirió la concursada por deudas de aportes y contribuciones de la seguridad social (períodos de mayo y octubre de 2009 y mayo, julio y agosto de 2011), De allí que, habiéndose presentado la deudora en concurso preventivo el día 16.8.11, la acreencia que se pretende verificar es de carácter preconcursal, con prescindencia de la época en que se emitió la boleta de deuda que la instrumenta o se produjo la adhesión a planes de facilidades de pago.

4.-Si bien Tribunal no desatiende que la facultad del Fisco de imponer intereses punitorios -además de los moratorios- por la falta de pago oportuno del tributo o contribución, deriva de la necesidad de atender los gastos del Estado y a razones de orden público que justifican la facultad legal de agregar, al daño provocado por la mora, una sanción compulsiva; sin embargo, juzga que las pautas establecidas por la normativa fiscal para regir esos cálculos no cercenan la facultad genérica del órgano judicial de restringir la sanción punitoria en el marco del art. 656 -segunda parte- del CCiv. (actual art. 794 del CCivyCom.).

5.-Si bien tratándose de créditos fiscales, corresponde establecer como límite máximo para el cómputo de los réditos por todo concepto un porcentual de hasta dos veces la tasa activa utilizada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días, no capitalizable; sin embargo, decidir de esta manera importaría vulnerar el principio procesal de la reformatio in peius, que impide al juez superior empeorar la situación de quien recurre a una resolución judicial; dado que el límite impuesto por el juez de primer instancia fue el de dos veces y media dicha tasa. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 15 de junio de 2017.

1. La Administración Federal de Ingresos Públicos apeló la resolución de fs. 142/146, que admitió parcialmente la revisión promovida en fs. 2/7.

Los fundamentos de su recurso de fs. 147, concedido en fs. 148, fueron mantenidos con el memorial de fs. 149/155, que recibió réplica de la sindicatura en fs. 164.

La recurrente se agravia, suscintamente, porque considera que el juez a quo: (i) rechazó parte del capital reclamado entendiendo, equivocadamente, que constituía deuda postconcursal y, (ii) morigeró los intereses, limitándolos hasta un máximo de dos veces y media la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días.

2. (a) Para comenzar, debe recordarse que -como regla general- los litigantes tienen la carga de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin que ello dependa de la calidad de actor o demandado, sino de su situación procesal (esta Sala, 22.4.13, “Marsans International Argentina S.A. quiebra s/incidente de revisión por Miñones, María Isabel”; Sala B, 16.9.92, “Larocca, Salvador c/Pesquera, Salvador s/sumario”; Sala A, 6.10.89, “Filan

S.A.I.C. c/Musante, Esteban A.”; Sala E, 29.9.95, “Banco Roca Coop. Ltdo. c/Coop. de Tabacaleros”; entre otros). Asimismo, cuando de revisionar o verificar en los términos de los arts. 37 o 56 de la LCQ se trata, la carga de la prueba de los hechos específicamente concernientes al crédito insinuado pesa, como regla general, sobre el incidentista (art. 273:9°, LCQ; Sala A, 9.8.07, “Grupal S.A. s/conc. prev. s/inc. de revisión prom. por Banco Francés”; Sala C, 23.5.90, “De Tomasso s/inc. de revisión por J. G.de Margaroli”).

Es claro entonces que tales reglas no resultan ajenas a la situación en que se encuentran los organismos recaudadores públicos, dado que -por sí mismas- las constancias fiscales unilateralmente emitidas no hacen plena fe en el proceso concursal. Aún en esos casos, sobre el insinuante continúa pesando la carga de demostrar la verdadera causa, extensión y privilegio de su crédito (esta Sala, 10.12.14, “Rohn S.R.L. s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires”).

Sentado ello, cabe precisar que en el caso resulta incontrovertido que: (i) la A.F.I.P. promovió el presente incidente de revisión a efectos de que se reconozca a su favor una acreencia por deuda de carácter previsional e impositivo por $ 598.567,53 ($ 454.024,95 con privilegio general -art. 246 inc. 2, LCQ- y $ 144.542,58 con rango quirografario -art. 248, LCQ-), (ii) la deuda en cuestión no fue determinada de oficio por el organismo recaudador, sino que resulta de declaraciones juradas presentadas por la propia concursada y de su adhesión a ciertos planes de facilidades de pago, (iii) la decisión administrativa que rechazó la impugnación efectuada contra la determinación de la deuda y su resolución se encuentra firme (v. fs.10/11 y 12/13, reservadas en sobre n°101.603, que se tiene a la vista) y, (iv) el magistrado a quo rechazó parte de lo revisionado, con sustento en que una porción de la acreencia comprendida en una boleta de deuda por $ 80.172, involucraba planes de pago presentados con posterioridad al concursamiento de la deudora.

En tal contexto, se advierte que los rubros que integran la mencionada boleta de deuda corresponden a ciertos planes de facilidades de pago a los que se adhirió la concursada por deudas de aportes y contribuciones de la seguridad social (periodos de mayo y octubre de 2009 y mayo, julio y agosto de 2011).

De allí que, habiéndose presentado Sarkis Kircos S.A.C.I.F.I en concurso preventivo el día 16.8.11, la acreencia que se pretende verificar es de carácter preconcursal, con prescindencia de la época en que se emitió la boleta de deuda que la instrumenta o se produjo la adhesión a planes de facilidades de pago.

Consecuentemente, habrá de admitirse el planteo sub examine reconociendo los rubros reclamados a través de la boleta de deuda de $ 80.172,88 (reservada en el mencionado sobre n° 101.603) que se hubiesen devengado hasta la fecha de presentación en concurso, encomendando al juez de primer grado su oportuna y concreta determinación y graduación, previo dictamen que a tal efecto deberá efectuar la sindicatura, en no más de diez (10) días de notificada de la presente resolución.

(b) Con relación al segundo agravio, referido a la morigeración de la tasa de interés, cabe señalar que la Sala no desatiende que la facultad del Fisco de imponer intereses punitorios -además de los moratorios- por la falta de pago oportuno del tributo o contribución, deriva de la necesidad de atender los gastos del Estado y a razones de orden público que justifican la facultad legal de agregar, al daño provocado por la mora, una sanción compulsiva (conf., Llambías, J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t.I., Buenos Aires, 1973, págs. 421 y 460).

Sin embargo, juzga que las pautas establecidas por la normativa fiscal para regir esos cálculos no cercenan la facultad genérica del órgano judicial de restringir la sanción punitoria en el marco del art. 656 -segunda parte- del Código Civil (actual art. 794 del CCivyCom.).

El análisis y desarrollo de los fundamentos que inspiran esta decisión de la Sala no unánime en este aspecto, fueron expuestos en el voto mayoritario dictado in re “Sortie S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de revisión por Fisco Nacional -AFIP – DGI – DGA” (del 15.6.07).

Por lo tanto, y en consideración a los argumentos allí expuestos, a cuya lectura cabe remitirse por razones de brevedad, en el caso correspondería establecer como límite máximo para el cómputo de los réditos por todo concepto un porcentual de hasta dos veces la tasa activa utilizada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días, no capitalizable. Sin embargo, decidir de esta manera importaría vulnerar el principio procesal de la reformatio in peius, que impide al juez superior “empeorar” la situación de quien recurre a una resolución judicial (esta Sala, 3.11.05, “Flotel S.A. s/quiebra s/inc. de revisión por Sarlat Hotelera S.A.”); dado que el límite impuesto por el juez de primer instancia fue el de dos veces y media dicha tasa.

De modo que, por aplicación de esas pautas, ese (el determinado por el anterior sentenciante) será el límite a respetar para la determinación final del crédito.

(c) Las costas de Alzada, al igual que las de primera instancia, serán distribuidas por su orden, atendiendo al éxito parcial de la pretensión recursiva (arts. 68:2° y 69 del Cpr. y 278 de la LCQ).

3. Por todo lo anterior, se RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de fs.147 y modificar el decisorio apelado con los alcances expuestos en el punto 2°(a) de este pronunciamiento; con costas en el orden causado.

4. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y devuélvase la causa, confiándose al Juez a quo las diligencias ulteriores y las restantes notificaciones.

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia (en disidencia parcial)

Pablo D. Frick Prosecretario de Cámara

Disidencia parcial del juez Heredia:

Coincido con el desarrollo y conclusiones expuestas en la presente resolución, pero disiento en cuanto la posibilidad de que los intereses correspondientes a los créditos fiscales insinuados puedan ser objeto de morigeración. Como lo expuse en mi voto en la causa “Sortie S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de revisión por Fisco Nacional” (sentencia del 15.6.07), al tener tales accesorios origen “legal” lo que corresponde es, a todo evento, declarar su inconstitucionalidad por confiscatorios, debiendo la confiscatoriedad ser probada adecuadamente teniendo en cuenta la afectación de la capacidad contributiva implicada, lo que no ha ocurrido en la especie. En este sentido, entiendo que en ningún caso intereses que no reconozcan un origen “convencional” pueden ser reducidos de oficio

PABLO D. HEREDIA.

Pablo D. Frick.

Prosecretario de Cámara.