Se rechaza la demanda de daños y perjuicios derivados de las decisiones judiciales que suspendieron el régimen de visitas y permitieron la radicación de un menor en otra provincia

Partes: I. M. Á. y otro c/ Estado Nacional – PJN s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 11-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-106014-AR | MJJ106014 | MJJ106014

Se rechaza la demanda de daños y perjuicios derivados de las decisiones judiciales que suspendieron el régimen de visitas y permitieron la radicación de un menor en otra provincia, en el marco de un divorcio controvertido, ya que fueron confirmadas por el tribunal de alzada, por lo que no se puede imputar responsabilidad al Poder Judicial por su accionar.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda promovida por el actor, por su propio derecho y en representación de su hijo menor, en contra el Estado Nacional, Poder Judicial,en concepto de una indemnización por daños y perjuicios derivados de las decisiones judiciales en el marco de un divorcio controvertido, pues resulta evidente que no se puede imputar en forma alguna responsabilidad al Poder Judicial por su accionar, en la medida en que no hizo, sino, con los de méritos propios de una justicia sobrepasada de trabajo y con medios insuficientes para desarrollar debidamente su tarea, aquello a que se encontraba obligada.

2.-La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la sana crítica , expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.

3.- La pretensión de ser indemnizado requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto que las circunstancias del caso hagan posible cuál habría sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad (del voto del Dr. Treacy).

4.-Dado que el actor cuestiona en forma genérica ‘todas las decisiones’ adoptadas en el trámite de divorcio, pero enmodo alguno se hace cargo de que su parte consintió tales actos, toda vez queomitió interponer los remedios procesales pertinentes para obtener su revisión, y desconoce que la suspensión del régimen de visitas fue confirmada por el tribunal de alzada, así como la radicación del menor en la provincia de Mendoza corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados de tales decisiones judiciales(del voto del Dr. Treacy).

Fallo:

En Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 11 días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en autos “I. M. A. Y OTROS C/ EN-PJN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , respecto de la sentencia de fs. 248/257, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:

I.-Que por sentencia de fs. 248/257 la Sra. Juez de la anterior instancia rechazó, con costas por su orden la demanda promovida por el Sr. M. Á. I., por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad L. R., en contra el Estado Nacional, Poder Judicial, en concepto de una indemnización por daños y perjuicios a su persona y la de su hijo por la suma de $1.570.000, con más sus intereses y costas.

II.- Que a fs 259 apela el actor – por su propio derecho. A fs 272/277 expresó agravios el actor, los que no fueron contestados por su contraria.

Por su parte, el menor – coactor L. R. debidamente notificado a fs 285, no apeló, por lo que respecto de él la sentencia se encuentra firme.

III.- Que del análisis tanto de la minuciosa sentencia de la Sra. Juez como de la expresión de agravios del actor, resulta evidente que no se puede imputar en forma alguna responsabilidad al Poder Judicial por su accionar, en la medida en que no hizo, sino, con los deméritos propios de una justicia sobrepasada de trabajo y con medios insuficientes para desarrollar debidamente su tarea, aquello a que se encontraba obligada.En síntesis, queda para mí la convicción – sin duda alguna – de que ha sido la Justicia como valor último de toda sociedad y por el ende, el propio Poder judicial quienes se han visto involucrados en una situación familiar propia de un divorcio difícil; el que surge de las propias actuaciones judiciales, analizadas en forma detallada por la Sra. Juez.

Aquí, el actor; no su hijo, quien no ha recurrido la sentencia se siente ofendido y con derecho a ser resarcido por un accionar, que mínimamente puede considerarse como un cumplimiento correcto de la ardua labor judicial frente a casos – como el de Derecho de Familia – donde muchas veces la Justicia va detrás de los acontecimientos.

IV.- A ello, cabe agregar que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “.los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.- La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-

La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf.Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-

V.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, en primer término no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa.

VI.- Que conforme a los establecido en el art. 377 del CPCCN, le corresponde a la parte que afirme la existencia de un hecho probarlo, de acuerdo a los medios de prueba que prevé el art. 384 del citado código.

Por lo antes expuesto, y en base a los términos concordantes de la Sra. Juez, corresponde confirmar la sentencia recurrida y rechazar la apelación del actor. Sin imposición de costas en esta instancia por no existir actividad procesal de la parte vencedora. ASI VOTO.- El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany dijo:

Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:

Que adhiero en lo sustancial a los fundamentos y decisión vertidas por el vocal preopinante.En efecto, en lo que concierne a la responsabilidad del estado por su actuación ilegítima, cabe recordar que la pretensión de ser indemnizado requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto que las circunstancias del caso hagan posible cuál habría sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad (Fallos: 317:1233; 319:2824( ref:MJJ66016); entre otros). Asimismo, sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto (arg. Fallos: 325:1855; 326:820; entre otros).

Sobre el punto, es dable señalar que en sus agravios (v. fs. 273), el recurrente cuestiona en forma genérica “todas las decisiones” adoptadas en el marco de la causa en la que tramitó el divorcio (Expte. Nº 154.192/95); y en modo alguno se hace cargo de que su parte consintió tales actos, toda vez que omitió interponer los remedios procesales pertinentes para obtener su revisión. En igual sentido, tampoco desconoce que la suspensión del régimen de visitas, adoptada en el marco del Expediente Nº 57.959/97, fue confirmada por el tribunal de alzada, lo que también ocurrió con la decisión que permitió la radicación del menor en la provincia de Mendoza (v. fs. 257). Tales extremos fácticos, a la luz de la jurisprudencia antes reseñada, permiten tener por descartada la acreditación y existencia de la responsabilidad del Estado por su actuación ilegítima (arg. art.377 del CPCCN).

Por otro lado, en cuanto a su actuación lícita, cabe recordar que la Corte Suprema tiene dicho que “la doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye una causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general- esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403; 305:321; 306:1409; 312:1656). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativas y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia (causa r.89.XXIV, antes citada)” (Fallos: 318:1990; con cita de la causa “Román S.A.C” , sentencia del 13/10/94; esta Sala in re: “NATALINI Adrián Claudio c/ EN-Mº Justicia y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 26/05/17).

A partir de lo expuesto, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, con respecto a la cual no se observan argumentos que justifiquen apartarse de las conclusiones allí arribadas (arg. Fallos 307:1094; 329:4931 ; 330:4040 ; entre otros), y en concordancia con lo expuesto por el Dr. Gallegos Fedriani, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el actor y confirmar la sentencia apelada, sin costas (arg. art. 68 segundo párrafo del CPCCN).-

ASÍ VOTO.-

En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, confirmar la sentencia apelada, sin imposición de costas en esta instancia, en atención a la inactividad procesal de la parte vencedora (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Pablo Gallegos Fedriani

Jorge Federico Alemany

Guillermo F. Treacy (por sus fundamentos)