Extensión del PMO atendiendo a la condición de trasplantado del actor

Partes: C. A. C. c/ OSECAC s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 11-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-105864-AR | MJJ105864 | MJJ105864

Frente a la actitud renuente de la obra social de dar cobertura a las prestaciones solicitadas por el médico de cabecera del amparista en instituciones diferentes a su red de prestadores, corresponde hacer una extensión del PMO, atendiendo a la condición de trasplantado del actor.

Sumario:

 

1.-Corresponde otorgar una cobertura integral del 100% de los estudios, controles e internaciones que el amparista deba realizarse -por su condición de trasplantado y vinculados a ésta circunstancia- en las instituciones indicadas por su médico tratante, dado el delicado cuadro de salud y las posibles consecuencias que podrían acarrear las dilaciones en autorizaciones por parte de la demandada.

2.-El derecho a la salud no forma parte simplemente de una declaración de derechos como principios de mera voluntad, sino que debe interpretarse como el compromiso del propio Estado a su tutela, dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento a fin de asegurar la real existencia de este derecho.

3.-El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y que dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y a otras entidades que participan de un mismo sistema sanitario (Leyes 23.660 y 23.661 y concordantes).

4.-El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.

Fallo:

La Plata, 11 de julio de 2017.

AUTOS Y VISTOS: Este Expediente N° FLP 22240/2016/CA1, caratulado “C., A. C. c/ OSECAC s/Amparo Ley 16.986”, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad. CONSIDERANDO:

LA JUEZA CALITRI DIJO:

I La sentencia de primera instancia. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción promovida por el señor C. A. C. y en consecuencia, ordenó a la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles – OSECAC a que preste cobertura a los estudios, controles e internaciones que el amparista deba realizarse por su condición de trasplantado y vinculados a ésta circunstancia en el Sanatorio de la Trinidad Mitre bajo la supervisión del Dr. Guillermo Bortman. Impuso las costas a la demandada vencida. Para así decidir, destacó que si bien la demandada no se había opuesto a que el actor continúe atendiéndose con el profesional que lo venía asistiendo, sí lo hizo con respecto a la cobertura de controles, estudios e internaciones a realizarse en instituciones que no fuesen el Hospital Italiano y Apresa. Frente a ello, consideró que la condición de trasplantado en nuestra legislación tiene una especial consideración, por lo que no resulta antojadizo, atento la delicada salud que presupone un trasplante cardíaco, el pedido del actor de que la obra social cubra los estudios, controles e internaciones en la institución donde se desempeña el médico profesional que lo viene atendiendo desde hace casi dos décadas.

II. Recurso interpuesto. Agravios. La parte actora interpuso recurso de aclaratoria con apelación en subsidio a fs. 121/122. Rechazada la aclaratoria a fs. 123 el juez hizo lugar a la apelación.

En su expresión de agravios el amparista solicita que se ordene a la demandada preste cobertura y “asistencia integral” respecto de estudios, controles, internaciones y “tratamientos” que deba realizarse en su condición de trasplantado.En tal contexto, manifiesta que la medicina es una ciencia que se encuentra en continua evolución y desarrollo, pudiendo surgir tratamientos, técnicas y medicamentos no existentes en la actualidad y que, en su conjunto, hacen a una cobertura y asistencia integral que debe serle reconocida. Por ello y con tal alcance, solicita se modifique la sentencia de primera instancia.

IV. Examen de los agravios. 1) Previo al tratamiento de los agravios deducidos por el apelante, cabe hacer un recorrido por los principios generales y el régimen legal que impera la solución del caso. En tal sentido, es dable señalar que el derecho a la salud ha sido reconocido en documentos internacionales ratificados por nuestro país (art.75 inc.22 de la Constitución Nacional y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art.XI; Declaración Universal de Derechos Humanos, art.25.1; Convención Americana de Derechos Humanos, art.29.c; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.12.1 y 12.2.d). Tal la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Fallos 323:3229 , consid.16 y sus citas (321:1684 y 323:1339 ) y 324:3569 , consid.11 y sus citas, entre otros. Significa mínimamente-la preservación de la vida en condiciones de equilibrio psicológico y biológico y requiere la acción positiva de los órganos del Estado, como garante del sistema de salud, en procura de que las personas en riesgo reciban las prestaciones necesarias a cargo de las Obras Sociales y entidades de medicina prepaga de salud. Fundado en estos argumentos, el derecho a la salud no forma parte simplemente de una declaración de derechos como principios de mera voluntad, sino que debe interpretarse como el compromiso del propio Estado a su tutela, dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento a fin de asegurar la real existencia de este derecho. Así, en Fallos: 330:4160 la CSJN consideró que “lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc.22, de la Ley Suprema) reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida y destaca la obligación impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (v. doctrina de Fallos 321:1684; 323: 1339, 3229, entre otros) -del dictamen de la Procuradora que la Corte hizo suyo-. En otras palabras, el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y que dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y a otras entidades que participan de un mismo sistema sanitario (leyes 23660 y 23661 y concordantes). (Confr. esta Sala, expte. N° 14.367/07 “Rivas, Gloria A. (en representación de su padre Adolfo B. Rivas) c/ IOSE y otros s/ acción de amparo”, fallo de noviembre /2007; T°157, F° 128/132, entre otros). En este orden de ideas, corresponde recordar que el “El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo ­más allá de su naturaleza transcendente su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (Fallos:323:3229). Cabe, también, indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”. “El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza transcendente su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (Fallos: 329:1638; 323:3229). En tal contexto, reconoció la obligación por parte del INSSJP de asegurar a sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas esenciales, por lo que -en ciertas situaciones corresponde extender la cobertura más allá del Programa Médico Obligatorio del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo-. 2. En ese sentido, el Alto Tribunal in re: “Reynoso, Nilda Noemí c/ I.N.S.S.J.P. s/ amparo” (R.638.XL, fallo del 16/05/06) dejó sentado que las especificaciones del P.M.O. deben interpretarse en armonía con el principio general que emana del artículo 1° del Decreto 486/2002, en cuanto garantiza a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud.

A la luz de tal doctrina, ésta Cámara ha dicho que el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (P.M.O.E. Res.201/02 M.S.) establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y Agentes del Seguro a toda la población beneficiaria. A su vez, ha establecido que debe atenderse a las particularidades de cada caso para determinar si dicho programa otorga una efectiva protección del derecho a la salud (conf. esta Sala, expte.N° 16.187/09 “Maseroni, Ana c/ PAMI s/ amparo ley 16.986, fallo del 24/11/09). Sentado ello, frente a la actitud renuente de la demandada a dar cobertura a las prestaciones solicitadas por el médico de cabecera del amparista en instituciones diferentes a su red de prestadores, considero que en el caso particular y frente a los padecimientos del actor, corresponde hacer una extensión del PMO. Por ello, y en consonancia a la petición del amparista referida a la “integralidad” de las prestaciones y del tratamiento, es dable destacar que los compromisos internacionales asumidos por el Estado implican “el deber de la judicatura el de procurar que la declaración de derechos efectuada en nuestra Constitución no quede en mera retórica, sino que a través de su función se permita la efectiva y eficaz realización del derecho (expte. nº 42571/2014 “T.IG c/ OSMATA s/ley de discapacidad”, sentencia del 27/8/15). En este punto, cabe poner de resalto las circunstancias acreditadas en la presente acción de amparo. El señor Cattelan resulta ser una persona de 62 años de edad, afiliado a la OSECAC y, conforme a la historia clínica efectuada por el Dr. Bortman fue trasplantado el 9/10/97 encontrándose en tratamiento crónico y persistente con drogas inmunosupresoras. Asimismo, su médico de cabecera manifiesta que el paciente debe realizarse seguimiento cada 6 meses, los que incluyen ecocardiogramas, electrocardiogramas, cámara gama, RX y estudios de laboratorio con dosajes de inmunosupresores, biopsias endomiocárdicas y eventual cateterismo. A su vez, el certificado expedido por INCUCAI certifica, entre otros datos, que el Dr. Guillermo Bortman es el médico a cargo del seguimiento post trasplante del amparista. Como consecuencia de todo lo expuesto, considero que cabe otorgar una cobertura integral del 100% de los estudios, controles e internaciones que el amparista deba realizarse -por su condición de trasplantado y vinculados a ésta circunstancia en las instituciones indicadas por su médico tratante Dr. Guillermo Bortman, dado el delicado cuadro de salud y las posibles consecuencias que podrían acarrear las dilaciones en autorizaciones por parte de la demandada. Por ello, propongo al Acuerdo: hacer lugar al recurso de la parte actora con el alcance que antecede. Costas de Alzada por su orden atento la ausencia de contestación (artículo 70, segunda parte del CPCCN).

Así lo voto.

LOS JUECES ÁLVAREZ Y LEMOS ARIAS DIJERON: Que adhieren al voto de la Jueza Calitri.

Por ello, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso de la parte actora con el alcance que antecede. Costas de Alzada por su orden atento la ausencia de contestación (artículo 70, segunda parte del CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Dres César Álvarez – Olga Ángela Calitri – Roberto Agustín Lemos Arias – Jueces de Cámara.