Una empresa es responsable del accidente de tránsito y las lesiones padecidas por los actores luego de volcar su automóvil como consecuencia de las tablas de madera diseminadas en la cinta asfáltica que se habían desprendido de un vehículo perteneciente a su propiedad

Partes: Baldassare Javier Antonio y otros c/ NEM S.A. y otro s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito con lesiones o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 19-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105568-AR | MJJ105568 | MJJ105568

Una empresa es responsable del accidente de tránsito y las lesiones padecidas por los actores luego de volcar su automóvil como consecuencia de las tablas de madera diseminadas en la cinta asfáltica que se habían desprendido de un vehículo perteneciente a su propiedad. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

 

1.-La empresa demandada es responsable por los daños padecidos por los actores al volcar su automóvil luego de perder el control como consecuencia de las tablas de madera diseminadas en la cinta asfáltica que se habían desprendido de un vehículo perteneciente a la propiedad de aquella, toda vez que la parte actora logró acreditar que los elementos que transportaba la demandada se encontraban esparcidos sobre el asfalto obstaculizando el normal tránsito vehicular y que han sido la causa eficiente del hecho en cuestión; más aún cuando la contraria no ha logrado interrumpir el nexo de causalidad.

2.-La responsabilidad endilgada a la concesionaria vial por la escasa iluminación de la ruta no puede admitirse, dado que de la lectura de las constancias de la causa penal se extrae que la zona contaba con una adecuada iluminación artificial por lo cual la visibilidad era buena pese a la hora y que solamente dos luminarias en el lugar donde aconteció el evento dañoso no se encontraban en funcionamiento.

3.-La reparación por las lesiones estéticas de las menores ha de ser contemplada al analizar la procedencia y cuantía del rubro daño moral, atendiendo a las particularidades consignadas en la especie, la ubicación y la naturaleza de las lesiones y la edad de las víctimas.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 19 días del mes de Junio de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Baldassare, Javier Antonio y Otros c/ NEM S.A. s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 957/968, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. En la sentencia de fs. 957/968 (y su aclaración de f. 970) se resolvió: a) rechazar la demanda incoada contra “Autopistas del Sol S.A.”; b) hacer parcialmente lugar a la demanda interpuesta contra “N.E.M. S.A.”, con costas. En consecuencia, condenó a abonar a la parte actora el importe que resulte de la liquidación a practicar conforme las pautas expuestas en los considerandos dentro del término de diez días; y c) la condena podrá ser ejecutada contra “Boston Compañía de Seguros S.A.” en su carácter de aseguradora.

Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación las partes.

II. A fs. 985/995 fundó su recurso la parte actora centrando sus críticas en relación al quantum otorgado en la instancia de grado para resarcir los rubros denominados “daño psicofísico” (a favor de las coactoras Paula Sofía y Cinthia Gabriela Baldassare), “daño moral” (para todos los coactores) y “daño psíquico” (correspondiente a Javier Baldassare, como así también en relación al rechazo de esta última partida de mención para Carola Romero).

Asimismo, se quejan de la inclusión de la partida denominada “daño estético” en el rubro “daño moral”. Cita jurisprudencia y solicita que el mismo sea contemplado e indemnizado en forma autónoma.

III.Dicha pieza fue contestada por la parte demandada y la citada en garantía a fs. 996/998.

IV. A fs. 999/1004vta. expresó agravios la codemandada “NEM S.A.” y la citada en garantía.

Cuestionan la atribución de responsabilidad endilgada en la anterior instancia. En subsidio, se quejan de la procedencia y la cuantía fijada para resarcir los rubros denominados: “incapacidad sobreviniente” (para las coactoras Paula Sofía y Cinthia Gabriela Baldassare), “daño moral” (para todos los coactores) y “daño psíquico” (correspondiente a Javier Baldassare).

Finalmente, criticaron la tasa de interés establecida y peticionaron que las costas por el rechazo de la demanda contra “Autopistas del Sol S.A.” sean soportadas íntegramente por la parte actora, por las razones que allí alegaron.

V. Corrido el traslado de rigor, a fs. 1006/1013 obra la contestación de la parte actora.

VI. A breve modo de reseña, la demanda se inició a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente sucedido el día 06 de enero de 2012, aproximadamente a las 03.00 horas. Allí, los pretensores manifestaron que el día de la fecha se encontraban a bordo del automóvil marca Renault modelo Kangoo color gris -dominio HKX 062-, y que mientras transitaban la Ruta Nacional N° 9 a la altura del kilómetro 67 aproximadamente (Zarate-Campana) -a una velocidad crucero de entre 80/90 kms. por hora-, fueron sorprendidos por la aparición repentina de tablas de madera sobre el pavimento que impactaron en su vehículo, provocando que el Sr. Javier Baldassare perdiese el control del vehículo y, como consecuencia de ello, vuelque (v. f.98).

Relataron que las tablas que se encontraban obstaculizando el camino, se habían caído del camión Scania (dominio GWF-272 -con semiremolque cuyo dominio es BAU 594-) de propiedad de la empresa N.E.M.

S.A., el cual momentos antes había protagonizado otro accidente, quedando su carga esparcida en ambos carriles.

Refirieron que “.no sólo fueron las tablas diseminadas sobre el pavimento sino también la mala iluminación existente en el lugar al momento del hecho, lo que coadyuvó a que no pudiese hacerse una maniobra que evitase el accidente.” (v. f. 98).

Sufrieron distintos daños por los cuales reclaman la suma de pesos un millón trescientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve ($1.364.289), con más sus intereses y costas del proceso (v. 109 vta.).

VII. Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. En tal sentido, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, conviene recordar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

VIII. El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos; y si correspondiere:b) la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios; c) la tasa de interés aplicable; y d) la imposición de costas.

En orden a motivos de índole metodológico, creo prudente analizar la atribución de responsabilidad.

IX. La atribución de responsabilidad:

IX.a. Como fuera manifestado, la codemandada “NEM S.A.” y su citada en garantía se quejan porque la sentenciante de grado le atribuyó toda la responsabilidad en la producción del hecho. Peticionan que se modifique la misma destacando que en el caso de autos ha existido una concurrencia de responsabilidades. En consecuencia, solicitan se amplíe aquella hacia Javier Baldassare -conductor de la camioneta marca Renault, modelo Kangoo, dominio HKX-062- y hacia la concesionaria vial “Autopistas del Sol S.A.” (v. f. 999 vta.).

IX.b. Debe destacarse que no se encuentra controvertido en este proceso que el día 06/01/2012 aproximadamente a las 03:00 horas se produjo un siniestro en la Ruta Nacional N° 9 a la altura del kilómetro 67 en el que sufrieron lesiones el señor Javier Baldassare -conductor de la camioneta recientemente identificada, Carola Romero -mujer del nombrado-, y sus hijas Paula Sofía y Cinthia Gabriela, que se encontraban a bordo del vehículo. En cambio, sí se halla en debate el desarrollo del evento dañoso.

Repárese que no se encuentra discutido en esta Alzada el encuadre jurídico establecido en la instancia de grado.

Dicho esto, destaco que analizadas que fueron las constancias de las fotocopias certificadas de la causa penal traída al proceso ad effectum vivendi et probandi, que tramitó ante la UFIyJ N°2 Dpto. Jud. de Campana, bajo el n° 18-00-000127-12 caratulada “Saladino Salvador s/ homicidio culposo – lesiones culposas” tengo por acreditado que la camioneta Renault Kangoo, dominio HKX-062, en la que se encontraban transitando los coactores- perdió el control como consecuencia de las tablas de madera diseminadas en la cinta asfáltica -las cuales impedían el tráfico en ambos sentidos- y se habían desprendido del vehículo perteneciente a la empresa “NEM S.A.” (v.f° 1/vta.).

Ello, teniendo en consideración que lo volcado en el acta de procedimiento adquiere el carácter de instrumento público (conf. art. 979 inc. 2 Código Civil) otorgando plena fe de su contenido y que el mismo no ha sido redargüido de falso.

Asimismo, es menester señalar que surge de la misma que no existen en el lugar baches, lomas de burro u otras irregularidades, ni elementos que dificulten la visión, encontrándose el asfalto seco y la zona con adecuada iluminación artificial por lo cual la visibilidad era buena pese a la hora (f° 2).

Señálese también que las declaraciones testimoniales realizadas en sede represiva por los coactores Javier Baldassare y Carola Romero con fecha 07/06/2012 dan cuenta que: la velocidad estimada de la camioneta era de 80/90 km/h.; las condiciones climáticas eran buenas; la visibilidad era regular dado que la iluminación artificial no se hallaba encendida en su totalidad; el asfalto se hallaba seco dado que no llovía ni había llovido momentos previos; y el pretensor perdió el control de su vehículo, volcando el rodado hacia su lateral derecho, producto de la gran cantidad de tablas de madera que se encontraban ocupando los tres carriles de la ruta. (v. f° 218 vta.).

En el mismo sentido, el informe realizado por la Policía Científica de Zarate-Campana (v. fs° 234/241) es claro al establecer que el conductor de la camioneta Kangoo habría perdido el control de la misma, posiblemente al circular sobre las maderas y/o tratar de esquivarlas, produciéndose posteriormente su derrape y vuelco sobre su lateral derecho (v. f° 238) y que la estimación de la velocidad mínima de circulación de dicho rodado al inicio de la huella de derrape sobre la calzada habría sido de 78 km/h., con una variación de +/- 10% (v.f° 240).

Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la demandada en su versión de los hechos y en su expresión de agravios, se le recuerda a la apelante que “.tratándose de una autopista la velocidad de circulación permitida es de 130 km/h.” (v. experticia mecánica -f. 672- ), por lo que ha quedado acabadamente demostrado que la camioneta circulaba dentro del limite legal; en consecuencia, la queja vertida en torno a si la velocidad de circulación de la misma era de 80 o 90 kms/h. no resiste el menor análisis.

Así las cosas, toda vez que la parte actora ha logrado acreditar que los elementos que transportaba la demandada se encontraban esparcidos sobre el asfalto obstaculizando el normal tránsito vehicular y que han sido la causa eficiente del hecho en cuestión y que la contraria no ha logrado interrumpir el nexo de causalidad, se impone la confirmación de la sentencia atacada en este aspecto (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 377, 386, 456 y 477 del CPCCN y 499, 901 y ccdtes. del Cód. Civil).

IX.c. Corresponde examinar a continuación la queja formulada por la demandada en lo tocante a la atribución de responsabilidad de “Autopistas del Sol S.A.”.

De la lectura de los agravios esgrimidos por la apelante en torno a la responsabilidad endilgada a la concesionaria vial (v. fs. 999vta./1000) destaco que la misma hizo especial hincapié en la escasa iluminación de la ruta.

Si bien no desconozco que tanto de la declaración testimonial de la parte actora en sede represiva como de su escrito de inicio surge que: “.la visibilidad era regular dado que la iluminación artificial no se hallaba encendida en su totalidad.” (f° 218 causa penal) y que la misma fue descripta como “. escasa o nula.” (v. f. 99); lo cierto es que de la lectura de las constancias de la causa penal se extrae que: la zona contaba con una adecuada iluminación artificial por lo cual la visibilidad era buena pese a la hora (v.f° 2) y que solamente dos luminarias en el lugar donde aconteció el evento dañoso no se encontraban en funcionamiento (v. croquis f. 666 y f. 672).

A ello, debe agregarse que a la fecha del hecho se encontraba vigente la aplicación del Circuito de Medianoche dispuesto por la Resolución OCCOVI N° 81/2004 por medio de la cual el Gobierno Nacional encaró un plan energético nacional conteniendo una serie de medidas tendientes a alentar el ahorro de energía, a través de un uso racional de la misma (v. informe de vialidad nacional -f. 611-).

En consecuencia, las quejas sobre este punto también serán desestimadas (arts. 163 inc. 5, 377, 386 y 477 del CPCCN).

IX.d. En función de todo lo delineado, compartiendo el resto de las consideraciones del magistrado que me precedió, que no han logrado ser revertidas por los encartados apelantes, habré de proponer a mis colegas que se confirme la atribución de responsabilidad decidida en la instancia de grado.

Habiéndose confirmado la responsabilidad, pasaré a analizar los agravios vertidos en relación a la procedencia y al quantum otorgado por las distintas partidas indemnizatorias en la instancia de grado.

X. La indemnización.

X. A. Paula Sofía y Cinthia Gabriela Baldassare ?

Daño Estético

En lo que hace al presente rubro, resulta adecuado señalar que la Srta. Paula Sofía peticionó la suma de $75.000, mientras que su hermana, Cinthia Gabriela, reclamó la de $55.000.

La a quo destacó que “.no corresponde acceder a la indemnización por tal rubro en forma autónoma, sin perjuicio de señalar que la pericia médica lo ha considerado a los efectos de la determinación del porcentaje de incapacidad. De ahí que no se admitirá la reparación de este rubro como daño autónomo sino que será considerado al justipreciar el daño moral.” (v. f.965 vta.) Con relación al daño estético ya antes mencionado, ha establecido la jurisprudencia que “.la lesión estética se manifiesta como una deformación, desfiguración, afeamiento o mutilación del cuerpo; más allá del daño patrimonial cierto que pueda provocar, constituye en sí misma un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, ya que la indemnización que al respecto le es debida a la víctima no debe apoyarse, para su valoración, únicamente en lo que haya quedado afectada su capacidad laborativa, sino también en todo aquello que pueda proyectarse sobre su personalidad plena, es decir tanto en el plano individual como social.” (CNCiv. Sala K, 15/10/1996).

En lo que concierne al citado ítem, esta Sala tiene dicho que “.la lesión estética constituye sólo excepcionalmente un rubro autónomo a reparar, siendo la regla que quede subsumido en la incapacidad sobreviniente en tanto la apariencia física aparezca relevante para el plano laboral o social (.), o en el agravio moral si es que es indiferente a la actividad laboral o al normal desenvolvimiento de la vida de relación y el defecto altera sólo el espíritu, las afecciones o sentimientos de la víctima.” (esta Sala, in re “González Teodoro, c/ Strua María”, LL 2004-D, 753).

Teniendo en cuenta esas directivas, lo que surge de la experticia de fs.805/817, atendiendo a las particularidades consignadas en la especie, la ubicación y la naturaleza de las lesiones que presentan las menores, considero que el rubro en análisis tiene que ser contemplado en autos al analizar la procedencia y cuantía del rubro “daño moral” y no el rubro “incapacidad física”, pues no obra en la causa prueba alguna que conlleve a presumir que tal lesión juegue un papel particular en el ámbito laboral (máxime si se tiene en cuenta las edades de las víctimas). En consecuencia, consideraré las lesiones mencionadas en la oportunidad de analizar la procedencia de dicha partida indemnizatoria.

? Incapacidad Sobreviniente Mientras que la parte actora se agravia por considerar reducida la suma otorgada por este rubro; la codemandada “NEM S.A.” y su citada en garantía entienden que el monto otorgado es elevado.

La Srta. Paula Sofía reclamó el monto de $300.000 por “daño físico” y el de $62.500 por “daño psíquico”. Por su parte, la Srta. Cinthia Gabriela solicitó por las partidas indemnizatorias denominadas como “daño físico” y “daño psíquico” las sumas de $200.000 y $87.500, respectivamente.

La Juez de la instancia anterior fijó -en función de las incapacidades físicas y psíquicas- la suma de $370.000 a favor de la coactora Paula Sofía y la de $210.000 a favor Cinthia Gabriela.

La partida en cuestión procura el resarcimiento de los perjuicios que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades, no solamente en la productiva sino también en la social, cultural, y fundamentalmente en la individual (conf. CNCiv., Sala C, 21/03/1995, in re: “Arias Gustavo G.c/ Fuentes Esteban”). Tal criterio se sustenta en el derecho del sujeto a conservar ileso e intacto su cuerpo dado que, aun con la mejor evolución posible de las lesiones sufridas, será harto difícil o imposible restablecer por completo en el organismo alterado la situación de incolumidad anterior; y esta situación es la que determina un perjuicio reparable.

Consecuentemente, rigiéndonos por el principio de la reparación integral, es obligación de los jueces cubrir el demérito que del ilícito resulte a la víctima.

A la hora de analizar este capítulo se debe ponderar el daño ocasionado, traducido en una disminución de la capacidad; el detrimento de funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño más gravoso de ello; cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales. Y se lo hace no sólo con relación a la aptitud laboral, sino también con la actividad social, cultural, etc.

(arts. 901 y 904 del Cód. Civ.), amén de la edad, sexo y ocupación. En conclusión, la incapacidad debe meritarse como disminución genérica de la relacionada aptitud física de la cual gozaban las peticionarias antes del siniestro (art. 1083 del Cód. Civ.).

Una de las pruebas fundamentales para resolver este capítulo es la pericial, y en autos se llevó a cabo a fs. 754/785 y 805/817.

En relación a la Srta. Paula Sofía el experto médico designado de oficio, luego de realizar una serie de consideraciones acerca de los exámenes practicados, manifestó que “.tiene múltiples lesiones cicatrízales en su cuerpo con pérdida de substancia, perdida de pabellón auricular, traumatismo dentario anterior con pérdida del incisivo izquierdo superior y rotura parcial reparada del incisivo delantero derecho y superior.La manifestación auditiva de caída de 10 dcb en el oído izquierdo es ‘muy’ (sic) mínima para causarle pérdida auditiva manifiesta, pero dado el trauma izquierdo con audiograma levísimamente alterado se valorará. A nivel cervical presenta rectificación columnaria sin manifestaciones de inmovilidad o contractura objetivables o denunciadas por la actora. Las lesiones de la niña son permanentes, definitivas sin restitución ‘ad integrum’. Debe continuar tratamiento para alivianar el impacto de su cicatrización queloide por dermatología y cirugía plástica, por la eventualidad de someterse a varias intervenciones para ver si puede formular una oreja sustituta con tejidos propios de costilla e injerto.” (sic) (f. 815 vta.).

En función de ello, le atribuyó un 43,83% conforme el baremo de Altube Rinaldi; , porcentaje que se encuentra compuesto por un 1,54% por la pérdida de dientes, un 15% por la pérdida de pabellón auricular en menos del cincuenta por ciento y un 27,29% por cicatrices múltiples (v. f. 816/vta.).

Tal como fuera manifestado en la instancia de grado, la experticia médica no ha recibido cuestionamiento alguno por parte de la demandada; quedando agregado a fs. 839/841 el informe de la consultora técnica de la parte actora quien fijó para la coactora un 47% de incapacidad.

Dicho dictamen difiere de la experticia designada de oficio principalmente en lo que hace a la denominada “hipoacusia”. Así, mientras que la primera acompañó la tabla de disminución auditiva y señaló que “.la suma de pérdida auditiva de cada oído es menor de 100 por lo que corresponde 0% de incapacidad.” (v. f. 816), la segunda determinó que la pretensora padece un 8% en concepto de hipoacusia leve izquierda (v. f. 840/vta.) limitándose a señalar únicamente “.ver audiograma.”.

Asimismo, llama poderosamente la atención lo manifestado por la mencionada consultora técnica, quién adujo haber presenciado los dos exámenes clínicos realizados por la experticia desinsacula de oficio (v. f.8 39), cuando ésta última dejó asentado que no hubo presencia de otros peritos de parte (v. f. 805).

Sabido es que el consultor técnico constituye -en lo que hace al aspecto técnico de su actuación- una figura sustancialmente análoga a la del abogado, y por consiguiente, las razones que pueda exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma (conf. F. Carnelutti: Instituciones del proceso civil, trad. Española, n° 109 y 111, Bs. As., 1973).

Tocante a la faz psíquica, la licenciada designada de oficio al presentar su informe manifestó que “.Este cuadro psicológico que en la actualidad presenta la Srta. Paula Baldassare obedece a un trauma complejo, lo cual ha generado un daño psíquico que guarda un nexo causal directo con los sucesos que se investigan ya que la existencia de síntomas como los descriptos ut supra han hecho su aparición a consecuencia del hecho de autos, guardando relación con las secuelas físicas y el daño psíquico que el mismo ha dejado en la peritada. Por consiguiente conforme al Baremo General para el Fuero Civil de los Dres. Altube y Rinaldi la Srta. Paula Baldassare presenta un cuadro de Trastorno Adaptativo con sintomatología Ansiosa Crónico Moderado lo que representa un porcentaje de 30% de incapacidad psíquica ya que las alteraciones psíquicas que el hecho de autos ha provocado en la peritada se evidencian en manifestaciones relacionadas con situaciones escolares y sociales, lo cual provoca una alteración en sus relaciones interpersonales, a la vez que el hecho de autos ha generado la acentuación de rasgos característicos de la personalidad de base en la Srta. Paula Baldassare.” (sic) (f.779).

Además, la perito consideró de vital importancia “.la realización de un tratamiento psicológico no solo para subsanar las consecuencias psíquicas provocadas, sino también con el objetivo de prevenir posibles patologías en la adultez o situaciones de aislamiento social que pudieran elevados de sufrimiento psíquico (.) se recomienda la realización de un tratamiento psicológico individual de orientación cognitivo-conductal (.) el mismo deberá tener una extensión aproximada de por lo menos un año (.) se estima como conveniente una frecuencia de 2 veces por semana (.) El costo promedio de una sesión de psicoterapia individual en el ámbito privado, a marzo del 2015, se estima en $300. ” (sic) (v. f. 779).

No desconozco que el mencionado informe fue impugnado oportunamente por la codemandada “NEM S.A.” y su citada en garantía (v. fs. 790/792) y por la codemandada “Autopistas del Sol S.A.” (v. fs. 794/795); empero considero que dichas presentaciones lejos han estado de constituirse en una “contraexperticia”, siendo la primera de ellas debidamente contestada a fs. 822/837. A f. 889 se declaró negligente a la concesionaria y a su aseguradora por no haber impulsado el traslado de dicha impugnación.

Para ello, las mismas debían contener una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, y no una mera alegación de pareceres subjetivos o simples generalizaciones, sin sustento en otros elementos de juicio ciertos y serios arrimados al proceso (conf. esta Sala, expte. libre Nº 465.991 “Gago Joaquín Florencio c/ Transporte Ideal San Justo S.A. s/ daños y perjuicios” del 25/06/07).

Sobre la situación de la Srta. Cinthia Gabriela consta en la experticia médica que la coactora “.padece en la actualidad una cervicalgia con contractura cervical y rectificación de columna a partir del esguince cervical o latigazo padecido el día de los hechos. Tiene rectificación severa por informe de RMN actualizada.Tiene limitación funcional en los movimientos cervicales.

Su tratamiento es kinesiología con re-educación postural para atenuar los síntomas y mejorar la ergonomía. Presenta cicatriz en rodilla derecha sin limitación funcional o signos ligamento-meniscales atribuidos al accidente de marras ya que no manifestó en su historial médico signo-sintomatología vinculante.” (sic) (v. f. 815/vta.).

En función de ello, la idónea le atribuyó una incapacidad total y permanente del 22,9%, el cual se encuentra constituido por un 8% de cervicalgia (rectificación + contractura muscular) y un 14,9% en concepto de cicatrices, conforme al baremo general para el fuero civil de los Dres. Altube y Rinaldi (v. f. 815vta.).

Con relación al dictamen presentado a fs. 839/840 por el consultor técnico de la parte actora, me remito a lo ya expresado con anterioridad.

Por su parte, la experticia psicológica concluyó que la Srta. Cinthia Gabriela presenta un cuadro de trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa crónico leve lo que representa un porcentaje de 20% de incapacidad psíquica conforme el baremo general para el fuero civil de los Dres. Altube y Rinaldi. Asimismo, al igual que en el caso anterior, recomendó la realización de un tratamiento psicológico individual breve con orientación cognitivo-conductual, estimando que el mismo deberá tener una extensión aproximada de por lo menos 6 meses, con una frecuencia de una vez por semana (v. f. 771).

Reiterando lo expuesto acerca de las impugnaciones obrantes a fs. 790/792 y 794/795, resulta pertinente recordar que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ ds. y ps”, expte.libre n° 105.505/97, del 20/09/91). Por otro lado, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos “Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios”, expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96). (cfr., además, mi anterior voto in re “Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.”, del 15/12/2005).

Los conocimientos personales que goce un magistrado, coadyuvaran a una correcta hermenéutica de la prueba pericial, pero no pueden suplirla, hacerla a un lado y menos ir en contra de ella (v. esta Sala, en “Petrungaro c/ Gimpad S.A. s/ ds. y ps.” L N° 422.692, rtos.15/11/05, pub. en JA 2006-I-323, SJA 29/3/2006, con nota laudatoria de Julio Chiappini, “Responsabilidad civil por fallecimiento en un gimnasio: una sentencia bien revocada”).

Considerando lo expuesto y los precedentes de esta Sala en casos similares, determinadas las lesiones sufridas a consecuencia del accidente – relación de causalidad – (conf. arts. 901 y ccdts. del Cód. Civil), así como las secuelas resultantes de las mismas- daño (conf. art. 1067 del Cód. Civil) y los porcentajes de incapacidad establecidos por los expertos -sin tener en consideración el daño estético- (los que tomo sólo como referencia), ponderando sus circunstancias personales y el tratamiento psicológico recomendado, considero que las sumas indemnizatorias fijadas en la instancia de grado en concepto de incapacidad sobreviniente a favor de las Srtas.Paula Sofía y Cinthia Gabriela resultan excesivas para enjugar el daño producido, debiendo reducirse las mismas a los montos de pesos trescientos cincuenta y ocho mil ($358.000) y pesos ciento noventa mil ($190.000), respectivamente (conf. arts. 163 incs. 5) y 6), 165, 386 y 477 del CPCCN, 1068 y 1083 del Cód. Civil).

X. B. Carola Romero y Javier Baldassare ?

Daño Psíquico

En lo que se refiere al daño psíquico, por supuesto que con la partida del caso se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

Con respecto a este rubro, la Jueza de grado estimó razonable fijar por la incapacidad psíquica del Sr. Javier Baldassare la suma de $30.000 y rechazar la mencionada partida indemnizatoria para la Sra. Carola Romero.

A fs. 754/785 obra agregada en el expediente la experticia psicológica.

De la misma se extrae que “.luego del accidente automovilístico la Sra. Carola Romero aseguró no haber realizado tratamiento psicológico (.) Durante el estudio psicodiagnóstico se expresó espontáneamente, con un vocabulario adecuado, no denotando fallas lógicas ni contradicciones. Su discurso fue ordenado y coherente. Asimismo, se observó que el juicio de realidad de la peritada se encontraba conservado, no existiendo al momento del examen actividad delirante ni ideación bizarra. Sus funciones psíquicas superiores de atención, concentración y memoria se hallaron conservadas.(.) presenta una adecuada adaptación al medio, lo cual denotaría un estilo de personalidad sana (.) Se puede observar cómo las dificultades físicas que ha sufrido su hija Paula Baldassare y la necesidad de realizarse varias intervenciones quirúrgicas a la menor la han afectado moralmente (.) Se concluye que la Sra. Carola Romero ha podido responder e integrar satisfactoriamente las diferentes exigencias que el ambiente le ha ocasionado a raíz del hecho de autos. Si bien las afectaciones emociona les descriptas por la peritada y observados en su producción gráfica se encuadran dentro del sufrimiento normal consecuente de la vivencia traumática del accidente automovilístico en el cual ella no se vio afectada físicamente pero si su hija menor, cabe destacar que los trastornos emocionales consecuentes no se han cronificado ni constituido en incapacitantes.” (conf. fs. 754/760) Resulta preciso destacar que el mencionado dictamen -en lo que hace a este punto- no ha sido objeto de impugnación por las partes. Así, atendiendo a las constancias de autos, propongo al Acuerdo se confirme el rechazo de la partida en cuestión.

Ahora bien, en lo tocante al Sr. Javier Baldassare cabe señalar que la experta concluyó que “.Como consecuencia de la desorganización psíquica que le ha provocado al peritado los hechos de litis, conforme lo establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 4° edición (DSM IV), se establece un F43.20 Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo [309.0] (.) esta sintomatología hallada en el peritado respondería a la sucesión de 2 eventos estresantes en su vida, como ha de ser la muerte de su padre y el riesgo con su consecuente afectación de sus hijas en el accidente vehicular que nos convoca. Por lo tanto, es posible establecer que el cuadro psíquico que en la actualidad presenta el peritado obedece a un trauma complejo y que guarda un nexo concausal indirecto con los sucesos que se investigan. Conforme al Baremo General para el Fuero Civil de los Dres. Altube y Rinaldi, el Sr.Javier Baldassare presenta un Trastorno Adaptativo con Síntomas Depresivos Crónico Leve, lo que representa un porcentaje de incapacidad del 20 % de incapacidad psíquica. Ahora bien, desde el punto de vista de la psicología resulta difícil establecer con criterio científico la distribución de porcentajes cuando se trata de nexo concausal ya que los mecanismos psíquicos que actúan vinculando los elementos concausales son móviles, versátiles y en este sentido no admiten una precisión exacta. No obstante, intentando realizar una discriminación orientativa que en modo alguno pretende exactitud por ser científicamente imposible, se establece que, conforme a los antecedentes histobiográficos del Sr. Javier Baldassare así como también a lo evaluado en el estudio psicodiagnóstico efectuado, dado la cercanía temporal de los hechos se establece una distribución equitativa del porcentaje total de incapacidad psíquica otorgado.” (v. fs. 760/765).

Asimismo, recomendó “.la realización de un tratamiento psicológico individual breve de orientación cognitivo-conductual con el propósito de propender la elaboración psíquica de la vivencia traumática sufrida, y las consecuencias sobrevivientes, a los fines de evitar su posible agravamiento (.) se puede estimar que el mismo deberá tener una extensión aproximada de 6 meses (.) se estima como conveniente una frecuencia de una vez por semana.

El costo promedio de una sesión se psicoterapia individual en el ámbito privado, a marzo del 2015, se estima en $300.-.” (v. f. 765).

Así, reiterando lo expresado, destaco que las impugnaciones vertidas por la codemandada “NEM S.A.” y su citada en garantía (v. fs. 790/792) y por la codemandada “Autopistas del Sol S.A.” (v. fs. 794/795) no han logrado conmover los fundamentos de la experticia los cuales se hallan debidamente fundados (v. además contestación de fs. 822/837).

Por otra parte, en respuesta al agravio de la codemandada (v. f.1002 vta.), si bien es cierto que el tratamiento psicoterapéutico podría llegar a paliar las afecciones psíquicas sufridas por los pretensores con motivo del siniestro, no menos cierto es que la licenciada informante sostuvo que el tratamiento resultaba necesario a fin de evitar su posible agravamiento (tal como fue citado con anterioridad).

Sentado ello, y conforme he dicho en reiteradas oportunidades, otorgar resarcimientos autónomos en concepto de psicoterapia y daño psicológico se encuentra plenamente justificado cuando las lesiones psíquicas revisten cierta singularidad según la evaluación de las circunstancias de la causa (conf., esta Sala en autos: “Iturralde c/ Villareal s/ ds. y ps.”, del 20/12/2006). En este orden de ideas, la partida otorgada por tratamiento psicológico no se superpone, en principio, con la acordada por incapacidad psíquica; ya que mientras ésta última apunta a reparar -mediante la entrega de una suma de dinero- la mentada incapacidad, la cantidad otorgada por tratamiento psicológico no se dirige a esa reparación, sino a que la víctima no sólo pueda sobrellevar en el futuro aquella dolencia psíquica que aconteciera por el injusto, sino también a evitar un agravamiento del estado del paciente; aunque tratando -en el mejor de los casos- de neutralizarla.

En virtud de lo precisado, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad psíquica informado por la experta, la necesidad de la realización de un tratamiento y las circunstancias de autos, estimo que la suma fijada en primera instancia por el presente rubro resulta ajustada a derecho (conf. art. 165 del CPCCN), por lo que habré de proponer que se confirme la misma.

X. C. Paula Sofía Baldassare, Cinthia Gabriela Baldassare, Javier Baldassare y Carola Romero ?

Daño Mora l

En lo que hace al mencionado rubro la Magistrada que me precedió fijó la suma de $150.000 para la Srta. Paula Sofía, la de $90.000 para la Srta. Cinthia Gabriela y la de $50.000 tanto para la Sra. Carola Romero como para el Sr. Javier Baldassare.Como fuera manifestado, ambos apelantes se quejan por la suma otorgada por esta partida. Mientras los coactores la consideran exigua, la parte demandada y citada en garantía sostienen que la misma resulta elevada.

De conformidad con el artículo 1078 del Código Civil, considero que se trata de un daño resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar la víctima como consecuencia del accidente, procurándole una satisfacción o compensación.

No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuanto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (conf. Orgaz Alfredo “El daño resarcible” pag. 187; Brebbia, Roberto “El daño moral” n° 116; Mosset Iturraspe, Jorge “Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad”, LL 1978-D-648).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (conf. Fischer Hans A. “Los daños civiles y su reparación “pag.228).

Es indudable que el sufrimiento de los coactores a partir del hecho de marras originó un daño de la naturaleza indicada, destacando que el quantum indemnizatorio habrá de incrementarse -en virtud de lo establecido por esta Sala en casos similares- para la coactora Cinthia Gabriela a la suma de pesos cien mil ($100.000) y confirmarse para el resto de ellos (montos que comprenden el “daño estético” -tal como fuera señalado precedentemente- en el caso de ambas menores) (art. 165, 377, 386 del CPCCN y 1078 del Cód. Civ.).

XI. Intereses.

Con relación a las queja vertidas en materia de intereses, atento la doctrina plenaria en autos “Samudio de Martinez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” s/ daños y perjuicios” , los intereses deben aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (art. 303 del CPCC). Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, La Ley, cita online: AR/JUR/55224/2003).

El mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso.A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

En función de lo expuesto, y en cumplimiento de la doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se rechace la crítica vertida en materia de intereses, confirmándose lo dispuesto en la instancia de grado.

XII. Costas

Se agravia la codemandada en cuanto a la forma en que fueran impuestas las costas en la instancia de grado.

Al respecto, resulta pertinente recordar que el art. 68 del Código Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota, como fundamento de la imposición de las costas. Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho. Estas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario ( conf., CNCiv., Sala A, E. D., 90-504; íd., Sala D, LL., 1977-A-433; íd., Sala F, J. A., 1982-I-173; íd. Sala H, “Arena, María c/Empresa Línea 47 S. A. s/Daños y perjuicios”, del 14/06/94).

En este sentido se ha resuelto que ellas deben ser soportadas íntegramente por la parte que dio origen al reclamo e hizo necesario acudir a la vía judicial para el reconocimiento del derecho invocado. Por lo tanto si la demandada resultó vencida toda vez que se hizo lugar a la demanda, las costas deberán ser soportadas por la perdidosa.

Sin embargo el citado artículo 68 en su segunda parte dispone que el juez podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Así no puede soslayarse que la eximición que autoriza dicha norma procede, en general, cuando media “razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido actuó sobre base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de las costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (conf. CNCiv., Sala E, “Becerra de Delgado c/ Delgado s/medidas precautorias”, del 26-12-97).

En el caso que nos convoca, nótese que es la propia codemandada “NEM S.A.” la que en primer lugar solicitó que se modifique la atribución de responsabilidad hacia la Concesionaria Vial “Autopistas del Sol S.A.”, para luego agraviarse sosteniendo que “.Autopistas del Sol S.A. fue traída a juicio por la actora” y afirmar que “.al producirse el rechazo de la demanda contra tal empresa, la calidad de vencido contra Autopistas del Sol S.A. debe ser adjudicado a quien la trajo a juicio” (v. f. 999vta. y 1004vta.); considero que la presente queja se desvanece por la propia actuación del apelante lo que sella la suerte de este agravio.

A tenor de lo delineado precedentemente, no encontrando motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota, propongo al Acuerdo se confirme la imposición de costas decidida en la instancia de grado.

XIII. Por todo ello, propongo al Acuerdo: 1) modificar parcialmente la sentencia recurrida, en lo que hace al monto otorgado para la coactora Paula Sofía Baldassare en concepto de “Incapacidad Sobreviniente”, el que se reduce a la suma de pesos trescientos cincuenta y ocho mil ($358.000); 2) modificarla también en relación al quantum otorgado para la Srta.Cinthia Gabriela Baldassare en lo que hace a las partidas indemnizatorias denominadas “Incapacidad Sobreviniente” y “Daño Moral”, las que se fijan en la cantidad de pesos ciento noventa mil ($190.000) y de pesos cien mil ($100.000), respectivamente; y 3) confirmarla en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (conf. arts. 68, 163 inc. 8, 164 y 279 del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres. Mizrahi y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, Junio 19 de 2017.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: 1) modificar parcialmente la sentencia recurrida, en lo que hace al monto otorgado para la coactora Paula Sofía Baldassare en concepto de “Incapacidad Sobreviniente”, el que se reduce a la suma de pesos trescientos cincuenta y ocho mil ($358.000); 2) modificarla también en relación al quantum otorgado para la Srta. Cinthia Gabriela Baldassare en lo que hace a las partidas indemnizatorias denominadas “Incapacidad Sobreviniente” y “Daño Moral”, las que se fijan en la cantidad de pesos ciento noventa mil ($190.000) y de pesos cien mil ($100.000), respectivamente; y 3) confirmarla en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (conf. arts. 68, 163 inc. 8, 164 y 279 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN).

Fecho, devuélvase.