Una vez notificada la demanda de divorcio, el demandado no puede oponerse a ella ni invocar causales subjetivas previstas en el derogado Código Civil

Partes: M. M. H. c/ B. R. H. s/ divorcio

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 10-may-2017

Cita: MJ-JU-M-105518-AR | MJJ105518 | MJJ105518

Una vez notificada la demanda de divorcio, el demandado no puede oponerse a ella ni invocar causales subjetivas previstas en el derogado Código Civil.

Sumario:

 

1.-Siendo que el nuevo régimen del divorcio consagrado en el Código Civil y Comercial recepta como único régimen el del divorcio incausado, ya sea unilateral o bilateral, una vez notificada la petición de divorcio, no procede la oposición del demandado ni la invocación de las causales subjetivas previstas en el Código Civil derogado.

2.-La audiencia prevista en el art. 438 del CCivCom. se convoca con el fin de evaluar el contenido de la o las propuestas reguladoras efectuadas por las partes, ya que no se trata de una audiencia de divorcio para conocer y evaluar las razones por las cuales los cónyuges pretenden divorciarse (como la que se convocaba en virtud del antiguo art. 236 del CCiv.), siendo que en cualquier caso se va a dictar la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial.

3.-La falta de notificación de la audiencia prevista en el art. 438 del CCivCom. no afecta la validez de la sentencia de divorcio ya que en definitiva, cualquier tipo de desacuerdo en torno a los efectos derivados de éste, no tiene incidencia alguna en la ruptura del vínculo matrimonial mediante el dictado de la correspondiente sentencia que en ningún caso puede limitarse o retrasarse.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017.- LF fs. 70

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Vienen estos autos a la Alzada a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 54, contra la sentencia dictada a fs. 53. El memorial luce agregado a fs. 58/59 y pese al traslado conferido, no fue contestado. A fs. 67/68 luce el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara.

I.- Se agravia el demandado del decisorio dictado por el Magistrado de grado, en tanto decretó el divorcio vincular de los cónyuges en los términos de los arts. 437, 438, 475, 480 y ccs. del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sostiene que a pesar de que en el decisorio de fs. 47 se ordenó notificar la convocatoria a la audiencia prevista en el art. 438 del CCyC, no existe constancia en autos acerca del libramiento de ninguna cédula, lo que torna a su juicio en nula la audiencia celebrada según constancia de fs. 50 -a la que no asistió el recurrente-. Agrega que tal conducta seguida por la actora -que califica de temeraria y maliciosa- afectó su derecho de defensa en juicio y por lo tanto, concluye que también resulta “nula de nulidad absoluta, manifiesta e insubsanable” la sentencia recaída en autos.

Se agravia también de que en el pronunciamiento recurrido se haya hecho referencia al matrimonio “de los peticionantes”, cuando su parte, en momento alguno ha solicitado sentencia de divorcio. A su juicio, tal errada aseveración también torna nula la sentencia recaída.

Agrega el recurrente que por tratarse de una cuestión de orden público, no consiente el cambio de su estado civil, mucho menos por medios que califica de fraudulentos.

II.- En primer lugar, cabe poner de resalto que la nulidad de la sentencia sólo procede cuando ella adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional -art.253, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, es decir cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva, pero no en hipótesis de errores u omisiones que pueden ser reparados por medio del recurso de apelación, en cuyo tratamiento el tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción, especialmente cuando como en el caso, los defectos que constituyen el fundamento del recurso de nulidad se han introducido como agravios del de apelación, porque ello evidencia la aceptación de la propia recurrente, en el sentido de que los vicios pueden obtener adecuada reparación a través de la revisión, en atención a lo especialmente establecido por el art. 253. La escasa fundamentación, el déficit de valoración en la prueba, los argumentos confusos y a veces contradictorios -en la hipótesis de haberlos-, no son causa habilitante para decretar la nulidad de la sentencia, cuando ello tiene remedio o solución a través del recurso de apelación (esta Sala, in re, “Sánchez, Roberto Jorge y otro c/Cuervo Alonso, Manuel Esteban y otro s/consignación” (Expte. n° 60.011/2003) y “Bello Díaz, María Fernanda c/Sanchez, Sergio Daniel y otro s/ejecución especial ley 24.441” (Expte. n° 94.086/2003), 26/05/2014).

Bajo tales lineamientos, se analizará a continuación la procedencia de los agravios esgrimidos.

III.- Como es sabido, la reforma de ley 23.515 introdujo en nuestro ordenamiento un sistema dual por el que se estableció que frente a situaciones de crisis matrimonial, los cónyuges podían requerir su separación personal (sin disolver el vínculo matrimonial) o bien, el divorcio vincular. Si bien dicha ley mantuvo la posibilidad de invocar causales subjetivas para solicitar la separación personal o el divorcio, se ampliaron las causales objetivas fundadas en la idea del “divorcio remedio”: las alteraciones mentales graves de carácter permanente (art.203), la separación de hecho sin voluntad de unirse por un tiempo prolongado (art. 204 y 212 inc. 2°) y la presentación conjunta (205 y 215).

La indisolubilidad del matrimonio dejó de constituir una cuestión de orden público del derecho argentino, y el art. 230 del Código Civil (según ley 23.515), consagró la disolubilidad previendo la nulidad de toda renuncia de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el divorcio vincular.

Con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (según ley 26.994) se avanzó aún más, y no sólo se eliminó el instituto de la separación personal, sino también las causales subjetivas de divorcio. El nuevo ordenamiento recepta como único régimen el del divorcio incausado, ya sea unilateral o bilateral.

Esto es coherente con el principio de que si un matrimonio se celebra y mantiene por la voluntad de dos personas, si una de ellas no quiere continuar, ya el proyecto de vida en común se cae y justifica la posibilidad de peticionarse el divorcio. De este modo, si ambos integrantes están de acuerdo, es claro que la petición será conjunta; pero ya si uno de ellos no quiere continuar el matrimonio, también se habilita a que solicite el divorcio por aplicación del principio de libertad y autonomía personal, además de ser beneficioso para todo el grupo familiar no tener que estar obligado por la ley a mantener un vínculo que ya no se quiere sostener (Herrera, Marisa Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. Lorenzetti, 1ra. Ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, TII, p.730).

De ahí que una vez notificado de la petición de divorcio, no proceda la oposición del demandado ni la invocación de las causales subjetivas previstas en el Código derogado (conf. esta Sala in re “S., M. c/ D. R. T., G.s/ divorcio”, del 15 de octubre de 2015).

IV.- El nuevo ordenamiento, también introdujo innovaciones en cuanto al trámite del proceso de divorcio. Sea la petición unilateral o bilateral, ésta debe ser acompañada de una propuesta o del correspondiente convenio regulador al que hayan arribado los cónyuges si la petición es conjunta. En el primer caso se prevé que el otro cónyuge, al responder, pueda presentar su propia propuesta. Las eventuales similitudes o diferencias que presente cada una, deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe, las cuestiones pendientes serán resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local (conf. art. 438 del CCyC).

La audiencia se convoca con el fin de evaluar el contenido de la o las propuestas; no se trata de una audiencia de divorcio para conocer y evaluar las razones por las cuales los cónyuges pretenden divorciarse (como la que se convocaba en virtud del antiguo art. 236), ya que en cualquier caso se va a dictar la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial.

En tal orden de ideas, se observa que aún de asistir razón al recurrente en cuanto a no haber sido debidamente notificado de la audiencia prevista en el art. 438 del nuevo ordenamiento, lo cierto es que ello no afecta la validez del pronunciamiento recurrido, ya que en definitiva, cualquier tipo de desacuerdo en torno a los efectos derivados del divorcio, no tiene incidencia alguna en la ruptura del vínculo matrimonial mediante el dictado de la correspondiente sentencia que en ningún caso puede limitarse o retrasarse (Herrera, ob. cit. TII, p. 740).

A ello cabe agregar a todo evento, que el cuestionamiento referido a la falta de notificación de la audiencia celebrada el pasado de noviembre, resulta extemporáneo ya que no fue introducido dentro del plazo previsto en el art.170 del CPCC contado a partir de la fecha de anoticiamiento de la alegada irregularidad.

Por otro lado, no advierte el Tribunal que el recurrente haya visto afectado su derecho de defensa, ya que fue debidamente notificado tanto de la iniciación del presente proceso, como de la propuesta reguladora acompañada por la actora (ver cédula de fs. 41/42), lo que motivó su presentación de fs. 43/44.

Pero principalmente, no debe dejar de señalarse que a diferencia de lo alegado en los agravios, el recurrente sí fue notificado de la audiencia convocada. En efecto, de la compulsa del sistema informático surge que con fecha 4 de noviembre de 2016 (a las 10:14 horas) se le cursó notificación electrónica en estricto cumplimiento de lo previsto por la Acordada 3/2015 CSJN y ccs.; todo lo cual sella la suerte del presente pronunciamiento.

En razón de todo lo expuesto y por no advertir que se haya incurrido en ninguna irregularidad que menos aún pueda ser calificada de fraudulenta, no cabe más que desestimar los agravios vertidos y confirmar el decisorio apelado.

No obsta a lo anterior que en la sentencia se haya hecho mención al matrimonio “de los peticionantes”, lo que debe ser entendido como un simple error de tipeo que en modo alguno, afecta la validez de la decisión cuestionada.

V.- Las costas se imponen en el orden causado, atento a la forma de resolver y por no haber mediado contradicción (conf. art. 68 segundo párrafo del CPCC).

VI.- Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

I.- Confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto fue materia de agravio. II.- Con costas en el orden causado (conf. art. 68 segundo párrafo del CPCC).

Regístrese y notifíquese. Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y devuélvase.