Integración de los «pagarés de consumo» a los fines de su ejecución. Casadío Martínez, Claudio A.

Autor: Casadío Martínez, Claudio A. –

Fecha: 18-abr-2017

Cita: MJ-DOC-10691-AR | MJD10691

Sumario:

I. Proemio. II. Normativa aplicable. III. El caso comentado y las interpretaciones doctrinales. IV. El fallo de la Cámara. V. Nuestra opinión. VI. Una cuestión vinculada: las acciones judiciales. VII. Colofón.

Doctrina:

Por Claudio A. Casadío Martínez (*)

I. PROEMIO

Las cuestiones referentes a la llamada «defensa del consumidor» como parte más débil de las negociaciones contractuales de consumo -si así pueden ser llamadas, ya que en los hechos no hay negociación- han dado -y seguramente seguirán dando- mucho que hablar, más allá de que los pilares básicos de dicha defensa del consumidor hace ya casi un cuarto de siglo que han tenido consagración constitucional expresa.

Una de las cuestiones estriba en el «choque» entre estas noveles normas con arraigados principios de otras ramas del derecho, por ejemplo el derecho cambiario, en donde la problemática se centra tanto en lo atinente a la competencia judicial como a la «integración» de estos títulos, cuestiones que atentan -por así decirlo- contra la abstracción de los cambiales.

El primero de estos aspectos lo hemos analizado en otra colaboración (1) y ahora nos abocaremos al segundo.

II. NORMATIVA APLICABLE

Como se indicó, la «defensa del consumidor» tiene expresa consagración constitucional, concretamente en el art. 42 de la Carta Magna. Sin embargo, los principios allí establecidos, más allá de sus loables intenciones, deben tener una reglamentación que permita aplicarlos en la práctica.

Así fue como llegó la sanción de la Ley 24.240 , Ley de Defensa del Consumidor (LDC), que prevé bajo pena de nulidad -entre otras cosas- que deberá consignarse lo siguiente: «El precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar». Además, para cuando se trate de instituciones financieras, se estipula lo siguiente: «El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones de crédito para consumo, con lo indicado en esta ley» (art.36 de la LDC).

Por su parte, el art. 65 de la LDC prevé que la ley «es de orden público».

Ahora bien, si releemos el mentado art. 36 de la LDC, vemos que en él no se hace referencia a los pagarés para consumo y tampoco lo hacen el Código Civil y Comercial de la Nación, aun cuando este introdujo una sección dedicada a los «contratos de consumo» (arts. 1092 a 1122 ) y otra referida a los «títulos valores» (arts. 1815 a 1881 ).

Es decir que, por un lado, tenemos una norma con más de medio siglo de vigencia -como es la normativa de letra de cambio que data del año 1963- que consagra inveterados principios cambiarios que también receptaron los códigos procesales -por caso la imposibilidad de discutir la causa en un juicio ejecutivo- y, por la otra, una nueva norma, fruto de la evolución de derecho, que a su vez establece normas tuitivas que contradicen a aquellas.

III. EL CASO COMENTADO Y LAS INTERPRETACIONES DOCTRINALES

Una institución financiera demanda por vía ejecutiva (un pagaré suscripto por una relación de consumo) a un deudor-consumidor, ante lo cual se debate si tal título puede ser integrado por documentación adicional o directamente sobreviene la inhabilidad del instrumento. Acotemos que se ha interpretado (2) que el derecho de información previsto para los contratos de consumo (arts. 1100 y ss. del CCivCom.) se agudiza y profundiza en los contratos bancarios -como el supuesto analizado- con consumidores y usuarios (arts. 1384, 1385 , 1386, 1387 , 1388 y 1389 , del CCivCom), pues en ellos se exige consignar el «costo financiero total» e información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de créditos existentes en el sistema (art. 1387).

Al respecto, podemos decir, siguiendo lo expuesto en el fallo, que existen diferentes posturas antagónicas:

a.La que entiende que el denominado «pagaré de consumo» es inhábil y no es susceptible de integración alguna para salvar tal tacha.

b. La que postula que el pagaré de consumo es hábil «prima facie» como título ejecutivo, advirtiéndose aquí diferentes interpretaciones:

b.1. Quienes entienden que el «pagaré de consumo» es un título hábil por sí mismo, sin perjuicio de que se le aplique alguna de las sanciones que prevé el art. 36 de la LDC para el caso de incumplimiento de alguno de sus requisitos,

b.2. Quienes admiten que el cartular sea «integrado» con documentación adicional.

c. A estas alternativas nos permitimos agregar una tercera, quienes postulan que el pagaré resulta siempre un título hábil y debe ser el accionado quién debe plantear las respectivas defensas que le provee la LDC y todo ello respetando el limitado marco cognoscitivo del juicio ejecutivo. En contra de esta interpretación extrema, y que estimamos que a larga quedará en minoría, si no se encuentra ya en tal posición, se ha resuelto (3) que en un juicio ejecutivo fundado en un pagaré, es posible declarar la inhabilidad del título por violación de las reglas consumeriles, aun cuando el demandado no haya comparecido ni opuesto excepciones.Esa incomparecencia no conspira contra el deber que tienen los jueces de analizar la habilidad del título, sea antes de despachar la demanda, sea al considerar las excepciones opuestas por el accionado, o sea oficiosamente en la sentencia; añadiéndose en otro precedente (4) que el principio de abstracción cambiaria debe ceder frente a la indagación necesaria para determinar si al título cambiario le subyace una relación de consumo, toda vez que mediante la utilización de aquel no se pretende cumplir con la finalidad de los títulos (circulación), sino que por el contrario se pretende sortear las garantías mínimas que emanan de la propia Constitución Nacional y la vigente Ley de Defensa del Consumidor.

Claro está que, para quienes adhieren a las primeras posturas y niegan esta última, se abre la puerta a otra discusión: ¿Cómo sabe el juez que está ante una relación de consumo al tener frente a sí un título ejecutivo? La respuesta que vislumbramos son los indicios, que deberán ser graves, precisos y concordantes, v. gr. actividad de la actora -que sea un proveedor en los términos del art. 2 de la LDC- el monto involucrado, que se embargue sueldos del accionado, entre otros (5) o especies de presunciones tasadas a favor o en contra (6). En todo caso, la prueba de que no se trata de una operación de consumo recaerá sobre la actora (7).

IV. EL FALLO DE LA CÁMARA

Ante la postura divergente sobre la cuestión esbozada en el punto precedente entre los diferentes integrantes de la Cámara de Apelaciones de Azul, se dispuso la convocatoria al plenario que hoy nos convoca.

1. Voto de la minoría

Dos magistrados se enrolan en la primera de las posturas y, al respecto, explican que por lo general, los llamados «pagarés para consumo» instrumentan operaciones de financiamiento de compra de mercadería para consumo o mutuos de consumo, que en principio deberían instrumentarse en facturas o en contratos de mutuo (actualmente, arts.1145 , 1380 y sig., 1525 y conc. del Código Civil y Comercial), y es en estos documentos en donde debería hacerse constar la información que exigen las normas citadas y las concordantes, y especialmente la dispuesta por el art. 36 de la Ley 24.240. De allí derivan la inhabilidad de tales pagaré.

Añaden que el régimen de protección al consumidor es de orden público y que el juez debe aplicarlo aun de oficio, por lo que en cada cobro ejecutivo debe controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 36 de la LC. También el art. 771 del CCivCom faculta al juez a revisar los intereses excesivos o desproporcionados, que muchas veces -según lo revela la experiencia- ya aparecen «capitalizados» en el monto que se ejecuta en el pagaré; lo que impide, naturalmente, que el juez pueda efectuar tal contralor teniendo a la vista solo el cartular. Todo este cúmulo de exigencias obligaría al juez a tener que requerir, en cada primer despacho de los juicios ejecutivos que se vislumbren como de consumo, la integración del cartular con el contrato que dio origen a su libramiento, desvirtuando así la naturaleza del pagaré, título cambiario abstracto, literal y autónomo.Así estiman que, aunque el pagaré cumpla con los requisitos que establece el Decreto Ley 5965/63, y la ley procesal lo haya incluido expresamente entre el elenco de los títulos ejecutivos, no es posible utilizarlo para promover una ejecución si el contrato que le sirvió de causa requiere de ciertos requisitos que no aparecen cumplidos en el texto del título cambiario, por cuanto violenta el derecho protectorio del consumidor ante la imposibilidad de analizar si los derechos que la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional reconocen al consumidor se encuentran debidamente resguardados.

Añaden que este criterio también propende a desalentar la difundida práctica de documentar doblemente las deudas, y así eliminar una fuente de riesgos y problemas para el deudor no avezado, condición que en general reviste el consumidor.

Conforme esta interpretación, cuando el juez advierte que bajo el pagaré que se pretende ejecutar subyace una relación de consumo, debe declarar de oficio la inhabilidad del título, para evitar que con el simple recurso de acudir a títulos cambiarios para instrumentar la deuda, se eluda dar cumplimiento al deber de información plasmado en el art. 36 de la LDC y / o se configuren eventuales abusos, como ocurre, verbigracia, en el llenado del pagaré firmado en blanco

2. Voto de la mayoría

Para la mayoría de la Cámara, en cambio, resulta viable la integración del «pagaré de consumo» con documentación adicional dentro del mi smo proceso ejecutivo, antes del dictado de la sentencia de primera instancia, acudiendo al negocio causal y con intervención del consumidor, para tener por cumplidos los requisitos exigidos por el art. 36 de la LDC y conformar un título complejo habilitando la vía ejecutiva.Estiman que esta solución no solo respeta el enfático principio protectorio del consumidor, de jerarquía legal y supralegal, sino que, además, compatibiliza adecuadamente el diálogo de fuentes entre aquel subsistema, el régimen de derecho privado y otros microsistemas (el derecho cambiario y el juicio ejecutivo) armonizándolos razonable y coherentemente.

Agregan que la Ley de Defensa del Consumidor no contiene una normativa expresa para los supuestos en que una operación de financiación o crédito para el consumo sea garantizada con la emisión de títulos cambiarios (concretamente, letras de cambio, pagarés o cheques) como sí lo han hecho legislaciones de otros países, tampoco lo hizo el Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante el legislador previó, detallada y detenidamente, una serie de requisitos que deben cumplirse en las operaciones de financiación o crédito para el consumo y que enumeró en el art. 36 de la LDC, empero estiman que la protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré de consumo sin antes -y con carácter previo- permitir que se integre el título con la documentación idónea y conducente relativa a la relación crediticia subyacente, estiman que requerir siempre la cristalización de la relación crediticia de consumo en el texto de la cartular conduce prácticamente a su abolición como título de crédito.

Entienden que la solución propuesta no desnaturaliza el juicio ejecutivo, sino que armoniza las reglas y principios del derecho cambiario con el régimen de consumo, ante la presencia de «elementos serios y adecuadamente justificados» que permitan inferir la existencia de una relación de consumo.

Concluyen que el pagaré de consumo no está prohibido por la legislación y el pagaré como título cambiario mantiene su vigencia como título ejecutivo.

Remarcan que si la indagación causal fue admitida para determinar el juez competente que es la restante cuestión en el choque de títulos cambiarios – Ley de Defensa del Consumidor, con más razón, ello esde significación para controlar el cumplimiento de los requisitos de fondo previstos en el art. 36 de la LDC. Tal indagación exige, en primer lugar, permitir que el ejecutante agregue documentación adicional para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen protectorio (el ya citado art. 36 de la LDC), conformando un título complejo e integrado con aptitud ejecutiva y tal integración del título se sustenta también en la obligación del proveedor de «aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio» (art. 53 de la LDC) y en la facultad que la Ley de Defensa del Consumidor otorga al Juez para integrar el contrato de consumo frente a términos abusivos y cláusulas ineficaces (art. 37 de la LDC y art. 1122, inc. c , del CCivCom).

Sentado ello, analizan un aspecto procesal no exento de trascendencia referente a la oportunidad de integración de la cartular. Y se estima que ello debe realizarse respetando el derecho de defensa del consumidor, la bilateralidad del proceso y el principio de congruencia, por lo cual la documentación adicional por lo que debe acompañarse en Primera Instancia teniendo como límite el dictado de la sentencia definitiva, oportunidad en que el juez debe analizar la habilidad del título, sin que se admita su integración en la Alzada.

Respondiendo en cierta medida al criterio de la minoría, se agrega que una vez que el juez tiene acceso a la operación de crédito puede revisarla y -claro está- si verifica que el título integrado no cumple con los requisitos del art. 36 de la LDC, debe declararlo inhábil, por lo que no se excluye «per se» ni se veda la declaración de inhabilidad del título ejecutivo, sino que acude a dicha solución una vez que se frustró la posibilidad de su integración.¿Cómo hacerlo? Para ello, deberá necesariamente adjuntarse -por parte del actor- documentación idónea y conducente, tales como contrato de mutuo bancario, contrato de venta de electrodomésticos, factura que refleje los términos de la operación, etcétera.

Finalizan criticando que la desmesura en la protección podría llegar a suprimir el desenvolvimiento eficaz y eficiente del crédito impidiendo -por vía indirecta- el acceso del consumidor financiero y del crédito para el consumo al mercado de productos y servicios.

V. NUESTRA OPINIÓN

Por nuestra parte, adherimos al criterio de que el llamado «pagaré para consumo» puede ser integrado al momento de iniciar la respectiva ejecución con la documental que acredite haber dado cumplimiento a las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor para que así, el magistrado actuante pueda efectuar el control correspondiente.

En ello concordamos con la postura de la mayoría del plenario comentado.

Empero, vamos más allá, ya que estimamos que, hasta que esta corriente interpretativa se consolide, por cuanto -como muestra este fallo- ella no es unánimemente receptada, tal integración puede hacerse al contestar las excepciones que plantee el accionado y aún ante la Alzada, si fuere el caso de que la inhabilidad de título fuera declarada «motu proprio» por el magistrado de grado. No obstante, luego que esta interpretación se afiance, entonces sí corresponderá efectuar tal integración antes de la sentencia del juez de grado.

VI. UNA CUESTIÓN VINCULADA: LAS ACCIONES JUDICIALES

Vemos claro que en uno u otro supuesto, al decretarse la inhabilidad del título, el actor deberá recurrir a un proceso de conocimiento para procurar el cobro de las acreencias.

Aquí cabe indicar que el art. 52 de la LDC regula sobre las acciones judiciales que el consumidor y usuario podrá iniciar cuando sus intereses resulten afectados o amenazados y el art. 53 de la LDC estipula que «se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente», es decir, sumarísimo.No obstante, debe quedar claro que -como lo entendió la jurisprudencia (8)- este último artículo se refiere a los procesos que inicien los consumidores o usuarios, en razón de un derecho o interés individual, cuando sus intereses resulten afectados o amenazados, con la finalidad de otorgar una tutela mayor, pero siempre aludiendo a las acciones individuales que han de entablar los consumidores o usuarios en el ejercicio de los derechos que dicha ley les confiere, sin que ello signifique que los mismos no puedan ser demandados a través de un proceso ejecutivo -agregamos- cumpliendo en su caso con la integración del documento.

VII. COLOFÓN

Como habíamos indicado, estimamos que los magistrados, ante las ejecuciones de títulos abstractos, deben analizar los mismos, y en el caso de que consideren que se trata de una relación de consumo, deben requerir la integración (de allí que somos partidarios de que no se decrete directamente la inhabilidad del título). Para este análisis, los indicios serán fundamentales y el actor, al contestar el requerimiento que se le formule, podrá desvirtuarlo con las pruebas y alegaciones respectivas.

Luego, vendrá la segunda etapa: analizar el nuevo título integrado o complejo a la luz de las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor y responder a los interrogantes sobre si se informó adecuadamente al consumidor o si la tasa de interés es abusiva. Estas son algunas de las cuestiones a las que los jueces deberán responder.

¡Menuda tarea les aguarda a estos magistrados!

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(1) CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio A.: «La Ley de Defensa del Consumidor y los conflictos de competencia. A propósito de algunos fallos recientes», MJ-DOC-5713-AR | MJD5713(ref: MJD5713), 8/3/2012.

(2) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II:«Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. c/ Canale Hugo Ernesto y otro s/ cobro ejecutivo», MJ-JU-M-99386-AR | MJJ99386(ref: MJJ99386), 13/6/2016.

(3) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sala 4:«Cetti Aldo Aníbal c/ Cesar Jorge Oscar s/ presentación múltiple – ejecutivos particulares – recurso de apelación», Expte. N.° 2642665/36, MJ-JU-M-102682-AR | MJJ102682 , 15/12/2016.

(4) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F: «Banco Hipotecario S. A. c/ Tangir Andres David s/ ejecutivo», MJ-JU-M-94387-AR | MJJ94387 , 12/2/2015.

(5) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 3: «Carlos Giúdice S. A. c/ Ferreira Marcos de la Cruz s/ cobro ejecutivo», MJ-JU-M-75630-AR | MJJ75630 , 6/11/2012.

Allí se dijo que se presume a partir de la calidad de las partes involucradas en las actuaciones, que el vínculo subyacente efectivamente se trata de una operación de crédito para consumo, lo cual constituye una presunción de que «debe aplicarse cuando la ejecución se inicia contra una persona física, con ingresos fijos que al tiempo de contraer la deuda se desempeñaba como Guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense», lo que constituye la prueba más evidente de que se trata de una relación de consumo.

(6) BENDER, Agustín, y DÍAZ CISNEROS, Adriano P.: «Los imprecisos límites de la relación de consumo», en MJ-DOC-10664-AR | MJD10664 , 27/3/2017.

Quien expresa que, por ejemplo, algunos CGP de la Ciudad de Buenos Aires y algunos mediadores del COPREC, consideran excluidas de la protección al consumidor, las operaciones donde se hizo Factura «A», admitiendo solo las que se encuentran respaldadas por Factura «B», también llamada «A consumidor final» o «Factura C » de monotributo.

(7) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III: «BBVA Banco FRancés S.A. c/ Nicoletto Marcelo Andrés s/ cobro de ejecutivo», en MJ-JU-M-73657-AR | MJJ73657 , 17/10/2011.

(8) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 2: «Cooperativa de Crédito La Plata Limitada c/ Vinci Carlos Daniel s/ cobro ejecutivo», MJ-JU-M-98653-AR | MJJ98653 , 26/4/2016.

(*) Contador Público Nacional, Universidad Nacional de La Pampa. Abogado, Universidad Nacional de La Pampa. Docente, Universidad Nacional de La Pampa. Investigador del CECYT, FACPCE. Investigador del IADECO. Autor de libros y artículos en el área del derecho concursal.