Es constitucional la ordenanza municipal que, a fin de regular la contaminación ambiental y sonora, limita la tenencia de animales domésticos en horarios nocturnos en patios, terrazas, balcones o galerías

Partes: F. C. P. J. s/ acción de inconstitucionalidad

Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta

Fecha: 8-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105315-AR | MJJ105315 | MJJ105315

Constitucionalidad de la ordenanza municipal que, a fin de regular la contaminación ambiental y sonora, limita la tenencia de animales domésticos en horarios nocturnos en patios, terrazas, balcones o galerías cuando con sus sonidos perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

Sumario:

 

1.-Debe rechazarse la acción de inconstitucionalidad deducida contra una ordenanza que regula la contaminación ambiental y sonora que puedan ocasionar molestias al vecindario, pues si bien el actor alega haber sido autorizado a instalar su negocio de veterinaria, tal circunstancia no torna inconstitucional la prohibición de tener animales durante la noche cuando perturben el descanso de los habitantes del lugar; y tampoco es posible juzgar, en el marco de la presente acción, la posibilidad o no de realizar medidas tendientes a minimizar los ruidos que molesten a quienes ocupan las cabañas colindantes.

2.-No resulta inconstitucional una ordenanza que regula los ruidos que exceden la normal tolerancia por parte de los habitantes del municipio y que considera a los animales domésticos como una posible causa de ellos, siempre que perturben el descanso y la tranquilidad u ocasionen molestias al vecindario.

Fallo:

Salta, 08 de junio de 2017.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “F. C., P. J. – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 37.117/14), y CONSIDERANDO: 1º) Que a fs. 124/138 el señor P. J. F. Cué- llar, en los términos de los arts. 153, apartado II, inciso a) de la Constitución de la Provincia y 704 del C.P.C.C., interpone acción de inconstitucionalidad de los artículos 3º y 6º inc. j de la Ordenanza nº 1509/12 de la Municipalidad de San Lorenzo y de los actos administrativos dictados en consecuencia.

Sostiene que las normas cuestionadas vulneran el derecho a ejercer su profesión, a trabajar y de propiedad previstos en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y 16, 17, 43, 75 y 28 de la Constitución Provincial y en los tratados internacionales que cita.

Relata que como consecuencia de la denuncia de un vecino colindante a la veterinaria de su propiedad, la municipalidad dictó la Resolución Nº 007/14 por la cual, con sustento en la ordenanza impugnada, se le prohibió utilizar los caniles y el patio de su establecimiento como guardería de animales.

Afirma que a pesar de que tanto en los considerandos como en los primeros artículos de la norma cuestionada la municipalidad refirió a la contaminación sonora provocada por distintos tipos de publicidad, en el artículo 3º dispuso la prohibición de producir, causar, estimular o provocar ruidos que puedan perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causarle perjuicios o molestias. Además, en el inc. j) del art.6º estableció que causa, produce o estimula ruidos molestos con afectación a la población la tenencia de animales domésticos en horarios nocturnos en patios, terrazas, balcones o galerías cuando con sus sonidos perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos, y que durante el día deberán ser retirados por sus propietarios o responsables cuando de manera evidente ocasione molestias al vecindario.

Aduce que la aplicación de esa normativa afecta su derecho a trabajar pues no podrá tener animales en su clínica que necesiten ser controlados y medicados durante varios días. Agrega que obtuvo la habilitación de su negocio ubicado en el ingreso a la localidad de San Lorenzo en noviembre de 2003 y que el problema con los vecinos comenzó cuando en el año 2008 se habilitaron las “Cabañas del Norte”, que colindan con los caniles en los que se presta el servicio de guardería tanto para animales que tienen enfermedades no contagiosas como para aquellos cuyos dueños se encuentren de viaje.

Expresa que la ordenanza no especifica los decibeles máximos de tolerancia y que, bajo el pretexto de reducir el ruido urbano, se afecta su derecho de trabajar sin contemplar situaciones generadas con anterioridad a su dictado, sin posibilitar la realización de acciones tendientes a su minimización en caso que se demuestre que los ruidos producidos son molestos y sin consultar a la población que, por las características del lugar, en su mayoría tiene animales domésticos en sus predios.

Corrido el traslado, a fs. 177/178 vta. contesta el representante de la Municipalidad de San Lorenzo y solicita el rechazo 2 (Expte. CJS 37.117/14 – F. C.) de la demanda.

Expone -en primer lugar- que al haber tomado conocimiento la actora del precepto impugnado el 17 de enero de 2014, debió haber interpuesto la demanda hasta el 5 de marzo, por lo que la presentación del día 19 de ese mes resulta extemporánea. Añade que los 30 días prescriptos en el art. 704 del C.P.C.C.son corridos y no hábiles.

Indica que la ordenanza fue dictada en resguardo del orden, el descanso, la buena convivencia y la tranquilidad que caracteriza a la localidad. Destaca su facultad de dictar leyes que restrinjan los derechos de los habitantes para facilitar la convivencia social y el bienestar general. Destaca que el planteo obedece al problema que se suscita entre el albergue de perros del actor y la explotación de cabañas para el turismo de su vecino, y que si bien se le ofreció al accionante un terreno alternativo para que traslade los caniles, tal propuesta no fue aceptada.

A fs. 234/247 el actor presenta alegato y a fs. 253/257 vta. dictamina el señor Procurador General de la Provincia, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.

2º) Que en cuanto al planteo de extemporaneidad de la acción formulado por la demandada, éste debe ser rechazado.

Si bien la municipalidad aduce que el plazo de treinta días prescripto en el art. 704 del C.P.C.C. debe contarse en días corridos, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 152 del C.P.C.C. que establece que las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles (cfr. esta Corte, Tomo 42:1317; 53:883; 77:627, entre otros).

Consecuentemente computando el plazo desde la notificación de la Resolución Nº 007/14, por la cual se comunica al actor la prohibición de utilizar los caniles y el patio como guardería de animales con sustento en la ordenanza cuestionada, cabe concluir que la acción interpuesta el día 19 de marzo de 2014 (v. cargo de fs. 138 vta.) resulta temporánea.

3º) Que con arreglo al art.704 del C.P.C.C., la acción de inconstitucionalidad ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos con naturaleza de “.ley, decreto, reglamento u ordenanza”, que tienen en común, con abstracción de la denominación que se les haya dado, el hecho de constituir mandatos generales, abstractos e impersonales; y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción.

La demanda de inconstitucionalidad tiene propósitos y fines específicos que no son comparables ni compatibles con las demás acciones contempladas en el plexo del ordenamiento jurídico, ya que tiende a abatir una disposición de carácter general, al estar destinada a regir un número indeterminado de casos.

4º) Que la Ley Suprema no ha reconocido derechos absolutos, sino limitados por las normas que los reglamentan, de manera que es incuestionable la facultad concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada actividad. Ello sin embargo, tales medidas son susceptibles de impugnación constitucional cuando resultan irrazonables, es decir, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando no guardan proporción con la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido en el caso, o (Expte. CJS 37.117/14 – F. C.) 3 cuando consagran una manifiesta iniquidad (cfr. CSJN, Fallos, 307:2262, considerando 7° y sus citas; esta Corte, Tomo 203:903).

En ese marco, cabe recordar que el examen de razonabilidad de las normas en punto a su constitucionalidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las disposiciones en ellas contenidas, y no sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, ya que ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños (cfr.CSJN, Fallos, 311:1656 y sus citas).

5°) Que bajo tales premisas el control de constitucionalidad que compete a este Tribunal debe efectuarse en un marco de estricta prudencia, por cuanto “la declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces” (Tomo 58:1087; 59:1077; 61:337, 465, entre otros). Igualmente se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última “ratio” del orden jurídico (CSJN, Fallos, 302:1149; 303:241, 1708; esta Corte, Tomo 77:627; 83:665; 95:649; 117:1041; 151:97).

6º) Que sobre tales bases cabe analizar si la ordenanza impugnada confronta las normas constitucionales invocadas por el actor como fundamento de su pretensión.

Al respecto, el accionante expone que la norma dictada le impide su derecho a trabajar libremente al no poder continuar con el servicio que le brindaba a sus clientes de guardería o de internación en caso que sus animales fueran operados.

Por su parte, la comuna expone que el instrumento cuestionado no es más que el ejercicio de las facultades del municipio a fin de lograr el propósito del “orden, descanso, tranquilidad y la buena convivencia vecinal”.

En este aspecto no puede soslayarse el hecho de que el actor requiere la nulidad por inconstitucionalidad de una ordenanza que regula los ruidos que exceden la normal tolerancia por parte de los habitantes del municipio de San Lorenzo y que considera a los animales domésticos como una posible causa de ellos, siempre que perturben el descanso y la tranquilidad u ocasionen molestias al vecindario.

Así cabe precisar que el inc.9º de la Constitución Provincial establece como competencia del municipio lo relativo a “urbanismo, higiene, salubridad y moralidad, como así también a la protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecoló- gico y polución ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible”.

Es en el marco del ejercicio de esa competencia que la ordenanza no aparece como irrazonable al prohibir la contaminación ambiental y sonora que puedan ocasionar molestias al vecindario.

Es inviable la pretensión de que se juzgue la validez de la norma por los efectos perjudiciales que -según el impugnante- su aplicación provocaría, pero sin acreditar que ésta contradiga manifiestamente el texto de la Constitución o consagre una inequidad o irrazonabilidad ostensibles.

Si bien el actor alega haber sido autorizado a instalar su negocio, tal circunstancia no torna inconstitucional la prohibición de tener animales durante la noche cuando perturben el descanso de los habitantes del lugar. Tampoco es posible juzgar, en el marco de la presente acción, la posibilidad o no de realizar medidas tendientes a minimizar los ruidos que molesten a quienes 4 (Expte. CJS 37.117/14 – F. C.) ocupan las cabañas colindantes.

Las medidas que el legislador mun icipal ha dispuesto adoptar para lograr la adecuada tutela del ambiente no vulneran los derechos constitucionales invocados, por lo menos, en el ámbito del control abstracto requerido en la demanda, y configuran una obligación según lo establecido en el art. 30 de la Constitución de la Provincia, que establece que los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias.

7º) Que por lo expuesto corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad deducida en autos. Con costas.

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,RESUELVE:

I. RECHAZAR la demanda de inconstitucionalidad interpuesta a fs. 124/138. Con costas.

II. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman – Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación -).