Responsabilidad de la concesionaria por el deficiente servicio de post venta en relación al automotor adquirido por el actor, al no haber realizado las pertinentes reparaciones del motor cuando efectuó el service de rutina, lo que ocasionó al propietario numerosos daños

Partes: Hassen Sergio Hugo c/ Motorsport S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 16-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105101-AR | MJJ105101 | MJJ105101

Responsabilidad de la concesionaria por el deficiente servicio de post venta en relación al automotor adquirido por el actor, al no haber realizado las pertinentes reparaciones del motor cuando efectuó el service de rutina, lo que ocasionó al propietario numerosos daños. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

 

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida contra una concesionaria por los defectos del vehículo adquirido, pues mal podría exigirse a la víctima el dimensionamiento de los daños que hipotéticamente hubiese permitido suponer el ruido del motor, siendo que el usuario consumidor simplemente se somete a las indicaciones de la prestataria del servicio, concesionaria de la marca de su automotor, que determinaban que debía controlar dicho ruido.

2.-La indicación del concesionario de controlar el ruido del motor no resultó acorde al real estado que presentaba, por cuando a poco de andar el vehículo luego de ser retirado de la sede de la accionada y habérsele realizado el servicio de 75.000 km, presentó ruidos de tal entidad que impidieron a su propietario continuar con el uso de la unidad.

3.-El proveedor o prestador del servicio técnico que prosigue a la venta de la unidad incumplió la obligación de resultado que le imponía efectuar todas las reparaciones necesarias para el que el usuario pudiere gozar de la unidad, sin riesgo para sí ni para terceros, además de las tareas correspondientes que consisten en el mero mantenimiento de la unidad (cambio de fluidos, filtros, etc.).

4.-La alegación de la demandada que reconoce que advirtió la falla en el motor resulta lapidaria para su pretensión de rechazo de la demanda, ya que en ese supuesto debió informar tal hallazgo al actor para decidir los caminos a seguir, pero nunca entregar el vehículo con el vicio sin solución para que, a la postre, produjera los daños cuyo resarcimiento reclama el propietario.

5.-La condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado desde una perspectiva realista, lo que impone una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal; en el caso, no ha sido controvertido que la concesionaria demandada se dedica a la venta de rodados 0 km y a la prestación de servicio técnico, por lo cual no hay dudas acerca de su calidad de proveedora , en los términos del art. 2 de la ley 24.240.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunidas en la Sala de Acuerdo de esta Excma. Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza las Juezas de Cámara Marina Isuani, Alejandra Orbelli y Silvina Miquel trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 250.779/52.666, caratulados “HASSEN SERGIO HUGO C/ MOTORSPORT S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 267, contra la sentencia de fs. 262/264.

Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: Isuani, Orbe-lli y Miquel.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara Marina Isuani dijo:

I.- Que en primera instancia se desestimó la demanda promovida por el Sr. Sergio Hugo Hassen contra Motorsport S.A, se impuso costas y se reguló honorarios.

Para resolver del modo expuesto, el juzgador de grado aludió a la posibilidad de anali-zar la cuestión debatida en autos, desde dos perspectivas distintas: una, en base a la conceptua-lización teórica, comprensiva de principios que liberan indagar sobre la verdad de los hechos y conforme los cuales se impone optar por la posición del consumidor -a menos que el provee-dor demuestre que no medió responsabilidad de su parte- y la otra, estableciendo la plataforma fáctica conforme la prueba rendida, las presunciones o indicios y los hechos notorios aprecia-dos según las reglas de la sana critica.Aclaró que, no obstante que en caso de duda debe estar-se a la posición más favorable al consumidor, conforme la regla general que impone la Ley 24.240, ello no autoriza a prejuzgar a su favor, menos aun cuando el proveedor, cumpliendo con la manda del art. 53 de la normativa consumeril, aportó al proceso todos los elementos de prueba que obraban en su poder y prestó la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en autos.

Valoró la nota adjunta a la demanda de fecha 1 de junio de 2.012 por medio de la cual se reclamó a la concesionaria la solución de los desperfectos en el motor y observó que con-forme los dichos del actor, el vehículo no presentaba ningún ruido extraño, tanto al dejarlo en el taller como al retirarlo. Advirtió que el Sr. Hassen pretendió imputarle a la demandada res-ponsabilidad por los ruidos anormales que dice haber escuchado durante el recorrido que exis-te entre la concesionaria y su domicilio, pese a que las prestaciones comprendidas en el servi-cio solicitado al demandado apenas exigen el encendido del motor y no requieren desplaza-miento del vehículo mas allá del ámbito interno del taller, siendo improbable que pudiera pro-ducirse durante la estadía en el mismo alguna rotura como la alegada por el actor. Agregó que si en cambio el servicio hubiese consistido en el recambio de la correa o tensores de distribu-ción, si se podría haber provocado una rotura de motor.

Consideró que la recepción estuvo a cargo de un auxiliar de Motorsport S.A., confor-me resulta del propio reconocimiento del actor y de la Orden de Reparación emitida por la empresa el 28/05/2012 en la que usualmente se consignan los trabajos solicitados y se desta-can, de existir, los faltantes o deterioros que a simple vista se observan. Tuvo por cierto, con-forme las declaraciones testimoniales de fs. 209 y 211, que mientras se estaban realizando las prestaciones requeridas, el mecánico Sr.Pereyra -a quien se le entregó la unidad- siguiendo el protocolo, advirtió un ruido anormal en el motor, hallazgo que dejó asentado en la orden de reparación y le hizo conocer al Sr. Gil -jefe del taller- y al asesor del servicio. Observó tam-bién que la anormalidad que presentó el vehículo, además de haber sido asentada en la orden de reparación, le fue comunicada expresamente al actor en ocasión de retirar el automóvil sin que éste -según manifestó- notara ningún desperfecto hasta varios kilómetros de la concesio-naria mientras regresaba a su domicilio.

Finalmente explicó que el hecho de que el personal a cargo de la recepción administra-tiva del rodado no hubiese advertido un ruido extraño en ocasión de ser ingresado al taller, no autoriza presuponer la inexistencia de un desperfecto ni tampoco que, de la ejecución de las prestaciones requeridas, pudiera seguirse la rotura del motor. Señala que conforme lo manifes-tado por el perito, los ruidos que presentaba el automóvil se inician como menores, audibles sólo para un experto, agregando que en el caso fueron recién captados por el mecánico desig-nado -que es personal experto- y no por el administrativo a cargo de la recepción del automó-vil. Atento a lo expuesto, entendió que no se acreditó ni puede siquiera presuponerse, que la rotura del motor se produjo causalmente por la indebida ejecución de los servicios prestados por la demandada.

II.- A fs. 279/283 funda recurso la actora apelante.

Se agravia por cuanto, pese a que el a quo previno acerca de los dos enfoques con los que podría dar solución a la disputa planteada en autos, no utilizó ni uno ni el otro y resolvió conforme su propio parecer, prescindiendo no sólo de los principios y normas del derecho del consumidor sino también de la prueba rendida en autos.Manifiesta que la de-mandada de ningún modo colaboró con el esclarecimiento del juicio y sólo se limitó a in-culpar al actor por los daños sufridos en su vehículo. Se queja de haber considerado el a quo que el daño sufrido por el Sr. Hassen le es a él atribuible, por no poder derivar de los servicios contratados algún daño al motor.

Cuestiona al Juez de grado porque, sin observar la regla probatoria del art. 53 de la ley 24.240, puso en cabeza del actor la comprobación de falta de culpa cuando, en realidad, debió la accionada acreditar que medió culpa del actor, caso fortuito o fuerza mayor -al ser una obligación de resultado- sobre todo cuando su parte probó que el vehículo ingresó al servicio en óptimas condiciones.

A continuación sostiene que en la sentencia en crisis se omitieron y soslayaron hechos y pruebas decisivas para definir la cuestión, y se las sustituyó por conjeturas y supo-siciones del magistrado.

Observa que entre las alegaciones vertidas por la accionada, consta que a fs. 20 el operario de Motorsport S.A. consignó en la Orden de Reparación N° 052025 que el motor estaba -antes de realizarle el servicio- sin aceite y con fuerte ruido, y señala que con res-pecto a esto el perito designado en autos, al ser consultado acerca de si los ruidos de un motor sin aceite o con escasa cantidad podrían pasar desapercibidos, respondió que no se requiere ser experto para oírlos y que llaman la atención (fs. 224). La recurrente entiende que de ello deriva lógicamente que si fuera real lo asentado en la Orden indicada ut supra, el asesor que recibió el vehículo o el jefe de taller que lo acomodó, debieron advertirlo, pero eso no sucedió (conf. testimonios del Sr. Pereyra y Sr. Gil). Agrega que el Sr.Robert -quien viajó junto con el actor- no sintió ruido alguno conforme su declaración y el jefe de taller al acomodar el vehículo tampoco, evidentemente el automóvil no hacía ruido alguno, acreditando de esta forma su mandante que al dejar el rodado en el establecimiento del de-mandado no existía el desperfecto.

Manifiesta que es falso que el motor estuviera sin aceite. Señala que el mecánico expuso en su declaración que al poner en marcha el vehículo se prendió la luz del aceite, y que por ello le agregó un litro aproximadamente (fs. 210) y que el perito designado en autos explicó que la falta de un litro de aceite en un motor que lleva cinco litros, sólo representa bajo nivel, y que en esas condiciones el motor funciona con normalidad y no registra ruidos extraños (fs. 230). Pese a ello, considera que si fuese cierto que el vehículo ingresó sin acei-te y con fuerte ruido, y esto se detectó antes de realizarle el servicio contratado, la acciona-da debió no realizarlo, comunicarse con el cliente y poner a su consideración la situación para que tomara una decisión en cumplimiento del deber de información conforme la Ley 24.240 y al decreto reglamentario N° 1798/94.

Asevera que, conforme lo declarado por Sr. Pereyra a fs. 209 y 210, surge claro que el ruido en realidad comenzó a sentirlo el mecánico después de realizar el servicio que el actor contrató. Explica que el dependiente de la demandada reconoció que oyó el ruido al realizar el chequeo del motor, lo que se hizo después de sustituir el aceite y los filtros. Se queja de que el magistrado se apartó de los principios del derecho consumeril y consideró que la sencillez de los trabajos no permite presumir que de ellos se derivaran los daños en el vehículo.Destaca que por el contrario, en el caso de autos no se trató de la mera contra-tación de un cambio de aceite y de filtros, sino que se contrató un servicio especializado predeterminado por la marca Ford para los 75.000 km y cuya revisión, control y ejecución se supone profesionalizada y específica, no agotándose en la mera sustitución de fluidos y filtros. Reitera que si se probó que el vehículo ingresó en óptimas condiciones y poco tiem-po después de ejecutado el servicio realizó fallas destructivas, mal puede presumirse que pudo haber llegado al taller con problemas. Alega el incumplimiento del deber de informa-ción, sosteniendo que no constituye excusa valedera el hecho de que al retirar el vehículo el Sr. Hassen fuese informado de los desperfectos, conforme lo expuesto por los operarios del demandado en sus testimoniales.

Por lo expuesto, endilga el recurrente arbitrariedad al decisorio, por haber presc in-dido el magistrado de la prueba rendida.

III.- A fs. 287/294 contesta el traslado la parte demandada, solicitando el rechazo del recurso de apelación impetrado, por los fundamentos que expone, a los cuales remito en honor a la brevedad.

IV.- A fs. 298 dictamina el Sr. Agente Fiscal y a fs. 301 se llama autos para senten-cia, practicándose sorteo.

IV.- Tratamiento del recurso de apelación

IV.a.- La responsabilidad de la demandada

Adelanto desde ya mi opinión favorable a la procedencia del recurso interpuesto.

El caso debe ser resuelto a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor n° 24.240 y sus modificatorias, que resultan de plena aplicación al supuesto de autos.El caso se presenta como una típica relación de consumo, en el que se solicita condena al proveedor de servicios, conce-sionaria de automotor, por defectos en el motor de una unidad que, pese a ser advertidos por su personal en oportunidad de efectuarse el service de la unidad de 75.000 kms., fue entregada al propietario, evidenciándose el daño luego de ser retirada de la empresa prestataria.

A esta altura del procedimiento, se encuentra fuera de controversia que el accionante solicitó turno en la concesionaria demandada para realizar el service de 75.000 al vehículo de su propiedad, marca Ford , dominio HEF-203, que fue otorgado para el día 28 de mayo de 2.012, en el que fue entregado en el Departamento de Servicios, siendo recepcionado por un auxiliar de la accionada, conforme Orden de Reparación n° 052025 emitida por la misma, como tampoco en relación a que el día siguiente el propietario retiró el vehículo, oportunidad en que la persona que procedió a su entrega le refirió que, sin perjuicio de haberse realizado el service, habían encontrado ruidos en el motor, sugiriéndole que controlara la situación ya que habían chequeado pérdidas, pero no detectaron ninguna.

Tampoco constituye materia de controversia que el demandante se retiró conduciendo su vehículo hacia su domicilio, cuando a unos 25 kms de la sede empresarial, comenzó a oir aquellos ruidos referidos por el auxiliar de Motosport S.A., los que se fueron intensificando hasta llegar a su domicilio, donde lo detuvo definitivamente, ni que al día siguiente, Hassen trasladó nuevamente el vehículo al concesionario, donde le dijeron el mismo había ingresado el día 28 de mayo de 2.012 sin aceite, que había ruidos, que le tuvieron que agregar aceite para movilizarlo, negando su responsabilidad por lo sucedido.Pongo en relieve que, además de los hechos expuestos, el actor aludió al demandar que, frente a tales dichos y a la falta de respuesta de la empresa, retiró el vehículo dejándose constancia notarial de tal acto y de la documentación presentada a la notaria interviniente, en la que constaba que se había consignado en la Orden de Reparación n° 052025, unilateralmen-te, luego de retirarse Hassen del lugar, que “se encontró motor sin aceite y fuerte ruido”, ne-gando el pretensor que tal constancia fuere real.

Afirmó el actor que el vehículo ingresó en perfectas condiciones al Departamento de Servicios de la accionada -lo que surge acreditado con el testimonio rendido a fs. 169-, y egre-só con desperfectos mecánicos, ruidos y otras contingencias que derivaron en los daños cuyo resarcimiento reclama en los presentes. Lo expuesto resulta concordante con la prueba rendi-da. Las partes son contestes en señalar que el rodado fue asistido por la demandada por la ne-cesidad de efectuar el service del kilometraje referido, no por un desperfecto mecánico, el que surge aparentemente durante y luego de tal asistencia. Los daños presentes en el vehículo, de gravedad, son constatados y reparados por otro servicio técnico, como surge del instrumento notarial de fs. 37/38.

Nada permite sostener – ello no ha sido tampoco alegado – que entre la intervención técnica de Motosport y de Buono, hubiese ocurrido algún hecho que permita tener por inte-rrumpido el nexo causal evidenciado entre el mentado service y los daños cuya indemnización se reclama en los presentes.

Frente a tal panorama fáctico, mal podría exigirse a la víctima el dimensionamiento de los daños que hipotéticamente hubiese permitido suponer, el ruido del motor. El usuario con-sumidor, simplemente se somete a las indicaciones de la prestataria del servicio, concesionaria de la marca de su automotor, que determinaban que debía controlar el ruido.Los hechos poste-riores denotan a las claras que la indicación del concesionario no resultó acorde al real estado del motor, por cuando a poco de andar el vehículo luego de ser retirado de la sede de la accio-nada y habérsele realizado el servicio de 75.000 kms., presentó ruidos de tal entidad, que im-pidieron a su propietario continuar con el uso de la unidad.

Este Tribunal ha aplicado la mentada ley en un supuesto en el que se reclamó a la concesionaria vendedora por los vicios de un automotor enajenado a un particular (17/09/2013, autos Nº 115.690/44.663, “Vizzari, Omar Antonio c/ Mediterráneo Capillitas S.A. y ots. p/ D. y P.”.). Se dijo en aquel caso que, a partir de la reforma a la Constitución Na-cional en el art. 42 del año 1994, con un criterio cada vez más amplio se atiende a la seguridad en las relaciones de consumo, el que fuera receptado en la Ley de Defensa del Consumidor. Plasmando la intención de proteger de modo efectivo a la parte más débil en la relación de consumo, la reforma de la ley 24.240 por la ley 26.361 amplió la incumbencia normativa al asimilar al consumidor o usuario, en los términos antes señalados. Así, el ordenamiento prote-ge a quien no es parte en una relación de consumo, pero como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo (arts. 1 y 3).

Los argumentos expuestos no permiten albergar duda alguna acerca de la calidad de consumidor del actor, por lo que la aplicación del marco normativo de referencia surge palma-ria en el caso.

Por otra parte, la condición de orden público de los derechos de consumidores y usua-rios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado desde una perspectiva realista, lo que impone una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal.En el caso, no ha sido controvertido que la concesionaria demandada se dedica a la venta de rodados 0 km y a la prestación de servicio técnico, por lo cual no hay dudas acerca de su calidad de “proveedora”, a los términos del art. 2 de la Ley 24.240.

Más allá de la obligación de cualquier tribunal de aplicar la mentada normativa en los casos que subsume, por tratarse de disposiciones de orden público, lo cierto es que aun cuando la norma no ostentara tal calidad, el juez se encontraría facultado a su aplicación por imperio del brocárdico iura novit curia, plasmado en nuestro ordenamiento procesal, en el art. 46 inc. 9 del C.P.C. Se ha dicho así que: “El límite de las facultades jurisdiccionales al planteo de la litis, se refiere a las cuestiones de hecho que el sentenciante no puede eludir ni completar. Pero este límite, no lo circunscribe al encuadre legal de las pretensiones, en el que sus facultades son amplias y surgen de la ley de forma, conforme surge de los arts. 46 inc. 9 y 90 del Código Procesal Civil” (CC2°, 02/12/2004, Expte. 28.573, “Benedetto, Gerardo c/ Cooper. Viv. Pers. Y.P.F. Gral. Mosconi p/ Ord.”, L.S. 107-048).

La mera lectura de la sentencia en crisis y de la pieza recursiva, me convence de la razón del recurrente. El fallo apelado se aparta palmariamente de la prueba rendida y de las pautas de valoración impuestas por la mentada normativa, que lleva, ineludiblemente, al acogimiento de la acción intentada en los presentes.

Es sabido que, probado el daño al comprador, usuario, consumidor por el obrar defi-ciente o negligente del proveedor o vendedor, y la consecuente necesidad de reparación o co-rrección, el reclamo debe ser admitido, a tenor de la legislación citada, de indudable aplicación a los presentes, aun cuando los defectos fueren aparentes y visibles, dado que la normativa respectiva excluye la aplicación del art. 2170 del C.C.En el sentido expuesto, este Tribunal dijo recientemente que “… las partes celebraron un contrato que corresponde subsumir en la normativa consumeril, lo que cambia completamente la conclusión a la que debe arribarse en relación a la pretensión de autos”. Se meritó que la legislación de consumo no requiere que los vicios hagan a la cosa impropia para su destino o que disminuyan significativamente su uso, con cita del art. 2164 del C.C., ya que la mera existencia del vicio que provoca daño genera la obligación resarcitoria, a tenor de la disposición del art. 40 de la Ley 24.240 conforme Ley 24.999, para concluir en que “de esa obligación solidaria para todos los sujetos partícipes en la cadena de provisión, sólo se liberará total o parcialmente el responsable que pueda demostrar la causa ajena. … el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aun inaplicable al caso, contiene una regulación en sus arts. 1051 a 1058 más acorde a los principios consumeriles. Aun cuando las deficiencias pudiesen ser calificadas de tal modo, lo que puede sostenerse mayormente – es cierto – respecto de los vicios que emergen de la prueba rendida, en especial de la pericia técnica … lo cierto es que ello no puede ser opuesto al consumidor por parte del prestador de servicios o proveedor de bienes, como causal de exclusión de su responsabilidad. … la inoponibilidad del art. 2170 del C.C. al consumidor surge expresamente prohibida por el art. 18 de la Ley 24.240. La doctrina tiene dicho que “El art. 18 de la ley 24.240 deja a opción del comprador invocar las normas sobre vicios redhibitorios del Código Civil o las del Cap. IV de la ley; aun cuando el consumidor invoque las disposiciones sobre vicios redhibitorios del Código Civil, el vendedor no podrá oponerle el art.2170 en …” (Leiva, Claudio Fabricio, “La garantía legal en los contratos de consumo”, RCyS 2011-VII, 16, AR/DOC/1897/2011)” (18/05/2017, autos Nº 251.543/52.061, “Fornés, Oscar Javier c/ Viviendas Mendoza S.R.L. p/ CUMP. CONT.”). Traigo a colación la tesis citada en ese fallo que predica que “la mentada relación de consumo resulta abarcativa de todas las situaciones en que el sujeto es protegido antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual; o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente” (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 74).

También recuerdo que esta Cámara tiene dicho en autos Nº 41.339/96.618 caratulados “Ojeda, María Angelita c/ VEA Supermercados p/ D.y P.” (19/08/10) que “… la relación de consumo abarca, desde una conceptualización amplia, no sólo la relación jurídica existente a partir de la celebración del contrato hasta su cumplimiento como modo normal de extinción del mismo; por el contrario, desde una interpretación amplia, la relación de consumo, definida por el art. 3 de la ley 24.240, según modificación de la ley 26.361, como aquella relación jurí-dica existente entre el consumidor y el proveedor, implica establecer una protección al consu-midor, incluso en la etapa precontractual….; la interpretación que cabe hacer del art. 5 de la ley 24.240 debe ser amplia, abarcando todas las situaciones de las cuales, durante el desarrollo del contrato, se pueda derivar algún daño para el consumidor, porque la ley está imponiendo a la empresa la obligación de garantizar que, a raíz de su prestación, no sufrirán daño alguno en bienes distintos de los que conforman el objeto contractual.Se trata, en definitiva, de un deber contractual de resultado, cuyo incumplimiento trae por ende aparejada responsabilidad objeti-va (Farina, Juan, “Defensa del consumidor y del usuario”, Buenos Aires, Astrea, 2.004, pág. 179 y sgtes.)”.

El derecho del consumo ha sido “constitucionalizado”, atento la expresa previsión del art. 42 de la C.N., incorporado con la reforma de la Carta Magna del año 1.993, que dispone que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de con-sumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información ade-cuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Así, se ha sostenido que, “De tal manera, ahora como nunca, la relación de consumo constitucional. Se impondrá por sobre cualquier interpretación restrictiva que se pretenda hacer de la misma, por cualquier norma infraconstitucional” (Alvarez Larrondo, Federico M., en “La vigencia del principio protectorio”, Rev. Derecho Daños, 2016-1, Consumidores, Rubinzal Culzoni Edito-res, pág. 589). Cita el autor a Lorenzetti en cuanto sostiene que “El principio protectorio de rango constitucional es el que da origen y fundamenta el Derecho del Consumidor … En los casos que presentan colisión de normas, es importante tener en cuenta que no es la ley sino la Constitución Nacional la que es fuente principal del Derecho Consumerista. Se trata de uno de los denominados “derechos civiles constitucionalizados” (op.y pág. cit.).

Dentro del claro marco normativo del caso, la decisión de grado no puede encontrar apoyatura alguna. El juzgador de grado decidió relevar al proveedor del servicio de la respon-sabilidad por los daños que acarrearon las deficiencias presentes en el automotor del actor, por el mero hecho de haber sido advertidas y consignadas en los instrumentos correspondien-tes al service de los 75.000 kms.Sostengo que, contrariamente a la tesis que se predica en el fallo en recurso, si la falla no fue detectada inicialmente y surgió después de examinarse el vehículo ya en proceso de realizarse el service, o si lo fue como lo indica la demandada, por carecer el motor de aceite y demás, lo cierto es que la conclusión que permite atribuir respon-sabilidad al empresario permanece invariable. En uno u otro supuesto el proveedor o prestador del servicio técnico que prosigue a la venta de la unidad, incumplió la obligación de resultado que le imponía efectuar todas las reparaciones necesarias para el que el usuario pudiere gozar de la unidad, sin riesgo para sí ni para terceros, además de las tareas correspondientes que consisten en el mero mantenimiento de la unidad (cambio de fluidos, filtros, etc.). Más aún, la alegación de la demandada que reconoce que advirtió la falla, resulta lapidaria para su pre-tensión de rechazo de la demanda, ya que en ese supuesto y como bien lo sostiene el actor, debió informar tal hallazgo al actor para decidir los caminos a seguir, pero nunca entregar el vehículo con el vicio sin solución para que, a la postre, produjera los daños cuyo resarcimiento reclama el propietario. Si el automotor fue retirado y a los 25 kms. presentó los defectos gene-radores de daño, desde ningún punto de vista pueden atribuirse al obrar del consumidor, sino a la negligencia del concesionario que entregó el vehículo que presentaba una falla, cuando se supone dotado de los conocimientos necesarios para prever los daños que podían devenir de la misma.

En otras palabras, no bastaba que el concesionario dejara constancia de los ruidos del motor, sino que debió abocarse a la dilucidación de su causa y reparación, si ello fuere posible.Y ello guarda directa relación con el deber de información al usuario de tales servicios.

La discusión temporal de descubrimiento de los vicios es baladí ya que en nada cambia la conclusión a la que debe arribarse, en cuanto la responsabilidad del concesionario resulta ineludible. Tanto si el vehículo ingresó en óptimas condiciones al sólo fin de efectuar el servi-ce de rigor – como lo propone el actor – como si el mismo ingresó dañado y ello fue advertido por el concesionario – como lo afirma el demandado – la producción del daño habiendo circu-lado sólo 25 kms. el automotor luego de ser retirado por el propietario, no permite concluir más que en la responsabilidad del prestador del servicio técnico que no reparó – o no lo hizo adecuadamente – la falla productora del daño y entregó el vehículo al propietario en deficien-tes condiciones. De todos modos advierto que el ingreso del automotor con daños no surge probado en modo alguno en el proceso; contrariamente, el testimonio de fs. 169 da cuenta de su ingreso en buenas condiciones. Traigo a colación, también, que el perito mecánico informa que los ruidos que describe en el punto A1 de su pericia son audibles aun para quienes no son expertos, pero refiere que “Obviamente se inician como ruidos menores audibles sólo para el experto”. Ello permitiría suponer que, si existía una falla en el motor no detectada por el con-sumidor profano, sí pudo ser detectada por el profesional, que debió indagar necesaria y pro-fundamente en su causa y en las posibilidades de circulación en tales condiciones. También advierto que el perito indica que, si bien el automotor habría presentado un bajo nivel de aceite al ser ingresado al taller de la accionada, ello no es causa suficiente de la destrucción del motor (v. informe de fs.223/225).

Las ostensibles calidades de ambos litigantes imponen la mirada que propone la le-gislación consumeril, que llevan a inclinar la balanza en caso de duda, a favor del sujeto débil de la contratación. En el caso, el contexto del desarrollo empresarial de la demandada, que culminó en la provocación de graves daños para el actor, torna aplicable las pautas que propongo en este voto, sin duda alguna. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha seña-lado que “Recuerdo las sabias consideraciones del Maestro Carnelutti en punto a las razo-nes de la distribución de la carga probatoria: “…desde un punto de vista teleológico, te-niendo en cuenta la finalidad del proceso, es evidente que el criterio ha de escogerse, no ya con referencia a su idoneidad para distinguir las partes respecto del hecho, sino también con referencia a la conveniencia de estimular a la prueba a aquella de ellas que más probable-mente esté en condiciones de aportarla, y, por tanto, a base de una regla de experiencia que establezca cuál de las partes esté en mejores condiciones a ese efecto. Sólo así la carga de la prueba constituye un instrumento para alcanzar la finalidad del proceso, que no es la simple composición, sino la composición justa del litigio: por ello reacciona sobre la parte que pueda aportar una contribución más útil a la convicción del juez; y por ello, cuando dicha convicción haya de formarse en defecto de prueba, es decir, cuando el juez haya de des-atender una afirmación sólo porque la parte no la ha probado, ofrece la probabilidad máxi-ma de la coincidencia de dicha convicción con la realidad” (Sistema de Derecho Procesal Civil, Ed. UTHEA Argentina, traducido por Alcalá Zamora y Sentis Melendo, Tomo II, pág. 95/96)” (28/04/2016, Sala I, autos n° 13-03677006-0/1, “Clínica J.J. Llaver en j° 50.881/47.059 “Barroso, Ivana c/ Clínica J.J. Llaver y ots.p/ Ordinario s/ Inc.Cas.”).

Sabido es que el usuario del automotor, consumidor de los servicios de la accionada, permanece pasivo frente a las indicaciones que le son dadas por el otro sujeto de la contrata-ción, que cuenta con una organización empresarial destinada a ese solo fin: la venta y el servi-cio técnico que asegure el correcto funcionamiento de la unidad automotora, revistiendo el carácter de profesional técnico, es decir, de especialista. Es público y notorio que las institu-ciones organizadas de tal modo cuentan con un grupo de técnicos y profesionales mecánicos que asisten, asesoran y actúan en los casos que caen bajo su égida, efectuando el mantenimien-to general de la unidad como también las reparaciones que puedan resultar necesarias para asegurar el correcto uso del rodado.

En el caso, no albergo dudas acerca de la situación que se presenta entre los dos sujetos involucrados en la litis, el actor – consumidor que siguió las instrucciones dadas por el conce-sionario y éste, profesional, que entregó el automotor del actor aun habiendo advertido que presentaba una falla no menor, a tenor de los daños sufridos por el rodado. En tales condicio-nes me interrogo acerca de la razonabilidad de imponer al actor, profesor de educación física, desconocedor de artes y técnica automotriz, la carga de indagar acerca de la razón por la que su motor presentaba los ruidos de referencia, cuando había sido llevado a un concesionario – no un taller menor – a realizársele el service que la propia marca sugiere. La respuesta negati-va se impone; cuando menos, resulta razonable sostener que la empresa accionada estaba en mejores condiciones de conocer tales detalles, informar acerca de su existencia al actor y, también, aportarlos al proceso. No es un dato menor que, según surge del instrumento de fs. 16, como lo afirmó el actor, todos los services recomendados, desde la adquisición del vehícu-lo en la misma concesionaria, fueron prolija y puntualmente efectuados por el actor de autos, en su sede.Si el automotor fue retirado, insisto, de la concesionaria prestataria del servicio téc-nico de la unidad, con la recomendación de controlar los ruidos del motor, y 25 kms. des-pués se produjo el desperfecto generador de los daños por los que se reclama, debe presu-mirse cuando menos que el personal técnico que forma parte del ámbito empresario no de-tectó la real entidad del problema que presentaba el motor del vehículo del actor. Por ello – insisto -, ya fuere por el incorrecto diagnóstico de la falla, o por la puesta a disposición del cliente de un vehículo que no se encontraba en condiciones de circular sin riesgo, o por la falta de información de la gravedad del problema, la empresaria debe responsabilizarse causalmente de los daños así producidos.

La prueba rendida y la conducta de las partes en el proceso, permite tener por pro-bada la relación de causalidad adecuada entre el obrar de la concesionaria y los daños provo-cados al actor de autos. Tiene dicho este Tribunal que “. la relación de causalidad no requie-re una prueba categórica, sino que es suficiente que exista una probabilidad suficiente de que así ocurriera; cabe decir que acorde con la naturaleza misma de la relación causal adecuada, normalmente la prueba se satisface con la del hecho mismo y la de las consecuencias ocurri-das, así como de las circunstancias de tiempo, lugar y modo que caracterizan a ambos, pues a partir de esos datos el magistrado debe juzgar si el primero reviste idoneidad suficiente para haber producido el resultado (Zavala de González Matilde, “Resarcimiento de daños 3. El proceso de daños”, Buenos Aires, Hammurabi, 1.993, pág. 203 y sgtes.; Zavala de González, Matilde, “El proceso de daños y estrategias defensivas”, Rosario, Editorial Juris, 2.006, pág. 251 y sgtes.)” (07/12/2012, autos Nº 99.066/43.919, “Seguin, Rosa María c/ Basáez, Lorenzo p/ D. y P.”). Tales pautas, se juzgan cumplidas en el caso de autos.Por lo expuesto, la normativa de consumo aplicable al caso lleva, ineludiblemente, al acogimiento del recurso incoado, debiendo admitirse la demanda interpuesta en autos.

IV.b.- Las indemnizaciones reclamadas

Atento al resultado al que arribo en relación a la responsabilidad de la accionada, corresponde valorar los presupuestos de admisibilidad de las indemnizaciones por daños, reclamadas por el Sr. Hassen.

IV.b.1.- Daños materiales del automotor

Reclama el actor indemnización por la cuestión del título, por la suma de $ 42.759 con más intereses legales correspondientes. Alega que al retirar el vehículo de la sede de la accionada, al no obtener respuesta satisfactoria, contrató a un especialista en la materia – Sr. Gabriel Buono – que refirió ante el notario que “… en la parte inferior del motor, al reti-rar el carter y sacar la tapa de biela del cilindro n° 4, presenta claros signos de agarrota-miento, observándose ralladuras en el cigüeñal; también se puede ver … que el cojinete de biela se encuentra totalmente destruido”, indicando que la rotura se produjo por falta de lubricación. Agrega que el Sr. Buono indicó que, para reparar el motor, había que desar-marlo íntegramente.

Alude a que, realizados los trabajos que demandaron dos meses en su ejecución, el vehículo pudo ser retirado manifestando el Sr. Buono que se cambió sólo el sub conjunto del motor semiarmado porque no podría ser arreglado por no comercializarse por piezas sino por bloque o entero.

El rubro debe ser admitido, por resultar acreditadas las reparaciones y el desembolso del dinero correspondiente a su precio, con la factura glosada a fs. 27 de autos.

Por lo expuesto, atento lo dispuesto por los arts. 1068, 1069 y 1110 del C.C., el rubro debe ser admitido otorgándose la indemnización pretendida con más los intereses de la tasa promedio activa del Banco de la Nación Argentina, desde el día 31 de julio de 2.012 (v. instrumento de fs. 27) hasta el 1 de agosto de 2.015 y, desde allí en más, los intereses del art.768 del C.C.C.N. hasta su efectivo pago.

IV.b.2.- Privación de uso

Refiere el actor que las circunstancias descriptas en relación a las reparaciones del automotor aparejaron la indisponibilidad del medio de locomoción y movilidad habitual utilizada para trasladarse al trabajo, llevar a sus tres hijas a la escuela y a actividades extra-curriculares, de esparcimiento, etc. Pide se pondere que es viudo y carecía a la fecha de los hechos de cualquier asistencia adicional que se ocupara de sus niñas de 13, 10 y 8 años de edad. Pone en relieve que residían en el Barrio Cooperativa Beltrán Norte, de Fray Luis Beltrán, llevaba a sus hijas a una escuela de Rodeo del Medio, trabajaba en la Municipali-dad de Guaymallén y en la Escuela Bernardo Rasquin 1-694 ubicada en el mismo departa-mento, dictando clases de Educación Física dos veces por semana.

Pide la suma reparatoria de $ 5.300, equivalente a $ 100 diarios por 53 días en el que vehículo no pudo utilizarse (desde el 8 de junio de 2.012 hasta el 31 de julio del mismo año).

La privación de uso del automotor representa los gastos requeridos por el propietario o usuario para acudir a medios de transporte que sustituyan al automotor dañado durante el tiempo en que se efectúan las reparaciones. Tiene por finalidad indemnizar al damnificado para mantener o restituir la situación en que se encontraba el afectado con anterioridad al evento dañoso, es decir, contar con un medio de movilidad (art. 1083 del C.C.).

Habiendo sido acreditado en autos la necesidad de los arreglos y de recurrir a medios sustitutivos de transporte (testimoniales de fs. 169 y 172, se estima que en el caso en examen, la suma de $ 5.300 se estima prudente, aún cuando no exista prueba al respecto, ya que el daño es cierto y la suma se considera razonable para afrontar el transporte en taxi, remise o cual-quier otro medio sustitutivo durante el lapso referido.Considero especialmente que el actor ha acreditado ser de estado civil viudo, tener tres hijas en edad escolar y desempeñarse laboral-mente como profesor de Educación Física (v. instrumentos de fs. 4/8, 69/71, por lo que el co-sto resulta absolutamente razonable para resarcirlo de los gastos necesarios para el traslado necesario para el desarrollo de las actividades laborales y del grupo familiar (escolar, recreati-vo, etc.).

Por ello, considerando que el propietario del automotor se encuentra legitimado para reclamar la privación de uso ya que la indisponibilidad del automotor, dada su calidad, le afec-ta directamente debe otorgarse al actor por tal concepto la suma referida con más los intereses señalados en el considerando anterior.

IV.b.3.- Costo del service abonado a Motosport S.A.

Reclama el rubro de referencia, correspondiente a la suma de $ 1.891,99, con más intereses desde el día del hecho, alegando su incumplimiento o deficiente prestación del servicio de mantenimiento, considerando injustificada la percepción del precio por parte de la accionada.

La pretensión esgrimida en autos debe ser admitida, frente a la necesidad de reparar los graves daños producidos al automotor, por el monto solicitado con más los intereses delineados en el considerando IV.b.1.-

IV.b.4.- Gastos notariales

Pide el accionante la suma de $ 1.200 correspondiente a honorarios de escribano, abonados a fin de certificar, constatar y dejar constancia de diversas circunstancias probato-rias de importancia para sus futuros reclamos.

El rubro debe ser admitido, por encontrar causa el pago de los honorarios de la Es-cribana Scharff, de los que da cuenta la factura ofrecida como prueba por el actor, en la necesidad de constatar las circunstancias fácticas del caso, notarialmente.

La labor de la escribana debe presumirse rentada (art.1627 del C.C.), por lo que el monto demandado debe prosperar con más los intereses referidos en el considerando IV.b.1.-

IV.b.5.- Gastos de inscripción del motor en el R.N.P.A.

Refiere el actor que debe proceder a la inscripción del nuevo motor del vehículo en el Registro respectivo, a fin de que la numeración quede vinculada registralmente en forma definitiva al dominio HEF-203. Alega que, como consecuencia de los daños sufridos por el rodado, se cambió la identificación numeral del automotor que lleva actualmente el domi-nio individualizado precedentemente, no habiéndose realizado la inscripción por su elevado costo, circunstancia que limita sensiblemente su posibilidad de circulación en tanto ante un eventual control vial o policial puede resultar la diferencia existente entre la documentación y el número que físicamente presenta en la actualidad el motor que se reparó. Reclama pru-dencialmente la suma de $ 5.000.

La existencia del presupuesto fáctico del rubro en trato no ha constituido materia de controversia, al no haber sido negado expresamente por el demandado, por lo que no cons-tituye o bjeto de prueba (art. 177 del C.P.C.). No obstante, y tal como lo pide el actor en sus alegatos, el monto reclamado antes aludido, fue estimado prudencialmente, pero el informe del RNPA de fs. 206 refiere que el costo del trámite referido ascendía, al mes de noviembre de 2.014, a la suma de $ 350.

Consecuentemente, estimo prudencial acordar el rubro en trato por la suma de $ 1000, atento al notorio proceso inflacionario sufrido por nuestro país que justifica acordar un monto mayor que el informado a noviembre de 2.014, con más los intereses del art. 768 del C.C.C.N. desde el día de la sentencia de primera instancia y hasta su efectivo pago, por tratarse de un gasto futuro.

Así voto.

Las Juezas de Cámara Alejandra Orbelli y Silvina Miquel adhieren, por sus funda-mentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión la Sra.Jueza de Cámara Marina Isuani dijo:

Las costas correspondientes a las actuaciones cumplidas en primera y en segunda instancia deben imponerse a la demandada vencida (art. 36 inc. I del C.P.C.).

Así voto.

Las Juezas de Cámara Alejandra Orbelli y Silvina Miquel adhieren, por sus funda-mentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo, dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 16 de junio de 2.017.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada a fs. 262/264, la que se revoca, quedando redactada de la siguiente forma:

“I.- Admitir la demanda incoada por el Sr. Sergio Hugo Hassen contra Motorsport S.A. y, en consecuencia, condenar a ésta última a pagar al actor, en el término de diez días de quedar firme la presente, la suma de Pesos cincuenta y dos mil ciento cincuenta con 99/100 ($ 52.150,99) con más los intereses determinados en los considerandos de la presen-te resolución, bajo apercibimiento de ley.

II.- Imponer las costas a la demandada vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

III.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, sin perjuicio de los complementarios y de la alícuota que por el I.V.A. pudieren corresponder, de la siguiente forma: Dr. Rubén Fragapane en la suma de ($.); Dr. Luis Leiva en la suma de ($.); Dr. Guillermo Juan Vila en la suma de ($.); Dra. Ana Clara Ibarrart en la suma de ($.); Dra. María Mercedes Zaldivar en la suma de ($.); Dra. Nicole Kovacic Cerrone en la suma de ($.); Dra. Andrea Fabiana Disparte en la suma de ($.); Dra. María Carolina Traetta en la suma de ($.); (Art. 2, 3, 4, 13 y 31 Ley 3.641).

IV.- Regular los honorarios del perito interviniente, Ing. Roberto Ernesto Dawbarn, en la suma de ($.) estimados a la fecha de la presente resolución y sin perjuicio de la alícuota que por el I.V.A. pudieren corresponder”.

2.- Imponer las costas a la demandada apelada vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

3.- Regular los honorarios de alzada del Dr. Rubén Fragapane en la suma de ($.), Dr. Luis Leiva en la suma de ($.), Dr. Guillermo Juan Vila en la suma de ($.) y Dra. Andrea Fabiana Disparte en la suma de ($.) (Art. 15 y 31 Ley 3.641).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dra. MARINA ISUANI

Juez de Cámara

Dra. ALEJANDRA ORBELLI

Juez de Cámara

Dra. SILVINA MIQUEL

Juez de Cámara