Procedencia de la acción de amparo interpuesta por una persona discapacitada tendiente a que la concesionaria de subterráneos lleve a cabo todas las medidas necesarias a fin de garantizar su derecho de libre accesibilidad al transporte

Partes: F. I. c/ GCBA y otros s/

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: III

Fecha: 6-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-105230-AR | MJJ105230 | MJJ105230Procedencia de la acción de amparo interpuesta por una persona discapacitada tendiente a que la concesionaria de subterráneos lleve a cabo todas las medidas necesarias a fin de garantizar su derecho de libre accesibilidad al transporte.

Sumario:

1.-La pretensión de una persona discapacitada a fin de sacar las barreras arquitectónicas que le impiden ascender a un subterráneo debe acogerse, en tanto que se le debe garantizar la libre accesibilidad en igualdad de condiciones, independencia y ejercicio de los derechos de manera efectiva, con lo que si la persona con discapacidad requiere asistencia para acceder a un entorno físico no se están garantizando plenamente sus derechos, en tanto la prestación de ayuda o socorro suprime toda noción de autonomía y, por lo tanto, no hay accesibilidad en igualdad de condiciones.

2.-La acción de amparo interpuesta por una persona discapacitada relativa a la falta o insuficiencia de información con respecto al funcionamiento de los medios de elevación de las estaciones subterráneas debe acogerse, pues los datos brindados por la página web no son eficientes dado que la actualización no es diaria ni concreta.

3.-La pretensión de una persona discapacitada relativa al funcionamiento regular de cada uno de los ascensores ubicados en varias estaciones de subterráneo, no devino abstracta, toda vez que de los informes acompañados surge el índice de servicio del conjunto, pero no especifica el porcentaje correspondiente a cada ascensor ni el piso mínimo de funcionamiento exigido en el acuerdo de operación.

Fallo:

Buenos Aires, 6 de febrero de 2017

Y VISTOS: Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 898/911 contra la sentencia de fs. 884/892 vta.; y CONSIDERANDO:

I. La Sra. Isabel Ferreira promovió, el 7 de junio de 2012, acción de amparo contra Metrovías SA, el GCBA, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (EURSP) y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) a fin de que se les ordenara “llevar a cabo todas las medidas necesarias tendientes a garantizar [su] derecho de libre accesibilidad al transporte subterráneo de la Línea “A” de manera autónoma y segura”. Requirió: “A. El funcionamiento regular de cada uno de los medios eléctricos de desplazamiento vertical (en adelante, ascensores) existentes en las estaciones de transporte subterráneo de la línea “A” (.) solicitando pues la inmediata reparación de aquellos que se encontraren fuera de servicio” y “B. La eliminación de barreras arquitectónicas existentes en las instalaciones del transporte subterráneo de la Línea “A”, esto es, salvar las distancias entre las formaciones y los andenes, para que sea posible el ascenso y descenso de las personas con discapacidad física a las distintas formaciones, de forma autónoma y segura”. Relató que desde temprana edad padece una discapacidad motora, por lo que utiliza una silla de ruedas motorizada para desplazarse. Señaló que su domicilio se encuentra próximo a la estación Carabobo de la línea A de subterráneos y que trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Venezuela 842, cerca de la estación Piedras de la misma línea. Adujo que a pesar de que existen diversas normas a nivel local, nacional e internacional que prevén la supresión de barreras existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público, cada vez que intenta hacer uso del servicio de subterráneo de la línea A se encuentra con algún obstáculo.Indicó que una de esas barreras la constituye el hecho de que de los diecisiete (17) ascensores con que contaba la línea, trece (13) se encontraban fuera de servicio -al momento de la interposición de la demanda- y que solamente se encontraban en funcionamiento dos (2) ascensores ubicados en la estación Carabobo y dos (2) en la estación Puán. Señaló que otro de los obstáculos se presentaba cuando el huelgo entre el andén y la formación le hacía imposible el ascenso y descenso al tren de forma autónoma y segura. Agregó que la Defensoría del Pueblo en la resolución 61 del 18 de enero de 2010 dio cuenta de que “[e]n particular, en la línea A, se observó una distancia que va de los 5 a los 7 cm a lo cual debe sumarse aproximadamente 10 cm de diferencia de altura entre vagón y andén, lo que representa un espacio de aproximadamente 12 cm”. Refirió que, cada día, antes de ir hacia la estación, llama al Centro de Atención Telefónica para cerciorarse de que los ascensores funcionen, pero que tal servicio resulta insuficiente toda vez que solo está disponible de lunes a viernes de 8 a 20 hs. Afirmó que al conculcarse su derecho a utilizar los medios de transporte público se viola su derecho a la movilidad a un costo asequible, en la medida en que el traslado de la silla de ruedas motorizada la compele a contratar servicios privados adaptados excesivamente onerosos y de baja disponibilidad en ciertos días y horarios. II. El GCBA adujo falta de legitimación pasiva y subsidiariamente contestó demanda. Aseveró que Metrovías SA era la obligada principal tanto respecto de la instalación y funcionamiento de los ascensores como de la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. Señaló que SBASE efectuaba relevamientos para verificar el funcionamiento de escaleras mecánicas, medios de desplazamiento vertical y otras instalaciones, pero que no tenía facultades para sancionar a la empresa concesionaria.Agregó que el EURSP no contaría con poder de policía propio hasta tanto no se concluyera la transferencia del servicio de subterráneo a la Ciudad. Alegó que en las ocasiones en que la actora no pudiese acceder al medio de transporte, siempre habría terceros para ayudarla, entre ellos el personal de servicio de la empresa concesionaria o los agentes policiales que custodian cada una de las estaciones. Por último solicitó que se citara como tercero al Estado Nacional, toda vez que el contrato de concesión al momento de la presentación no había sido transferido a la Ciudad (v. fs. 114/122). El EURSP, a su turno, sostuvo que la actora debería haber efectuado la denuncia en sede administrativa y recurrido al procedimiento especial de reclamos establecido por la resolución EURSPCABA 28/01. Indicó que la línea A se encontraba afectada a un plan de modernización, cuyo responsable y autoridad de control eran la Secretaría de Transporte de la Nación y la CNRT. Refirió que entre las obras desarrolladas se incorporaron 11 ascensores -lo que llevó el total a 17- aunque solo 4 funcionaban. Argumentó que el control de los medios de elevación era limitado, toda vez que fueron instalados con posterioridad a la celebración del contrato de concesión y su adenda, y la autoridad de aplicación no había dictado -hasta ese momento- normas que regularan su funcionamiento, los horarios ni modos específicos de verificación y sanción, como sí sucedía para las escaleras mecánicas (v. fs. 128/135). SBASE solicitó que se citara al Estado Nacional y opuso falta de legitimación pasiva. Subsidiariamente contestó demanda. Desconoció la prueba documental ofrecida por la actora. Señaló que el mantenimiento de los ascensores estaba a cargo -por contrato- de Thyssenkrupp SA. Sostuvo que la adecuación de las estaciones para personas de movilidad reducida debía ser llevada adelante por el Estado Nacional, y que la fiscalización y el control del funcionamiento regular de los ascensores y demás equipos correspondía a la CNRT (v. fs.181/193 vta.). Metrovías, por su parte, adujo que la acción de amparo era improcedente, en razón de que la pretensión de la actora se encontraba en algunos casos resuelta y en otros en vías de ser solucionada. Sostuvo que del contrato de concesión -aprobado por decreto nacional 2608/93- y su anexo XXXI-SBA era SBASE quien se encontraba a cargo de la ejecución y supervisión de los trabajos de modernización de la línea A y que, una vez finalizados, la concesionaria se haría cargo de la explotación de las nuevas obras siempre que resultara factible su habilitación. Señaló que las estaciones Puán y Carabobo -con todas las instalaciones que el servicio requiere para ser operable- fueron construidas por SBASE, y su tenencia y operación le fue otorgada a Metrovías a través del “Acuerdo para la prestación del servicio extensión Primera Junta – Carabobo” suscripto el 22 de diciembre de 2008. Relató que durante 2012 inició un “Programa de Normalización” que consistió en la puesta a punto de los ascensores para su posterior habilitación, salvo por los situados en las estaciones Puán y Carabobo, en razón de que el Acta Acuerdo, en su artículo tercero, disponía que por contar las instalaciones con garantías contractuales vigentes Metrovías debía abstenerse de realizar cualquier intervención, modificación o disposición sin la previa y expresa autorización y conformidad de SBASE. Afirmó que los trenes subterráneos se encontraban sujetos a tres tipos de movimientos (longitudinales, verticales y laterales), por lo que necesitaban la existencia de un huelgo o luz lateral para evitar que los coches choquen contra el borde de los andenes. (v. fs. 207/222).

III. El 14 de febrero de 2013 la magistrada de grado rechazó la citación de tercero solicitada por SBASE, así como las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva opuestas respectivamente por Metrovías SA y el GCBA (v. fs.261/263). Por último, a requerimiento de la jueza de primera instancia luce un reporte elaborado por SBASE acerca del estado de los ascensores en las estaciones de la línea A durante el período comprendido entre enero y mayo de 2015 (v. fs. 862/864) y un informe de Metrovías SA en el que se detallan las reformas efectuadas a partir del 12 de enero de 2013 en las estaciones de la línea A de subterráneos (v. fs. 867/870).

IV. La doctora Lidia Lago declaró abstracta la acción de amparo. Sostuvo que desde el inicio de las actuaciones hasta el dictado de la sentencia se habían satisfecho las pretensiones de la actora, a saber: el regular funcionamiento de los ascensores en la línea A del subterráneo y la reducción de las distancias entre las formaciones y los andenes. Señaló que el índice de funcionamiento de los ascensores era superior al 90% -confr. informe del Gerente de Control de Operaciones de SBASE-, guarismo que superaba el 85% previsto en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento suscripto entre Metrovías SA y SBASE en el marco de la ley 4472. En relación con el huelgo, afirmó que el informe de Metrovías SA -corroborado por el Asesor de Ingeniería Ferroviaria- expresaba que la diferencia de altura entre los andenes y los coches podía variar entre 0 y 50 mm y que el juego entre coche y andén debía ser de 50 a 75 mm en estaciones con andenes ubicados sobre vía recta. Agregó que, en este aspecto, también se había cumplido la pretensión, en tanto se había disminuido la distancia a su mínima expresión para que el servicio funcionara correctamente de manera segura para los pasajeros del subte.Aseveró que si bien la actora aclaraba que lo que pretendía no era la supresión del huelgo sino la creación de una herramienta que posibilitara el ascenso y descenso a la línea de todas las personas con movilidad reducida, dicha precisión había sido introducida de manera tardía, lo que impidió a la contraria ejercer su derecho de defensa y, en su caso, que se ordenara la pericia técnica pertinente a fin de que un profesional dictaminara sobre el asunto. Añadió que la actora no había detallado a qué mecanismo o herramienta se refería.

V. La actora apeló el pronunciamiento de primera instancia. Sus cuestionamientos se centraron en que la jueza hubiera: i) declarado abstracta la acción; ii) considerado tardía la pretensión de eliminar las barreras arquitectónicas que imposibilitaban su acceso al subterráneo, cuando ello había formado parte del objeto de la demanda; iii) dado por cierto el funcionamiento regular de los ascensores en base a un informe producido por una de las demandadas; y iv) efectuado una valoración arbitraria de la prueba (v. fs. 898/911). Las codemandadas SBASE y Metrovías contestaron traslado a fs. 913/915 vta. y 916/922. La fiscal ante la Cámara dictaminó a fs. 927/929 vta. La actora denunció hecho nuevo a fs. 944/945 vta. VI. Corresponde ahora dilucidar si la presente acción de amparo ha devenido abstracta y, eventualmente, su procedencia. La Constitución Nacional consagra el derecho de todos los habitantes a transitar (art. 14). A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 3º -inc. f-, 9º, 20 y 21) -ambas con jerarquía constitucional- establecen respectivamente el derecho de circulación y los principios de accesibilidad, movilidad personal y acceso a la información. El Estado Argentino está, asimismo, obligado -en lo que aquí interesa- a:”Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño, universal en la elaboración de normas y directrices; y a “[e]mprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible” (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 4º, incs. f y g). A través de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad -aprobada por ley 25280- el Estado se comprometió a adoptar medidas “para que los edificios, vehículos e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad” y “para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad” (art. III, incs. b y d). En lo que respecta a normativa interna, la ley 13064 -sobre obra pública- dispone que todo proyecto “.deberá prever, en los casos de obra que implique el acceso de público, para su aprobación por los organismos legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad” (art. 4º, segundo párrafo). A su vez, la ley nacional 22431 -modif.por ley 24314- determina “la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida” y dispone que “[l]as empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en los plazos y proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida” (art. 20). En el artículo 27 se prevé, en lo que aquí interesa, que “.se invitará a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y/o incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de los artículos 20, 21 y 22 de la presente”. Dicha ley fue reglamentada mediante el decreto 914/97, cuyo artículo 20 prescribe que “[l]as empresas responsables del transporte subterráneo de pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes (.) y del material móvil a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente reglamentación y deberán ser completados en un plazo no superior a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicación reducidas -especialmente para los usuarios en sillas de ruedas-“. Por su parte, el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirma que: “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.” Asimismo establece que:”La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”. En ese sentido, en el artículo 42 se señala que la Ciudad desarrolla para las personas con necesidades especiales un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, de comunicación, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes. Por medio de la ley 161 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió a lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 22431 -modificada por ley 24314- y su decreto reglamentario 914/97, artículos 1º, 2º y 3º, en lo referido al acceso y traslado de personas con necesidades especiales en ascensores, y fijó una serie de exigencias. Posteriormente, la ley 962 incorporó al Código de la Edificación definiciones y requisitos relativos a la accesibilidad física de las personas con discapacidad. Resta agregar que a partir de la suscripción junto al Estado Nacional del acta acuerdo del 3 de enero de 2012, la Ciudad asumió definitivamente el control y fiscalización del contrato de concesión de los servicios de transporte subterráneo y premetro.

VII. Cabe recordar que la actora dedujo dos pretensiones: la primera, relativa al funcionamiento regular de cada uno de los ascensores ubicados en las estaciones de transporte subterráneo de la línea A, así como a la información que debería brindarse a los usuarios acerca de su disponibilidad, y la segunda, consistente en la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en las instalaciones del referido medio, lo que, dicho de otro modo, implica salvar las distancias entre las formaciones y los andenes para que sea posible el ascenso y descenso de las personas con discapacidad de forma autónoma y segura.

VIII.En cuanto a los ascensores, la magistrada de grado sostuvo que del informe del Gerente de Control de Operaciones de SBASE surgía que se había llegado a un índice de funcionamiento superior al 90%, por lo que se cumplía con el 85% previsto en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento suscripto entre Metrovías SA y SBASE en el marco de la ley 4472. Ahora bien, dicho informe detalla el índice de servicio del conjunto de los ascensores de la línea durante el período comprendido entre enero y mayo de 2015, pero no especifica el porcentaje correspondiente a cada ascensor (v. fs. 863). Así, en una línea que cuenta con 22 medios de elevación podría darse que 3 de los ascensores se encontraran permanentemente fuera de servicio, y aun así se cumpliera con el índice de servicio requerido, lo que a todas luces no resulta razonable. Cabe recordar que el 5 de abril de 2013 SBASE y Metrovías SA -el operador- celebraron un acuerdo de operación y mantenimiento (AOM) del servicio público de transporte subterráneo y premetro y de los bienes afectados. En lo que aquí interesa, establecieron las siguientes obligaciones: “El OPERADOR deberá mantener la infraestructura y superestructura de vía, los sistemas de señalamiento y comunicaciones, el material rodante, los edificios, las instalaciones de potencia, los ascensores y escaleras mecánicas y las instalaciones fijas en general, obras complementarias y equipamientos, en condiciones aptas para la operación segura, confiable y eficiente de los servicios de transporte.” (art. 12.1); “El OPERADOR deberá presentar a SBASE, durante los primeros diez (10) días de cada año, los correspondientes planes de mantenimiento de cada instalación, conforme se indican en el Anexo XIV. Estas son: Instalaciones de Potencia, Línea de Contacto, Instalaciones de Señalamiento, Instalaciones de Comunicaciones, Escaleras Mecánicas, Ascensores, Vías y Aparatos de Vías, Instalaciones de Ventilación, Detección y Extinción de Incendios y Sistemas de Bombeo.Asimismo en forma mensual y dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, el OPERADOR deberá presentar los avances del Plan de Mantenimiento correspondiente así como la proyección de los meses subsiguientes del año en curso, indicando las desviaciones si las hubiere y sus causas.” (art. 12.3). El Anexo IV referido dispone que: “En el caso de los ascensores, escaleras mecánicas y demás dispositivos electromecánicos de elevación de personas, el OPERADOR deberá contratar Empresas Conservadoras, que cumplan en un todo con lo previsto en las legislaciones vigentes de la CABA. En particular, deberán cumplir con lo establecido [en el] artículo 3 del capítulo 10 de la sección 8 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentaciones y obligaciones emergentes de la ordenanza Nº 49308, su Decreto Reglamentario y todas las normas vigentes que regulan la materia del mantenimiento de las instalaciones de referencia, incluida la vigencia del seguro de Responsabilidad Civil correspondiente.” (punto 4).

El AOM también dispone que “[l]a operación de los servicios de las líneas de SBASE, objeto del presente AOM, se regirá por los reglamentos que forman parte del Anexo I, III, IV y XVIII.” (art. 8º). El Anexo XVIII, en su artículo 2.6, fija las penalidades por indisponibilidad de ascensores y salvaescaleras. A tal efecto, establece un índice (IIAS) que consiste en dividir la cantidad de horas que estuvieron detenidos los ascensores de la línea -excluyendo interrupciones programadas para mantenimiento, con un máximo de dos horas semanales- por el producto de multiplicar la cantidad de horas establecidas para cada ascensor en el mes evaluado por la cantidad de ascensores existentes en la línea, y al resultado de esa operación debe multiplicárselo por cien.Posteriormente, la norma dispone que “[l]os ascensores y salvaescaleras deberán estar disponibles para el público y en funcionamiento durante todo el tiempo en que se encuentre habilitada la estación, salvo que el acceso correspondiente estuviese inhabilitado, o bien su hubiera dispuesto la clausura del ascensor o salvaescaleras por orden de autoridad judicial o administrativa por causa ajena al OPERADOR.” y que “[h]asta un valor de IIAS del 15% no se aplicarán penalidades. Esto representa un 85% de cumplimiento. Luego del primer año se evaluará superar el nivel de cumplimiento”. Por último, el artículo 3.2 prescribe que “[e]l OPERADOR debe mantener informado al público usuario sobre las prestaciones normales del servicio, imprevistos o modificaciones que alteren dichas prestaciones, de todo el sistema subterráneo. Para ello utilizará los sistemas existentes y otros que puedan implementarse en el futuro (.) Se deberá dar especial trato a la información a suministrar a los usuarios en casos de ocurrencia de alteraciones en el servicio, tales como retrasos, interrupciones, cancelaciones y/o accidentes. Para ello utilizará los sistemas existentes y otros que puedan implementarse en el futuro”. En la audiencia celebrada el 28 de diciembre de 2015, el ingeniero Picasso aseveró que el ascensor de la estación Perú no funcionaba desde hacía diez días por un problema con una plaqueta, y que carecía de fecha de puesta en marcha (v. fs. 941 vta.). En el mismo sentido, el cuadro de ascensores sin funcionar publicado en el sitio “http://www.buenosaires.gob.ar/subte/planeseinversiones/plan-de-accesibilidad” mostraba en la actualización del 7 de noviembre de 2016 tres unidades pertenecientes a la línea A en reparación, y el tiempo estimado de puesta en servicio era de una semana en las estaciones Carabobo y Primera Junta, y “prolongado” en Loria.Adviértase que allí se verifica la situación descripta como caso hipotético, dado que tres de los veintidós medios de elevación con que cuenta la línea A no funcionan, y de utilizarse la fórmula para calcular el IIAS prevista en el punto 2.6 del anexo XVIII del AOM, Metrovías SA no incurriría -en principio- en incumplimiento a los efectos de la aplicación de penalidades. Ello, sin perjuicio de que ninguno de los tres ascensores en reparación supera -por separado- el 85% de disponibilidad que exige el AOM. Ahora bien, dejando a salvo la interpretación que pueda hacer SBASE del AOM a los fines de ejercer sus potestades sancionatorias, no resulta razonable que el estándar de funcionamiento se aplique al conjunto de los ascensores, dado que basta con que una sola de las unidades se encuentre detenida para que las personas con discapacidad motriz no pueden acceder al servicio. Lo hasta aquí expuesto basta para concluir que la pretensión relativa al funcionamiento de los ascensores no ha devenido abstracta. En este punto cabe concluir que el piso mínimo de funcionamiento exigido en el anexo XVIII del AOM -85% de las horas de servicio establecidas por mes- debe ser considerado como base obligatoria de disponibilidad de cada ascensor por separado -y no en su conjunto, como establece el IIAS-. Ello, a efectos de salvaguardar las garantías y derechos de las personas con discapacidad, en particular el derecho a transitar libremente y el principio de accesibilidad -en este caso, a los medios de transporte públicos-.

IX. La actora también denunció la falta o insuficiencia de información con respecto al funcionamiento de los medios de elevación. Refirió que antes de ir hacia la estación de subte llama al Centro de Atención Telefónica al pasajero para cerciorarse acerca del funcionamiento de los ascensores, pero que el servicio resulta insuficiente toda vez que solo está disponible de lunes a viernes de 8 a 20 hs.Cabe recordar que el AOM establece que “[l]os usuarios y SBASE deberán ser informados en forma rápida y eficiente sobre cualquier anormalidad que presente el servicio de la red de subterráneos, así como las medidas adoptadas y la resolución de dichas anormalidades (.) El OPERADOR debe mantener informado al público usuario sobre las prestaciones normales del servicio, imprevistos o modificaciones que alteren dichas prestaciones, de todo el sistema subterráneo. Para ello utilizará los sistemas existentes y otros que puedan implementarse en el futuro” (art. 9.2). En la actualidad el público usuario cuenta con el sitio web “http://www.buenosaires.gob.ar/subte/planeseinversiones/plan-de-accesibilidad”. Sin embargo, si bien su actualización es periódica, no es diaria, y los plazos estimados de puesta en funcionamiento de los ascensores no son concretos, sino que se utilizan términos como “prolongado” o “1 semana”. Esta forma de comunicación resulta insuficiente y no cumple con el requisito de eficiencia establecido por el AOM en el artículo transcripto. A fin de asegurar la información rápida y eficiente deberá contarse con un sitio web actualizado en tiempo real y con atención telefónica disponible en el mismo rango horario que el servicio de transporte. Asimismo deberán colocarse en cada estación letreros que indiquen qué ascensores se encuentran indisponibles, los que, a su turno, deberán contar con un cartel visible para el público en el que se detallen los motivos de la avería y el plazo de reparación -i.e. desde qué día hasta qué día-, así como su cronograma de mantenimiento.

X. Por otro lado, con respecto a la segunda pretensión deducida por la actora -relativa a la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes-, la Dra. Lidia Lago afirmó que la creación de una herramienta que posibilitara el ascenso y descenso a las formaciones de todas las personas con movilidad reducida importaba una precisión introducida de modo tardío, lo que había impedido a la contraria ejercer su derecho de defensa.Sobre el punto, cabe poner de resalto que la actora, en su demanda, solicitó “[l]a eliminación de barreras arquitectónicas existentes en las instalaciones del transporte subterráneo de la Línea “A”.”, expresión que razonablemente contiene a la petición que la magistrada de grado consideró tardíamente introducida. Del informe presentado por Metrovías SA a fs. 867/870 surge que la diferencia de altura entre los andenes y los coches oscila entre 0 y 50 mm, y la distancia entre ambos varía entre los 50 y los 75 mm en aquellas estaciones con andenes ubicados sobre vía recta. Esto quiere decir que la actora puede llegar a tener que sortear un huelgo de 75 mm y, al mismo tiempo, una diferencia en altura de 50 mm, todo ello en una silla de ruedas motorizada que, tal como explicó en la demanda y en la audiencia de fs. 941/942, tiene un funcionamiento particular. A ello debe agregarse que la distancia entre los coches y los andenes en las estaciones en que las vías son curvas puede pronunciarse. Ello así, el huelgo representa una barrera arquitectónica que se da de bruces con la normativa reseñada en el considerando VI, en especial en cuanto conculca el derecho de la actora de acceder al transporte subterráneo de manera autónoma y segura. No se verifica entonces, en este aspecto tampoco, que la pretensión de la actora haya devenido abstracta. Al respecto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que “[a] fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.” (art. 9º). En este punto, es relevante lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Furlan y familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012, en cuanto a que “la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas” (párrafo 133). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -órgano de contralor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que goza de jerarquía constitucional- sostuvo en la Observación General 5, párrafo 23, que “.el hecho de que los gobiernos no puedan ofrecer medios de transporte que sean accesibles a las personas con discapacidad reduce sobremanera las posibilidades de que esas personas puedan encontrar puestos de trabajo adecuados e integrados, que les permitan beneficiarse de las posibilidades de capacitación educativa y profe sional, o de que se desplacen a instalaciones de todo tipo.De hecho, la existencia de posibilidades de acceso a formas de transporte apropiadas y, cuando sea necesario, adaptadas especialmente, es de importancia capital para que las personas con discapacidad puedan realizar en la práctica todos los derechos que se les reconoce en el Pacto”. Por último, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -órgano de contralor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-, en su Observación General 12 señaló que “[l]a accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades. No es casualidad que la accesibilidad sea uno de los principios en los que se basa la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (art. 3 f)). Tradicionalmente, el movimiento en favor de las personas con discapacidad ha sostenido que el acceso de esas personas al entorno físico y al transporte público es una condición previa para que ejerzan su libertad de circulación, garantizada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. El énfasis de las citas precedentes está dado en los conceptos de accesibilidad en igualdad de condiciones, independencia y ejercicio de los derechos de manera efectiva. Ello implica que si la persona con discapacidad requiere asistencia para acceder a un entorno físico no se están garantizando plenamente sus derechos, en tanto la prestación de ayuda o socorro suprime toda noción de autonomía y, por lo tanto, no hay accesibilidad en igualdad de condiciones.Ello así, Metrovías SA y SBASE, a través de los organismos pertinentes, deberán presentar en el plazo de sesenta (60) días corridos una propuesta de solución técnica para el acceso en silla de ruedas mecánica en al menos una puerta de un vagón de cada formación, que deberá estar correctamente identificada para tal fin. XI. En atención a lo manifestado por el EURSP en la audiencia celebrada el 28 de diciembre de 2015 (v. fs. 942), cabe señalar que la ley 210 explícitamente confiere al Ente la potestad de sancionar incumplimientos contractuales. En efecto, el artículo 3º, inciso 1º, establece que el Ente tiene la función de “[r]eglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido proceso”. El artículo 22, por su parte, establece las reglas y principios con adecuación a los cuales el Ente debe aplicar las disposiciones sancionatorias contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos por la ley. Por otro lado, la existencia de dos entes con competencia sancionatoria no es suficiente para considerar que uno de ellos debe abstenerse de ejercerla. En efecto, no está vedado que dos entes tengan la facultad de imponer sanciones por el incumplimiento de un mismo conjunto de reglas, sino solamente que se inicien dos procedimientos o que se impongan dos sanciones por el mismo hecho. En este sentido, el juez Lozano sostuvo que “.al haberse otorgado al EURSP la potestad sancionatoria derivada del contrato, la mera constatación de su ejercicio no es suficiente para alegar problemas de superposición de controles.En todo caso, sería menester probar una evaluación contradictoria de un hecho por parte de dos autoridades de aplicación [.] o, cuanto menos, demostrar que existe vicio en la causa del acto que pretende el pago de una multa ya satisfecha (o no ejecutoriada), cuando la segunda sanción viniera instada por la actividad de un órgano diferente al que la aplicó en primer término” (TSJ, Mantelectric, sentencia del 10/03/2010, voto del Dr. Lozano, considerando 9º). En razón de ello, no cabe dudas acerca de la competencia del EURSP para controlar y sancionar a Metrovías SA en el marco de la ley 210. Todo ello, sin perjuicio de las potestades sancionatorias propias de SBASE, en particular de las que le asisten en cuanto autoridad de aplicación del AOM y de la ley 4472. XII. Atento a la forma en que se resuelve, deviene inoficioso expedirse acerca del hecho nuevo denunciado por la actora a fs. 944/945 vta. XIII. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 15, 16, 17, 20, 29 inc. f, 30, 49 y 51 de la ley 5134, considerando el monto del proceso, motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada y la etapa cumplida, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en su conjunto en treinta y nueve mil seiscientos noventa pesos ($39 690). Dicho monto resulta de calcular el valor de diez (20) unidades de medida arancelaria (UMAs) -fijado en mil trescientos veintitrés pesos ($1323) por la resolución de Presidencia del Consejo de la Magistratura 675/2016-, mínimo regulable por tratarse de un proceso de amparo. Asimismo se agregaron diez UMAs por las incidencias de fs. 261/263 y 847/vta. Por la actuación ante la segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la citada normativa, corresponde regular la suma de quince mil ochocientos setenta y seis pesos ($15 876). En virtud de lo expuesto se RESUELVE:1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia. 2) Ordenar a Metrovías SA: i) garantizar como piso mínimo de funcionamiento de cada ascensor el 85% de las horas de servicio que le son establecidas por mes; ii) el mantenimiento de un sistema de atención telefónica que funcione en el horario de servicio de trasporte y de un sitio web actualizado en tiempo real que informen sobre la disponibilidad de los ascensores de las diferentes estaciones de la línea A de subterráneos, iii) la fijación de letreros en cada estación que indiquen qué medios de elevación se encuentran sin funcionar y la colocación de un cartel visible para el público en cada ascensor indisponible, en el que se detallen los motivos de la avería, el plazo de reparación -i.e. desde qué día hasta qué día- y el cronograma de mantenimiento. 3) Ordenar a Metrovías SA y SBASE que, a través de los organismos técnicos pertinentes, presenten en el plazo de sesenta (60) días corridos una propuesta de solución para el acceso en silla de ruedas mecánica en al menos una puerta en un vagón de cada formación, que deberá estar correctamente identificada para tal fin. 4) Con costas de ambas instancias a Metrovías SA y SBASE (art. 62 CCAyT). 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en su conjunto por su actuación en primera y segunda instancia en treinta y nueve mil seiscientos noventa pesos ($39 690) y en quince mil ochocientos setenta y seis pesos ($15 876) respectivamente. Se deja constancia de que el Dr. Centanaro no suscribe por hallarse en uso de licencia. Regístrese y notifíquese a la fiscal de Cámara en su despacho, y a las partes por Secretaría. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Hugo R. Zuleta

Dra. Gabriela Seijas.