Responsabilidad de los médicos por la deficiente atención ya que frente a la duda de una perforación intestinal debieron practicar una endoscopia digestiva de alta urgencia

Partes: L. J. F. c/ Hospital Militar Central CIR My Dr. Cosme Argerich y otros s/ daños y perjuicios resp.prof. med. y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 9-may-2017

Cita: MJ-JU-M-105285-AR | MJJ105285 | MJJ105285

Sumario:

 

1.-Corresponde responsabilizar a los demandados por el servicio médico deficiente brindado a la actora, pues los estudios realizados ante la primera consulta no fueron los apropiados, ya que resultaba imperativo mantener a la paciente en observación y realizarle una endoscopia digestiva alta de urgencia y ante la duda de sospecha de una perforación resultaba imperativo practicarlo ese mismo día.

2.-La normativa contemplada por el CCivCom. resulta inaplicable, pues se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y por tanto también las consecuencias que emanan de esta obligación.

3.-En la relación causal la previsibilidad se valora en abstracto, con prescindencia de lo sucedido en el caso concreto, ex post facto, tomando en cuenta lo que regularmente sucede, conforme al curso normal y ordinario de las cosas; la previsibilidad objetiva que caracteriza a la relación de causalidad se realiza sin tomar en cuenta las condiciones especiales del agente; en cambio, en la culpabilidad la previsibilidad se pondera principalmente en concreto, desde el punto de vista interior del agente atendiendo al comportamiento exteriorizado frente al hecho producido.

Fallo:

Buenos Aires, a los 09 días del mes de mayo de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “LONGO JOSE FRANCISCO c/ HOSPITAL MILITAR CENTRAL CIR MY DR.

COSME ARGERICH Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 873/891 se alzan las partes y expresan agravios a fs. 932/941 el Estado, a fs. a 942/946 la actora, a fs. 947/949 Iriarte y la citada, y a fs. 950/952 vta. la Obra Social del Ejército. Esta última contestó a fs. 954 y vta., el Estado a fs. 959/961, la actora a fs. 962/963 vta., fs. 964/965 vta. y fs. 966/974 vta., mientras que el Ministerio Público de la Nación dictaminó a fs. 977/980 vta.

Seguiré el referido orden para precisar lo que luego será objeto de análisis y decisión.

1.2.- El Estado Nacional cuestiona la normativa aplicada, que impugna a tenor de lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Aduce que el servicio médico brindado fue diligente, y que no se demostró relación causal, por lo que reclama el rechazo de la acción entablada.

A todo evento se queja por entender que los montos fijados resultan superiores a los reclamados en la demanda, en violación al principio de congruencia.Manifiesta que se produce una indexación o actualización del capital de condena, y además se establece una tasa activa que impugna por considerar que enriquece al actor, para lo que reclama la pasiva.

Sobre los montos establecidos en concepto de daño material, moral, gastos por tratamiento psicológico, y por gastos, los estima elevados, y respecto a los honorarios reclama se adecuen al porcentaje máximo establecido por ley 24.432.

Finalmente, respecto al plazo de cumplimiento para el pago de la condena, requiere se aplique el procedimiento previsto en el art. 22 de la ley 23.982.

1.3.- La actora, por su parte, cuestiona los conceptos englobados bajo el título “daño material” y reclama se eleve la suma estipulada, se queja de la omisión respecto al comprobado daño psicológico, y la indemnización establecida por daño moral que reputa escasa.

1.4.- Iriarte y la aseguradora, sobre el fondo de la cuestión señalan que obró con diligencia conforme lo requerían las circunstancias, para lo que hace foco en que su participación se limitó al diagnóstico brindado los días 19 a 22 de septiembre de 2005.

Sobre las indemnizaciones, cuestiona los montos estipulados por daño moral, material, gastos por tratamiento psicoterapéutico, y gastos, en cada caso por considerarlos elevados según las pruebas producidas.

1.5.- Por último, la Obra Social también señala que en la atención de la Sra. Russo se siguieron los pasos que indicaba el cuadro presentado, y desecha de plano haber incumplido la obligación de seguridad.

2.1.- En lo que respecta a la primera queja formulada por el Estado Nacional que requiere la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, propiciaré su rechazo.

2.2.- En efecto, dicho cuerpo legal, aprobado por ley 26.994 y vigente a partir del 01 de Agosto del año 2.015, contempla de manera expresa lo tocante a la “dimensión temporal” de la ley, y la solución debe atenerse a lo dispuesto por el art.7°.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por dicha norma sobre la base de la “irretroactividad” de las nuevas normas codificadas respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Tal es la doctrina jurisprudencial que este Tribunal ha sentado en numerosos pronunciamientos (cfr. “Montaña, María Isabel c/ Transportes Automotores Callao S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios”, Expte. N° 85.242/2.014, del 11/04/2017 ídem, “Fontana, Mabel c/ Línea 7 de Ttes. Aut. 12 de Octubre S.A.C. y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 4.117/2.008, del 21/12/2.015; ídem, “Zarate, Miguel c/ Cabana, Ceferino s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 7.079/2.014, del 03/11/2.016; ídem, “Barbas, Martín c/ De los Santos, Damián s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 102.212/2.012, del 21/02/2.017, entre muchos otros).

2.3.- Por tanto, la normativa contemplada por el CCyCom.resulta inaplicable pues en el sub examine estamos ante una relación o situación jurídica que ha quedado “constituida” conforme a la ley anterior.

La obligación reparatoria sobre cuya viabilidad se discute reconoce su génesis en los sucesos acontecidos en el mes de Febrero del año 2.005, y por tanto también las consecuencias que emanan de esta obligación, nacida al amparo de tal legislación, que es en definitiva la que se aplica.

3.1.- Las quejas de fondo se enmarcan en el terreno de la relación causal y del criterio o factor aplicable, presupuestos estos a través de los cuales se revela la “autoría” del daño y permiten individualizar al sujeto o sujetos que deben responder.

Por las razones que paso a desarrollar, propiciaré confirmar la sentencia de grado.

3.2.- En efecto, arribo a tal solución pues considero que ambas demandadas aportaron la “causa adecuada” de perjuicios resarcibles de conformidad con los sabios parámetros del art. 901 del Código de Vélez que el CCyCom. recepta en los arts. 1726/1727 y 1736.

El análisis de la causalidad es el que tiende a dilucidar si las consecuencias dañosas de un hecho pueden ser atribuidas materialmente a la acción de un sujeto, poniendo en evidencia la autoría del hecho, por lo que este análisis resulta necesariamente previo al del criterio de atribución aplicable (ver Ubiría, Fernando, Derecho de Daños en el CCyCom., Abeledo Perrot, 2015, pág.

141).

Si bien ambos conceptos se asientan sobre la noción de “previsibilidad”, median importantes diferencias entre uno y otro:en la relación causal la previsibilidad se valora en abstracto, con prescindencia de lo sucedido en el caso concreto, ex post facto, tomando en cuenta lo que regularmente sucede, conforme al curso normal y ordinario de las cosas; la previsibilidad objetiva que caracteriza a la relación de causalidad se realiza sin tomar en cuenta las condiciones especiales del agente; en cambio, en la culpabilidad la previsibilidad se pondera principalmente en concreto, desde el punto de vista interior del agente atendiendo al comportamiento exteriorizado frente al hecho producido (vid., Pizarro, Ramón, Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 3, Editorial Hammurabi, 1999, págs. 98-9).

Por tanto, en el sub judice se impone determinar si los diagnósticos efectuados ante la primera consulta por parte de la Sra. Russo y las que le siguieron fueron los adecuados, me refiero a la atención brindada del 18 al 22 de Septiembre de 2.005.

Es menester determinar si fueron los esperables, y por tanto, los exigibles, hasta que finalmente se llevó a cabo la intervención quirúrgica por la perforación esofágica el día 22/9, así como también los tratamientos luego proferidos hasta el deceso de aquélla producido el 18/10.

En su mérito será posible determinar si promedió incumplimiento de la obligación, lo que apareja la responsabilidad por los daños y perjuicios consecuentes.

Mientras la actora aduce que promedió demora injustificada del diagnóstico certero, las demandadas sostienen que se practicaron los estudios de rigor y que procedieron de conformidad con los protocolos respectivos, ajustando su conducta a la lex artis.

3.3.- De la historia clínica se desprende que la Sra. Russo recibió atención el día 18, luego el día 19, y encuentro que se decidió el estudio del esófago con endoscopía digestiva el día 21, la que se practicó el 22, es decir, cuatro días después de la primera consulta.A partir de este estudio se detectó el escarbadientes que se encontraba en la luz esofágica, con lesión puntiforme con secreción, y se diagnosticó mediastinitos (ver fs. 381/382, y los detalles de la operación a fs. 428).

Contamos en autos con el informe pericial médico que ponderaré en los términos de los arts. 386 y 477 del rito, los que obran a fs. 751/759 y fs. 805/806, este último a partir de sendas impugnaciones.

A pesar del esfuerzo dialéctico de los letrados apelantes, lo cierto y determinante es que el galeno desinsaculado sostuvo en primer lugar, que los estudios realizados ante la primera consulta no fueron los apropiados o adecuados (fs. 754 in fine y fs. 755), y que resultaba imperativo mantener a la paciente en observación y realizarle una endoscopía digestiva alta de urgencia (fs. 755, 2° párrafo, y pto. “9” a fs. 806).

Sin perjuicio de señalar que lo actuado por la codemandada Iriarte dependía de lo manifestado por la paciente, señaló que igualmente no hubiera estado de más practicarle una seriada esofagogastroduodenal para poder ver la localización del bolo alimentario o el escarbadientes, e inmediatamente fue muy categórico al aseverar que ante la duda de sospecha de una perforación ya resultaba imperativo practicarlo ese mismo día (ver fs. 755).

El perito ha sido contundente en lo que respecta a la urgencia con la que debió actuarse, decidir la internación, ordenar reposo, los estudios del caso y la operación de extracción del cuerpo extraño, así como también promedió nuevamente incumplimiento prestacional en el tratamiento proferido desde el día 03/10 hasta el 13/10 pues sólo se practicó un control diario, insuficiente a tenor del cuadro (fs.757 vta./759 vta.).

Dado el cúmulo de circunstancias referidas, se imponía que las demandadas tuvieran mayor celo o cuidado para encausar el tratamiento profesional que se estaba brindando, servicio médico al que la paciente tenía derecho como prestación componente del interés jurídicamente tutelado, objeto de la relación obligacional (ver esta Sala in re “González, Marisa c/ Golglid, Silvina y otros s/ Ds. y Ps.”; Expte. N° 36.321/2.008, “Gonzále z, Marisa y otros c/ Obra Social del Personal Gráfico s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 51.110/2.009, del 12/10/2.016, entre otros).

3.4.- En suma, a tenor de las circunstancias de hecho relatadas y las razones de derecho desarrolladas, ha quedado demostrado que el servicio médico fue deficiente, y que compromete la responsabilidad de los demandados, por lo que propongo rechazar las quejas formuladas.

Daño material (pérdida de chance) 4.1.- Por este concepto se fijó la suma de $150.000 que propondré confirmar.

4.2.- En efecto, para arribar a dicha solución comienzo por señalar que en materia de responsabilidad civil la valoración de la vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía (ver esta Sala in re “Ruiz, Fernando Pablo c/ Maro, Oscar y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 103.321/2.000, del 04/02/2.016, entre muchos otros).

Este daño (arts. 1084 y 1109 del CC), calificado como un daño patrimonial indirecto, recae sobre aquellos bienes patrimoniales que el bien Fecha de firma: 09/05/2017 Alta en sistema: 11/05/2017 Firmado por: MARTA DEL ROSARIO MATTERA, BEATRIZ A. VERON #13423212#177158835#20170509134504720

personal (vida humana) habría hecho obtener al sujeto, indudablemente es un perjuicio cierto en la medida que se ha frustrado una probabilidad suficiente de beneficio económico (conf.Mayo, Jorge, A., “El valor económico de la vida humana y otras cuestiones “, LL 1988-B-65).

Como acertadamente sostiene Jorge Bustamante Alsina, el objeto de la indemnización será la “chance” misma en cuanto expectativa patrimonial a obtener un beneficio de resultado incierto (Teoría general de la responsabilidad civil, Ed Abeledo Perrot, pág. 153).

Por lo demás cabe señalar que ante el silencio del Código de Vélez, el CCyCom. ha practicado una correcta lectura de la vigente communis opinio, plasmándolo en el art. 1745 inc. “b”.

4.3.- Para la fijación de este renglón reparatorio, deben valorarse en relación con la víctima diversas circunstancias, como ser -entre otras- su capacidad productiva, edad, ingresos, profesión, sexo, vida probable, condiciones personales, y con relación al damnificado por el fallecimiento se debe considerar la asistencia que recibía, su edad, sus necesidades asistenciales, sexo y también vida probable (conf. ED. 61-606 y ED 54-505).

Además de los parámetros de fijación reseñados deben tomarse en consideración no el promedio de vida sino el de “vida útil” desde el punto de vista productivo y el quantum de las ganancias que la víctima destinaba a quien acciona, ya que no cabe computar los ingresos que destinara -en el caso- a su propio sostén. Deben tenerse en cuenta -asimismo- las alteraciones u oscilaciones previsibles en las ganancias fruto de la capacidad laborativa de la víctima y de la dinámica de la actividad que estaba desempeñando (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por Daños, T. 2· , pg. 180 y jurisprudencia citada).

4.4.- Sentado ello, considero que la suma estipulada resulta acorde a los daños materiales irrogados, considerando para ello que la Sra. Russo tenía 72 años de edad a la fecha de su deceso, ama de casa y modista, y que el accionante es jubilado y de modestas condiciones socioeconómicas (cfr. fs. 40/41 del BLSG) (art.165 del rito).

4.5.- Por lo demás, cabe agregar en función de la queja formulada por el Estado Nacional a fs. 935/936, que no promedia en autos violación del principio de congruencia procesal a tenor del alcance de la pretensión formulada (cfr. objeto demandado a fs. 30 vta.).

5.1.- Aquí también propiciaré confirmar la suma fijada en la instancia de grado que asciende a $250.000.

5.2.- En efecto, llego a tal solución pues participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, a más de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, en” Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, nº 1, 1992, p. 237 a 259; Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, en J.A.

1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, “El concepto de daño moral”, J.A., 985-I-727 a 732).

Como he señalado en numerosos precedentes (ver mis votos in re “Naranjo, Carmen Elizabeth y otro c/ Jin Guang Hua y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte.

N° 66.952/2.006, del 28/10/2.014; idem, “Luciani, Nelly c/ Herszague, León y otros c/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 21.920/2006, del 13/8/2010; “Peralta, Daniel Oscar c/ Ttes. Metrop. Gral. San Martín y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 33.299/2005, del 10/5/2010; “Burcez, Elizabeth G. c/ Aguas Arg. S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 115.335/2005, del 22/4/2010, entre otros) este particular nocimiento importa una minoración en la subjetividad de la persona derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, R., Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 2, pág. 641).

5.3.- A la hora de precisar el resarcimiento, debe meritarse la naturaleza del interés lesionado, aquí las profundas implicancias -menoscabo- generado en el espíritu, ánimo del accionante a raíz de la inesperada muerte de su esposa. Ante la complejidad de la tarea y lo dispuesto por el art. 165 del rito, considero que en la sentencia en crisis se arribó a la suma citada que debe ser confirmada (art. 165 CPCCN).

Daño psíquico y gastos 6.1.- No se fijó reparación por daño psíquico, pero sí en concepto de gastos para su tratamiento ($15.000) y también la de $5.000 para atender gastos médicos y de traslados.

6.2.- Comienzo por señalar que cuando se produce un daño psíquico, se modifica o altera la personalidad del sujeto y se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etcétera, cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico (ver esta Sala in re “Dasa, Juan c/ Cascardo, Edgardo s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 63.793/2.010, del 11/10/2012; ídem, “Mendoza Geraldino c/ GCBA s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 110.751/04, del 11/11/10; ídem “Gómez, Zulma c/ Ttes. La Perlita S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 63.344/2002, del 02/5/2007, entre otros; Milmamiene, José, “El daño psíquico”, en Los nuevos daños, Coord.Carlos Ghersi, págs. 72/78).

Ello es lo que diferencia a este nocimiento del daño estrictamente “moral” o “espiritual” pues si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquél reviste connotaciones de índole patológica (CNCiv., Sala K, “Mello, María M. c/ Transporte del Oeste S.A. s/ Ds. y Ps.”, del 19/10/2007; ídem, Sala B, “Tonus, Gastón c/ Creao, Pablo s/ Ds. y Ps.”, del 10/9/2004), por lo que lo que aquí se indemniza es la falta de salud mental (CNCiv., Sala B, “R. G., O. L. c/ T.B.A. s/ Ds. y Ps.”, del 29/8/2009) (ambos precedentes son publicados por la “Revista de Derecho de Daños”, 2009 – 3, “Daños a la persona”, págs. 363/364).

6.3.- Contamos aquí con el informe pericial de fs. 779/783 (y fs. 810), a través del cual corresponde tener por demostrado detrimento de esta naturaleza (“reacción vivencial anormal neurótica) pues a raíz del suceso de autos ha sufrido episodios depresivos que conformaron un estado de violencia psíquica de fuertes consecuencias (fs. 782).

Se comprobó una minusvalía que alcanza el 20% (cfr. fs. 783), sin perjuicio de lo cual el entendido informó también acerca de diferentes factores ajenos al siniestro que inciden en el referido baremo (fs. 782 vta./783), y que por tanto desde luego pondero a los fines del justiprecio.

Asimismo, aconseja la realización de tratamiento psicoterapéutico, y estima su costo (ver fs. 782 vta., ptos. “d” y “e”, fs. 783 y fs. 810).

6.4.- En su mérito, propongo fijar por daño psíquico la suma de $100.000 (calculada a la fecha del pronunciamiento recurrido), y confirmar la concerniente con los gastos para su tratamiento, y también la atinente a los gastos de farmacia y traslado por resultar ajustada a las circunstancias del caso (art.165 CPCCN).

Tasa de interés 7.1.- Aquí se reclama la aplicación de la tasa pasiva, temperamento que propondré adoptar.

7.2.- En efecto, es que sin perjuicio que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero, corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, lo cierto es que a la par corresponde ponderar si la aplicación de la misma en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implicaría una “alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”, precisamente lo que acontece en el sub examine.

7.3.- Considero que en caso de accederse a lo reclamado por la parte actora, se produciría un efecto no querido, un resultado contrario y objetivamente injusto, una alteración del significado económico del capital de condena y por tanto configura un enriquecimiento indebido (esta Sala, “Vallejo, Dalio Simón y otro c/ Tecnipisos S.A. y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 36.555/2.012, del 05/11/2.015; idem, “Gutiérrez, Luis A. c/ Luciani, Daniela C. s/ Ds. y Ps.”, Expte.

Nº 69.941/2005, del 10/8/2010, entre muchos otros).

7.3.- En la especie las indemnizaciones han sido fijadas según valores a la fecha del pronunciamiento recurrido y en los términos del art.165 del rito, pues en casos como el sub examine nos encontramos en el terreno de las “obligaciones de valor”, categoría obligacional que las distingue de las “dinerarias” pues aquéllas resultan sensibles a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de allí su carácter correctivo que permiten sortear el escollo legal en materia de desvalorización monetaria.

Por tanto, desde la mora debitoris hasta la fecha de la sentencia definitiva de la anterior instancia, se devengará la tasa pasiva del B.C.R.A., y recién desde ese momento hasta el pago efectivo, la activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Plazo para el c umplimiento de la condena 8.1.- El Estado Nacional cuestiona lo decido en la instancia de grado, y requiere su adecuación a las previsiones establecidas en la ley 23.982.

Coincido con lo dictaminado por el Ministerio Público, y propondré el rechazo de esta queja.

8.2.- En efecto, por lo pronto la citada norma dispuso que a partir de su entrada en vigencia (el 23/08/91) el Poder Ejecutivo Nacional debía comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de las obligaciones de causa o título posterior al 1/4/91 que carecieran de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuestos del año siguiente al del reconocimiento.

Sin perjuicio de ello, lo cierto -y determinante- es que corresponde ponderar la especial naturaleza del crédito perseguido en autos, que apareja que tal previsión normativa que fue concebida para ordenar la situación financiera del Estado, no resulta aplicable en el sub examine en tanto aquí configura un supuesto de excepción: se impone considerar la génesis de la obligación indemnizatoria y el derecho a una reparación integral (doct. art. 1083, art. 1740 CCyCom.), especialmente en función de la edad de la avanzada del accionante (87 años), además de su comprobado estado de salud (cfr. Acáp.N° 6).

Ante la naturaleza alimentaria del crédito, cabe prescindir de la mecánica operativa del art. 22 de la ley 23.982 en tanto importa la postergación del cobro de la indemnización a la que tiene derecho, considerando la edad del actor, que colisiona con el derecho a la vida y a la dignidad de las personas (CNCiv., Sala K, “Graziuso, Cosmo c/ Santamaría, Aníbal”, del 17/12/2.001, LL 2003-A-826).

Decidir conforme requiere el Estado apelante conduce a incumplir la propia Ley Fundamental (art. 75 inc. 22 de la C.N.) y la suscripción de compromisos internacionales como la “Declaración Universal de Derechos Humanos” (arts. 3, 8, 17, 25 y ccds.), el “Pacto de San José de Costa Rica” (arts.

4, 5, 8 y ccds., etc.).

8.3.- En suma, corresponde entonces dar preeminencia al espíritu y a los fines de la ley en tanto se relacionan con los principios fundamentales del Estado de derecho, pues es la vía para arribar a soluciones justas en función de las circunstancias del caso, que exigen alejarse de interpretaciones mecánicas (CSJN “Saguir y Dib, Claudia G.”, del 06/11/1980, Fallos 302:1284; “Petrelli, Claudio c/ Ministerio del Interior”, 24/6/2.004, Fallos 327:2551, entre otros).

9.- Por las consideraciones expuestas, doy mi voto para: a) Fijar indemnización por daño psíquico en la suma de $100.000; b) Modificar lo concerniente a la tasa de interés (acápite N° 7); c) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio; La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mi que doy fe.- Se deja constancia que la Dra.Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia ( art. 109 del R.J.N.).- ///nos Aires, mayo de 2017.- Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:a) Fijar indemnización por daño psíquico en la suma de $100.000; b) Modificar lo concerniente a la tasa de interés (acápite N° 7); c) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio; d) A tenor de la naturaleza de las quejas formuladas y el resultado obtenido, las costas de Alzada se imponen a las demandadas (art. 68 CPCCN y doct. art. 1083 CC).

En atención a lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde revisar las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia a fs. 890/891 para, eventualmente, modificarlas.

En función del monto de capital por el cual prospera la demanda, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 37, 39 y ccds. de la ley 21.839, se confirman los honorarios regulados a favor de los letrados intervinientes.

Asimismo y de conformidad con lo normado por el art. 478 del CPCCN, también se confirman los honorarios fijados a favor de los peritos y lo resuelto sobre el mediador (cfr. art. 21 inc. 3° y art. 23 decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573, y la modificatoria por el art. 4° del Decreto 1465/07, Decreto 2536/15).

Por último, por la labor realizada en la Alzada y de conformidad con las pautas fijadas por el art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. A. F.

T. y G. V. D. S. en la suma de cuarenta y ocho mil pesos ($48.000), los del Dr. C.

A. P. L. en la de setenta y cinco mil pesos ($75.000), los del Dr. H. L. M. en la de cincuenta mil pesos ($50.000), y los de Dra. M. I. O. en la de cuarenta mil pesos ($40.000).

Se deja constancia que la Dra.Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia ( art. 109 del R.J.N.).- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-