Procedencia de la sanción disciplinaria impuesta al letrado que, además de firmar el contrato de mandato con su cliente, firmó un mutuo con intereses contrapuestos a los de aquel

Partes: C. R. c/ Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Jujuy s/ apelación de sanciones administrativas de colegios profesionales

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala/Juzgado: III

Fecha: 30-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104889-AR | MJJ104889 | MJJ104889Sumario:

1.-Corresponde mantener la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, pues la ponderación efectuada sobre el conflicto de intereses de un abogado que asume la tutela de los intereses de un cliente y a la vez también realiza otro contrato oneroso en donde ipso facto enfrenta su propio interés como acreedor de una obligación de dar una suma de dinero en cabeza de su cliente, distinta a la del contrato de mandato profesional para la actuación judicial y extrajudicial, está bien fundada en la órbita de discrecionalidad, cuya impugnación en sede judicial aparece como un mero desacuerdo sobre el mérito de la sanción disciplinaria impuesta. (Del voto del Dr. Baca, al que adhiere la Dra. Falcone – mayoría)

2.-La impugnación realizada a la sanción de multa supone un criterio discrepante con el alcance de la configuración de lo ilícito en orden a la transgresión de la ética profesional, cuyo mérito constituye por regla general una materia reservada y exclusiva del Tribunal de Disciplina, al valorar los estándares para el correcto ejercicio de la abogacía. (Del voto del Dr. Baca, al que adhiere la Dra. Falcone – mayoría)

3.-Debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad intentado, pues fijar hechos para regular conductas es cometido que depende de la valoración que el juzgador asigna a las pruebas producidas durante el desarrollo de la contienda lo que, como tantas veces se ha dicho, es cuestión reservada a la potestad de los Magistrados de la causa y supera el acotado límite legalmente previsto para esta instancia extraordinaria salvo que, por mediar ostensible apartamiento de las reglas que regulan la formación de la decisión judicial, se concrete un resultado absurdo e impregnado de injusticia. (Del voto del Dr. González – disidencia)

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, los señores jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, doctores Sergio Ricardo González, Pablo Baca y Clara D. L. de Falcone, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CA-12.919/16, caratulado “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº C-053.468/2015 (Tribunal Contencioso Administrativo- Sala I- Vocalía 1) Apelación de sanciones administrativas de colegios profesionales: C. R.c/ Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Jujuy”.

El Dr. González dijo:

Mediante sentencia del 8 de agosto de 2016, la Sala de la referencia hizo lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la resolución dictada por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Jujuy registrada al LA Nº II Fº 56/58 Nº 114 del 30 de setiembre de 2015.

Para así decidir, considera que los hechos atribuidos a la profesional recurrente como faltas éticas no se configuran como tales, por lo que sanción aplicada (multa) se encuentra viciada en su causa.

Puntualiza que la falta imputada consiste en la incompatibilidad entre el contrato de mandato celebrado entre el denunciante y la letrada, por el cual la misma lo asiste en diversos procesos judiciales que se individualizan, y el contrato de mutuo cumplido entre ambos del cual -a criterio del Tribunal de Ética- surge un conflicto de intereses en tanto mientras el denunciante afirma haber recibido la suma de $4.500 y el juicio ejecutivo promovido a su respecto consigna un capital de $22.500, la discusión sobre el monto del préstamo originó ese conflicto debido a la inexistencia de prueba del contrato de mutuo que sirva de antecedente al pagaré ejecutado para determinar la fecha del préstamo, causa y monto para que las cuentas quedaran claras.

Afirma el tribunal que, sin analizar los caracteres de cada uno de esos contratos, de la prueba analizada no surge acreditada lafalta ética atribuida a la profesional, menos aún la incompatibilidad o conflicto de intereses entre la calidad de representante legal, su accionar en los procesos judiciales que se le confiaran y la celebración del negocio jurídico (contrato de mutuo) que ambos reconocen, incluyendo el denunciante el reconocimiento de la suscripción del documento que ejecutara.

Sostiene que, de ser cierto que el monto reclamado en aquel no resulta coincidente con el que la letrada facilitara al Sr. Olmos, éste tenía a su alcance las vías ordinarias y penales para poner las cosas en su quicio, lo que no ocurrió o, al menos no fue acreditado en autos. Antes bien, no compareció al proceso ejecutivo hasta la deducción del incidente de nulidad que fuera desestimado.

Apunta que no advierte en la denuncia la falta cometida por la recurrente que hubiera puesto en riesgo grave la defensa de su representado, o que hubiere quebrantado su confianza. Las alegaciones formalizadas ante el organismo administrativo solo denotan un desacuerdo con el cobro de la suma de dinero que surge del instrumento oportunamente rubricado evidenciando obvias dificultades para su pago, razones que motivan que acoja el recurso de apelación deducido.

En su contra, deduce recurso de inconstitucionalidad el Dr. Fernando R. M. Zurueta, en su carácter de Presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, con el patrocinio letrado de la Dra. María Cecilia Rodríguez (fs. 23/35).

Luego de sustentar su legitimación, indica que la sanción revocada fue aplicada en el expediente Nº 55/2013 del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Jujuy, caratulado “Facundo Primitivo Olmos formula denuncia c/ Dra. R. C.”, en el que se impuso a la profesional la multa disciplinaria de $6.000 con fundamento en el art. 58 inc. “c” de la ley 3329 y sus modificatorias.

En lo que aquí es menester señalar analiza que, a la luz de las constancias autos, no se encuentra controvertida la celebración de contratos de mandato y mutuo ya que tanto el denunciante como la profesional confirman su existencia; el Sr.Olmos enfatiza la adulteración de las condiciones del préstamo de dinero otorgado por la letrada y derivado en ejecución de mayor cuantía mediante el llenado del pagaré que sirvió de base al expediente Nº B-279.239/12 caratulado “Ejecutivo: C. Raimunda c/ Olmos Facundo Primitivo”, situación desconocida por la denunciada quien afirma que aquel debió ejercer su defensa en la citada causa por lo que se encuentra eximida de responsabilidad, siendo cuestión ajena al ejercicio profesional.

La letrada embargó los haberes del denunciante en el marco del juicio ejecutivo y, deducido incidente de nulidad, el mismo fue rechazado por cuestiones formales.

El Tribunal de Ética y Disciplina consideró que se trata de dos contratos entre el denunciante y su letrada cuya incompatibilidad surge manifiesta de lo acontecido, siendo irrelevante que se alegue que el préstamo resulta ajeno al ejercicio profesional toda vez que el dinero fue ofertado y aceptado por el denunciante en el ámbito del ejercicio profesional de la letrada, en su estudio jurídico en ocasión y con motivo de haber ejercido su representación en los juicios que se individualizan. Afirma que el domicilio constituido en ellos y en el proceso ejecutivo es el mismo, de lo que surge que las negociaciones se llevaron a cabo en su estudio jurídico y en forma conjunta a la fecha de ejercicio del mandato, conductas incompatibles con las reglas éticas.

Para ello se consideró que el mutuo es un contrato informal que puede ser celebrado verbalmente y probado por todos los medios de prueba admitidos para los contratos en general (art. 2246 del Código Civil y concordantes), que el denunciante y su letrada discrepan en el monto entregado y ello originó el conflicto de intereses dada la inexistencia de prueba del contrato mutuario que sirva de antecedente al pagaré ejecutado y, en esta posición abogado-representado, el deber reposa sobre quien mayor conocimiento tiene de las cuestiones jurídicas.Considera que en el caso debió la abogada entregar al denunciante las condiciones en que otorgara el préstamo habida cuenta de su condición.

Refiere a las nuevas reglas del mandato y puntualiza que, conforme al art. 1325 del Código Civil y Comercial, si media conflicto de intereses entre mandante y mandatario éste debe posponer los suyos en la ejecución del mandato o renunciar. Del mismo modo, la obtención -en el desempeño del cargo- de un beneficio no autorizado por el mandante, hace perder al mandatario su derecho a la retribución, por lo que concluye que la confusión entre abogado representante y acreedor ejecutante resulta irritante a un elemental sentido de justicia y equidad teniendo en cuenta lo que expresamente se legisla sobre el conflicto de intereses entre mandante y mandatario.

Formula otras consideraciones y, al concretar agravios, dice de la arbitrariedad de la sentencia por absurda valoración de la prueba. Afirma que las propias conclusiones de la sentenciante, de las que surge que no analizó la naturaleza de los contratos, sustentan su agravio en tanto el Tribunal de Ética y Disciplina la tuvo en cuenta.

Para concluir con sus apreciaciones sobre la ausencia de acreditación de la incompatibilidad o el conflicto de intereses entre la calidad de representante legal, su accionar en los procesos judiciales y la celebración del contrato de mutuo, no pudo menos que examinar prolijamente la naturaleza jurídica de cada uno de ellos, lo que configura la causal de arbitrariedad que sustenta su agravio.

Sostiene que es la conducta desplegada por la profesional la que terminó en el quebrantamiento de los deberes de lealtad y culminaron con el litigio entre ambos por intereses contrapuestos que llevaron a la sanción aplicada.

Expone que uno de los pilares fundamentales de la relación de los abogados con sus clientes radica en el hecho de reforzar permanentemente la confianza del mismo hacia su letrado, lo que no se consigue con montar dentro de un estudio jurídico una suerte de financiera en la que al mismo tiempo y en el mismo lugar se ofrezca asesoramiento para conflictoslegales, tareas profesionales judiciales y extrajudiciales, defensa de los intereses del consultante y dinero a préstamo a una tasa de interés que por supuesto impondrá el abogado a su “mandante”, quien reviste también la condición de “deudor”. Indica que el abogado concretará esa actividad desde una posición de inocultable superioridad intelectual y económica.

Si el cliente recurre a un mutuo es porque necesita esos fondos y el aceptar sin tapujos esa clase de negociación conduce a dar sustento al desarrollo de tareas altamente incompatibles dentro de un mismo ámbito. Afirma que si el abogado quiere ser prestamista debe abrir una financiera cumpliendo los requisitos legales y anunciándolo claramente en el lugar que elija para ello, que deberá estar perfectamente diferenciado de su estudio, no disimularlo tras un cartel de estudio jurídico al que ingresarán clientes pidiendo ayuda por cuestiones legales para terminar celebrando un mutuo bajo las aludidas condiciones al tiempo que se les promete fidelidad incondicional.

Postula que la pugna ética y moral no puede ser más evidente y deleznable considerando que desde la firma del pagaré que garantiza ese préstamo se crean “dos partes” que se colocan en veredas diferentes, quedando dañados la dignidad y el decoro profesional y menoscabado el mandante, tenga o no conciencia de ello.

La existencia de ese contrato junto con el de mandato podría llegar a afectar el celo y la ineludible parcialidad con la que cabe que actúe el letrado inclinándose siempre hacia la defensa de su mandante que revestirá durante la concreción de la labor profesional el doble carácter de cliente y deudor.

Refiere también al análisis producido por el tribunal a quo respecto de la conducta del denunciante indican do que se desecha por ese motivo evaluar la conducta profesional de la letrada, copiando parte de su recurso con respecto a los montos discutidos entre las partes cuando esas cifras no tienen relación de antecedentes con la conducta desplegada.El Tribunal de Ética y Disciplina no consideró las cifras discutidas sino la incompatibilidad entre los contratos realizados mientras la profesional ejercía el mandato y, a la vez, ejecutaba el mutuo a su mandante.

Con respecto a la falta de actuaciones penales afirma, con cita de antecedente, que ellas no han sido tenidas en cuenta para resolver cuestiones en el ámbito del Tribunal de Ética que ha sentado precedente en expediente Nº 86/2014 en el que expresó que “tales antecedentes penales en manera alguna impiden que este Tribunal merite la conducta del letrado ya que se ventilan conductas profesionales en el ámbito de la ley 3329/76, mientras que en el fuero penal se juzgan acciones delictuales (.) ello así ya que las actuaciones disciplinarias por inconductas profesionales deben ejercitarse sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.” Afirma que lo considerado por el Tribunal Contencioso Administrativo sienta un precedente irracional en virtud del cual todos los denunciantes que promuevan la actuación del Colegio con motivo de inconductas profesionales deberán también conjuntamente realizar denuncias penales y acciones civiles, lo que resulta de una arbitrariedad manifiesta y reposa solo en la voluntad del sentenciante.

Las faltas y sanciones disciplinarias refieren a bienes jurídicos de contenido distinto al que custodian las figuras delictivas del derecho penal y las faltas del derecho disciplinario, de lo que se colige que la actitud asumida por el promotor del expediente administrativo en un eventual juicio civil o criminal resulta indiferente a los efectos de la procedencia de la sanción disciplinaria en razón de que la misma posee entidad propia al margen de una eventual responsabilidad civil o penal.

En el punto, el art. 54 de la ley 3329/76 establece que es obligación del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la abogacía y la procuración y el decoro profesional.A esos efectos se le confiere el poder disciplinario que ejercitará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y de las medidas que puedan aplicar los magistrados judiciales, lo que deja en claro la diferencia existente entre las responsabilidades administrativas, penales y civiles, que estriban fundamentalmente en los valores que cada uno de ellos atienden, los bienes jurídicos que tutelan como los fines que persiguen, lo que trae como consecuencia que una conducta que no sea considerada delictiva configure una falta ética cuya aplicación cabe con independencia de la actitud que pueda haber tenido el denunciante. Tan es así que la circunstancia de que se desista de la denuncia disciplinaria no es obstáculo para la prosecución del trámite administrativo y la aplicación de una eventual sanción.

Corrido traslado del recurso, concurre a contestarlo la Dra. R. C. en ejercicio de sus propios derechos (fs. 50/53), solicitando su rechazo.

Refiere en lo medular que según la recurrente mediaría incompatibilidad entre el contrato de mandato que liga al profesional y el cliente y la celebración de un contrato de mutuo, aún cuando este último resulte ajeno por completo a las cuestiones judiciales bajo atención profesional.

Afirma que con ese criterio se coloca a los abogados en situación de ciudadano de segunda categoría ya que no podrían celebrar contratos con sus clientes aún cuando fueran completamente ajenos al mandato.

La cuestión esencial es que el contrato celebrado con el cliente no tenga nada que ver con el proceso ni implique que el letrado pase a tener un interés personal directo en su suerte. En el caso, el vínculo contractual con su cliente no afecta en lo más mínimo la eficacia de su defensa y alude que las copias adjuntas de expedientes dan cuenta de su frondosa labor profesional que culminó incluso exitosamente.En modo alguno violó el deber de lealtad.

En ningún momento tuvo interés contrapuesto al de su cliente en los procesos en que lo representaba.

Formula otras consideraciones a las que remito en mérito a la brevedad.

Integrado el Tribunal, los autos fueron llevados a dictamen de la Fiscalía General que se expide por el rechazo del recurso en conclusión que, anticipo, comparto.

Tal como lo sostuviera en mi voto en sentencia registrada al LA Nº 57 Fº 702/709 Nº 182, “previo al análisis del caso puntual sometido a consideración de este Cuerpo, estimo menester destacar la relevante misión que incumbe a los tribunales de ética profesionales para velar por una prestación de servicios conforme a las reglas específicas y que el impacto de esta labor no se traduce sólo con relación al cliente o eventual denunciante de un proceso sancionatorio sino en la meritación social de la labor de los profesionales que agrupa el colegio respectivo.”

“Autorizada doctrina que comparto ha sostenido que el sistema de los tribunales de disciplina de abogados `confía a los propios pares la observancia de la recta conducta profesional, (y) es consecuencia generalmente de la colegiación obligatoria.(.) El autocontrol disciplinario supone que las infracciones a las reglas éticas, del decoro y la corrección profesional, no pueden ser juzgadas más que por sus órganos colegiales -los tribunales de disciplina- los cuales, integrados por sus pares, están en mejores condiciones que cualquier otro juez para valorar por experiencia propia, en cada circunstancia particular, si la conducta del inculpado es censurable o no. La especificidad de la norma ética explica la conveniencia de encomendar su juzgamiento al Colegio´”.

” `Es cierto que acordar a una entidad distinta del propio estado la potestad de imponer sanciones significa erigirla en guardián de intereses generales superiores.Pero no se trata de una demasía legislativa, ni de una potestad otorgada arbitrariamente, sino, simplemente, de pedir, o, mejor aún, exigir a quienes ejercen la Abogacía que sepan ellos mismos imponer las sanciones condignas a quienes no están a la altura de su delicado y trascendente ministerio´”.

“`(.) La adopción de este régimen no excluye. el empalme jurisdiccional, a través de la vía recursiva contra las decisiones de los órganos disciplinarios, en determinados supuestos de particular gravedad. Bien que, como principio, la apreciación de la conducta de los profesionales es privativa de éstos´ (Morello, Augusto M. – Berizonce, Roberto O., Abogacía y Colegiación, Ed. Hammurabi, 1981, pág. 76/77).”

También dije entonces que “En tal sentido, ha resuelto este Superior Tribunal en anterior integración y en fallo citado por el a quo (L.A. 50 Fº 60/62 Nº 27) que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que `en el ámbito administrativo-disciplinario existe la necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas lícitas´ (CS mayo 4-1993), pues `la justicia debe limitarse a ejercer control de legalidad y razonabilidad y no mediando tales extremos o injusticia notoria, no puede inmiscuirse en el análisis sobre el mérito o conveniencia del acto´ (CS, 04-05-2000).”

Siendo tales las reglas que han de primar en el análisis de casos como el presente, comparto lo aseverado tanto en el decisorio ahora en crisis como en el dictamen fiscal.

Señala este último que de los términos del recurso se advierte que el mismo traduce una mera disconformidad del quejoso con el criterio sustentado por el Tribunal al tiempo de resolver la causa, lo que no configura causal para la apertura de esta instancia extraordinaria.

Indica que la Sala ha valorado correctamente los elementos de prueba aportados y que no existe una prohibición legal expresa en el Estatuto de la Abogacía y la Procuración (ley 3329) que permitasostener la sanción impuesta sin incurrir en arbitrariedad.

Por otra parte apunta que se trata de un proceso sancionatorio en el que los dichos del actor no surgen probados en modo alguno por lo que debe aplicarse el principio fundamental de “in dubio pro reo”.

Por esos argumentos y los esgrimidos por el Tribunal a los que adhiere, postula el rechazo del recurso.

De una compulsa detenida de las constancias del principal no surge arbitrariedad alguna en la valoración de la prueba producida por el Tribunal a quo para resolver como lo hizo.

Siendo así, cabe reiterar aquí que a los fines casatorios y/o de inconstitucionalidad, los litigantes no pueden soslayar la obligación de precisar concretamente, a través de un análisis razonado y mesurado, en qué consiste el agravio que causa el pronunciamiento, pues no basta que manifieste que el Tribunal ha violado la ley sustantiva o que omitió aplicar las reglas de la sana crítica. Ello deberá demostrarse y expresarse clara y concretamente, ya que las generalizaciones conceptuales no son idóneas para fundar estos remedios excepcionales. La doctrina es conteste en afirmar que no basta con que se cite la ley que se considera aplicable, inaplicable o infringida, sino que ha de expresarse además, en qué consiste su infracción o inaplicabilidad (cfr. L.A. 29 Fº 106/108 Nº 44).

Tengo dicho de modo reiterado que “fijar hechos para regular conductas es cometido que depende de la valoración que el juzgador asigna a las pruebas producidas durante el desarrollo de la contienda lo que, como tantas veces se ha dicho, es cuestión reservada a la potestad de los Magistrados de la causa y supera el acotado límite legalmente previsto para esta instancia extraordinaria salvo que, por mediar ostensible apartamiento de las reglas que regulan la formación de la decisión judicial, se concrete un resultado absurdo e impregnado de injusticia.” L.A.Nº 53 Fº 1492/1494 Nº 509).

“De tan claro como riguroso principio sólo es posible apartarnos en caso de “ostensible absurdo, patentiz ado cuando el sentenciante prescinde de prueba incuestionablemente relevante, cuando se apoya en alguna inconducente, inexistente o irregularmente incorporada al proceso, o cuando el juicio de valor sobre algún elemento de convicción, devela voluntarismo inconsecuente con la lógica del razonamiento científico”, según lo expresé al emitir mi voto en L.A. Nº 49 Fº 888/889 Nº 296, adhiriendo así al inveterado criterio sentado por este Tribunal, en línea con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.” (L.A. 49 Fº 1237/1240 Nº 415), extremos que en modo alguno se verifican en el caso.

Por el contrario, como quedara expuesto, el Tribunal ha desarrollado, con adecuada valoración de la prueba, las razones por las cuales resolvió como lo hizo.

Por lo expuesto, propongo el rechazo del recurso de inconstitucionalidad tentado.

Finalmente, propongo eximir de costas al Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy por aplicación del art. 102, 2º párrafo del CPC, en tanto el mismo actúa en ejercicio de un poder público y en defensa del interés general (Fallos 243:398 y 463; 288:433 y 300:895, entre otros). Los honorarios profesionales de la Dra. María Cecilia Rodríguez habrán de establecerse en la suma de ($.) por aplicación de la acordada Nº 96/2016. No se regulan honorarios a la Dra. R. C. porque no puede percibirlos en causa propia.

El Dr. Baca dijo:

Respetuosamente disiento con el voto que antecede.

En lo que respecta a la descripción de los antecedentes que hacen a la materia de este recurso, remito a lo expuesto en el voto precedente.

Ahora bien, para fundar esta disidencia considero importante empezar por destacar la naturaleza jurídica del Colegio de Abogados de la Provincia y el Tribunal de Ética y Disciplina (en adelante TED) que lo integra. El Colegio de Abogados constituye una persona jurídica de Derecho Público de naturaleza no estatal.Cumple con funciones de interés general delegadas por el Estado en un marco legal que delimita sus potestades.

El rol que cumple el Colegio Abogados es público en la medida en que atañe al interés general el ejercicio profesional de la abogacía y en cuya órbita cae no sólo la autorización para ejercerla (matrícula previa obtención del título habilitante), sino también el control de su ejercicio. Por eso, desde el punto de mira jurídico, forma parte del derecho administrativo la potestad disciplinaria imprescindible de la que goza el TED para el desempeño de sus funciones.

Esto surge del derecho público local. Las sanciones del TED son recurribles ante los estrados judiciales de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 apartado 3 de la Constitución de la Provincia, al disponer que: “Las Asociaciones que por delegación del Estado ejercieren el control de la actividad profesional, deberán circunscribir su función a la ley que establezca los límites de la delegación y las facultades disciplinarias. Sus resoluciones serán recurribles ante la Justicia”, en concordancia con el art. 167 inc. 14 de la Constitución de la Provincia, que establece que al Superior Tribunal de Justicia le corresponde “decidir en última instancia las cuestiones que se suscitaren con la matrícula de los abogados”.

Las sanciones disciplinarias administrativas, en el caso una multa impuesta por el TED, pueden ser revisada en sede judicial en su razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, conforme he sostenido en sentencia L.A. Nº 1, Fº 67/68 Nº 21. Dentro de esos límites la apreciación sobre una infracción constituye una legítima discrecionalidad del poder disciplinario administrativo del TED. Tal discrecionalidad impide que la revisión jurisdiccional pueda llegar a entrometerse en el mérito, oportunidad o conveniencia de las sanciones impuestas.

La letrada apelante ha dedicado su impugnación a la inexistencia de falta de ética en su conducta. Esta ponderación corresponde a los estándares proporcionados por las nociones de ética profesional.La atribución de un conflicto de intereses concierne al ámbito propio de valoración sobre el mérito y conveniencia de la sanción, previo análisis de un estándar de buen comportamiento profesional sobre la base de antecedentes fácticos apreciados por el TED.

En la especie es relevante que no se haya controvertido ni la violación al debido proceso, ni la violación al derecho de defensa, ni la irrazonabilidad de la sanción, sino sólo la configuración del ilícito en la invocada ausencia de conflicto de intereses entre el mandato profesional y el mutuo dinerario cuyo perfeccionamiento reconoció la letrada apelante.

La impugnación realizada a la sanción de multa, en este sentido, supone un criterio discrepante con el alcance de la configuración de lo ilícito en orden a la transgresión de la ética profesional, cuyo mérito constituye por regla general una materia reservada y exclusiva del TED, al valorar los estándares para el correcto ejercicio de la abogacía.

Es que al no estar controvertida la existencia de ambos contratos, el de mutuo oneroso y el de mandato profesional, no pueden ser interpretados de manera aislada. Tienen una vinculación configurada en el hecho de ser las mismas personas que han celebrado contratos distintos.La existencia de los dos contratos revela, cuando menos, una gama de intereses contrapuestos que fueron legítimamente valorados por el TED.

Por eso entiendo que la ponderación del TED sobre el conflicto de intereses de un abogado que asume la tutela de los intereses de un cliente y a la vez también realiza otro contrato oneroso en donde ipso facto enfrenta su propio interés como acreedor de una obligación de dar una suma de dinero en cabeza de su cliente, distinta a la del contrato de mandato profesional para la actuación judicial y extrajudicial, está bien fundada en la órbita de discrecionalidad, cuya impugnación en sede judicial aparece como un mero desacuerdo sobre el mérito de la sanción disciplinaria impuesta.

Por ello juzgar sobre el conflicto de intereses entre los reconocidos contratos celebrados importa ingresar en la órbita de la discrecionalidad disciplinaria del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados.

Por los fundamentos expuestos, me pronuncio por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y conforme a lo establecido en el art. 103 del Código Procesal Civil, impongo las costas de la presente instancia extraordinaria por el orden causado.

Tal es mi voto.

La Dra. deFalcone, adhiere al voto del Dr. Baca.

Por lo expuesto, la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Fernando Zurueta, en su carácter de Presidente del Colegio de Abogados de Jujuy. En su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo el 8 de agosto del año 2016 y rechazar el recurso de apelación deducido en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy registrada al L.A. Nº II, Fº 56/58, Nº 114.

2. Imponer las costas de esta instancia por el orden causado.

3. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Ricardo González; Dr. Pablo Baca; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. María Cecilia Domínguez – Secretaria .