El Estado es responsable por el fallecimiento de un interno que se quitó la vida con un cable dentro del establecimiento penitenciario donde estaba alojado

Partes: S. M. A. E. c/ Estado Nacional – Ministerio de Seguridad PFA s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 11-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104971-AR | MJJ104971 | MJJ104971

Sumario:

 

1.-Corresponde condenar al Estado Nacional a reparar los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de la pareja de la actora luego de quitarse la vida con un cable dentro del establecimiento penitenciario donde estaba alojado, pues existió una violación del deber de cuidado ya que si bien el fallecido había sido despojado de todos los elementos que podía utilizar para infligir daño a sí mismo o a terceros, el calabozo contiguo sí tenía acceso a una radio, cuyo cable de alimentación había utilizado para ahorcarse.

Fallo:

En Buenos Aires, a 11 de mayo de 2017, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer de los recursos interpuestos en los autos “S. M., A. E. c/ EN – Mº SEGURIDAD – PFA s/ daños y perjuicios”, contra la sentencia de fs. 444/451vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que A. E. S. M., por su propio derecho y en representación de sus hijos R., S., H., V., M.B., A., D., D., M., D. y D. -por entonces, todos menores de edad-, promovió la presente demanda contra el Estado Nacional (Ministerio de Seguridad – Policía Federal Argentina en adelante, PFA) con el objeto de que se reparasen los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su pareja y padre de los nombrados, H. F. B., ocurrido el 06/03/10 en una celda de detención de la delegación de la PFA en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

2º) Que, por sentencia de fs.444/451vta., el señor juez de la anterior instancia decidió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional a abonar a los actores la suma de $ 1.145.600, en concepto de lucro cesante, tratamiento psicológico, gastos de sepelio y daño moral, con más los intereses devengados a la tasa pasiva desde la fecha en que el hecho ilícito se produjo -a excepción de los correspondientes a las sumas reconocidas por el rubro mencionado en segundo término, que correrían a partir de la fecha de la sentencia-, y hasta su efectivo pago.

Para decidir de tal modo, y previo a toda consideración, el sentenciante de grado precisó que, conforme reiterada jurisprudencia, los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquéllas que estimen relevantes y conducentes para sustentar sus conclusiones.

Por otro lado, recordó que la responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del derecho público, cualquiera fuera el órgano causante del daño, podía surgir de una infinidad de situaciones, y precisó que ella, con la correlativa obligación de indemnizar, podía existir sin las conocidas nociones de culpa, riesgo objetivo y enriquecimiento sin causa, y con total prescindencia de la licitud o ilicitud de la actividad generadora del perjuicio.

Refirió los presupuestos que tornan procedente la responsabilidad estatal y, toda vez que en autos se pretendía la indemnización de los daños y perjuicios derivados de una omisión del deber de cuidado imputable al Estado Nacional, señaló que era imprescindible que quien invocara el derecho a un resarcimiento demostrara la existencia del hecho dañoso -en el caso, la custodia deficiente de un interno- y, a su vez, que ese suceso fuera la causa fuente del menoscabo alegado.

Tras individualizar los requisitos necesarios para su procedencia y señalar que “la responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos . es siempre una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de la falta de servicio.” (v. fs.446), indicó que correspondía dilucidar si en autos había quedado debidamente demostrada la existencia del hecho dañoso invocado y, asimismo, si los perjuicios alegados fueron consecuencia directa de ese hecho.

Así las cosas, apuntó que de las constancias de la causa se desprendía que el 03/03/10 el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia había librado una orden de allanamiento sobre el domicilio que habitaba el Sr. H. F. B. y una de detención por presunta infracción al art. 5º, inc. c, de la ley 23.737, y determinado que el imputado debía ser trasladado a la sede del tribunal. Puntualizó que, una vez cumplido el apresamiento el 04/03/10, había sido transportado a la delegación de la Policía Federal Argentina de la ciudad de Comodoro Rivadavia el 06/03/10 a las 00.30 hs, y que a las 11.50 hs. de ese día, había aparecido sin vida, colgado dentro de su celda.

Indicó que de la declaración del subcomisario que se encontraba a cargo de esa dependencia se desprendía que el fallecido había sido despojado de todos los elementos que podía utilizar para infligir daño a sí mismo o a terceros, y que había sido alojado en forma individual por encontrarse incomunicado. Sin embargo, precisó que el calabozo contiguo sí tenía acceso a todo el sector de detención y, entre otras cosas, a una radio, cuyo cable de alimentación el Sr. B. había utilizado para ahorcarse.

Sentado ello, recordó que el Estado “tiene el deber primario de resguardar los derechos de quienes se hallen detenidos, cumpliendo una condena o prisión preventiva, quienes deben contar con adecuada custodia y ser respetados en sus vidas, salud y su integridad física y moral” (v. fs. 447) y precisó que el art.43 del Reglamento General de Procedimientos con Detenidos establece la obligación del personal de las fuerzas de seguridad de requisar a los apresados y proceder al retiro de sus efectos personales como así también de todos los elementos que puedan ser utilizados para dañarse, o a terceros.

Teniendo en cuenta tales pautas, concluyó que los agentes policiales no habían cumplido acabadamente con el deber de cuidado en relación al Sr. B. toda vez que, si bien le habían quitado los cordones de las zapatillas y su cinturón, lo habían alojado en una celda con fácil acceso a objetos con los que previsiblemente podía atentar contra su vida.

En consecuencia, consideró que la demandada debía responder por los menoscabos causados, al haber omitido el cumplimiento de una obligación impuesta por una norma.

Sentado lo anterior, precisó que de las constancias de la causa se desprendía que los actores habían demostrado los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la omisión que derivó en la muerte de H. F. B.

Tras hacer referencia a la prueba testimonial producida y reseñar las conclusiones expuestas por la perito psicóloga en su informe, estimó que correspondía analizar la pretensión indemnizatoria de los demandantes.

En lo que respecta al lucro cesante, después de citar jurisprudencia y evaluar los elementos aportados a la causa, y de reparar en que el Sr. B. era el sostén principal de la familia, consideró que resultaba ajustado a derecho fijar una indemnización equivalente a la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000).

En relación al rubro tratamiento psicológico, teniendo en cuenta que la experta había dictaminado que los co-actores detallados a fs.

449vta., in fine, padecían un daño psíquico del 10%, estimó razonable reconocer la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800) para cada uno de los mencionados accionantes (ello, sin perjuicio de que, conforme surge a fs.450, el a quo consignó en letras “cuarenta y ocho mil pesos” habida cuenta de que, acto seguido, expuso en números el monto antes señalado) y de pesos nueve mil seiscientos ($ 9.600), para la co-demandante V. B., habida cuenta de que la perito había determinado una incapacidad del 20% y aconsejado tratamiento psicológico de un año de duración.

A su vez, en cuanto al rubro gastos de sepelio, reconoció el resarcimiento en la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400).

Finalmente, después de valorar la intensidad de los padecimientos morales sufridos por los demandantes, estableció a su respecto una compensación de pesos seiscientos mil ($ 600.000).

Por último, impuso las costas a la demandada vencida.

3º) Que, contra ese pronunciamiento, interpusieron recurso de apelación el Estado Nacional, a fs. 452 (concedido libremente a fs. 453), y el Defensor Oficial, a fs. 454 (concedido de igual modo a fs. 455).

Puestos los autos en la Oficina, el primero expresó sus agravios a fs. 459/461vta., que fueron replicados a fs. 466/468vta., y a fs.

462/464vta. hizo lo propio el representante del Ministerio Público de la Defensa, que no fueron contestados por su contrario (v. fs. 470).

4º) Que del memorial presentado por el Estado Nacional se desprenden los siguientes agravios.

En primer lugar, se queja del hecho de que el juez de grado lo haya condenado a abonar a los actores la suma de $ 1.145.600.

Asegura que “no debe responder por el hecho motivo de autos, toda vez que no ha actuado con dolo o culpa” (v. fs. 459).

Tras citar jurisprudencia del Alto Tribunal atinente a la relación de causalidad entre el daño producido y la actuación de la Administración, asegura que en autos “no se encuentran reunidos los requisitos indispensables para determinar la responsabilidad estatal que se pretende, dado que no media derecho resarcitorio de ninguna especie, ya que el Estado Nacional no ha realizado actividad alguna que genere su responsabilidad” (v. fs.459vta.).

Asimismo, después de citar las referencias del pronunciamiento de la anterior instancia relativas al deber primario del Estado de resguardar los derechos de los detenidos, destaca que desde el momento en que ingresó a la dependencia policial, el Sr. B. fue examinado por un médico y no demostró una actitud que hiciera que el personal policial pudiera prever su fatal deceso.

En segundo término, se agravia del monto reconocido a los accionantes por el perjuicio económico padecido. Aduce que “como consecuencia del carácter ilícito atribuido a la actividad estatal, la indemnización se encuentra alejada de lo integral” (v. fs. 450vta.).

Sostiene que “No hay base adecuada sobre la cual se pueda estimar el hipotético perjuicio económico futuro de los actores, atento no haberse acreditado siquiera en forma aproximada el caudal de sus ingresos” (v. fs. cit.).

A su vez, cuestiona el monto reconocido por daño moral.

Argumenta que su reparación “se limita a situaciones en las que el daño es producto de un accionar ilícito o cuando el perjuicio se genera en culpa o dolo, pero no en situaciones como la aquí ocurrida” (v. fs. cit., in fine).

Finalmente, crítica que el sentenciante de grado haya fijado los intereses desde la fecha del hecho dañoso y no a partir de la notificación de la demanda.

Por su parte, la representante de la Defensoría Pública Oficial se queja del “tratamiento que el Sr. Juez a-quo realizó respecto de la partida indemnizatoria solicitada en beneficio de D.N.S. en concepto de daño psicológico” (v. fs. 462).

Manifiesta que si bien el sentenciante de grado tuvo en cuenta las consideraciones vertidas por la perito en su informe final, no efectuó valoración alguna respecto de la incapacidad del 10% declarada por la experta.

Cita jurisprudencia en sustento de su pretensión y asegura que “las afecciones psicológicas que D. sufrió y sigue sufriendo con el deceso de su padre resultan ser merecedoras de la reparación plena que el CCyCN establece.” (v. fs.462vta./463).

Asimismo, se agravia de las sumas fijadas en concepto de daño moral.

Entiende que el juez de grado no valoró adecuadamente los perjuicios sufridos por los hijos del Sr. B. ni los contempló debidamente en su faz espiritual.

Por tales motivos, requiere la elevación “del monto indemnizatorio reconocido a los menores de edad en concepto de daño moral con motivo de las graves e irreversibles secuelas padecidas en razón de la muerte de su padre” (v. fs. 463vta.).

Por último, cuestiona la tasa de interés dispuesta en la anterior instancia. Cita jurisprudencia en sustento de su pretensión y solicita la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho y hasta la fecha de su efectivo pago.

5º) Que, a los fines de dar respuesta al recurso del Estado Nacional, corresponde recordar que en forma reiterada se ha dicho que el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación exige que el apelante motive y funde su queja, señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (esta Sala, “Valentini, Ada Ethel c/ Ministerio de Salud y Acción Social”, sentencia del 31 de octubre de 1991; “Meller S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos”, sentencia del 4 de abril de 1995; “Capsi S R L (TF 8592-A) c/ D.G.A.”, sentencia del 4 de marzo de 1999; “Nuevos Montes SRL (TF 21.251-I) c/ D.G.I.”, sentencia del 28 de agosto de 2007; “Coulin, Néstor Polidoro c/ CPACF”, sentencia del 21 de octubre de 2008; “Aerolíneas Argentinas SA (ARSA) c/ EN – Mº Planificación – Resol 1478/05-ST-Resl 3/05 s/ Proceso de conocimiento”, sentencia del 31 de marzo de 2010; “Expofrut S.A.(TF 22815-A) c/ DGA”, sentencia del 6 de octubre de 2011; “Comoglio, Laura Inés y otro c/ CONICET – Resol 1548/11 (Exp 1616/09 y otros s/ Empleo Público”, sentencia del 27 de mayo de 2014; y “Coutiño, Oscar c/ EN – EMGE- y otros s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, sentencia del 23 de junio de 2015, entre muchos otros).

Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.

Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/2012, entre muchas otras).

Asimismo, es dable recordar que la mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 (conf.Fallos 307:2216 y esta Sala in re “Firestone de Argentina”, sentencia del 3/10/91, entre otras).

En este sentido, el concepto de crítica “concreta” y “razonada” que establece el precepto normativo citado exige al apelante una exposición sistemática tanto en la interpretación de la resolución recurrida como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas, en las que precise los errores, omisiones y demás deficiencias que le atribuye a la decisión que impugna; y una especificación, con toda exactitud, de los fundamentos de las objeciones.

Finalmente, cabe recordar que también el Alto Tribunal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).

6º) Que, en el caso del escrito de fs. 459/461vta., esos requisitos mínimos no han sido cumplidos.

En efecto, el señor juez de la anterior instancia fundó su decisión en el análisis y acreditación de los presupuestos determinantes de la responsabilidad extracontractual del Estado, bajo la perspectiva del art. 1112 del Código Civil y del art. 9º de la ley 26.944.

Ello es así, a poco que se observe el contenido de la expresión de agravios, en donde no se examinan y menos aun se objetan los argumentos señalados. Tampoco se efectúa una crítica concreta y razonada de los fundamentos centrales de la decisión apelada sino que, por el contrario, la apelante se limita a aducir la supuesta carencia de nexo causal entre el daño producido y el actuar de la Administración y la ausencia del factor de atribución de responsabilidad, y a replicar textualmente las alegaciones y argumentaciones realizadas en presentaciones anteriores, sin rebatir en forma específica ni detallada los motivos desarrollados por el magistrado de grado (v., en especial, 71/vta. y fs.459/460).

Prueba de lo expuesto es que en el memorial en examen, la demandada circunscribe su exposición a alegar que el Estado Nacional no debía responder por los perjuicios ocasionados, toda vez que sus funcionarios no habían actuado con dolo o culpa y que no se encontraban reunidos los requisitos indispensables para determinar la responsabilidad estatal.

Sin embargo, y a modo de ejemplo, no desvirtúa -como era su deber- el análisis de la conexidad habida entre el hecho dañoso que motivó la presente demanda y el desempeño de los agentes policiales, que fue efectuado por el a quo.

Así, cabe poner de relieve que la recurrente se ha limitado a formular aserciones genéricas sobre determinadas cuestiones sin rebatir los fundamentos expuestos en el fallo apelado, argumentos que, por su excesiva laxitud y carencia de explicación concreta y circunstanciada, resultan dogmáticos, conspirando de ese modo contra el fin pretendido.

Tampoco controvierte en forma adecuada las conclusiones a las que arribó el juzgador de grado después de evaluar las pruebas y constancias de la causa, en particular, las atinentes a los montos reconocidos por lucro cesante y daño moral.

Por su carácter general y abstracto, los planteos de la demandada trasuntan únicamente su disconformidad con la decisión recurrida, pero no logran demostrar, con el rigor que se requiere para descalificar una sentencia judicial, el desacierto grave en que incurrió el juez de la anterior instancia.

Algo similar sucede con el agravio relativo a la fecha a partir de la que se deben calcular los intereses, en donde solamente requiere que estos últimos se devenguen desde la notificación de la demanda pero no agrega reproche contra la decisión del juez a quo ni explica el modo en que la jurisprudencia que cita resultaría aplicable al caso. Máxime, si se tiene en consideración que el fallo que invoca refiere a “casos de lesiones”, como expresamente lo reconoció a fs.461, cuando, en el sub examine, se reclaman los daños y perjuicios derivados de la muerte de una persona en las circunstancias ut supra reseñadas.

En consecuencia, cabe advertir que los escuetos términos en que el remedio fue planteado enervan cualquier posibilidad de este Tribunal de pronunciarse sobre la cuestión debatida en autos.

Por ello, en virtud de las razones expuestas, corresponde declarar desierto el recurso de apelación del Estado Nacional.

7º) Que, por otro lado, cabe ingresar al análisis de los agravios expuestos por la Defensora Pública Oficial.

En primer lugar, en lo concerniente a la falta de tratamiento de la indemnización por daño psicológico solicitada por D.N.S., debe tenerse presente que ese menoscabo “implica una perturbación patológica, transitoria o permanente, de una personalidad preexistente. Se debe evaluar la perturbación o lesión a las facultades mentales y alteraciones en los rasgos de personalidad. Se puede hablar de daño psíquico en una persona cuando ésta presenta un deterioro, disfunción o trastorno en el desarrollo psico-orgánico que afectando sus esferas afectiva, volitiva o intelectual, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral o social” (Castex, Mariano y Ciruzzi, María; “Actualizaciones en medicina y Psicología Forense, Academia Nacional de Ciencias y Cátedra de Psicología Forense”, UBA 1989-1990).

El Alto Tribunal ha declarado en numerosas oportunidades que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada en la medida en que asume la condición de permanente” (CSJN, Fallos: 326:847, 1299 y 1673; 328:4175). En igual sentido, ha dicho que “para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (Fallos:327:2722 ).

A los efectos de poder determinar la existencia de estos perjuicios, resulta imperiosa la intervención de un experto que acredite de modo indiscutible y científico la existencia de una patología.

En el caso de autos, según surge del informe psicológico de fs. 283/289, el menor D.N.S. presentó un grado de incapacidad psíquica del 10%.

En respuesta a los puntos de pericia, la profesional designada de oficio señaló que el fallecimiento del padre del examinado había influido negativamente en su psiquis, “generándole sentimientos de intensa angustia, se observa asimismo tendencia al retraimiento, inestabilidad en los impulsos e inseguridad” (v. fs. 287); que las secuelas eran permanentes; y que la incapacidad declarada había afectado las áreas recreativa, intelectual y social.

También cabe recordar que en el informe pericial se recomendó tratamiento psicológico de seis (6) meses de duración, a razón de una vez por semana, y con un costo de $ 200 pesos la sesión. Por este concepto, el juez a quo reconoció la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800) pero omitió expedirse respecto de la indemnización solicitada por el perjuicio psicológico padecido (cfr. fs. 35vta.).

Teniendo en cuenta ello, conviene destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en forma reiterada que “cabe reconocer validez a las conclusiones del experto para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos” (Fallos: 319:469 ; 320:326 , entre tantos otros).

Sobre la base de lo expuesto, es dable concluir que el coactor D.N.S. presenta un daño psíquico en el porcentaje determinado por la experta a fs.288.

Con el fin de establecer el quantum, es necesario recordar que “no debe hacerse uso de cálculos, porcentajes o pautas rígidas, quedando librado su monto al prudente arbitrio judicial, puesto que se trata de situaciones en que varían diferentes elementos a considerar tales como las características de las lesiones padecidas, la aptitud para los trabajos futuros, la edad, condición social, situación económica y social del grupo familiar” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, “Guzmán, Nelson Gerardo c/ Ibarra, Cristian Norberto y otros”, sent. del 17/12/2009).

En estas condiciones, se debe resarcir al co-demandante D.N.S. con la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) por los daños sufridos en este aspecto. Ello, sin perjuicio del monto reconocido en la anterior instancia para solventar los gastos del tratamiento terapéutico recomendado por la profesional actuante

Los intereses correspondientes se deberán calcular a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia (conf. doctrina de Fallos: 321:1117 ; 323:3564 y 325:1277 ).

Cabe advertir que la decisión a la que se arriba comprende únicamente al mencionado actor, conforme los expresos términos en que el recurso fue planteado; lo que enerva cualquier posibilidad de este Tribunal de expedirse acerca de los restantes demandantes menores de edad sobre los que la perito psicóloga se pronunció, pues los jueces no pueden convertirse en intérpretes de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la contraria (Fallos:313:229 y sus citas; 319:307; 324:1899 y 329:5368 ).

8º) Que, en cuanto al agravio referido al daño moral, cabe precisar que el resarcimiento por este rubro comprende las molestias en la seguridad personal o en el goce de sus bienes que se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados de un hecho; y que tienen por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor por si mismos en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual y la integridad física.

Al respecto, este Tribunal tiene dicho que el daño moral tiene naturaleza resarcitoria y, para fijar su quantum, no es menester recurrir inexorablemente a criterios puramente matemáticos ni es necesario una estricta correspondencia con otros rubros indemnizables, que, incluso, pueden no llegar a existir (esta Sala, “Viega Verónica Paola c/ Mº Interior – PFA s/ Daños y Perjuicios” , nº 135.596/02, sentencia del 24/02/11).

En este orden de ideas, la procedencia de dicho concepto en el caso de autos se sustentó en los sufrimientos que soportaron los actores – algunos de ellos menores de edad- por el repentino fallecimiento de H. F. B. en las circunstancias señaladas.

En virtud de ello, teniendo en cuenta que para establecer el valor de la reparación del daño moral -como ya se dijo- no es necesario ningún parámetro específico al cual atenerse, sino más bien al sano criterio del juzgador, y dado las particulares circunstancias configuradas en la causa y los padecimientos de orden espiritual experimentados por los recurrentes que fueron tenidos en cuenta por el juzgador de grado, entiendo que el monto fijado por ese rubro en la sentencia apelada resulta adecuado y suficiente, por lo que corresponde confirmarlo.

9º) Que, por último, los agravios relativos a la aplicación de la tasa activa al caso no pueden prosperar.En efecto, la determinación de la tasa pasiva respecto de los créditos reconocidos tiene su razón de ser en el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, acerca de que a partir del 1º de abril de 1991 debe computarse la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA, pues su cálculo mantiene incólume el contenido económico de la prestación (Fallos: 315:158, 992; 323:847 ; 328:2954 y S.1853.XL.ORI. “Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SE.DRO.NAR.) c/ Misiones, Provincia de s/ cobro de pesos”, sentencia del 24/11/14, entre otras).

10) Que, por los motivos expuestos, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la representante del Ministerio Público de la Defensa y, en consecuencia, reconocer a D.N.S. una indemnización de pesos veinticinco mil ($ 25.000) en concepto de daño psicológico, de conformidad con lo resuelto en el considerando 7º.

11) Que, finalmente, en cuanto a la distribución de las costas y teniendo en cuenta lo que aquí se resuelve, corresponde que los gastos causídicos de esta instancia se impongan según los respectivos vencimientos (arts. 71 y 279 del CPCCN).

Que, en virtud de las razones que anteceden, VOTO por:

1) Declarar desierta la apelación de la demandada de fs. 452.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la representante del Ministerio Público de la Defensa y, en consecuencia, reconocer a D.N.S. una indemnización de pesos veinticinco mil ($ 25.000) en concepto de daño psicológico, de conformidad con lo resuelto en el considerando 7º.

3) Imponer las costas de esta instancia según sus respectivos vencimientos (arts. 71 y 279 del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Jorge Eduardo Morán y Rogelio W. Vincenti adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Declarar desierta la apelación de la demandada de fs. 452.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la representante del Ministerio Público de la Defensa y, en consecuencia, reconocer a D.N.S. una indemnización de pesos veinticinco mil ($ 25.000) en concepto de daño psicológico, de conformidad con lo resuelto en el considerando 7º.

3) Imponer las costas de esta instancia según sus respectivos vencimientos (arts. 71 y 279 del CPCCN).

Marcelo Daniel Duffy

Jorge Eduardo Morán

Rogelio W. Vincenti