Se revoca el sobreseimiento por tenencia de estupefacientes a partir de una requisa sin orden judicial

Partes: G. A. H. s/ delito – anterior al sistema

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 13-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105015-AR | MJJ105015 | MJJ105015

Sumario:1.-Corresponde revocar la sentencia apelada, puesto que siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de esta Corte, por vía extraordinaria en el ámbito de la justicia penal nacional conforme el ordenamiento procesal vigente, estos deben ser tratados previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la Ley 48. (de lo dicho en el precedente Di Nunzio al que la Corte remite)

2.-Corresponde revocar la sentencia que dictó el sobreseimiento en virtud de la supuesta irregularidad de la requisa en la que se encontró material estupefaciente en poder del imputado, toda vez que el juez a quo ignoró los argumentos de fiscalía dirigidos a fundamentar la existencia en el caso de una sospecha razonable que justificaba objetivamente la medida, tales como la actitud de evasión del prevenido al advertir el móvil en el cual los agentes dependientes de una dirección especializada en prevención y control de adicciones cumplían servicios, quien se movilizaba en un motovehículo sin chapa patente visible y que al ser alcanzado manifestó no poseer documentación vehicular ni su documento de identidad, todas estas circunstancias -evaluadas de modo integral- fortalecían la convicción acerca de la probabilidad de hallar cosas provenientes o constitutivas de un delito. (del dictamen del Procurador Fiscal al que el voto de la Dra. Higthon de Nolasco remite)

3.-Corresponde revocar la sentencia que rechazó la apelación fiscal puesto que el estudio de los recaudos legales atinentes a la fundamentación de las apelaciones se ha efectuado con un injustificado rigor formal, y, a través de afirmaciones dogmáticas, el tribunal ha omitido el tratamiento de temas oportunamente propuestos y conducentes para la adecuada solución del litigio, todo lo cual redunda en menoscabo de los derechos de defensa en juicio y debido proceso. (de lo dicho en el precedente Uzcátegui Matheus al que el voto del Dr. Rosatti remite)

Fallo:

Procuración General de la Nación

I

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a un recurso de la defensa y dictó el sobreseimiento de Andrés Hernaldo G L. Para decidir de ese modo concluyó que la requisa a partir de la cual se encontró en su poder material estupefaciente, no reunía condiciones que le otorgaran legitimidad, en tanto no se había verificado en el caso la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes, que razonable y objetivamente hubieran permitido justificar la realización de ese procedimiento sin orden judicial previa, por lo que con ello se había excedido la previsión del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

La Fiscalía Federal de Cámara consideró esa decisión arbitraria e interpuso el recurso de casación que para mayor ilustración de V.E. acompaño, que fue luego declarado mal concedido por el voto mayoritario de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal (fojas 2/2 vta.).

Contra tal pronunciamiento el Fiscal General dedujo recurso extraordinario, cuya denegatoria dio lugar a la presente queja (ver fojas 4/13,14 Y 15/18).

II

Con invocación de la doctrina de la arbitrariedad, el recurrente procura demostrar que el a qua apoyó su sentencia en fundamentos sólo aparentes, en tanto contiene afirmaciones meramente dogmáticas que se apartaron de las constancias de la causa y omitió dar debido tratamiento a cuestiones de índole federal oportunamente propuestas, lo que importó una restricción indebida de una vía apta para su examen, en violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.

III

En mi criterio, la apelación resulta formalmente admisible.Al respecto, no puedo dejar de mencionar, en primer lugar, que aun cuando las decisiones que declaran la inadmisibilidad o improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales de la causa, no justifican, por regla, el otorgamiento del recurso extraordinario, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad que exige que las sentencias gocen de una adecuada fundamentación para ser consideradas jurisdiccionalmente válidas (conf. Fallos: 313:1296; 317:643; 321:1909 y 3415; 324:4123 , 326:3131 , 328:4580 y 331: 1090 , entre otros).

En mi opinión, la resolución de la Sala II no cumple con los requisitos que esa doctrina exige, desde que el voto mayoritario se limitó a sostener, mediante el uso de una fórmula estereotipada, que el recurrente había fijado su expresión de agravios en meros juicios discrepantes respecto de aquellos que resultaron del decisorio que impugnaba, sin brindar una respuesta concreta a los particulares reclamos alegados en la apelación.

En efecto, al afirmar en forma genérica que aquél no había logrado acreditar los vicios que invocaba, pasó por alto los planteos oportunamente introducidos por la fiscalía y omitió dar adecuado tratamiento a las cuestiones que, inclusive, involucraban aspectos que incidían en la determinación del alcance de una garantía constitucional de estricto carácter federal.

Al respecto, considero oportuno mencionar aquí, que las cuestiones que tratan sobre las restricciones que sufre el derecho constitucional a no ser arrestado arbitrariamente, . como consecuencia de la reglamentación que describe supuestos en los que procede la requisa policial sin intervención judicial previa, y la posterior detención del prevenido -que en el orden nacional está previsto en el artículo el artículo 230 bis del Código Procesal Penal, en virtud de la sanción de la ley 25.434- conducen a la determinación sustancial del alcance de esa garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional Ental sentido, cabe recordar, que V.E. ha reconocido, en casos similares al presente, que agravios de tal naturaleza pueden suscitar cuestión federal (conf. Fallos: 306: 1752 y sus citas; 310:85; 313:1305; 316:2464, considerando 4°; 324:3764 y 328: 149, entre otros).

En relación con los concretos planteamientos de la fiscalía, advierto que al intentar demostrar la arbitrariedad de la resolución de la Alzada, explicó que se encontraban corroboradas las condiciones objetivas que autorizaban la realización de la requisa sin orden judicial, que se había desvirtuado el análisis de las probanzas de la causa y que, a su vez, habían sido desatendidos por los magistrados de ese tribunal los elementos del sumario que confirmaban la legitimidad del procedimiento, sin que el a qua haya respondido a ninguno de esos reclamos, pese a que inclusive aquél fundamentó la concurrencia de situaciones razonablemente aptas para justificar el accionar policial, en el acta de procedimiento de cuyos términos surgían las circunstancias objetivas que alegaba para explicar, en definitiva, la falta de razonabilidad del fallo de la cámara de apelaciones.

Según lo aprecio, surge del recurso de casación la existencia comprobada de una situación objetiva previa, reveladora de una persona que pudo hallarse incurso en una actividad ilícita, y para la cual tendría consigo instrumentos, objetos o rastros del delito, en tanto se indicó que los agentes intervinientes, dependientes de una dirección especializada en prevención y control de adicciones, se hallaban cumpliendo servicios, trasladándose en un móvil -aunque no identificable- por la vía pública, y en cuyas circunstancias observaron al prevenido conducir un motovehículo que no poseía su chapa patente visible.

Tales condiciones, que ponen de manifiesto cierto grado de irregularidad, justifica el accionar de los preventores si se tiene además en cuenta que, tal como se expresó en el acta -cuyos términos transcribió el recurrente- al divisar el automóvil en el que se trasladaban los agentes, G habría comenzado a acelerar la marcha, mirando hacia atrás, en reiteradas oportunidades, observando elmóvil policial, cuya actitud les habría permitido presumir a los policías que aquél estaría tratando de evadirlos, o trasladando un elemento que lo podría comprometer penalmente.

Finalmente, si al logar alcanzarlo y tras solicitarle la documentación vehicular pertinente, inclusive mencionó no poseerla, así como tampoco su documento de identidad, cabe concluir en la presencia de circunstancias que -evaluadas de modo integral- fortalecían la convicción acerca de la probabilidad de hallar cosas provenientes o constitutivas de un delito.

En definitiva el a qua ignoró los argumentos de la fiscalía e, incluso, pasó por alto los antecedentes jurisprudenciales de la Corte que también citó esa parte, a fin de fundamentar la existencia en el caso de una “sospecha razonable” que justificaba objetivamente la medida;. todo lo cual, a mi modo de ver, sustentaba adecuadamente el recurso de casación, cuya copla se acompaña.

IV

Por último estimo apropiado indicar, además, que frente a los ya enunciados planteos del apelante -que tal como ha quedado expuesto involucraron aspectos de índole federal, pues se relacionaban directamente con la determinación del alcance de una garantía constitucional- la decisión del a qua tampoco cumple con el criterio establecido en el caso “Di Nunzio” , en cuanto le impone conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intentasen someterse luego a la decisión final de la Corte Suprema, con prescindencia de obstáculos formales (ver Fallos: 328:3138 -en particular considerando 11°, in fine-).

V

En tales condiciones cabe entonces concluir que el a qua ha prescindido arbitrariamente y con excesivo rigor formal de evaluar planteos adecuados del apelante que involucraban cuestiones de índole federal, apartándose de precedentes del Tribunal aplicables al caso, para arribar mediante afirmaciones dogmáticas a una decisión que carece de suficiente fundamento, frustrando de este modo una vía procesal apta para que el Ministerio Público pueda ejercer sus derechos, con menoscabo de la garantía de la defensa en juicio reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos:324:3640 y sus citas).

Por lo tanto, en atención a las consideraciones realizadas y demás fundamentos del Fiscal General de Casación Penal, que doy aquí por reproducidos en beneficio de la brevedad, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja, declarar procedente al recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia impugnada para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte otra conforme a derecho.

Buenos Aires, 31 de marzo de 2015.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de junio de 2017.

vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa G., A. H. s/ delito – anterior al sistema”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que al caso resultan aplicables, en lo pertinente, las consideraciones vertidas en la causa “Di Nunzio” Fallos: 328: 1108 (voto de la mayoría), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, y concordantemente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI –

VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

Considerando:

Que el Tribunal comparte y hace suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones expresados por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de mantener el recurso del Fiscal General en esta instancia, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, concor demente con lo dictaminado, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que al presente resulta aplicable, muta tis mutandi, lo resuelto por el Tribunal en la causa “Uzcátegui Matheus, Diego Bautista” (Fallos: 339:408), a cuyos términos corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que -por quien corresponda- se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. Notifíquese y cúmplase.

HORACIO ROSATTI