Rechazo de la demanda por mala praxis profesional derivada de la caída de la actora de la camilla que la trasladaba a un sanatorio

Partes: G. J. L. y otro c/ CENTROMEDICA S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 20-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104692-AR | MJJ104692 | MJJ104692Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios por la mala praxis profesional que provocara la muerte de la esposa y madre de los reclamantes, derivados de la caída que su madre sufrió en la camilla en oportunidad de ser trasladada al Sanatorio, toda vez que la paciente presentaba un estado de precariedad en su salud de base, en tanto mantenía una postración desde hacía muchos años, con antecedentes de hipertensión arterial, lesiones cerebrales secuelares de accidentes vasculares y un estado mental de dementización clara que la posicionaba en ser dependiente de terceros en su asistencia

2.-En materia de responsabilidad médica, y como consecuencia que el deber jurídico central asumido por el facultativo es por lo general de actividad, en principio incumbe al paciente (damnificado)la carga de demostrar la culpa de aquél (demandado).

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “G. J. L. y otro c/ CENTROMEDICA S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez, Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri.

A la cuestión propuesta el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, dijo:

I – Por sentencia obrante a fs. 1219/1230 se rechazó la demanda interpuesta en todas sus partes, con costas a la vencida (conf. art. 68 del Código Procesal) y se difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

Apeló la actora fundando sus censuras a fojas 1257/1261 y cuestiona el rechazo de demanda resuelto por la juzgadora.

II – 1) Solución

Preliminarmente es dable destacar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291:390 y otros más).-

Asimismo, es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.-

II- 1) Responsabilidad

En atención a los agravios de la actora y en virtud de la decisión arribada en la instancia de grado cabe -en primer lugar- hacer algunas precisiones acerca de los hechos origen de la litis y, en su caso, del nexo de causalidad con los daños denunciados imputados a la conducta de las demandadas.

En materia de atribución de responsabilidad -partiendo de los presupuestos que, en general, se mencionan para que se configure este deber de resarcir- el damnificado tiene la carga de probar el daño y que ese demerito- cuya reparación se pretende- se encuentra en relación causal adecuada con el hecho de la persona a la cual se atribuye su producción, ya que de otra forma se estaría imputando a una persona el daño causado por otro.

En este sentido se ha sostenido que “la noción de daño resarcible se vincula con un hecho lesivo que sea su causa adecuada e imputable a otra persona (.) Ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad (.) Así pues el hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en el juicio de daños” (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de daños”, Ed. Hammurabi, Tomo 3, pág. 155).

Es decir, que ante la negativa general y expresa del demandado, recae sobre la parte actora la carga de probar la existencia del hecho dañoso y su relación causal, prueba que resulta esencial para la procedencia de una indemnización resarcitoria de daños y perjuicios.Ello, sin perjuicio de lo que infra expondré, en cuanto al particular caso que hoy decidimos.

Antes de resolver si el daño se debió a la acción culpable de una persona hay que establecer que fue realmente su acción la que lo produjo (Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1967, pag. 36). Sin autoría o coautoría no es procedente entrar a indagar sobre la culpa. Es condición previa a toda investigación sobre responsabilidad, establecer la vinculación del autor con el acto que produjo el daño.

En efecto a través de la determinación de la relación causal se puede ante todo conocer si tal o cual resultado dañoso puede -objetivamente- ser atribuido a la acción u omisión física del hombre; o sea si éste puede ser tenido como autor del mismo, y establecido ello, la medida del resarcimiento que la ley le impone como deber a su cargo resultará a su vez de la propia extensión de las consecuencias dañosas derivadas de su proceder, o que puedan ser tenidas como “efectos” provocados o determinados por su conducta, la que así vendría a ser su “causa” (Trigo Represas, Félix y Compagnucci de Caso, Rubén H. en “Responsabilidad civil por accidentes de automotores”, 2a ed. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1986, pag. 41).

Por otra parte, para que una persona sea condenada al pago de una indemnización por daños y perjuicios -tenga origen contractual o extracontractual- no sólo es necesario -salvo excepciones- que estén presentes los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil (daño, relación causal, antijuridicidad y factor de atribución), sino que resulta fundamental que la presencia de esos elementos se encuentre probada en la causa judicial (Vázquez Ferreyra, Roberto “Prueba del daño al interés negativo, en La prueba del Daño”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág.101).

Asimismo se ha expresado que en los procesos de daños la necesidad de prueba se subordina a los requisitos de la responsabilidad resarcitoria, cuyo eje está constituido por la producción de un daño injusto, que lesiona un interés del actor y que ha sido causado adecuadamente por un hecho; el daño debe ser jurídicamente atribuible al demandado, en virtud de un motivo que torne justa su responsabilidad (Zavala de González, Matilde “La prueba en los procesos de daños y perjuicios”, en Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina”, Vol. II, pág. 331).

La prueba del daño y de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe al reclamante. Es una simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC (Brebbia, Roberto H. “Hechos y actos jurídicos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, pág. 141; Vázquez Ferreira, Roberto A. “Responsabilidad por daños -elementos” Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, pas. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge “Teoría general de la responsabilidad civil”, Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires,

1993, N° 606 y 607, pag. 269).

De consuno, sabemos que el pretensor del resarcimiento de daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo beneficia. Debe aquilatar la existencia del hecho por el que demanda, o de la acción antijurídica, o el incumplimiento; también el factor de atribución, el nexo causal y el daño serán motivo de su esfuerzo demostrativo (Lorenzetti, Ricardo Luis “Carga de la prueba en los procesos de daños”, en LL 1991-A-995, ver también Tanzi, Silvia “La prueba en el daño”, en Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1999, págs.444/6/7/9).

Debemos decidir -conforme los elementos probatorios acercados y los agravios expresados- si la reclamante ha cumplido con aquella carga procesal.

En el caso los actores reclaman los daños y perjuicios por la mala praxis profesional que provocara la muerte de Petrona Davalos, esposa y madre de los reclamantes, imputan responsabilidad a la empresa “Ayuda Médica” por la caída que su madre sufrió en la camilla en oportunidad de ser trasladada al Sanatorio San Cayetano y a los médicos que intervinieron en la operación de cadera, la cual según sus dichos no fue realizada en una primera instancia, debiendo ser internada nuevamente con una sepsis urinaria ( el resaltado es de mi autoría).

Adelanto que en mi opinión, que coincide con la primera juzgadora, no hay duda en punto a que los actores demandan por la muerte de la paciente, imputando relación causal entre la caída y la operación de cadera realizada con posterioridad, por lo que la responsabilidad -subjetiva- deberá ser evaluada -como infra expondré- en términos de culpa (art. 512 del Código Civil). Es decir que los accionantes no se encuentran legitimados para reclamar en concepto de lesiones causadas con anterioridad al fallecimiento de la Sra. Davalos.

Esta Sala tiene decidido que en materia de responsabilidad médica, y como consecuencia que el deber jurídico central asumido por el facultativo es por lo general de actividad y en principio incumbe al paciente (damnificado) la carga de demostrar la culpa de aquél (demandado). Esta conclusión -tal como lo sostuvo el doctor Bueres en reiterados votos como integrante de este Tribunal (v.gr.: 28/02/96, in re “G., F.M .y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros”)- hoy día parece estar afianzada en el derecho vigente tras un fructífero debate doctrinal de más de tres lustros, puesto que en las aludidas obligaciones de actividad, cuya infracción genera responsabilidad subjetiva, el incumplimiento -cuando menos en el plano funcional-, se conforma con la culpa, razón por la cual la demostración de ésta entraña tanto como hacer patente aquel incumplimiento -al cual prima facie debe ir dirigida la prueba- (Jordano Fraga, Francisco, “La responsabilidad contractual”, Ed. Civitas, Madrid. 1987, pág. 170 y sstes.).

No basta, pues, con revelar la mera infracción estructural -la causación el daño médico- para deducir sic et simpliciter el elemento subjetivo (culpa), aunque tal trasgresión al alterum non laedere provoque antijuridicidad, que es asunto diverso (véase la opinión del doctor Alberto J. Bueres, en “Responsabilidad contractual objetiva”, JA 1989-II-964).

Este es un tema de prueba del incumplimiento funcional, el cual ante la falta de directivas en dirección diversa sigue el cauce natural por el que transita la obligación de actividad. Es que, en verdad, la distinción entre las obligaciones de medios y de resultado tiene valor sustancial, dado que sirve para individualizar el factor de atribución: en las primeras el criterio de imputación es la culpa, mientras que en las últimas la respo nsabilidad es objetiva. Hay, pues, un relativismo de la clasificación, bajo la óptica del derecho adjetivo (la supuesta diversidad de las categorías por razón de la prueba) pues una obligación de medios no muda su naturaleza según el actor deba dar en juicio la culpa del demandado, o bien que éste, frente a la demostración del daño, tenga que liberarse mediante la prueba de su diligencia (cfr. opinión del doctor Bueres en “Responsabilidad Civil de las Clínicas y Establecimientos Médicos”, Ed. Abaco, Buenos aires, 1981, págs. 975/ 977 y en “Aspectos generales de las responsabilidades profesionales”, “Revista Jurídica Delta”, n° 3, abril

1994, págs.13/17).

No obstante lo expresado, las dificultades probatorias acusadas que debe sortear con frecuencia el paciente (actora) para poner a las claras la culpa del médico, recondujeron a la doctrina a conferir un elevado valor, quizá como en ninguna otra materia, a las presunciones judiciales -“praesumptio hominis”- (Bueres, Alberto J., “Responsabilidad Civil de las Clínicas y establecimientos médicos”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1981, pags. 240 y 241, en “Responsabilidad Civil de los médicos” Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, t. I., pág. 82 y 85 y 325 a 327).

De tal suerte evidenciados por el paciente ciertos datos empíricos, el juez ha de deducir la prueba galénica no probada de forma directa: el magistrado tendrá por probada la culpa, cuando el daño, en su ocurrencia, y según la experiencia común no pudiera explicarse de otro modo que no fuese el de la comisión de una culpa; a menos que el demandado aporte prueba eficaz para liberarse en sentido amplio de responsabilidad.

Claro está que en el fondo -y cuando menos desde la perspectiva de autorizada doctrina-, la admisión de las presunciones hominis no importa derogar el régimen de la carga de la prueba en materia de culpa. Habrá que demostrar hechos que generen indicios para extraer de ellos la culpa de manera indirecta; cabrá entender que existe un aligeramiento de la actividad probatoria, y una concesión a los jueces de posibilidades para apreciar las circunstancias implicadas sobre la base de equidad (Frossard, Joseph “La distinción des obligations de moyens et des obligations de résultat”, cit. ps. 102/103). En esta última instancia, el intérprete podrá recurrir a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que es un recurso técnico aproximado al favor probationis de la doctrina española (Cavanillas Mújica, Santiago “La transformación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia”, ed. Aranzadi, Pamplona, 1987, págs.65/70).

De este modo, cuando la responsabilidad profesional se funda en la culpa, ésta debe ser en principio probada por el actor, sin perjuicio que el juez tenga en cuenta la importancia de las presunciones judiciales, y del concepto de la carga probatoria dinámica, cuyo funcionamiento es excepcional, que hace recaer la carga de la prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejor situación para probar (conclusión a las que se arribó en las V Jornadas Rioplatenses de Derecho, San Isidro, Buenos Aires, 1989 y Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1989, entre otras).

III – 2 – 1) Pruebas

Ahora bien, es un hecho reconocido por las partes, que la paciente Dávalos, el día 10 de marzo de 2013, sufrió una caída desde la altura de una camilla, perteneciente a las ambulancia de la empresa Centromédica S.A., que la trasladaba desde su domicilio al nosocomio San Cayetano, fracturándose la cadera – conf. fojas 815/829-.

También se encuentra probado que la operación realizada a la Sra. Dávalos fue realizada como consecuencia directa del citado despeño, lo que debemos analizar es sí la muerte de la paciente tiene relación causal con los hechos descriptos precedentemente.

A fojas 1052/1053 -copias certificadas de la causa penal- obra glosado el informe realizado por el perito médico forense oficial, quién concluyó que la Sra. Petrona Davalos, sufrió un desplome de la camilla, siendo asistida en primera instancia en el Sanatorio Argentino, y luego comprobada la fractura de cadera derecha es derivada un día después -11/03/03- al Sanatorio San Cayetano de esta Ciudad por su obra social, completando los estudios neurológicos por el traumatismo producto del mismo golpe, descartándose lesión sangrante.Agrega el profesional que frente a la posibilidad de una cirugía de cadera, la familia se opone, dado su estado de postración de años y egresa el día 13/03/03 al cuidado de un familiar.

Luego, reingresa el día 25 de marzo de ese año, con un empeoramiento de su estado general, hipotensa y actitud de negativismo para ingerir líquidos y alimentos, diagnosticándose una infección urinaria y se le realiza el tratamiento de rigor, evolucionando favorablemente, y con las condiciones clínicas adecuadas se la interviene quirúrgicamente de cadera el día 25/04/03.

Por último el día 17/05/03 encontrándose la paciente clínicamente en condiciones de egreso con internación domiciliaria, la misma se concreta el día 30/05/03, según parte sanatorial. A partir de esa fecha hasta el certificado de defunción -12/09/03- se carece de evoluciones médicas o partes de control domiciliario, para guiar al profesional en la evolución clínica final y el esclarecimiento de la causal de óbito ( el subrayado me pertenece).

Concluye el diestro que de la lectura de los elementos médicos se puede inferir que la paciente de 78 años de edad, mantenía una postración desde hacía más de 6 años, con antecedentes de hipertensión arterial, lesiones cerebrales secuelares de accidentes vasculares y un estado mental de dementización clara que la posicionaba en ser dependiente de terceros en su asistencia. Aclara, que todo éste terreno clínico, independientemente de los sufridos el día 10/03/03, hablan de un estado de precariedad en su salud de base.

A fojas 708/711 obra glosado el informe pericial, y a fojas 767/769, 858, 888 y 926/929, las respectivas contestaciones a los pedidos de explicaciones e impugnaciones. En dichas presentaciones la experta concluyó la existencia de relación causal entre la fractura de cadera sufrida y el posterior fallecimiento de la paciente.

Así pues refiere la perito a fojas 858:” la causa mediata de su fallecimiento es la descompensación que sufre la paciente luego de la caída, con la fractura de cadera, posterior artroplastía y la infección urinaria crónica que debió padecer. El no haber tratado en forma correcta e inmediata la fractura de cadera, determina en la paciente una sepsis urinaria y su urgente cirugía”.

Sin perjuicio del informe descripto precedentemente, coincido con la sentenciante de grado que el dictamen del perito médico oficial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, es contundente cuando afirma que no se encuentra elementos y/o constancias médicas o partes de control domiciliario, para guiar al profesional en la evolución clínica final y el esclarecimiento de la causal del fallecimiento.

Reiteradamente la jurisprudencia ha dicho: “dado que el Cuerpo Médico Forense es un órgano imparcial auxiliar, cuyos miembros son designados de acuerdo a antecedentes y especialidad, si el peritaje efectuado por aquél es coherente, categórico y fundado en principios técnicos y no existen otras probanzas que lo desvirtúen, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones” ( conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “G”, fallo del 24/04/2013, “in re” : ” Ferretty, Mónica Isabel y otros c/ Organización de Servicios Directos Empresariales y otros s/ daños y perjucios”); ” En los procesos en que se dirime la responsabilidad derivada de la mala praxis médica el dictamen pericial adquiere una especial significación y frente al informe efectuado por el perito oficial debe prevalecer el llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense, ya que se trata de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección se encuentran garantizadas por normas específicas, máxime cuando no logró demostrase que sus conclusiones fueran erróneas o desacertadas” ( conf.fallo también de esta Cámara, Sala “A”, del 09/12/2008, en los autos ” Cocco, Osmar Angel c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales”); ” Debe darse preeminencia a los dictámenes provenientes del Cuerpo Médico Forense tanto sobre la opinión de otro perito designado en el expediente como sobre el consultor técnico de parte, cuando la discrepancia entre los profesionales no es esclarecida con elementos de juicio suficientemente convincentes que autoricen a apartarse de las conclusiones de los médicos forenses, pues como cuerpo que integra el Poder Judicial están garantizadas la imparcialidad y la corrección de sus informes ( conf. Sala “F”, de esta Cámara, in re “Amato, Eleonora c. G.C.J.” del 23/09/2004).

De lo hasta aquí expuesto se concluye, coincidiendo con la primera juzgadora, que no han probado los actores la relación causa entre la muerte de la señora Petrona Davalos y los hechos denunciados en la demanda.

Por ello, y como ya lo adelantara, se rechazan las quejas- las que apenas constituyen una crítica concreta y razonada del fallo apelado- y se confirma la sentencia de grado en todas sus partes.

II. Resumen, costas

Por lo expuesto, postulo rechazar las quejas y confirmar la decisión de grado en todas sus partes, con costas de ambas instancia a la actora vencida (conf. art. 68 del Código Procesal). La regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se difiere, de conformidad con lo resuelto a fojas 1230vta.

Así lo voto.

Las señoras jueces de Cámara doctoras Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ- ANA MARIA BRILLA DE SERRAT- PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci vil.

Buenos Aires, de marzo de 2017.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Rechazar las quejas y confirmar la decisión de grado en todas sus partes, con costas de ambas instancia a la actora vencida. La regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se difiere, de conformidad con lo resuelto a fojas 1230vta.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Osvaldo Onofre Álvarez

Ana María Brilla de Serrat

Patricia Barbieri