Se revoca la cautelar que ordenó al colegio demandado permitir a la amparista continuar con su cursado como alumna regular hasta la conclusión del año lectivo, ya que la decisión -fundada en la sumatoria de insasistencias- responde a la discrecionalidad de la entidad educativa

Partes: M. P. M. c/ Colegio Nacional de Monserrat s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 21-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104268-AR | MJJ104268 | MJJ104268
Sumario:

1.-Debe revocarse la cautelar que ordenó al colegio demandado permitir a la amparista continuar con su cursado como alumna regular hasta la conclusión del año lectivo, pues no se dan los presupuestos de verosimilitud del derecho a favor de la alumna actora en un análisis genérico y preliminar, donde resulte que la potestad disciplinaria ejercida por las autoridades del institución educativa puede haber sido abusiva, excesiva o fuera del reglamento interno y estatuto del mismo colegio.

2.-Si bien las sanciones -tipificadas como suspensiones- no pueden ser causa de la pérdida de regularidad, pues ello está expresamente vedado en el art. 111 del Reglamento Interno, han sido las inasistencias de la amparista -tanto las justificadas como las injustificadas- las que determinaron de su sumatoria la pérdida de la condición de alumna regular del colegio.

3.-Las facultades disciplinarias son privativas y exclusivas de los institutos educacionales, por lo que las medidas dispuestas por la autoridades del colegio no rebatidas oportunamente, más aún cuando la arbitrariedad invocada no resulta palpable y evidente por sí sola, desestiman el andamiaje sobre el que se basa la medida cautelar objetada.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a veintiún días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “M. P., M. C/ COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT – AMPARO LEY 16.986” (Expte. FCB 37099/2016/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba en contra del proveído de fecha 26 de octubre de 2016 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, y en cuya parte pertinente hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante, ordenando al Colegio Nacional de Monserrat que la alumna M. M. P. continuara con su cursado como alumna regular hasta la conclusión del año lectivo 2016, bajo fianza personal de dos (2) letrados de la matrícula.- Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS – IGNACIO M. VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI.-

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- La presente acción de amparo fue entablada con fecha 24 de octubre de 2016 por la Srta. M. M. P. en contra del Colegio Nacional de Monserrat -dependiente de la Universidad Nacional de Córdobasolicitando se declare la nulidad de la sanciones de fecha 30/06/2016 y 07/10/2016, consistentes en una (1) – y tres (3), días de suspensión y dos 2 ausencias injustificadas, respectivamente, de las cuales deriva la pérdida de regularidad como alumna al haber excedido las veinticinco (25) inasistencias, conforme el Reglamento Interno de la institución.Solicitó como medida cautelar se ordene a la institución educativa le sea permitido cursar y rendir en forma regular hasta la conclusión del ciclo lectivo 2016.- Relata la amparista -de 19 años de edad- haber cursado regularmente todo el secundario en la institución citada, al momento de interponer la demanda de amparo, como alumna del Séptimo año Sección “A” (turno mañana). Cuestiona la aplicación de sanciones que -a su entenderno cuentan con respaldo del ordenamiento interno del colegio, ni ley o reglamento, siendo irregulares, improcedentes e inconstitucionales, al violar derechos y garantías de raigambre constitucional. Precisa sobre irregularidades consignadas en su libreta de estudiante sobre inasistencias correspondientes al primer semestre (12 en lugar de 11) y también en el segundo, en el cual constan en anotaciones especiales dos (2) suspensiones – una (1)- del 30/6/2016 por el art. 67 inc. “m” del reglamento vigente, y tres (3) por falta grave de respeto hacia una autoridad (Vicedirectora docente). Agrega que en la foja correspondiente a la semana del 7 al 13 de octubre, figuran (2) inasistencias injustificadas e injustificables por ausentarse de una hora de clase sin autorización (art. 68, inc. a. del reglamento). Plantea concretamente la nulidad absoluta de la sanción de suspensión proferida por la Vicedirectora al soslayar fundamentación y ausencia de sustento normativo, contrariando la garantía prevista en el art. 66 del Reglamento Interno y derechos estatutarios consagrados a favor de los alumnos. Menciona los arts. 84, 85 a 87 sobre la cantidad de inasistencias admitidas y, en función a los cómputos realizados, entiende que la actora debería contar con 23 faltas y tres cuartos y no con 26 y tres cuartos, tal como surge de la libreta de calificaciones. Alude al art. 111 del reglamento que prohíbe la pérdida de regularidad del alumno por suspensiones. Invoca derechos y garantías constitucionales y hace reserva del caso federal (escrito inicial de fs.1/11). Acompaña documental (copias de Reglamento Interno, Libreta de Calificaciones 2016 y DNI de la accionante).- El señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, hizo lugar a la medida precautoria solicitada (proveído de fecha 26/10/2016) entendiendo cumplidos los recaudos del art. 230 del CPCCN., haciendo referencia a errores en el número de faltas consignadas en la libreta, e irregularidades y arbitrariedades en el cómputo de las sanciones impuestas con fecha 30/6 y 7/10/2016 que determinaron la pérdida de regularidad al exceder las 25 inasistencias establecidas en el Reglamento Interno del colegio, disponiendo que la alumna continuara el cursado como regular hasta concluir el año lectivo.- La representación jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba apela y expresa agravios en contra de la medida precautoria dictada, cuestionando en primer lugar la omisión de requerirse el informe del art. 4 de la ley 26854. Sostiene la inexistencia de verosimilitud del derecho y que la medida constituye una tutela judicial anticipada. Manifiesta que las medidas contra la Administración exigen discriminar “ab initio” la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegalidad, y de no hacerse lugar a la apelación se causaría un grave perjuicio a la normalidad académica del colegio y a la autonomía universitaria. Agrega que la cautelar viola el principio de división de poderes, el Estatuto de la Universidad y constituye una flagrante intromisión en el gobierno universitario. Además – entiende- que los efectos de la medida coinciden con su objeto. Cita jurisprudencia y pide se revoque la medida precautoria. (fs. 136/139).- Se agrega el informe del art. 8 de la ley 16.986 emitido por la U.N.C. (fs. 141/148vta.). A su vez, y mediante proveído de fecha 20/12/2016 se declara extemporáneo el escrito de contestación de agravios de la parte actora (fs.164).- La accionante solicita nueva cautelar y denuncia como hechos nuevos que la demandada entregó una constancia consignando que aquélla adeuda todas las materias correspondientes al último año, lo cual impide su inscripción provisoria en carrera universitaria de grado para el corriente año. (escrito de fs. 162/163). Contesta traslado la U.N.C. sosteniendo innecesaria la presentación de la libreta ni la copia del legajo para matricularse en estudios superiores, sino un certificado analítico y que de solicitarse, el mismo será extendido consignado que su actuación académica se encontraba pendiente de resolución sobre el fondo del amparo (fs.165/165vta.). Elevadas las actuaciones a este Tribunal de Alzada (07/3/2016 – fs. 170) el señor Fiscal General evacua traslado y con fecha 13/3/2017 pasan los autos a resolución.-

II. En primer lugar, cabe señalar que al disponerse la medida cautelar con fecha 26/10/2016 ha sido soslayado el requisito del informe previo sobre el interés público comprometido contemplado en el art. 4 de la ley 26.854, siendo aplicable esta norma atendiendo que la demandada es una institución educativa dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y como tal persona jurídica pública de conformidad al Estatuto Universitario que rige su creación y funcionamiento.- Sin perjuicio de la omisión formal señalada en párrafo anterior -suplida en el caso con el informe del art. 8- cabe abordar la temática traída a conocimiento y decisión de este Tribunal de Alzada, referida concretamente al dictado de una medida cautelar que ordenó al Colegio Nacional de Monserrat (dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba) que la alumna amparista continuara con el cursado como alumna regular del último año del colegio, bajo la presunción de irregularidades y/o arbitrariedad en las sanciones aplicadas y que determinaron haber alcanzado el límite de inasistencias contemplado en el reglamento interno de la institución.Ello trasunta inexorablemente al análisis de los recaudos tendientes a suspender los efectos de un acto administrativo y que sólo resultan procedentes en tanto la ilegitimidad o ilegalidad que se invoca, surja al menos “a priori” de las constancias de la causa y que el daño que la cautelar pretende conjurar resulte irreparable por otros medios.- Bajo estos supuestos, el art. 13 de Ley N° 26.854 establece en lo pertinente: “1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.” . Así, el concepto de “verosimilitud del derecho” reproducido en el inc. b) del art. 13 de la Ley 26.854 no ha variado en relación a lo que pacíficamente ha entendido la doctrina y la jurisprudencia con motivo de la interpretación del art. 230 del C.P.C.C.N. El examen de los requisitos de procedencia de una medida cautelar como la dispuesta debe realizarse con criterio restrictivo, habida cuenta de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de las cuales gozan en principio los actos emanados del instituto educacional. A partir de dicha presunción, -y dado el rigor con el que deben apreciarse- sólo concurriendo en forma manifiesta su arbitrariedad o ilegalidad pueden entenderse configurados los presupuestos necesarios para tornar admisible la medida dispuesta en primera instancia.

III. A los fines de acreditar los recaudos procesales contemplados en la normativa, cabe estar a las circunstancias fácticas que determinaron la pérdida de regularidad de la alumna M. M.P.-

Ellas encuentran su génesis en el cúmulo total de ausencias (justificadas e injustificadas) al haber superado el límite tolerado por el colegio y superar también el total de faltas por reincorporación posterior solicitada por la alumna. A su vez se corroboran distintos episodios que involucran a la alumna que motivaron las diversas sanciones aplicadas por las autoridades del colegio. A saber: 1°) el 30 de junio de 2016 se le aplica un (1) día de suspensi ón por ingresar en aula que no le correspondía, conducta tipificada en el art. 67 inc. m) del reglamento. 2°) A raíz de ello, profiere a la preceptora una falta de respeto bajo la expresión “vieja forra” (cita textual) en virtud de la cual le fueron aplicados tres (3) días más de suspensión. 3°) El día 7/10/2016 la configuración de dos (2) inasistencias injustificadas e injustificables por ausentarse de una hora de clases (ver copia de libreta de estudiante a fs.124) y corroborada por el propio Director del colegio.- Se advierte de su preliminar análisis que las medidas disciplinarias adoptadas -suspensiones del 30/6/2016- se encuentran a la fecha firmes y consentidas, puesto que no puede la amparista el día 24 de octubre de 2016 recién al interponer la acción de amparo objetar su legitimación, fruto de una reflexión tardía y ante la inminencia de quedar libre por sus inasistencias.

Dado esto, pretende la accionante que “la falta de respeto” como tal, no está justificada, cuando esta conducta se encuentra prevista dentro de los tipos infraccionales abiertos contemplados en los arts. 110 y 111 del Reglamento Interno del colegio que prevén: “.Actos de indisciplina. Artículo 110.- Se entiende como actos de indisciplina a las acciones que atentan contra la convivencia armónica, contrarias a las normas que rigen en el Colegio, o que se estime perjudicial para el propio sujeto y para terceros en el ámbito de la institución escolar.Toda conducta que atente contra las disposiciones vigentes sobre preservación de monumentos históricos a cuya categoría pertenece el edificio del colegio.”; “.Sanciones. Artículo 111.- Las sanciones aplicables a los alumnos, son las siguientes: 1) Llamado de atención. 2) Suspensión.3) Separación. El llamado de atención implica una advertencia por escrito dirigida al representante legal, anoticiándolo de la falta en la que el alumno ha incurrido, debiendo aquél notificarse de la misma. Se considerarán hechos o actos que ameriten el llamado de atención, aquellos que alteren o puedan alterar el normal desarrollo de la actividad escolar y que por su levedad no se encuentren comprendidos en los descriptos como causal de suspensión. La suspensión equivale a una inasistencia injustificada e injustificable, de acuerdo a la duración señalada. Son supuestos de suspensión los daños por desidia o negligencia a cualquier mobiliario o dependencia del establecimiento o de bienes de terceros, agresiones físicas, agresiones que ofendan la integridad de las personas (descalificaciones por razones de género, pertenencia étnica, religión, ideología, etc.), y cualquier otra que perjudique o produzca daños a terceros, ya se generen dentro del establecimiento o en sus adyacencias en horario escolar, o durante actividades escolares. Las suspensiones no podrán ser causa de la pérdida de regularidad del alumno. La separación es la eliminación del registro como estudiante hasta por el lapso que determine la autoridad universitaria.”.- Por otro lado, no ha sido rebatida por la parte actora las circunstancias fácticas corroboradas el día 07/10/2016 por el Director del colegio, referidas a la ausencia de la alumna M. P. de la clase de la asignatura “Francés”, siendo encontrada durmiendo en un banco de un claustro, bajo el argumento que “.le aburría la clase de Francés.”, tal lo deja traslucir el Ing. Aldo Sergio Guerra en el informe agregado a fs.37/45 del expediente administrativo (CUDAP: NOTA-UNC: 0007757/2016) reservado como prueba en Secretaría.La configuración de esta infracción motivó las inasistencias injustificadas (2) -conf. arts. 79 y 115 del reglamento-, cuya sumatoria a las anteriormente registradas por la alumna, determinaron que superaban el límite total permitido por el instituto educativo, conforme lo prevén los arts. 84 y 87 del Reglamento Interno.- No escapa de este análisis que las sanciones – tipificadas como suspensiones- no podrán ser causa de la pérdida de regularidad, pues ello está expresamente vedado en el art. 111 del Reglamento Interno, pero si debe quedar en claro que han sido las inasistencias de la amparista -tanto las justificadas como las injustificadas- las que determinaron de su sumatoria la pérdida de la condición de alumna regular del colegio. Además las suspensiones se computan como inasistencias injustificadas (art. 79 inc. 3). Pues bien, la “verosimilitud del derecho” se encuentra estrechamente ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado, de allí que la tarea del Juzgador se debe restringir a realizar un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidad sea posible anticipar que en el principal será declarada la certeza del derecho.

Este recaudo no se configura en autos, en virtud que por esta vía -y tal lo expuesto- se pretende interferir no sólo en el ordenamiento específico del Colegio Nacional de Monserrat (Reglamento Interno y Estatuto) sino también sobre normativa emanada de la Universidad Nacional de Córdoba del cual depende el precitado colegio y que goza de plena autonomía por expresa aplicación del art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional.- En efecto, se discute en la especie la aplicación de medidas disciplinarias bajo un régimen comprensivo de un abanico de supuestos fácticos de delimitación abierta en su tipo infraccional, sin que pueda exigirse una previsión reglamentaria que abarque la totalidad de las conductas humanas.-

En autos, estamos en presencia de una potestad disciplinaria, entendida como una aptitud de derecho del que está munida la autoridad educativa para imponer reglas de conducta a todos aquellos cuya actividad compromete el servicio de educación, tanto como valores y parámetros de conducta en la propia comunidad educativa. Esta potestad disciplinaria se hace efectiva mediante distintos tipos de sanciones (conforme arts. 110 y 111 del Capítulo VI del Reglamento Interno) y su aplicación como graduación se enmarcan dentro de una actividad discrecional. La misión del Poder Judicial frente a ella, es verificar que en su ejercicio no se incurra en arbitrariedad, mala fe, desviación de poder, o desigualdad de trato. Así pues, si el Juez no advierte ningún vicio en el ejercicio discrecional que le asiste al Administrador, no puede modificar lo decidido, por respeto al principio de división de poderes. De igual modo, las facultades disciplinarias en materias como la que aquí se cuestionan son privativas y exclusivas de los institutos educacionales, por lo que las medidas dispuestas por la autoridades del colegio no rebatidas oportunamente, más aún cuando -lo reiteramos- la arbitrariedad invocada no resulta palpable y evidente por sí sola, desestiman el andamiaje sobre el que se basa la medida cautelar objetada. En conclusión, las constancias arrimadas en este estado del proceso resultan insuficientes para configurar la pretendida “verosimilitud del derecho” invocada por la amparista.-

IV. En cuanto al “peligro en la demora” (inc. 2°) y con motivo de la estrecha relación entre los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares, a mayor “verosimilitud del derecho” menor es la exigencia en cuanto a la gravedad e inminencia del daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño irreparable, el rigor del “fumus” se puede atenuar (CNCAFed., Sala II, in re “Pesquera del Atlántico S.A.c/ B.C.R.A.”, del 14.10.83, entre otros). Ahora bien, junto al primer recaudo analizado constituyen dos variables que se complementan entre sí, y aquí frente a la ausencia de la verosimilitud, aún cuando el peligro en la demora pudiere consistir en el caso -en la pérdida del año lectivo- se debe acreditar aunque sea en forma mínima la “verosimilitud del derecho”, circunstancia que a tenor de los argumentos expuestos en considerandos anteriores no ha sido corroborada.- Igualmente y de mantenerse los efectos de la medida cautelar sobre las normas cuya declaración de nulidad e inconstitucionalidad se persigue, podrían hacer coincidir aquella con la pretensión de fondo articulada, supuesto expresamente vedado en la especie, atento el carácter precautorio y preliminar del objeto en estudio.

V. Por otro lado y sin perjuicio de las razones expuestas que autorizan revocar la medida cautelar, subyace a través del dictado del proveído que la admitió un atisbo de “gravedad institucional” por afectarse el principio de división de poderes.-

VI. Por las razones expuestas, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba -Colegio Nacional de Monserrat- y se revoca la medida cautelar dispuesta en el proveído de fecha 26 de octubre de 2016 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba.- Las costas de la Alzada se imponen a la parte actora, de conformidad al principio objetivo de la derrota (art. 68, 1ra. parte del CPCCN.) difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes por ambas partes para su oportunidad.

ASI VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijo:Se adhiere al análisis y conclusiones del señor Juez de Cámara del primer voto doctor Eduardo Avalos, en tanto también coincide, que no se dan los presupuestos de verosimilitud del derecho a favor de la alumna actora en un análisis genérico y preliminar a resolver la cuestión de fondo que motiva la presente acción de amparo, donde resulte que la potestad disciplinaria ejercida por las autoridades del Colegio Nacional de Monserrat puede haber sido abusiva, excesiva o fuera del reglamento interno y estatuto del mismo colegio. Advierto asimismo, como bien lo puntualiza el señor Juez preopinante, que la suspensiones impuestas a la alumna el 30 de junio de 2016 se encontraban firmes y consentidas por la misma afectada al momento de promoverse la presente acción de amparo con fecha 24/10/2016 y por tanto resulta tardía pretender c ontrolar hoy judicialmente esas sanciones por vía de la acción de amparo posterior. Coincido asimismo con el señor Juez, que no resulta atendible afectar el ordenamiento reglamentario del colegio para con sus alumnos, por vía del control judicial de amparo de esa reglamentación general, cuando ha sido aplicada en el caso concreto respecto de la alumna M. M. P., para justificar hoy la medida cautelar innovativa que ha autorizado el señor Juez Federal Nº 2 de Córdoba. A pesar de todo lo dicho, no coincido con el señor Juez de primer voto que el proveído del 26/10/2016 dictado por el señor Juez Federal Nº 2 de Córdoba signifique un atisbo de gravedad institucional en el caso concreto; aunque considero que esa decisión al conceder la medida cautelar lesiona el interés general al poner por delante el interés particular de la alumna, en tanto no corresponde al Juez entrometerse en las cuestiones de regulación académica y ejercicio de la potestad disciplinaria según las atribuciones reglamentarias del colegio y los hechos acaecidos que han dado lugar a la actuación de la autoridad escolar.La medida cautelar innovativa en caso de mantenerse implica una violación de la división de poderes y lesión al ámbito de reserva de otras autoridades, por lo que los Jueces debemos ejercer nuestra función judicial al respecto con carácter restrictivo y prudencia extrema para evitar con la decisión desarticular el concepto de autoridad escolar, tachar de inoperante un reglamento escolar o convalidar que el interés individual de la alumna pueda superar el interés colectivo o general respecto de los otros alumnos del colegio, sus docentes y autoridades de la institución. Por tanto estimo que en este caso concreto traído a conocimiento debe revocarse la medida cautelar dispuesta y con efectos retroactivos al día de su disposición, con imposición de costas a la actora y diferimiento de la regulación de honorarios de los letrados actuantes para su oportunidad. ASI VOTO.

La señora Juez de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI, dijo:

I.- Que analizadas las circunstancias de la presente causa, adhiero a la solución arribada por el señor Juez de Cámara del primer voto, doctor Eduardo Ávalos, en el entendimiento de que no se dan los presupuestos de verosimilitud en el derecho como así tampoco el de peligro en la demora necesarios para el otorgamiento de toda medida cautelar, argumentos a los cuales me remito por razones de brevedad. En efecto, los requisitos de verosimilitud del derecho y el peligro de la demora invocados se encuentran interrelacionados, de modo tal que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de daño extremo e irreparable, el rigor acerca de aquella exigencia se puede atenuar. Asimismo, coincido con el análisis y conclusión a la que arriba el Juez preopinante, en relación a la aplicación de la Ley 26.854 que regula el procedimiento de las medidas cautelares que se soliciten contra el Estado Nacional o sus entres descentralizados.No debemos olvidar que la presente acción de amparo fue deducida con el objeto de declarar la nulidad de las sanciones consistentes en días de suspensión y por ausencias injustificadas, de lo que derivó la consecuente pérdida de regularidad de la alumna amparista por haber excedido las veinticinco (25) inasistencias, ello conforme al Reglamento Interno de la Institución, requiriendo que de manera cautelar se ordene a la entidad educativa le sea permitido cursar y rendir en forma regular hasta la conclusión del ciclo lectivo del año 2016.

II.- Así, entiendo que no existen elementos de juicio con la suficiente entidad y convicción como para que se de por acreditada la “verosimilitud del derecho” exigida por el art. 13 inciso “b” de la Ley 26.854. Mal puede por medio de una medida cautelar enervarse la normal actividad de las Instituciones Educativas como la involucrada en este caso. Lo contrario implicaría privilegiar el interés individual frente al interés general comprometido en aquella actividad con una evidente desigualdad de trato respecto del recibido por los restantes estudiantes. En este sentido, esta Sala tiene dicho en autos: “RUIZ, HUGO NICOLAS C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA – RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACION SUPERIOR LEY 24.521” que “. todo lo inherente al régimen jurídico de alumnos forma parte de la autonomía institucional de dichas casas de estudio. En estas condiciones se hace patente, sin que implique un adelanto a la cuestión de fondo, la ausencia del requisito bajo análisis para la procedencia de la cautelar dispuesta”. A mayor abundamiento dispone que: “.ésta solución está fundada en la necesidad de que las atribuciones del Estado que la legislación positiva ordena que se realicen administrativamente, no estén sujetas a las trabas y dilaciones propias de la intervención de los tribunales y el procedimiento judicial.Reposa además en la presunción de legitimidad de las resoluciones dictadas por los órganos del Estado dentro de la esfera de su competencia, presunción que a su vez se basa en la idea de que esos órganos son en realidad instrumentos desinteresados, que normalmente sólo persiguen la satisfacción de una necesidad colectiva dentro del ámbito de las normas legales” [conf. HUTCHINSON, Tomás “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos” Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales, Ed. Astrea, Año 1993, Tomo I, p. 255]. Las decisiones de las Universidades Nacionales en el orden interno, disciplinario y docente, no son susceptibles como principio, de revisión por los jueces (Conf. CSJN fallos: 235:337, 238:183, 239:13, 240:440, 251:276, 267:450). Sin embargo, la autonomía universitaria aludida no deja de estar engarzada en el ordenamiento jurídico en general, de modo que ante la demostración de la violación de derechos como consecuencia de vicios de forma y procedimiento y ante una actividad administrativa teñida de procederes ilegales y/o arbitrarios, siempre cabe la posibilidad de su revisión ante la justicia, en pos de un debido proceso -art. 18 de la CN, arts. 32 y 34 de la ley 24.521- (Fallos 279:65, 304:391, 307:295); lo que no se vislumbra por el momento en esta etapa procesal”.

III.- En relación al “peligro en la demora” (Ley 26.854 artículo 13 inciso “a”), agregando este precepto legal la necesidad de acreditar la irreparabilidad posterior de la lesión que la accionante denuncia, tampoco se vislumbra que tales requisitos se encuentren configurados en la presente causa. Ello así, por cuanto la alumna cuenta con la posibilidad de rendir exámenes finales en calidad de alumna libre, liberando de esa forma el obstáculo que se le presenta y evitar la demora y perjuicio al que alude.IV.- En razón de lo expuesto, y sin dejar de lado que lo que aquí se analiza es el otorgamiento o no de la precautoria que fuera concedida por el Juez de grado con el análisis periférico que ello conlleva, soy de la opinión que debe revocarse la medida cautelar dispuesta en la instancia anterior, con expresa imposición de costas a la actora en virtud del principio objetivo de la derrota; difiriendo la regulación de honorarios que pudiera corresponder para su oportunidad.

ASI VOTO.- Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE: I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba -Colegio Nacional de Monserrat- y revocar la medida cautelar dispuesta en el proveído de fecha 26 de octubre de 2016 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba. II.- Imponer las costas de la Alzada a la parte actora, de conformidad al principio objetivo de la derrota (art. 68, 1ra. parte del CPCCN.) difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes por ambas partes para su oportunidad.- III. Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

EDUARDO AVALOS IGNACIO MARIA VELEZ FUNES GRACIELA S. MONTESI MIGUEL H. VILLANUEVA SECRETARIO DE CÁMARA