El paro cardiorrespiratorio sufrido por el dependiente mientras iba de su casa al trabajo, es encuadrable como accidente in itinere

Partes: M. E. S. c/ A. S.A. ART s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 16-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104743-AR | MJJ104743 | MJJ104743

Sumario:

 

1.-Debe revocarse la sentencia que rechazó la demanda deducida por los sucesores del trabajador que falleció en la vía púbica como consecuencia de un paro cardiorespiratorio no traumático, en el recorrido de su casa a su lugar de desempeño laboral; ello, pues si la situación fue planteada como accidente in itinere, carece de sentido denegar el reclamo ante la ausencia de un hecho súbito, violento y externo, ya que la condición de admisibilidad de la compensación por el daño es la ocasión del recorrido de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, tratándose de una prestación de la seguridad social y no de una prestación resarcitoria.

2.-Encontrándose admitido que el trabajador sufrió un paro cardiorespiratorio no traumático en el trayecto de ida de su casa al trabajo, no se advierte la diferenciación en el tratamiento con la caída de un rayo o con la embestida de un vehículo, pues en ninguno de los casos debe tratarse la relación causal, por lo cual la demanda iniciada por los sucesores debe ser admitida.

3.-Siendo la materia de accidentes del trabajo de derecho común e interviniendo en la misma sujetos de derecho privado, como son los trabajadores y las ART, no se justifica la federalización del procedimiento ni por lo tanto la intervención de organismos federales administrativos como las comisiones médicas ni la Justicia Federal de la Seguridad Social.

4.-La actualización del índice Ripte o, en su caso, del incremento del 20% al presente caso resulta inadmisible, no por la aplicación de la ley que es inmediata, sino porque no es una hipótesis comprendida en el inc. 5 del art. 17 de la Ley 26.773.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 16 días del mes de mayo de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo: Contra la sentencia de fs. 156/160 que rechazó la demanda, apelan la parte actora a fs. 165/168, la Defensora de Menores de Cámara a fs. 171/174 y el perito contador a fs. 161. La accionada contestó agravios a fs. 175/177.

I. Los agravios tanto de la parte actora como de la Defensora de Menores de Cámara están dirigidos a cuestionar la interpretación y valoración que se efectuó de los hechos y de las pruebas y sobre cuyas bases se excluyó el fallecimiento del Sr. G. E. R. M. de la calificación de accidente “in itínere”, ello en primer lugar; y luego, se minimizaron las omisiones incurridas por la aseguradora en orden a adjuntar y/o realizar los exámenes preocupacional y periódicos al causante, lo que, y conforme lo expone la perito médica, hubiera permitido constatar los problemas o dolencias en el estado psicofísico del trabajador y adoptar las medidas adecuadas para intentar su prevención. En el caso, el Sr. R. M. fallece en la vía púbica como consecuencia de un paro cardiorespiratorio no tramático, en el recorrido de su casa a su lugar de desempeño laboral, circunstancia por la cual en la demanda se planteó el reclamo por accidente “in itínere”. El magistrado de grado, en este sentido, desestima el encuadre pretendido al inicio, por entender que el fallecimiento del causante no obedeció a ningún hecho súbito, violento y externo que hubiera padecido el trabajador mientras se trasladaba a su trabajo. Sin embargo, no comparto esa conclusión.Si la situación fue planteada como accidente in itinere, como ocurre en le caso concreto, la indagación de la autoría carece de sentido pues la condición de la admisibilidad de la compensación por el daño es la ocasión del recorrido de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Es, concretamente una prestación de la seguridad social y uno una prestación resarcitoria. De hecho, ningún accidente in itinere tiene como presupuesto la autoría del asegurado pues quien ocasiona el daño es, por definición, un tercero ajeno a la relación laboral o una fuerza de la naturaleza (el trabajador regresa a la casa y un rayo lo mata). El error es el efecto de tratar un accidente súbito y violento como si fuera una enfermedad profesional que, en el marco de la ley especial sí requiere autoría y relación causal (al punto que excluye otros factores). Este error de contextualización es central para la interpretación de la causa que, incluso, afecta la congruencia en tanto, de no haber existido el accidente y sí, por ejemplo, una enfermedad coronaria, la demanda debería ser rechazada por no ajustarse a los hechos invocados. Admitido que existió el accidente (paro cardiorespiratorio no traumático) en el trayecto de ida de la casa al trabajo, no se advierte la diferenciación en el tratamiento con la caída de un rayo o con la embestida de un vehículo. En ninguno de los casos debe tratarse la relación causal por lo que la sentencia de origen debe ser revocada.

II. En relación con la forma en que deberá distribuirse el crédito de autos que aquí se determinará inmediatamente, entre los reclamantes, se observa que concurren la cónyuge del causante la Sra. E. S. M. por sí y en representación de los hijos adolescentes y menores del causante A. J., K. M. y L. S. R., y los hijos mayores también del causante: D. Y. (a la fecha ya adquirió mayoría de edad), L. E., N. N., B.G. y M. M.-. Es del caso puntualizar que resultan de aplicación las pautas de los arts. 18, apartado 2, de la ley 24.557 (cfr. Art. 53 inc. e) de la Ley 24.24l); por lo que a los fines de determinar quiénes resultan titulares del crédito involucrado, y considerando la fecha de fallecimiento del causante -15/08/2012- por un lado, y la mayoría de edad -18 años- conforme modificación dispuesta por la ley 26.579 dictada en el año 2009, quedan fuera del presente reclamo los Sres. L. E. R.(nacido el 14/12/1992) y N. N. R. ( nacido el 10/5/1994), conforme partidas de nacimiento obrantes en el sobre marrón adjunto a fs.4, ya que a la fecha de fallecimiento de su progenitor tenían 20 y 18 años respectivamente, por lo que se encuentran excluidas entre los beneficiarios a los que alude la norma mencionada supra. Por cierto, tampoco fue invocado -ni probado- por estos dos actores encontrarse en algunos de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 18 citado en torno a la posibilidad de ampliar a los beneficiarios. En conclusión, respecto de los accionantes titulares del crédito, se dispone que deben concurrir a la percepción de los importes de condena por partes iguales. III. Previo a determinar el quantum de las prestaciones de los arts. 15 y 11.4.c) LRT (v. demanda a fs. 7 vta.), es necesario decir en orden a los planteos de inconstitucionalidad de fs. 9/10 y 10/11, que la controversia ya ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Marchetti, Néstor Gabriel c/ La Caja ART S.A.s/ ley 24.557” del 4-12-2007 y “Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua ART” del 13-3-2007, a través de los cuales el Máximo Tribunal estableció que siendo la materia de accidentes del trabajo de derecho común e interviniendo en la misma sujetos de derecho privado, como son los trabajadores y las ART, no se justifica la federalización del procedimiento ni por lo tanto la intervención de organismos federales administrativos como las comisiones médicas ni la Justicia Federal de la Seguridad Social. IV. Asimismo, en relación con la aplicación de la ley 26.773, el planteo no será receptado, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un infortunio que tuvo lugar el 15/8/2012. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Código Civil, las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia, aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes en la medida que ellas se refieran al futuro, lo cierto es que la aplicación retroactiva de una norma de orden público si bien es excepcional, de ello no se sigue necesariamente la inconstitucionalidad automática de la misma, a menos que del análisis concreto se demuestre la irrazonabilidad de la medida y, en su caso, la existencia de perjuicios respecto de una de las partes en su derecho de propiedad. Sin embrago, la actualización del índice Ripte o, en su caso, del incremento del 20% al presente caso resulta inadmisible, no por la aplicación de la ley que, reitero, es inmediata, sino porque no es una hipótesis comprendida en el inciso 5 del artículo 17 de la ley 26.773. La norma del inciso 6 del artículo 17 de la ley 26.773 no puede ser leída sin tener en cuenta las prescripciones del inciso 5 y del artículo 8 de la citada ley.La norma del inciso 5 del artículo 17 de la ley 26.773 establece que las disposiciones atinentes a las prestaciones dinerarias (entre la que se encuentra la del coeficiente de ajuste regulado por el artículo 8 de esa ley) “. entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”. De este modo queda excluida la posibilidad de aplicación de estas disposiciones a la presente causa en la que la primera manifestación invalidante se produce con anterioridad a la publicación de la ley 26.773 en el Boletín Oficial. En esta inteligencia la norma del inciso 6 del artículo 17 de la ley 26.773 no determina la aplicabilidad del RIPTE a todas las causas sino las pautas de ajuste que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produce con posterioridad a la publicación de la ley 26.773. De ninguna manera puede seguirse de la textualidad de la norma que el Ripte se aplique a las relaciones jurídicas en las que el pago se encuentre pendiente ni tampoco que la hipótesis del inciso 6 del artículo 17 de la ley 26.773 establezca un plazo especial de aplicabilidad de la ley. Lo que el inciso 6 establece son las condiciones de cálculo del RIPTE complementando el enunciado del artículo 8 de la norma que carece de precisiones al respecto. En igual situación se encuentra el incremento dispuesto por el artículo 3 de la misma ley.La excepción a esta situación es la existencia de gran invalidez atento lo establecido en el inciso 7 del artículo 17 que establece que el importe y la actualización de las prestaciones por gran invalidez se aplicará “.con independencia de la fecha de determinación de esa condición”.

A contrario sensu, al no tratarse en el caso de prestaciones por gran invalidez, ha de estarse a la fecha de la primera manifestación invalidante anterior a la sanción de la ley.

V. Así, de conformidad con el ingreso básico mensual determinado por el perito contador a fs. 104 y fs. 110, de $ 2.669,21, edad del causante y demás parámetros indicados en el art. 15, apartado 2 LRT, esta prestación asciende a $ 199.894,46. A ella corresponde adicionar la del art. 11.4.c) LRT, por $ 120.000 (conf. art. 1º, dec. 1694/09, aplicable al supuesto en razón de la fecha de vigencia). El total, de $ 319.894,46 devengará intereses a la tasa del Acta CNAT Nº 2601 desde la fecha de fallecimiento del causante y hasta su efectivo pago. En orden a la tasa de interés, si bien es cierto que el acta CNAT 2601 no es una norma, su falta de aplicación representaría una confiscación del patrimonio del actor por efecto de la aplicación de una tasa ficticia, lo que hace necesaria la operatividad de la misma. Teniendo en cuenta los motivos del acta CNAT 2601 tendientes a evitar la conjuración del riesgo en la utilización de una tasa de interés que resulta ajena a las posibilidades de endeudamiento del acre edor, que debe proveer a un crédito de carácter alimentario, entiendo corresponde aplicar la tasa de interés establecida en la misma.

VI. De conformidad con lo dispuesto en el art. 279, C.P.C.C.N. corresponde dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia en materia de costas y honorarios, y pronunciarse originariamente al respecto, lo que torna inoficioso el tratamiento de los recursos pertinentes.a) Sugiero imponer las costas por ambas instancias, a la demandada aseguradora objetiva y sustancialmente vencida, en relación con las acciones que prosperan (conf. arts. 68, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Teniendo en cuenta el monto del proceso, y la calidad, complejidad y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, propicio regular a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada aseguradora, y a los peritos contador y médico, el 16%, 14%, 6% y 7%, respectivamente, sobre el monto de condena (conf. arts. 38, L.O., 6, 7, 8, 9, 19, 37 y concs., ley 21.839 y ley 24.432). b) Las costas originadas por la intervención de los Sres. L.E. y N. N. R., dadas las particularidades del caso a su respecto, se imponen según el orden causado, y por ambas instancias (arts. 68 CPCCN). Teniendo en cuenta el monto del proceso, y la calidad, complejidad y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, propicio regular a la representación y patrocinio letrado de esta parte actora y a la aseguradora, las sumas de ($.) y ($.) respectivamente (arts. cit. supra). c) Teniendo en cuenta el monto del proceso, y la calidad, complejidad y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, propicio regular por los trabajos de alzada, a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de cada demandada, el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la anterior a los abogados de cada parte. (conf. art. 38, L.O. y 14 y concs., ley 21.839). LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo: Por análogos fundamentos, adhiero al primer voto, con las siguientes aclaraciones. Si bien en casos análogos al presente me expedí en sentido contrario al presente lo cierto es que en la actual integración de esta sala por vacancia de la vocalía 2, se conformó mayoría sobre este tópico en “Mansilla Aldo Ariel c/Asociart A.R.T. S.A. y otro s/accidente- ley especial” (Expte. Nº 52.329/2011/CA1 S.D.Nº 79363 del 17/11/2016, con votos de los Dres. Arias Gibert y Graciela Lucia Craig), considerando que si la situación fue planteada como accidente in itinere, la indagación de la autoría carece de sentido pues la condición de la admisibilidad de la compensación por el daño es la ocasión del recorrido de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, por lo que por razones de economía procesal, he de adherir a esta solución. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada, admitiendo la demanda interpuesta por la Sra. E. S. M. por sí, y en representación de su hijo adolescente A. J. y menores K. M. y L. S. R., y por los Sres. D. Y. -ahora mayor de edad-, y M. M. y B. G. R., condenando en consecuencia a Asociart SA Aseguradora del Riesgos del Trabajo a abonar a aquéllos, dentro del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación del art. 132 LO, y en la proporción para cada uno indicada en el punto II, última parte del primer voto, la suma de $ 319.894,46 devengará intereses a la tasa del Acta CNAT Nº 2601 desde la fecha de fallecimiento del causante y hasta su efectivo pago. 2) Confirmarla en cuanto desestima el reclamo interpuesto por los Sres. E. y N. N. R. 3) Dejar sin efecto costas y honorarios de primera instancia. 4) Imponer las costas por cada etapa y en cada acción y regular los honorarios respectivos, como se lo sugiere en el punto VI, a, .b y c del primer voto. 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara