Responsabilidad del gerente de una sociedad de responsabilidad limitada por la falta de pago del crédito laboral reconocido al actor

Partes: Soriano Marcelo Eduardo c/ Gutiérrez Julio María s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 14-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104256-AR | MJJ104256 | MJJ104256Sumario:

1.-Las acciones de responsabilidad social y concursal de los administradores no deben confundirse, pues si bien pueden contener al mismo legitimado pasivo, se diferencian en las conductas reprochables y en el factor de atribución. Va de suyo entonces que ello no impide su tramitación conjunta.

2.-La acción societaria de responsabilidad tiende a la reparación de los daños, con independencia de que resultaren o no causa eficiente de la cesación de pagos de la sociedad y no exige la existencia de un débito patrimonial injustificado que lo afecte y si bien una sociedad es un sujeto de derecho distinto tanto de sus socios como de sus administradores (LS: 1 y 2 ), la gestión empresaria se encuentra a cargo del órgano de administración y es la LS la que impone a los administradores pautas a las que deben ajustar su conducta (LS: 59 ), fijándose así en el ámbito societario los principios de diligencia y buena fe contenidos en el CCIV:512 y 1198 (arts. 1724 y 961 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente).

3.-En relación a la sociedad de responsabilidad limitada, según el art. 157 de la LS los gerentes tienen los mismos derechos y obligaciones que los directores de las sociedades anónimas y serán responsables individual y solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas por el contrato. Así, los administradores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los socios y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave (LS:274 )

4.-El standard de conducta exigido a los administradores societarios es el del buen hombre de negocios” (art. 59, LS) que importa una responsabilidad agravada. Y es que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias del obrar (art. 902 del CCIV).

5.-A los fines de evaluar la procedencia de las acciones de responsabilidad, es relevante tanto la forma en que el gerente de la fallida se desempeñó antes de la declaración de quiebra, como su conducta durante el proceso falencial y la presente causa (Cpr.: 163, inc. 3° ).

6.-En el proceso de responsabilidad de los administradores, no sólo tienen eficacia las manifestaciones de voluntad, sino también las actitudes omisivas, de conformidad con el principio de autorresponsabilidad , imputado a quienes actúan ante la jurisdicción judicial

7.-El fin de la prueba es llevar al Juez al convencimiento de los hechos y la certeza de la verdad sobre ellos; en cada caso el Magistrado tiene el deber de efectuar una reconstrucción histórica de lo acontecido, con el objeto de determinar si las afirmaciones de las partes son ciertas o no. Para ello debe examinar las pruebas obrantes en el expediente, apreciarlas con criterio lógico y jurídico y verificarlas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, extraídas de la observación del corriente comportamiento humano científicamente verificables.

8.-La flexibilidad de las reglas de la carga de la prueba no es nuevo. El principio de las cargas probatorias dinámicas establece que la acreditación de los hechos constitutivos de la responsabilidad y los demostrativos de su falta, pesa sobre ambas partes.

9.-Las cargas probatorias dinámicas hacen desplazar el onus probandi del actor al defendido o de éste a aquél, según las circunstancias del caso. Implican una actitud proactiva y dinámica ya que el onus probandi que pesa sobre una parte, surge tan sólo después de que su contraria acreditó determinado hecho o circunstancia.

10.-Las alegaciones de las partes son inidóneas para producir convicción sobre su existencia, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que estás tienen sino del riesgo de no hacerlo; no supone un derecho sino un imperativo para cada litigante.

11.-El Magistrado tiene la facultad de recurrir a la prueba indiciaria para valorar los hechos relevantes de la causa, por cuanto en el ámbito probatorio la renuncia consciente a la verdad jurídica constituye una falta del deber fundamental del juzgador: administrar justicia. Y el consciente desconocimiento de elementos fácticos resulta incompatible con esta misión.

12.-Desde el conocido caso Colalillo de la CSJN, no está controvertido que el proceso tiene como finalidad el establecimiento de la verdad jurídica objetiva; esto es, la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes fundaron sus pretensiones y la determinación de su significación jurídica en función de la legislación aplicable y estos principios adquieren especial relevancia cuando se advierte que la actitud de una de las partes perjudicó la posibilidad de producir prueba.

13.-La presunción de fraude prevista por el art. 233 de la LCQ y la correlativa remisión de la causa al fuero penal no es consecuencia de una valoración jurisdiccional, sino de una disposición del legislador extraída de la situación objetiva de la declaración de clausura por falta de activo.

14.-La decisión absolutoria de la justicia criminal en modo alguno perjudica al progreso de la presente acción, de naturaleza diversa, máxime cuando en sede penal no se produjeron pruebas que aporten elementos para dirimir este pleito.

15.-En tanto de la compulsa de esa causa se desprende que la relación laboral no había sido inscripta y de hecho, la sociedad negó la relación de dependencia con el aquí actor, postura desestimada por el Juez laboral, se trata de un caso de empleo no registrado, donde incluso resultó difícil determinar el salario percibido por el trabajador ante la falta de recibos; situación prohibida por la Ley de Contrato de Trabajo. Tal proceder fue el de un típico fraude laboral y previsional que constituye un recurso para violar la ley, el orden público laboral, la buena fe y frustrar derechos de terceros: en definitiva perjudica al trabajador; al sector pasivo, víctima de la evasión previsional y a la comunidad al disminuir los costos laborales.

16.-El empleo no registrado no puede ser desconocido por el demandado en su calidad de gerente, dada la debida atención y preocupación por los asuntos sociales que le es exigible a los administradores, máxime cuando tuvo participación personal en la contratación del actor conforme surge de sus propios dichos en oportunidad de contestar la demanda laboral.

17.-Cuando la modalidad irregular de empleo es consentida por el administrador existe una clara contravención con los deberes de conducta que configuran el paradigma de la buena fe, como debe actuar un buen hombre de negocios y a lo anterior se suma como elemento especialmente gravitante a favor del progreso de la acción, que no fueron presentados en autos, ni en el expediente de la quiebra, los libros contables de la sociedad demandada.

18.-La obligación de llevar libros de contabilidad se impone por: a) el interés del comerciante para conocer su estado financiero y orientar correctamente su gestión, b) el interés de quien contrata con él, y c) el interés general del comercio y siendo ésta una obligación de los comerciantes (arts. 43 y 44 del derogado Código de Comercio y art. 61 y ss. Ley N° 19.550) su falta de presentación por parte de Gutiérrez, socio gerente de la fallida, implica una grave presunción en su contra (arts. 56 y 63 Cód. Com ).

19.-La inobservancia de los administradores de la carga de llevar una adecuada contabilidad, los hace responsable por los daños en los términos de los arts. 59 y 274 de la LS.

20.-El mal desempeño de los administradores no sólo consiste en participar directa o indirectamente en hechos o actos violatorios de la ley y los estatutos, sino también en la omisión de las diligencias exigidas por las circunstancias de tiempo, lugar y modo para subsanar incorrectos procederes, que no podían desconocer de haber aplicado la debida atención y preocupación por los asuntos sociales.

21.-Son deberes del administrador societario la lealtad y la diligencia; en tanto administran un patrimonio e intereses ajenos, motivo por el cual deben evidenciar una actitud de cooperación sobre la base de las expectativas que se tutelan en función del objeto social. La responsabilidad nace al integrar el órgano de administración; de manera que su conducta debe meritarse en función de su actividad (u omisión) aunque no actúe directamente en hechos que originan responsabilidades, pues es función de cualquier integrante de este órgano controlar la gestión empresaria.

22.-La diligencia debida es un marco que fija un modelo o tipo de conducta y presupone un nivel de exigencia traducido en concreta idoneidad, capacidad, conocimiento suficiente y eficiente de la actividad social. El concepto de conducta (art. 59, LSC) comprende actitudes positivas y omisivas; la acción dañosa consiste en procederes u omisiones que producen, facilitan, permiten, agravan y prolongan el daño.

23.-En relación al quantum de la condena contra el gerente de la sociedad demandada, ella implicará la satisfacción dela sentencia dictada en sede laboral contra la misma.

24.-La reparación del daño moral está referido a los perjuicios en los derechos extra patrimoniales del actor, siendo imprescindible que el mismo las acredite, y si bien la comprobación directa del menoscabo es de difícil acreditación objetiva, ello no exime al reclamante de probar su procedencia. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “MARCELO EDUARDO SORIANO” contra “JULIO MARÍA GUTIERREZ” sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Díaz Cordero y Ballerini.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO Los antecedentes de la causa fueron adecuadamente expuestos en el fallo recurrido; a ellos me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Para facilitar la comprensión de la solución propuesta, diré que el actor demandó a Matilde Beatriz López y a Julio María Gutiérrez en calidad de socios gerentes de su ex empleador, Seprinco S.R.L., considerándolos responsables del impago de la sentencia dictada a su favor en sede laboral.

La condena no fue satisfecha por la condenada Seprinco S.R.L., empresa cuya quiebra tramitó ante el Juzgado n° 5 del Fuero, Secretaría 9 (expte. 14287/2005, “Seprinco S.R.L. s/ quiebra”, que en este acto tengo a la vista).

El demandante desistió de la acción contra Matilde Beatriz López, quien habría fallecido (fs. 157/159).

II. EL DECISORIO RECURRIDO

El fallo de primera instancia del 08-09-2014, obrante a fs. 219/228 rechazó la demanda.

Para así decidir el a quo meritó que: (i) la cuestión debe resolverse conforme al régimen de responsabilidad de los administradores previsto en la normativa concursal; (ii) el actor no ofreció prueba idónea a fin de demostrar las conductas dolosas del accionado; y (iii) el accionante tampoco probó el nexo causal entre las supuestas inconductas del administrador y la cesación de pagos del ente.

III. El RECURSO

Soriano apeló el fallo el 29-09-2014 (fs.241), el recurso se concedió el 30-09-2014 (fs. 242) y sus agravios del 07-05-2015 (fs. 355/368) fueron contestados por la sindicatura de “Seprinco S.R.L.” el 30-06-2016 (fs. 387/390).

La presidencia de la Sala llamó “autos para sentencia” el 29-12-2016 (fs. 472), la causa se sorteó el 07-02-2017 (fs. 472vta.) y el Tribunal quedó habilitado para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN

RECURSIVA

El actor se queja porque el a-quo: (i) analizó el reclamo únicamente desde la perspectiva de la LCQ:173, primer párrafo; con prescindencia de las restantes normas invocadas; (ii) le impuso pruebas injustificadas, pues la falta de presentación de los libros contables de Seprinco S.R.L. gravitó en favor de sus administradores; (iii) fue incongruente al declarar la cuestión como de puro derecho, para luego estimar no probobada la responsabilidad del demandado; (iv) ignoró que la quiebra de Seprinco S.R.L. fue considerada prima facie fraudulenta lo que motivó su remisión a sede penal; (v) desconoció los principios de la legislación laboral que protegen el crédito del trabajador y; (vi) no tuvo en cuenta la falta de comparecencia a juicio de la defensa como favorable al progreso de la acción.

V. DICTAMEN FISCAL.

La Sra. Fiscal ante esta Cámara dictaminó, propiciando la revocación del fallo recurrido. Luego de diferenciar la responsabilidad emergente de la normativa concursal de la regulación societaria; desestimando la procedencia de la primera, explicó que la falta de registros contables es una violación a la ley atribuible a los administradores.

Ergo, entendió acreditada la falta de cumplimiento de las disposiciones legales que imponen llevar una adecuada contabilidad y en consecuencia, el negligente desempeño de los administradores. Por ello, consideró que debía acogerse la demanda.

VI. Luego de analizar los antecedentes de la causa, las pruebas aportadas al expediente; particularmente las causas venidas “ad effectum vivendi”, de conformidad con las reglas de la sana crítica (art.386, CPCCN) y la sentencia recurrida, juzgo que el pronunciamiento apelado debe ser revocado.

No atenderé a todos los planteos del apelante, sino sólo a los que estime esenciales y decisivos para fallar en esta causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13-11-1986; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del 12-02-1987; bis ídem, “Pons, María y otro” del 06-10-1987; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-09- 1989; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

Alteraré el orden de los agravios reseñados para facilitar la comprensión de la solución propiciada.

VII. LA DECISIÓN PROPUESTA

1. En primer lugar, es necesario determinar el plexo normativo que debe aplicarse al análisis de la controversia.

Esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse en la causa (fs. 80) donde resolvió con apoyo en el dictamen fiscal obrante en fs. 78/79, que el sub-lite se trata de una acción de responsabilidad contra quien fuera socio gerente de Seprinco S.R.L. y que resultan aplicables -por haber sido invocadas en la demanda- tanto las normas del régimen falencial como aquellas específicas de la Ley de Sociedades.

Como es sabido y destaca el anterior sentenciante, las acciones de responsabilidad social y concursal de los administradores no deben confundirse, pues si bien pueden contener al mismo legitimado pasivo, se diferencian en las conductas reprochables y en el factor de atribución. Va de suyo, que ello no impide su tramitación conjunta.

El a quo no encontró probada la existencia de dolo en el actuar del defendido, elemento imprescindible para la procedencia de la acción en los términos del art. 173, LCQ.

Comparto tal postura; pues los escasos elementos de prueba colectados son insuficientes para configurar una actitud dolosa conforme a lo exigido por la normativa concursal, coincidentemente con lo señalado por la Sra. Fiscal en su dictamen de fs.464/471.

Empero, ello no puede tener como resultado el rechazo automático de la acción, pues resta evaluar si los hechos probados encuadran en las previsiones del régimen de responsabilidad societario.

Tal crítica se deprende de la expresión de agravios del apelante, a pesar de cierta falta de precisión, cuestión ya señalada tanto por el Juez de la anterior instancia como por la Sra. Fiscal.

La acción societaria tiende a la reparación de los daños, con independencia de que resultaren o no causa eficiente de la cesación de pagos de la sociedad y no exige la existencia de un débito patrimonial injustificado que lo afecte.

Y si bien una sociedad es un sujeto de derecho distinto tanto de sus socios como de sus administradores (LS: 1 y 2), la gestión empresaria se encuentra a cargo del órgano de administración y es la LS la que impone a los administradores pautas a las que deben ajustar su conducta (LS: 59), fijándose así en el ámbito societario los principios de diligencia y buena fe contenidos en el CCIV:512 y 1198 (arts. 1724 y 961 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente).

En relación a la sociedad de responsabilidad limitada, según el art. 157 de la LS los gerentes tienen los mismos derechos y obligaciones que los directores de las sociedades anónimas y serán responsables individual y solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas por el contrato.

Así, los administradores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los socios y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave (LS:274)

El standard de conducta exigido es el del “buen hombre de negocios” (art. 59, LS) que importa una responsabilidad agravada.Y es que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias del obrar (art. 902 del CCIV).

Es relevante tanto la forma en que el gerente de la fallida se desempeñó antes de la declaración de quiebra, como su conducta durante el proceso falencial y la presente causa (Cpr.: 163, inc. 3°).

En el proceso no sólo tienen eficacia las

manifestaciones de voluntad, sino también las actitudes

omisivas, de conformidad con el “principio de autorresponsabilidad”, imputado a quienes actúan ante la jurisdicción judicial (CNCom, esta Sala, “Fernández Manuel y otro c/ La Candelaria de Dardo Rocha S.A. s/ ordinario”, del 02-06-

2009, entre otros). Desde ese prisma analizaré la causa.

2. El fin de la prueba es llevar al Juez al convencimiento de los hechos y la certeza de la verdad sobre ellos; en cada caso el Magistrado tiene el deber de efectuar una reconstrucción histórica de lo acontecido, con el objeto de determinar si las afirmaciones de las partes son ciertas o no. Para ello debe examinar las pruebas obrantes en el expediente, apreciarlas con criterio lógico y jurídico y verificarlas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, extraídas de la observación del corriente comportamiento humano científicamente verificables (CSNJ, 07-06-1988, “Martínez Saturnino y otros s/homicidio calificado”, entre otros).

La flexibilidad de las reglas de la carga de la prueba no es nuevo. El principio de las cargas probatorias dinámicas establece que la acreditación de los hechos constitutivos de la responsabilidad y los demostrativos de su falta, pesa sobre ambas partes (CNCom, esta Sala, 07-12-2012, in re “Lekeitio S.A. s/quiebra s/incidente de ineficacia concursal por la sindicatura” ).

Sintetizo: las cargas probatorias dinámicas hacen desplazar el onus probandi del actor al defendido o de éste a aquél, según las circunstancias del caso.Implican una actitud proactiva y dinámica ya que el onus probandi que pesa sobre una parte, surge tan sólo después de que su contraria acredit ó determinado hecho o circunstancia (CNCom., esta Sala, “Organización Mundo del Soporte L.A. S.R.L. c/ Stretegic Merchant Bank S.A. s/ sumarísimo”, del 13-12-2004, entre otros).

Tal consideraciones proponen recordar que las alegaciones de las partes son inidóneas para producir convicción sobre su existencia, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que estás tienen sino del riesgo de no hacerlo; no supone un derecho sino un imperativo para cada litigante.

Por lo demás, el Magistrado tiene la facultad de recurrir a la prueba indiciaria para valorar los hechos relevantes de la causa, por cuanto en el ámbito probatorio la renuncia consciente a la verdad jurídica constituye una falta del deber fundamental del juzgador: administrar justicia. Y el consciente desconocimiento de elementos fácticos resulta incompatible con esta misión (CNCom., esta Sala, “Armanino, Leopoldo Aquiles c. Colegio del Árbol S.A. y otro” , del 28-10-2005).

Desde el conocido caso “Colalillo” de la CSJN, no está controvertido que el proceso tiene como finalidad el establecimiento de la verdad jurídica objetiva; esto es, la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes fundaron sus pretensiones y la determinación de su significación jurídica en función de la legislación aplicable (CNCom., esta Sala, “Pesquera Alondra s/quiebra s/incidente de ineficacia concursal s/ordinario”. Del 15-8- 2006; y sus citas).

Estos principios adquieren especial relevancia cuando se advierte que la actitud de una de las partes perjudicó la posibilidad de producir prueba.

3. Contrariamente a lo alegado por el recurrente, la presunción de fraude prevista por el art.233 de la LCQ y la correlativa remisión de la causa al fuero penal no es consecuencia de una valoración jurisdiccional, sino de una disposición del legislador extraída de la situación objetiva de la declaración de clausura por falta de activo.

Paralelamente, la decisión absolutoria de la justicia criminal en modo alguno perjudica al progreso de la presente acción, de naturaleza diversa. Máxime cuando en sede penal no se produjeron pruebas que aporten elementos para dirimir este pleito (ver expte. 68.805/2007 – “Seprinco s/ quiebra fraudulenta” que en este acto tengo a la vista).

Tampoco el rechazo de la demanda fue incongruente con la declaración de la causa como de puro derecho, pues es facultad de las partes renunciar a la producción de la prueba y el Magistrado debe resolver la cuestión según el mérito de los elementos aportados, lo que obviamente puede incluir la no admisión del reclamo. Ello a pesar de que, como se adelantó, no se coincide con la decisión del anterior sentenciante.

4. No está discutido que Soriano es titular de un crédito de $18.601,54 (pesos dieciocho mil seiscientos uno con cincuenta y cuatro centavos) verificado en la quiebra de Seprinco S.R.L.; empresa donde el defendido era socio gerente (ver resolución verificatoria a fs. 303/304 e informe de la IGJ a fs. 43/50, ambos del expte. 14.287/2005 – “Seprinco S.R.L. s/ quiebra”, que en este acto tengo a la vista).

Entonces el crédito del actor tiene su origen en la sentencia dictada en el expediente 4707/1998 – “Soriano Marcelo Eduardo c/ Seprinco S.R.L. s/ despido” que tramitó ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 29, que fue remitido “ad effectum videndi”.

De la compulsa de esa causa se desprende que la relación laboral no había sido inscripta.De hecho, la sociedad negó la relación de dependencia con el aquí actor, postura desestimada por el Juez laboral.

Ergo, se trata de un caso de empleo no registrado, donde incluso resultó difícil determinar el salario percibido por el trabajador ante la falta de recibos; situación prohibida por la Ley de Contrato de Trabajo.

El proceder fue el de un típico fraude laboral y previsional que constituye un recurso para violar la ley, el orden público laboral, la buena fe y frustrar derechos de terceros: en definitiva perjudica al trabajador; al sector pasivo, víctima de la evasión previsional y a la comunidad al disminuir los costos laborales (CNTr., Sala III, “Delgadillo Linares, Adela c/ Shatell S.A.”, del 11-04-1997).

Lo anterior no puede ser desconocido por el demandado en su calidad de gerente, dada la debida atención y preocupación por los asuntos sociales que le es exigible a los administradores (CNCom, esta Sala, “Marsicano, Oscar c/ San Sebastian SACIF y otros”, del 28-04-2009), máxime cuando tuvo participación personal en la contratación de Soriano, conforme surge de sus propios dichos en oportunidad de contestar la demanda laboral (fs. 118/121 del expte. 4708/1998 “Soriano Marcelo Eduardo c/ Seprinco S.R.L. s/ despido”).

Así, cuando la modalidad irregular es consentida por el administrador existe una clara contravención con los deberes de conducta que configuran el paradigma de la buena fe, como debe actuar un buen hombre de negocios (LS:59, LCT:62 y 63; CNCom., esta Sala, “Alarcón, Miguel A. c/ Distribuidora Juarez S.R.L.” , del 17-06-2003).

5. A lo anterior se suma como elemento especialmente gravitante a favor del progreso de la acción, que no fueron presentados en autos, ni en el expediente de la quiebra, los libros contables de Seprinco S.R.L.

La obligación de llevar libros de contabilidad se impone por:a) el interés del comerciante para conocer su estado financiero y orientar correctamente su gestión, b) el interés de quien contrata con él, y c) el interés general del comercio.

Siendo ésta una obligación de los comerciantes (arts. 43 y 44 del derogado Código de Comercio y art. 61 y ss. Ley N° 19.550) su falta de presentación por parte de Gutiérrez, socio gerente de la fallida, implica una grave presunción en su contra (arts. 56 y 63 Cód. Com.; conforme CNCom, esta Sala, “Río Cuarto S.A. c/Continental S.A.” del 24-09-1980), tal como lo entendió la Sra. Fiscal ante esta Cámara en su dictamen de fs. 464/471; opinión que comparto.

La inobservancia de los administradores de la carga de llevar una adecuada contabilidad, los hace responsable por los daños en los términos de los citados arts. 59 y 274 de la LS (CNCom, Sala A, “Sánchez, C. c/ Plaza Las Heras S.C.A.” del 19-07-1973; íd, Sala D, “Simancas, María Angélica c/ Crosby, Ronald s/ ordinario” del 05-11-2008).

No desconozco que la presente causa fue declarada como de puro derecho a pedido del actor. Pero, es indiscutible que el interesado en presentar los libros contables para ilustrar al juzgador sobre la gestión era el propio accionado. Ello no sucedió pues Gutiérrez no contestó la demanda.

Por lo demás, no parece criticable la actitud de Soriano de no insistir en la producción de ese medio probatorio, pues contaba con el antecedente de la falencia de Seprinco.

S.R.L.

En esas actuaciones los administradores de la fallida no se hicieron presentes para brindar explicaciones, en contravención con el art. 102 de la LCQ. En relación a los libros contables, el letrado apoderado de la empresa dijo que fueron entregados a una contadora que habría fallecido (fs.271). Ergo, nunca fueron presentados y ninguna prueba se produjo sobre su presunta pérdida.

Gutierrez no acreditó -ni alegó- haber realizado ninguna diligencia tendiente a la conservación de los libros, ni a su reconstrucción, ni a la protección del activo; tampoco se presentó en el expediente principal de la quiebra a dar explicaciones, ni prestó la colaboración que impone la ley concursal.

Tampoco contestó esta demanda, de manera que no puede conocerse su versión de los hechos ni las razones que pudieran exculpar su conducta. Tal falta de colaboración no puede más que gravitar en su contra en la resolución del pleito.

El mal desempeño de los administradores no sólo consiste en participar directa o indirectamente en hechos o actos violatorios de la ley y los estatutos, sino también en la omisión de las diligencias exigidas por las circunstancias de tiempo, lugar y modo para subsanar incorrectos procederes, que no podían desconocer de haber aplicado la debida atención y preocupación por los asuntos sociales (CNCom, esta Sala, “Bonmetique S.A. s/ quiebra c/ Bonserio Miguel Angel y otros s/ ordinario” del 09-05-2016).

Es necesario recordar que son deberes del administrador la lealtad y la diligencia; en tanto administran un patrimonio e intereses ajenos, motivo por el cual deben evidenciar una actitud de cooperación sobre la base de las expectativas que se tutelan en función del objeto social. La responsabilidad nace al integrar el órgano de administración; de manera que su conducta debe meritarse en función de su actividad (u omisión) aunque no actúe directamente en hechos que originan responsabilidades, pues es función de cualquier integrante de este órgano controlar la gestión empresaria (CNCom, esta Sala,26-03-1991, inre, “Only Plastic SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta”).

La diligencia debida es un marco que fija un modelo o tipo de conducta y presupone un nivel de exigencia traducido en concreta idoneidad, capacidad, conocimiento suficiente y eficiente de la actividad social. El concepto de conducta (art.59, LSC) comprende actitudes positivas y omisivas; la acción dañosa consiste en procederes u omisiones que producen, facilitan, permiten, agravan y prolongan el daño (CNCom, esta Sala, 29-03-2010, “Gpcom SRL S/ Quiebra C/ Pérez, Marcelo Javier S/ Ordinario”; Id., Id., 20-12-2006, “Transportes Perpen SA S/ Quiebra C/ Ernesto Perpen y otros” , del 20-12-2006; entre otros).

Como quedó claramente evidenciado a lo largo de esta exposición, Gutiérrez no adecuó su conducta a la exigencia de la ley societaria y nada hizo para atenuar – a posteriori- las consecuencias de su accionar desaprensivo.

Finalmente, resulta sugestivo que menos de un mes después de que se dictara sentencia en el juicio laboral (11-2002) el demandado donó a sus hijos la nuda propiedad de un inmueble (ver escritura del 02-10-2002 copiada a fs. 120/122).

Lo anterior sin perjuicio de que la operación no puede ser tildada de simulada o fraudulenta por no contarse con otros elementos de prueba y fundamentalmente, por tratarse de un planteo introducido después de trabada la litis; cuestión que impidió el correcto ejercicio del derecho de defensa.

7. Estimo que se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia de la acción de responsabilidad contra el ex gerente de la fallida.

Ello, por cuanto la conducta antijurídica de Gutiérrez al admitir la contratación del actor en fraude a la ley laboral e incumplir los deberes que tenía como administrador en los términos de la LS:59, demuestran un obrar que debe calificarse, por lo menos, de gravemente culpable.

Existe además una adecuada relación de causalidad entre la conducta reseñada y los daños provocados al actor; pues no solo fueron la génesis del reclamo laboral, sino que la falta de colaboración en el expediente y el -invocado y no probado- extravío de los libros contables, impidieron la correcta determinación de los activos y pasivos de Seprinco S.R.L.e indudablemente influyeron en el resultado ruinoso de la empresa, dificultando y dilatando el cobro de la acreencia.

8. En relación al quantum de la condena, implicará la satisfacción de la sentencia dictada en sede laboral contra Seprinco S.R.L. Se coincide con la Sra. Fiscal en relación a la imposibilidad de admitir el daño moral reclamado.

A criterio de esta preopinante, la reparación no procede, en tanto el daño moral está referido a los perjuicios en los derechos extra patrimoniales del sujeto (CNCom, esta Sala, “Carraza Yofre Silva Mercedes c/ Compumundo S.A. s/ ordinario”, del 21-12-2016) que en estas actuaciones el accionante no acreditó.

Y si bien la comprobación directa del menoscabo es de difícil acreditación objetiva (CNCom., esta Sala, in re “Topa, Carlos y otro c/ Banco Hipotecario S.A.”, del 02-10-2003), ello no exime al reclamante de probar su procedencia.

Nótese que Soriano desistió de la totalidad de la prueba orientada a comprobar los daños que le habría irrogado la falta de pago de la sentencia laboral (fs. 167), tal orfandad probatoria motivada por una conducta libremente adoptada por el actor, no puede ser excusada por el Tribunal.

9. Costas. En atención a la forma en que se propone dirimir la controversia, las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por el demandado vencido, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (Cpr.: 68).

VIII. Si mi criterio es compartido, propongo -por los fundamentos enunciados- admitir parcialmente el recurso de fs. 355/368 y, en consecuencia, condenar a Julio María Gutiérrez al pago íntegro de la sentencia laboral dictada en autos “Soriano Marcelo Eduardo c/ Seprinco S.R.L. s/ despido”, con los intereses fijados en el punto VII de tal decisorio (fs. 596), con costas (Cpr.:68).

IX. Honorarios. Con relación a los emolumentos fijados y dado que la solución propiciada admite el recurso interpuesto y revoca la sentencia de primera instancia, deviene aplicable la pauta prevista en el Cpr. 279.

En este orden, practicada y firme que se encuentre la liquidación ordenada precedentemente, vuelvan los autos a esta instancia a fin de que sean fijados la totalidad de los emolumentos, de conformidad con los nuevos parámetros establecidos en la norma precitada.

He concluido.

Por análogas razones las Dras. Díaz Cordero y Ballerini adhirieron a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana

I. Piaggi, Matilde Ballerini. Es copia del original que corre a fs. 1106/17 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

Ruth Ovadia – Secretaria De Cámara