Responsabilidad del conductor de una motocicleta que embistió a la actora causándole lesiones en la pierna

Partes: Baez Carlos y otro c/ Nicoli Julio s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 1-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-104016-AR | MJJ104016 | MJJ104016

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios tendiente a indemnizar los daños sufridos como consecuencia del accidente de tránsito toda vez que en el sub lite, el acaecimiento del siniestro no se encuentra controvertido, como tampoco se invocó eximentes de responsabilidad; y si bien el demandado afirmó que el actor circulaba en contramano, no se produjo en autos probanza tendente a demostrar tal circunstancia.

2.-Deben aplicarse los apercibimientos contenidos en el art. 143 del CPCC ante la falta de contestación de demanda y en consecuencia tener por reconocidos los hecho articulados por la parte actora en su demanda, en razón de que el demandado no produjo prueba en contrario, debiendo concluirse que la responsabilidad en la ocurrencia del hecho recae sobre el demandado y no habiéndose invocado ninguna de las eximentes previstas por la norma que rige el caso (art. 1113 pár. 2° parte 2º del CCiv. ), se le debe reprochar totalmente la producción del hecho en cuestión.

Fallo:

Rosario 01-12-2016

Y VISTOS: Los autos caratulados “BAEZ, Carlos y otros c/ NICOLI, Julio s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 525/2005 en trámite por ante éste Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 1, siendo Juez de Trámite la Dra. Susana Igarzábal y encontrándose consentida la integración del Tribunal con las Dras. Mariana Varela y Julieta Gentile. A fs. 2/6 y 38 se presenta la parte actora, Sres. CARLOS IGNACIO BÁEZ y MÓNICA ALEJANDRA SOTELO, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad ROSA BEATRIZ BÁEZ, representados por el Dr. Ángel G. Gorostiague; instan demanda contra el Sr. JULIO CESAR NICOLI; y dicen en el escrito inicial presentado en fecha 11/04/2005, que en fecha 20/07/2004, la menor de edad Rosa Báez, circulaba conduciendo una bicicleta por calle Pasco de Rosario, con dirección Este; que en esas circunstancias, a la altura catastral del 4750 de Pasco, la motocicleta Yamaha domicio 956-BHK al mando del Sr. Nicoli, quien no advirtió la presencia de la bibicleta, embistió con la parte delantera de la misma la parte trasera de la bicicleta, provocando su caída y sufriendo lesiones. Exponen los rubros que considera deben ser indemnizados, comprensivos de daño emergente, incapacidad sobreviniente, lesión estética, daño moral, y gastos no documentados. Funda en derecho su pretensión; cita jurisprudencia y doctrina; ofrece pruebas; formula reserva constitucional; peticiona se haga lugar a la demanda, con intereses y costas. A fs. 65 comparece Rosa Báez por haber alcanzado la mayoría de edad.

Por auto N° 41 de fecha 03/02/2010 se declara la rebeldía del demandado Sr. JULIO CÉSAR NICOLI (fs. 58) y se da por decaído su derecho de contestar demanda, encontrándose notificado conforme surge de la cédula acompañada a fs. 61. A fs. 153 comparece el Sr. Nicoli representado por el Dr. Marcelo Druetto Ojeda.

Celebrada la AVC en fecha 25/11/2016, quedan los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: 1) A fs.9/37 la parte actora agregó copias de la causa “Nicoli, Julio César s/ Lesiones Culposas” expte. N° 1972/2004, que tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Quinta Nominación de Rosario, en la que por Auto Nº 2829 del 08/09/2004 se dispuso el archivo de las actuaciones conforme el artículo 72 inciso 2º del Código Penal y el artículo 501 del Código Procesal Penal. Obra a fs. 115 informativa emitida por el Archivo de Tribunales que da cuenta que el referido sumario fue objeto de destrucción conforme la normativa que cita.

2) La legitimación activa de la Srta. ROSA BEATRIZ BÁEZ proviene de haber sufrido lesiones en el siniestro que da origen a éste proceso, según afirma en la demanda.

La legitimación pasiva del Sr. JULIO CÉSAR NICOLI proviene de haber sido el conductor de la motocicleta participante en el siniestro, hecho no controvertido.

3) Liminarmente ha de señalarse que se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y por ende, corresponde considerar en primer término, lo establecido en el artículo 7º de dicho ordenamiento, “Interpretando dicho artículo, el Dr. Lorenzetti sostiene que se trata de una regla dirigida al juez y le indica qué ley debe aplicar al resolver un caso, estableciendo que se debe aplicar la ley de modo inmediato y que no tiene efectos retroactivos, con las excepciones previstas. Entonces, la regla general es la aplicación inmediata de la ley que fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia (art. 5) y deroga la ley anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son los supuestos de hecho, es decir, una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior. La norma, siguiendo al Código derogado, establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.Las que se constituyeron o extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato. (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T 1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pp.45/47). en el sistema actual la noción de retroactividad es una derivación del concepto de aplicación inmediata. Por lo tanto la ley es retroactiva si se aplica a una relación o situación jurídica ya constituida (ob cit. p 48/49)”.1

Se sigue de ello que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia; las normas aplicables que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión de sentencia (art. 772 CCC y 245 CPCC).

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente, en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cod. Civ. no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej.Una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos.” 2

Lo expresado se encuentra en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reiterada jurisprudencia “según conocida jurisprudencia del Tribunal en sus sentencias se deben atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:11474; 335:905, entre otros).3

4) En la inteligencia indicada, el hecho consiste en la colisión entre dos rodados en movimiento, según lo afirma la actora, de allí que la controversia sometida a consideración del Tribunal tiene su marco jurídico en el artículo 1113 segundo párrafo del Código Civil; en consecuencia, a la parte actora le incumbe la prueba del hecho, del daño, y la relación de causalidad entre el hecho y el daño sufrido; mientras que para eximirse de responsabilidad corresponde a la demandada la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deban responder, ya que el daño ha sido producido por el riesgo de una cosa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que “la circunstancia de la aplicación de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto en el art. 1113, 2° párrafo del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas.Por lo demás, la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de la responsabilidad que rigen en ese ámbito4.

El artículo 1113 párrafo 2º del Código Civil contemplaun supuesto de responsabilidad objetiva, y cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y en consecuencia es el demandado quien debe acreditar la intervención de la culpa de la víctima -o de un tercero por el que no debe responder-, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa. La culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y convincente, se requiere de razones que no impliquen meras conjeturas5, para desplazar total o parcialmente la responsabilidad objetiva que establece la norma; y que la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio debe aparecer como la única causa del daño y revestir características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor6.

Dicha atribución de responsabilidad se aplica aún al caso de accidentes entre un automotor y una bicicleta regulado por las leyes viales (ley 24.449). La CSJN ha sostenido que “En los accidentes de tránsito en los que intervienen el conductor de un automotor y quien circula en una bicicleta resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 1113 CC por lo que ante el riesgo de la cosa compete al primero para exonerar su responsabilidad, la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder”7.

5) No encontrándose controvertido el acaecimiento del accidente de tránsito, corresponde analizar la responsabilidad en su ocurrencia. Obra a fs.17 de autos, el Acta de Procedimiento de la que surge que el día 21/07/2004, siendo las 11:45 hs, la preventora recibe una comunicación telefónica que le informa que se habría producido un accidente con lesionados en calle Pasco al 4700; al arribar al lugar del hecho entrevistan a personal de la Patrulla Urbana quien le relata que entrevistó al Sr. Nicoli, quien momentos antes habría circulado en una motocicleta que colisionó con una bicicleta; la preventora constató la presencia de una bicicleta playera de color verde, azul y roja, la que conducía Rosa Báez, la que presenta la rueda delantera suelta a un lado de la misma, en la vereda del cardinal sur, y que la motocicleta se encontraba estacionada en la entrada de un garage, a la altura catastral de 4755; consta en el acta de inspección ocular que no se encontraron huellas de frenadas ni derrapes; que calle Pasco presenta sentido de circulación vehicular hacia el Este (fs. 16 del sumario penal).

La Srta. Rosa Báez declaró ante la preventora que el día 21/07/2004, regresaba del centro de salud de calle Carriego, por calle Pasco en dirección Oeste, conduciendo su bicicleta playera, siente una moto que cir culaba detrás suyo, que intentó sobrepasarla y la chocó, que cayeron al piso y la rueda de la motocicleta le pasó por encima de la pierna (fs. 24). Cabe señalar que en el escrito ampliatorio de demanda de fs. 32 presentado antes de su notificación, la actora rectificó su sentido de circulación indicando que se dirigía por calle Pasco al Este, y por ello, este es el hecho afirmado.

En la Audiencia de Vista de Causa, al prestar declaración confesional el demandado Sr. Nicoli negó el siniestro; no obstante, conforme lo establecido por el artículo 166 del código ritual, la confesión judicial provocada hace plena prueba contra el confesante, y no a su favor.

El perito mecánico, Ingeniero Oscar Jacinto Córdoba, cuyo dictamen obra a fs.94/96, expresa que no ha podido constituirse en el lugar del siniestro a fines de realizar el croquis demostrativo, atento no haberse realizado el adelanto de gastos solicitado.

En el sub lite, el acaecimiento del siniestro no se encuentra controvertido, como tampoco se invocó eximentes de responsabilidad; en alegatos el demandado afirmó que la actora circulaba en contramano, no habiéndose producido en autos probanza tendente a demostrar tal circunstancia.

Corresponde asimismo aplicar los apercibimientos contenidos en el artículo 143 del CPCC ante la falta de contestación de demanda y en consecuencia tener por reconocido los hecho articulados por la parte actora en su demanda, en razón de que el demandado no produjo prueba en contrario.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye que la responsabilidad en la ocurrencia del hecho recae sobre el Sr. Julio Nicoli y no habiéndose invocado ninguna de las eximentes previstas por la norma que rige el caso (art. 1113 párrafo 2° parte 2º del Código Civil), se le debe reprochar totalmente la producción del hecho en cuestión.

6) Encontrándose acreditada la existencia y responsabilidad en el hecho, corresponde analizar los daños reclamados, su relación de causalidad con el hecho, y en su caso, los montos indemnizatorios.

7) En referencia al daño reclamado por incapacidad, surge del Acta de Procedimiento supra referenciada, que la Srta. Báez fue atendida en el lugar del hecho por el móvil N° 4 del SIES, a cargo de la Dra. Cola, quien diagnosticó traumatismo en rodilla izquierda, procediendo a su traslado al Hospital Vilela; por otra parte, surge del informe del médico obrante a fs. 33 del sumario penal, que al momento del examen en fecha 24/07/2004, la actora refirió haber sufrido traumatismo de cráneo y rodilla izquierda, dejando constancia el médico que no presentó lesiones visibles.

A fs. 143/148 se agregó la informativa emitida por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, correspondiente a la atención brindada a la Srta.Rosa Báez el día del accidente, quien presenta traumatismo de miembro inferior izquierdo y solicita interconsulta con traumatología.

El perito médico, Dr. Ariel Adolfo Kremenetzky, cuyo dictamen obra a fs. 177/178 expresa que al examen físico la actora presentó palpación dolorosa sobre cara posterior de muslo izquierdo que se exacerba con la movilidad; que movilidad de cadera y rodilla están conservada. Concluye el perito la accionante presenta secuelas del siniestro que la incapacitan en forma parcial y permanente en un 3% del total corporal.

Cabe señalar, en consonancia con lo supra expresado, que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible conforme a una visión profunda del problema tratado.8

A los fines de la cuantificación de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica total o parcial -teniendo en cuenta que se trata de una deuda de valor (art. 772 CCC)-, manda el ordenamiento conforme las pautas ordenatorias de los art. 1738, 1740, 1746 y conc. del CCC, meritar la proyección dañosa en las diferentes esferas de la vida de la víctima.

La normativa del 1746 CCC, aplicada sin más, impactaría en el derecho defensivo de las partes en caso de su traslación a los litigios que se han tramitado a la luz del anterior Código Civil, por lo que su incidencia se merita en cada caso en concreto.

En función de ello, el órgano jurisdiccional estima las consecuencias dañosas con un grado de prudente discrecionalidad.Se ha dicho que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial”9, lo que se compadece con el art. 245 CPCC.

Surge de lo expresado que corresponde una labor integrativa del derecho aplicable al caso por parte del Tribunal, de resultas de la cual, también ingresa en la ponderación del daño, las cualidades personales de la víctima conforme los lineamientos señalados por la jurisprudencia (en autos Suligoy, Nancy Rosa Ferguglio de y otros c/ Provincia de Santa Fe A y S tomo 105, p 171 y ss).

Por otra parte, no se acreditó en autos que hubiere acaecido una efectiva disminución de ingresos por la actora, como tampoco que su vida cotidiana hubiere sufrido una alteración que se tradujera efectivamente pérdidas a posteriori, y consecuentemente, a los fines de determinar el quantum indemnizatorio por lesiones y sus secuelas incapacitantes, habrá de tenerse presente que el mismo procede teniendo en consideración la integridad psicofísica del mismo, como también, la proyección de las secuelas incapacitantes, en tanto la mutación en la salud, es susceptible de significar en el futuro una pérdida patrimonial; como también, que la percepción anticipada de la indemnización de un daño que se extenderá en el tiempo -en los términos del art.1746 CCC-.

Por otra parte, si bien el perito médico ha establecido el grado de incapacidad, éste debe ser objeto de prudente valoración pues, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, los informes periciales aunque constituyen un elemento importante a considerar no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente10, debiendo asimismo, tenerse presente la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades económicamente valorables, como también, las cualidades personales de la reclamante; y en el caso, que la Srta. Báez contaba con 12 años al momento del siniestro. .

Por las consideraciones precedentes, lo normado por el artículo 772 CCC, las pautas ordenatorias contenidas en los artículos 1738, 1740, 1746 ss y cc del CCC, y haciendo uso de la facultad prevista por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, se fija la indemn zación por daño por incapacidad en la suma de $15.000,-.

8) En referencia al daño emergente por gastos médicos, de movilidad y no documentados, reclamados por la actora, existen cierto tipo de gastos cuya prueba resulta extremadamente difícil de producir pues no es usual exigir comprobantes. La jurisprudencia ha morigerado la carga probatoria en este rubro sin exigir prueba acabada de su existencia en tanto resulten verosímiles en relación con las lesiones de la víctima11 y librando la estimación al prudente arbitrio udicial.

Considerando que fue asistida por el Hospital de Niños Víctor J.Vilela, conforme surge de la informativa emitida por el organismo, los mismo resultan procedentes, y así se ha resuelto que la jurisprudencia, al decir “El hecho que una víctima de un accidente automotor haya sido atendida en un hospital público no obsta a que se incluya como rubro indemnizatorio una suma atendible en concepto de gastos médicos y farmacia; desde que se evidente que hay desembolsos que deben ser atendidos por los propios pacientes sin que sea razonable que se puede documentar debidamente su importe”.12

Por lo tanto y haciendo uso de la facultad prevista por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, el resarcimiento por rubro, teniendo en consideración la fecha del hecho y el resultado económico del juicio, se fija en la suma de $300,-.

9) En referencia al daño no patrimonial, reclamado en autos como daño moral, el mismo resulta en autos in re ipsa, ello así pues resulta evidente que la participación en el accidente, las lesiones, y las secuelas incapacitantes, han generado padecimientos de í Tal como se ha afirmado en reiteradas oportunidades, cuando las víctimas resultan disminuidas en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparació al margen de que desempeñen o no una actividad productiva, pues la integridad tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo ple o de su vida 13. En base a lo expuesto, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas -art.1741 CCC-, y a tenor de lo previsto por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, se fija la indemnización por este rubro en la suma de $3.000,-.

10) En relación a los intereses, cabe señalar que el daño moratorio deviene el retardo en el cumplimiento de la obligación y se traduce, en general, en la determinación de una tasa de interés que cubre dicho daño; a diferencia del interés compensatorio, el que deviene del uso de capital; en consecuencia, en el caso, el interés a fijarse representa la reparación por el daño derivado de la mora, una sanción por el incumplimiento, no un interés compensatorio por el uso del capital. En el sentido indicado, expresa Galdós que “En el ámbito extracontractual el daño (.) moratorio el que deriva de la mora o retardo en su pago (los intereses adeudados durante la tardanza) y a partir desde que se produjo cada perjuicio”.14

En la inteligencia indicada, la tasa fijada por el Tribunal tiene por fin reparar el daño moratorio, y no compensar el uso del capital, y por ello, no implica un enriquecimiento indebido en cabeza del acreedor; por el contrario, una tasa pura, no cumple con su función de reparar el daño padecido por la víctima.

Por otra parte, la CSJSF expresó que “En efecto, los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios) y, sabido es, que dicho tópico configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en sent. del 11/7/2006 principio ajena a la instancia extraordinaria, (.) en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias como para merecer reproche constitucional.(.) máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor. (.) Por último, respecto a los agravios atinentes a la causal de apartamiento de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación de la respecti a Circunscripción Judicial, vinculado con la tasa de interés, aun aceptando la existencia de Salas con otro criterio al que se siguió en este caso, no se colige de ello que de la solución dada en los presentes se llegue a un resultado económico de montos indemnizatorios desproporcionados e irrazonables, ajenos al realismo económico que debe primar en estas decisiones.” (CSJSF, A y S t 241 p 143-146, Santa Fe, 16/08/2011, “ECHEIRE, Pilar contra MACHADO, Marcelo y otros -Daños y perjuicios-Expte. 105/10)”, Expte. C.S.J. Nº 482, año 2010).

Por lo expuesto, y teniendo en consideración el resultado económico del proceso, los rubros mencionados devengarán, desde la fecha del hecho y hasta el vencimiento del plazo fijado para el pago -10 días hábiles de notificada la sentencia- un interés equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectivo para descuento documento a 30 días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a 30 días segúníndices diarios), sumada, del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. En caso de incumplimiento del pago dentro del término establecido, el capital devengará desde su vencimiento y hasta su efectivo pago un interés equivalente al doble de la tasa referida precedentemente.

11) Las costas del juicio corresponde imponerlas al demandado vencido (art. 251 del C.P.C.C.). Por todo lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1109, 1113 y ccs. del CC; artículos 7, 730, 768, 772, 1738, 1740, 1741, 1746, 1748 y ccs. del CCC; y los artículos 245, 251, 541 y ss del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, el TRIBUNAL COLEGIADO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL N° 1; RESUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar al Sr. JULIO CÉSAR NICOLI, a pagar la Srta. ROSA BEATRIZ BÁEZ, en el plazo de 10 días hábiles de notificada la sentencia, la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ($18.300,-); con más los intereses indicados en los considerandos y con costas. 2) Regular los honorarios profesionales por Auto. No encontrándose presentes las partes para la lectura de la sentencia, insértese y notifíquese por cédula. Con lo que se dio por terminado el acto. (Autos: “BAEZ, Carlos y otros c/ NICOLI, Julio s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 525/2005).

DRA. SUSANA TERESITA IGARZABAL

DRA. MARIANA VARELA

DRA. JULIETA GENTILE