La obra social debe brindar cobertura del tratamiento psicológico indicado al menor que padece Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado

Partes: B. J. c/ DOSUBA s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-104451-AR | MJJ104451 | MJJ104451
Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia por la que se admitió la pretensión cautelar y se ordenó a la obra social demandada a cubrir el costo total de la prestación de psicología (4 sesiones semanales) a favor del menor actuante en autos, en atención a las necesidades que requiere su patología y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, desde que no está discutida la condición de discapacitado del menor.

2.-Cabe mantener la medida cautelar decretada por la que se ordenó a la obra social demandada a brindar cobertura de tratamiento psicológico al menor desde que es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas, máxime teniendo en cuenta que la amplitud de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad, ponderando los superiores intereses del menor discapacitado -cuyo diagnóstico indica Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado (TGD)- y que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la solución final de la controversia.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 83/84 -fundado a fs. 96/100 y contestado por la contraria a fs. 101/102 (términos a los que adhirió la Sra. Defensora Pública Oficial a fs. 107)-, contra la resolución de fs. 69/70; y

CONSIDERANDO:

1. El Sr. Juez hizo lugar parcialmente a la medida cautelar requerida y ordenó a la demandada cubrir el costo total de la prestación de psicología (4 sesiones semanales) a favor del menor actuante en autos, en atención a las necesidades que requiere su patología y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión (conf. fs. 69/70).

2. La recurrente manifiesta que jamás negó la cobertura solicitada, ni demoró su tratamiento, sino que “sólo observó la cantidad de sesiones a autorizar, entendiendo que era excesivo otorgar 4 sesiones de psicoterapia semanales”. En ese sentido, afirma que no es aconsejable la acumulación de sesiones. Asimismo señala que no se presenta en autos el requisito del peligro en la demora, necesario para el dictado de una medida precautoria. Por otra parte, destaca que la ley 23.890 excluye a las obras sociales universitarias del régimen creado por las leyes 23.660 y 23.661. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura y solicita que se revoque la decisión (conf. fs. 96/100).

3. En primer lugar, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. Ello sentado, se debe destacar que no está discutida en el “sub lite” la condición de discapacitado del menor actuante en autos (conf. copia del certificado de discapacidad a fs.1), ni su afiliación a la obra social demandada (conf. fs. 3).

Está en debate, en cambio, la obligación de la accionada de proveer cautelarmente la cobertura del 100% de la prestación de psicología, 4 sesiones semanales, de acuerdo a las indicaciones médicas.

5. Para resolver el pleito, es importante puntualizar que la ley 24.901 (texto anterior al Digesto Jurídico Argentino -DJA-) instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley citada contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art.38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

6. En lo que respecta al agravio planteado por la recurrente, en cuanto expresa que “sólo observó la cantidad de sesiones a autorizar, entendiendo que era excesivo otorgar 4 sesiones de psicoterapia semanales”, debe recordarse que en casos como el presente -donde la indicación del médico tratante colisiona con el criterio de la obra social-, como regla general, cabe atender a lo prescripto por el primero, ya que es dable presumir de su parte un conocimiento más acabado del caso concreto y de lo que resulta más apropiado para el paciente (conf. Sala 2, causa 3391/11 del 19.8.11; Sala 3, causas 9/11 del 10.5.11, 1049/11 del 10.5.11, 3390/11 del 7.6.11, 4919/10 del 14.6.11).

También se ha sostenido que el profesional tratante es quien se encuentra en las mejores condiciones a los fines de determinar la terapia más adecuada para el paciente (conf. esta Cámara, Sala 2, causas 12.940/07 del 4.3.08 y 1938/08 del 27.5.08).

Por ello, en este estado preliminar del proceso, y conforme el certificado obrante a fs. 5, el Tribunal considera suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado que hace viable la medida cautelar ordenada por el sentenciante.

7. En cuanto al peligro en la demora, esta Sala ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tenerlo por acreditado la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (conf. causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 1830/99 del 2.12.99 y 1056/99 del 16.12.99; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t.1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, nº 19).

8. En tales condiciones, teniendo en cuenta que la amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33) y considerando los términos de la prescripción del neurólogo infantil del niño a fs. 5/6, ponderando los superiores intereses del menor discapacitado -cuyo diagnóstico indica Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado (TGD)- y que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la solución final de la controversia, cabe concluir que una decisión denegatoria puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida del actor, por lo que resulta razonable hacer prevalecer su derecho a la salud y confirmar el criterio adoptado por el magistrado a fs. 69/70.

9. Por lo demás, no es ocioso recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que “.los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (conf. Corte Suprema, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, del 15/6/04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

De tal manera, el Tribunal entiende que el mantenimiento de la medida dictada por el señor Juez, es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc.1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; conf. esta Sala, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 53/01 del 15.2.01; en igual sentido, ver CSMendoza, Sala I, del 1.3.93; CFed. La Plata, Sala 3, del 8.5.00, E.D. del 5.9.00).

En consecuencia, SE RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 69/70, en cuanto fue motivo de agravios. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado en atención a las particularidades de la causa y al estado liminar en el cual se encuentra el proceso (arts. 70, segunda parte y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939, DJA).

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Oficial- y devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo Guarinoni Francisco de las Carreras