Aplicación a un crédito por honorarios de la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires

Partes: Somoza Ricardo Francisco c/ Bignoli de Loizaga, Virginia Ana y Otros s/ cobro ejecutivo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: I y II

Fecha: 4-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104140-AR | MJJ104140 | MJJ104140
Sumario:

 

1.-Sobre el capital de los honorarios regulados al letrado accionante corresponde aplicar la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a plazo fijo a treinta días al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deber ser diario con igual tasa, en acatamiento a la doctrina legal vinculante fijada por la Suprema Corte in re Musotto.

2.-Tratándose de un reconocimiento ipso iure del interés moratorio, es decir, sin que exista demostración del perjuicio sufrido por el incumplimiento, la mayor tasa de interés que importa la tasa pasiva digital permite abarcar un espectro más amplio y cabal de posibilidades de satisfacción del perjuicio que se presume.

3.-La sanción del nuevo CCivCom. no suprimió ni importó una derogación tácita de la prohibición de indexar dispuesta en los arts. 7 y 10 , Ley 23.928, modificados por Ley 25.561 y, consiguientemente, continúa su incidencia en el análisis de la tasa de interés moratorio, dentro del universo de posibilidades.

4.-Ante el cambio normativo que importó el inc. c del art. 768 del CCivCom., que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago deberá aplicarse la tasa pasiva de interés plazo fijo digital a 30 días a través del sistema BancaInternet Provincia .

5.-La naturaleza de las obligaciones dinerarias aparece sustancialmente diferente a la de las obligaciones alimentarias, que se dan en un supuesto especialísimo, fincado en la solidaridad que une a los miembros de una misma familia, en una relación estrecha producto de esa pertenencia, en la que no se ha entregado nada por contrapartida, pero donde la reciprocidad aparece como un componente dominante en casi todas las situaciones que se presentan.

Fallo:

En la Ciudad de Azul, a los 04 días del mes de abril de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I y Sala II-, Doctores Esteban Louge Emiliozzi, María Inés Longobardi y Jorge Mario Galdós (con quienes debió integrarse el Tribunal a fs. 129 en atención a la excusación de fs. 128 formulada por la Sra. Jueza Dra. Lucrecia I. Comparato -art. 17, inc. 1° del CPCC-, y a la entonces licencia del Dr. Ricardo César Bagú), para dictar sentencia en los autos caratulados: “Somoza, Ricardo Francisco c/ Bignoli de Loizaga, Virginia Ana y Otros s/ Cobro ejecutivo” (Causa N° 61771), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores: LOUGE EMILIOZZI – LONGOBARDI – GALDÓS.-

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-C U E S T I O N E S-

1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs. 106/110 -y su aclaratoria

de fs. 112-?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION: el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:

I.a) En lo que aquí trasciende a los fines recursivos corresponde decir, a modo de relación de los actos procesales que han tenido lugar en el presente trámite, que a fs. 12/13 se presenta el Dr. Ricardo Somoza, con el patrocinio letrado del Dr. Alfredo V. Callejo, promoviendo el cobro ejecutivo de los honorarios que le fueran regulados por esta Alzada en los autos “De Lóizaga, José Raimundo c/ Suc. De María Helena de Lóizaga – Suc. de Aurora M. de Lóizaga – Suc. de María M. de Lóizaga y Otros s/ Prescripción adquisitiva veinteñal” por un monto de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE ($534177,00) con más intereses, costos y costas. Dirige su acción contra los Sres.Virginia Ana Magdalena Bignoli de de Lóizaga, Rodrigo de Lóizaga y Ramiro de Lóizaga.-

Aclaradas ciertas cuestiones de tipo procesal que no cabe reseñar aquí, a fs. 25 el Sr. Juez titular del Juzgado de primera instancia n° 4 de esta ciudad, en el que tramita la presente, dispone el libramiento de los mandamientos de intimación de pago y embargo a los coejecutados.-

A fs. 30/31 presenta un escrito el Dr. Callejo, ahora invocando la representación de su cliente -conforme copia de poder celebrado en escritura pública que acompaña a fs. 26/27vta.-, y amplía demanda, solicitando ahora que se ordene también a los coejecutados el pago de los honorarios regulados por esta Alzada a su cliente en virtud de trabajos efectuadas en segunda instancia por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES ($192303,00), lo que arrojaría un monto de ejecución de un total de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($726480,00). Acompaña para dar base a su pedido de ampliación fotocopia certificada del auto regulatorio invocado, recaído en iguales autos a los antes mentados -la que se glosa a fs. 28 y su certificación actuarial a fs. 29-.-

Así, a fs. 32 el Sr. Juez de grado dispone una nueva vez el libramiento de los mandamientos de intimación de pago y embargo a los coejecutados, en esta oportunidad por la suma total reclamada, con más otra suma que se presupone para afrontar intereses y gastos de la ejecución.-

A fs. 37/39vta. se presenta el Dr. Pedro Fernández Ribet como apoderado del Sr. Rodrigo de Lóizaga, a mérito de la copia de poder otorgado por ante escribano público que acompaña, y luego de efectuar una serie de precisiones, opone en tiempo oportuno excepción de inhabilidad de título por falta de acción y de legitimación activa.-

Continuando con la reseña de los actos procesales salientes en la causa, se encuentra a fs. 65 intimación de pago y embargo al Sr.Rodrigo de Lóizaga, efectuada en el domicilio de Calle Mitre n° 17 de la localidad de Gral. Alvear. A fs. 67 obra el mandamiento de intimación respecto del Sr. Ramiro de Lóizaga, diligenciado en Estancia “La Escuadra”, de igual partido.-

A fs. 79 se presenta en estas actuaciones la Dra. María Cecilia Catone como apoderada del Sr. Ramiro de Lóizaga, a tenor de la copia de poder general para juicios que le extendiera a su favor el mentado coejecutado, y deduce en tiempo oportuno excepciones de falta de legitimación activa y de acción, por vía de la excepción de inhabilidad de título, del mismo tenor a las impetradas a fs. 37/39vta.-

A fs. 102 obra glosado mandamiento de intimación de pago y embargo respecto de la Sra. Virginia Ana Magdalena Bignoli de Lóizaga, que fuera diligenciado en Estancia “La Escuadra”, de la ciudad de Gral. Alvear.-

De las excepciones opuestas se confiere traslado a fs. 74 y 82, las que obtienen réplica de la parte actora a fs. 103/105.-

Trabada la cuestión, el Sr. Juez a quo dicta sentencia de trance y remate a fs. 106/110, en la que rechaza las defensas deducidas, y en consecuencia, manda a llevar adelante la ejecución contra los Sres. Virginia Ana Magdalena Bignoli de de Lóizaga, Rodrigo de Lóizaga y Ramiro de Lóizaga, hasta tanto hagan pago al ejecutante de la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($726480,00), con más los intereses, costos y costas del trámite. En lo que aquí resulta destacable, dispone que “.se calcularán intereses aplicándose la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (tasa activa).”.-

b) Notificados los ejecutados de la sentencia dictada (cédulas diligenciadas a los apoderados de los demandados obrantes a fs. 113/114 y 115/116), el Dr. Fernández Ribet deduce recurso de apelación a fs. 117, el que una vez concedido en relación a fs.118, se ve abastecido en sus fundamentos a fs. 119 y vta.-

Se agravia el letrado apoderado del Sr. Rodrigo de Lóizaga de la tasa de interés que dispone el Sr. Juez a quo, por cuanto a su entender en el precedente “Isla.”, la Suprema Corte de Justicia provincial habría determinado que en materia de honorarios debe aplicarse la tasa de interés pasiva, que es la que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus operaciones de depósito a treinta días. Explica el apelante que el voto mayoritario sostuvo que la tasa de interés activa prevista en la norma arancelaria era contraria a la prohibición de indexar dispuesta por la Ley n° 23928, y con base en ello, solicita que sea revocada la sentencia, en lo que es materia de cuestionamiento.-

Conferido traslado del memorial presentado, el mismo obtiene réplica de la contraria a fs. 121/122. Resiste el agravio deducido argumentando que el precedente “Isla.” en cuyo amparo se alza el quejoso fue dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Aduce el letrado apoderado del Dr. Somoza que en tiempo reciente en el sistema de jurisprudencia de la Suprema Corte -JUBA- fue publicado un fallo de la alzada de San Nicolás en la que precisamente se aborda la cuestión, concluyendo los magistrados de dicho Tribunal que la sanción del nuevo ordenamiento civil y comercial, en cuanto fija la tasa de interés activa para ciertas obligaciones, “importa un cambio de circunstancias suficientemente serias que justifican el apartamiento de la doctrina legal dada por nuestro Cimero Tribunal en el precedente ‘Isla'”. Concluyen allí los magistrados, conforme a la parcela transcripta en el libelo recursivo, que el Código Civil y Comercial se erige como una ley posterior a la n° 23928 que prohíbe indexar, y que ha contemplado la posibilidad de aplicar la tasa de interés activa a ciertas obligaciones, como las alimentarias, por lo que tal tasa no colisionaría con dicha prohibición de indexar o repotenciar deudas.Es por tales motivos que el actor solicita que se rechace el recurso de apelación incoado.-

c) Una vez arribados los autos a este Tribunal, a fs. 132 se resuelve dar tratamiento al recurso con la formalidad del Acuerdo por resultar definitiva la cuestión, practicándose a fs. 134 la desinsaculación de ley. Consecuentemente, corresponde sin más, dar tratamiento al recurso.-

II) La cuestión atinente a la tasa de interés aplicable a los honorarios de los abogados ya ha resultado materia de análisis por este Tribunal. Adelanto que es criterio de esta Sala aplicar la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para captación de depósitos a Plazo Fijo a 30 días (esta Sala, causa n° 60.630 “Etchegoyen.” (SD) del 27.05.2016).-

Al efecto, me permito transcribir los argumentos utilizados por mi estimada colega Dra. Lucrecia I. Comparato en la causa n° 60.630, los que ya fueran tomados por mí en un pronunciamiento en el que recientemente me tocara dictar el primer voto (sentencia única en causas n° 61054 “Banco Olavarría.” y n° 61055, “Minich.”, (SD) del 07.02.2017: “sobre este tema en particular, he de decir, que conforme surge del fallo ‘Isla, Sara E. c/Pcia. de Bs. As s/Amparo’ (S.C.B.A., c. A. 71.170) el Superior Tribunal provincial dejó sentado que lo normado por el artículo 54 del inciso “b” de la ley arancelaria -que contempla la aplicación de la tasa activa- se encontraba tácitamente derogado a partir de la prohibición de actualizar deudas contemplada en los artículos 7 y 10 de la ley nacional 23.928, ratificada por el artículo 4 de la ley 25.561.Tal criterio fijado por la mayoría del Tribunal constituye doctrina legal, entendida ésta como aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, con la idea de establecer una unidad interpretativa que contribuye al imprescindible anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad y evitar los efectos del strepitus fori (conf. S.C.B.A. 117.678, sent. del 17-12-2014; C 117.832, sent. del 17-12-2014; art. 279, C.P.C.C). Que a posteriori a dicho fallo y vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, prestigiosas Cámaras Civiles y Comerciales de ésta Provincia (así com o ejemplo puedo citar, Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Sala III – San Isidro 30/09/2015 “Banco Finansur S.A. s. Incidente de revisión en: Automotores Colcam s. Concurso preventivo” public, en Rubinzal Online RC J 6928/15, Cám. 2ª Civil y Com. La Plata, Sala 2, 22/12/2015, causa nº 11.954 “Esperanza Crédito La Plata S.A. c/ Rivadeira, Elva Nieves y Otro/a s/ Cobro Ejecutivo”, Cámara Civil y Comercial de Junín 31/03/2016″ “M. M. F. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Ejecución Honorarios” public. en elDial.com – AA95D6; Sala II de esta Cámara Civil y Comercial de Azul, en los autos “Rodriguez Néstor Gabriel c/ Rivas Ivana Lujan s/ Cobro ejecutivo”, causa 60.869, del 16.05.16) interpretaron que el legislador entendió que la tasa activa no resultaba un mecanismo de indexación previendo la aplicación de la misma para los supuestos de reclamo de alimentos conforme surge en el art. 552 del CCC, y, entre otros sólidos fundamentos concluyen que a partir de ello cobraría vigencia lo normado por el art. 54 inc. B de la ley 8904 disponiendo por tal la aplicación de la tasa activa estimando que no se vulneraba así la doctrina legal de la Corte.Ahora bien, es lo cierto que a posteriori de los fallos dictados por las Cámaras mencionadas y con fecha 18 de Mayo de 2016 en causa B. 62.488, “Ubertalli Carbonino, Silvia contra Municipalidad de Esteban Echeverría. Demanda contencioso administrativa” la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la tasa de interés aplicable a la luz de la nueva normativa aplicable (arts. 768 inc. “c” y 770, Código Civil y Comercial), válido es destacar que en la causa citada la actora reclamaba entre otros rubros, daño material por la ruptura ante tempus de la relación de empleo público, representando el daño material los salarios caídos por tal ruptura anticipada, entendiendo por tal razón que resulta plenamente aplicable al presente desde que sendas cuestiones representan -honorarios y salarios- la retribución por tareas realizadas y como tal de carácter alimentario sin resultar una cuota alimentaria en los términos del art.552 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Para una mejor interpretación de la cuestión estimo necesario citar los fundamentos allí vertidos. En su primer voto y en lo que aquí interesa el Dr. Soria señaló: ‘En relación con los intereses reclamados en la demanda, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en el ámbito de su competencia originaria. Por tal razón, considero que en este caso los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc.”c” y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928). Finalmente en cuanto al pedido de actualización de la suma señalada, advierto que de acudirse a la “actualización, reajuste o indexación” se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (conf. doct. causa B. 58.655, sent. de 17-VIII-2011, entre otras).” El voto antes transcripto en la parte pertinente fue al que adhirió la mayoría, resultando ello doctrina legal de la SCBA y respecto de la cual no hemos de apartarnos (art. 279 CPCC).- Con el objeto de clarificar la cuestión y ponderar que solo en los casos previstos exclusivamente por el art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación se aplicaría la Tasa de interés activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que la nueva legislación no importa variar la interpretación que el Máximo Tribunal de nuestra Provincia hiciera en el fallo Islas en cuanto a las tasas de interés, a tal fin he de transcribir la parte pertinente del voto del Dr. Petiggiani: “Ante lo expuesto, por un lado, se advierte que todas estas premisas son respetadas también por la tasa pasiva de interés “plazo fijo digital a 30 días” a través del sistema”Banca Internet Provincia”. Además, por otra parte, la circunstancia de hallarnos ante un reconocimiento ipso iure del interés moratorio (es decir, sin que exista demostración del perjuicio sufrido por el incumplimiento), la mayor tasa de interés que importa la “tasa pasiva digital” permite abarcar un espectro más amplio y cabal de posibilidades de satisfacción del perjuicio que se presume. Otra arista que debe evaluarse, es que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial no suprimió ni importó una derogación tácita de la prohibición de indexar dispuesta en los arts.7 y 10, ley 23.928, modificados por ley 25.561 y, consiguientemente, continúa su incidencia en el análisis de la tasa de interés moratorio, dentro del universo de posibilidades descripto. Entonces, ubicados en este contexto, considero que la “tasa pasiva digital” no vulnera dicha normativa en tanto no importa un modo encubierto de indexación. (el destacado me pertenece). Asimismo, merece una consideración aparte la limitación a un determinado monto máximo para las operaciones que el Banco de la Provincia prevé o pueda hacerlo para la denominada “tasa pasiva digital”. Al respecto, considero que es una condición que no debe ser extrapolada al ámbito de aplicación judicial para la determinación de una tasa de interés moratorio. Entiendo que si partimos que el interés -en palabras de Llambías- “son los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero, en razón de su importe y del tiempo transcurrido, prorrata temporis” (Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, t.II-A, Ed. Perrot, Bs. As., 1994, pág. 205), puestos a determinarlos, en el caso moratorios, lo extrapolable de una tasa de interés bancaria son los elementos que me permitan cuantificarlo, dejándose de lado otras cuestiones o condiciones que la entidad financiera toma en cuenta para llevar a cabo esa operación con su cliente. Finalmente, cabe hacer una digresión sobre los motivos que encuentro para desestimar la aplicación -mediante analogía- del interés previsto en el art. 552 del Código Civil y Comercial a la presente problemática. En la sección primera sobre “Alimentos” del capítulo segundo correspondiente a los “Deberes y derechos de los parientes”, encontramos la norma en cuestión, el art. 552 que expresa: “Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.De modo tal que nos hallamos ante la obligación alimentaria entre parientes, por cual considero que resulta esencial explicitar, con la mayor precisión posible, el fundamento de la misma a los fines de evaluar su posible extrapolación al supuesto previsto en el inc. “c” del art. 768del Código citado. En el deber alimentario, conforme lo expresa Juan Carlos Rezzónico, “el sentido más espiritual y solidarista del derecho aparece patente” (R., J. C.; “Esencia jurídica del derecho alimentario y mandato”, “La Ley”, t. 1989-B, Bs. As.,1989, pág. 593). Efectivamente, dicho autor resalta que se trata de una “relación de índole asistencial que trasunta principios de solidaridad, es en su línea general una obligación autónoma e independiente, que nace directamente del vínculo familiar y que reconoce en las relaciones de familia, su causa y su justificación plenas” (Rezzónico, J. C., ob. cit., pág. 594). Estos rasgos de la prestación alimentaria, su carácter asistencial derivado del deber moral de solidaridad (Llambías,Jorge J., Código Civil Anotado, t. I, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1978, pág. 1087; Bossert, Gustavo A., “Régimen jurídico delos alimentos”, Ed. Astrea, Bs. As., 1995, págs. 1-3; Bueres, A.J. y Highton, E. I., “Código Civil”, t. 1, Ed. Hammurabi, Bs.As., 1995, págs. 1230 y 1338; Zannoni, Eduardo, “Derecho defamilia”, Ed. Astrea, Bs. As., 2006, pág. 117), no se modifican por la circunstancia de que el contenido de la prestación sea económico (que se traduzca, concretamente, en pago de dinero o especie), es decir, “si bien su contenido es patrimonial, el fin primordial es extrapatrimonial: la satisfacción de necesidades personales de quien requiere la prestación alimentaria para asegurarse la conservación de la vida” (Belluscio, Claudio A., “Prestación alimentaria. Régimen jurídico”, Ed. Universidad, Bs.As., 2006, pág.51). En este mismo sentido, deviene ilustrativo y elocuente la descripción que efectúa Obal -en base a las reflexiones de Cicú- respecto de quien posee el derecho a alimentos y quien está obligado a ellos. Así, por un lado, sostiene que “el derecho del alimentista no constituye un elemento activo de su patrimonio, ni puede servir de garantía a sus acreedores; no tiene los caracteres de un interés patrimonial individual, con protección legal adecuada a esa fisonomía, ya que dicha protección se otorga en defensa de un interés superior y familiar” (Obal, Carlos R.,voz “Alimentos”, Enciclopedia Jurídica Omeba, t. I, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1954, pág. 646). Y, a su vez en cuanto al revés de esta relación, manifiesta que “el débito por alimentos no constituye para el obligado un elemento pasivo de su patrimonio, ya que su importe no entra en la valuación económica del deudor, como tal”. Estas características descriptas lo llevan a concluir que “no se trata, pues, ni una ventaja ni una carga patrimonial, porque su carácter prevalente es la naturaleza superior, familiar y social de la instit ución que la excluye del ámbito de las relaciones individuales, puras y simples de contenido económico” (Obal, Carlos R., ob. cit., pág. 646). En efecto, la naturaleza de las obligaciones dinerarias aparece sustancialmente diferente a la de las obligaciones alimentarias, que se dan en un supuesto especialísimo, fincado en la solidaridad que une a los miembros de una misma familia, en una relación estrecha producto de esa pertenencia, en la que no se ha entregado nada por contrapartida, pero donde la reciprocidad aparece como un componente dominante en casi todas las situaciones que se presentan, conformando -al decir de Cicú un interés individual tutelado por razones de humanidad (Cicú,A., “Gli alimenti”, Torino, 1939, pág. 276; citado voz “Alimentos” por doctor Carlos R. Obal, Enciclopedia Jurídica Omeba, t. I, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1954, pág.646). Asimismo, la obligación alimentaria es esencialmente variable, apontocada en situaciones eminentemente circunstanciales que pueden ser más o menos prolongadas, dependiendo de las necesidades cambiantes de las personas y de su economía, del costo de la vida, de la existencia de un estado de necesidad por una parte, y de la correlativa solvencia por la otra. La obligación alimentaria se funda esencialmente en un deber moral de socorrer, objetivado en una ley positiva para dotarlo de coercitividad y posibilidades de efectividad, siendo comprensiva -a diferencia de toda otra prestación debida- de “todo lo que es necesario para pasar la vida” (Escriche, Joaquín: “Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia”, t. I, Madrid, 1874, pág. 441). Entonces, las consideraciones precedentes que destacan las específicas y singulares características de la obligación alimentaria, resultan razones suficientes para sostener que el criterio contenido en el art. 552 del Código Civil y Comercial no puede en modo alguno ser extrapolado a la hipótesis que regula el inc. “c” del art. 768 del Código citado. Por lo tanto, a partir de todo lo expuesto, ante el cambio normativo que importó el inc. “c” del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, he de considerar que por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago deberá aplicarse la tasa pasiva de interés “plazo fijo digital a 30 días” a través del sistema “BancaInternet Provincia” (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. Por ley 25.561; inc. “c” del art. 768, Código Civil y Comercial, ley 26.994).” Por último estimo oportuno citar el voto del Dr. De Lazzari quien interpreta que el salario reclamado tiene carácter alimentario y por tal motivo resultaría aplicable el art.522 del Código Civil y Comercial de la Nación, ello toda vez que los honorarios de los letrados se considera también de carácter alimentario y queda plasmado en el fallo de la SCBA que vengo citando, que por mayoría, se concluye que aun así no resulta aplicable la tasa activa: “b) A partir del 1º de agosto pasado la situación no es la misma (la particular posición en que las partes se encuentran es ahora regida por otras reglas) y ello me lleva a exponer otras (y diferentes) razones que encuentro al analizar la nueva normativa en forma sistemática. Empiezo por señalar que el art. 768 del Código Civil y Comercial difiere, aparentemente, en un aspecto sustancial de la primera parte del anterior art. 622 (que es lo que ahora nos interesa): de no haber acuerdo previo entre las partes ni leyes especiales que las dispongan las tasas serán las que se fijen según las reglamentaciones del Banco central (mientras que antes se disponía que los jueces lo determinarían). Esta diferencia, en una primera lectura, parece echar por tierra mi postura original desde que ya no se autorizaría a los jueces a determinar la tasa aplicable. Sin embargo, a poco que se ingrese en la inteligencia de esta cláusula se advertirán soluciones diversas que reclaman, una vez más, de la prudente discrecionalidad y ponderación de los jueces. Veamos: El período “tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco central” autoriza a seguir dos líneas de pensamiento. Por un lado, es posible entender que se está refiriendo a las tasas que ya vienen siendo determinadas por la autoridad monetaria, las cuales son bastamente conocidas, y reduciéndose la tarea de los jueces a identificarlas correctamente.Pero hay una segunda opción, y ésta invita a sostener que el legislador ha encargado (tal vez elípticamente) al Banco Central la fijación -según parámetros apropiados- de un guarismo específico para que, en defecto de la voluntad de las partes o normativa específica, se estimen los intereses que producirá un cierto capital determinado judicialmente. Ahora bien: como no ha habido de parte del Banco central ninguna fijación concreta, podría dejarse de lado (no por inapropiado, sino por no ser actualmente operativo) este segundo criterio de interpretación, y reducirnos al primero. Pero no por ello salvamos todos los escollos, ya que la entidad ofrece varias tasas de interés; por ejemplo, hay distintas tasas activas (de descuento, por descubierto, por financiación, de saldo de tarjetas, etc.). Y por su lado, la Sección 5 (en particular 5.5) de la Comunicación “A” 3052 del B.C.R.A. no contribuye en nada a clarificar la cuestión. En definitiva: hay un menú de opciones (de tasas fijadas por el Banco central) que se ofrecen para aplicar a cada caso. Y ello me lleva a lo que antes había sostenido: los jueces son quienes, ante dicho menú de opciones, han de elegir aquélla que sea más acorde al caso, o por la que -consecuentes con la búsqueda de la coherencia de la totalidad el sistema, como lo que requiere la parte final del art. 2 del C.C.C.- resulte ser la más apropiada, una vez que se hayan considerado las circunstancias que rodean al asunto. Precisamente es en los términos del nuevo art. 2 del Código Civil y Comercial, y a partir de una interpretación que procura armonizar las diversas disposiciones que integran el sistema jurídico (esta Suprema Corte postuló la conveniencia de tal método, aun antes de la nueva codificación, en una gran cantidad de precedentes: causas C. 118.968, sent. Del 15-VII-2015; C. 117.079, sent. del 8-IV-2015; B. 71.758, sent.del 9-V-2012; L. 90.644, sent.del 22-VI-2011; C. 101.787, sent. del 2-III-2011; entre muchos otros), sostengo que puede llegarse a otra solución. Por la naturaleza alimentaria del reclamo y de conformidad con lo actualmente prescripto por el art. 552 del Código Civil y Comercial, los créditos alimentarios han de devengar intereses a la tasa más alta que cobren los bancos a sus clientes (dentro de las regulaciones del Banco Central) y sin perjuicio de las que el juez adicione según las circunstancias de la causa. Esta norma es aplicable desde el 1º de agosto de 2015, esto es, desde la entrada en vigencia del nuevo Código, con respecto a aquellos tramos de la relación sustancial-procesal que aún no se hubieran cumplido (art. 7º de la nueva ley) de manera que, como enseña Kemelmajer de Carlucci (“El art. 7 del código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no exista sentencia firme”, “La Ley” del 22-IV-2015), si una ley regula la tasa de interés aplicable con posterioridad al dictado de la sentencia, tal ley debe regir los períodos aún no consumidos de la relación juzgada desde su entrada en vigencia. A esto Moisset de Espanés ya lo había reconocido, llamándolo efecto inmediato de la ley posterior (c.f., “El daño moral y lairretroactividad de la ley”; “Jurisprudencia Argentina”,13-1972-356). Por lo expuesto, y asumiendo la solución concreta del caso, propongo en primer lugar, desde que la obligación se hizo exigible y hasta el 31 de julio de 2015 ha de regir la tasa pasiva, por acatamiento de la doctrina legal de este Tribunal (dejando a salvo mi opinión personal). A partir del 1º de agosto del mismo año, si bien por aplicación de lo dispuesto en el art.552 del Código Civil y Comercial debe aplicarse la tasa activa más alta que cobre a sus clientes el Banco de la Provincia de Buenos Aires.” Conforme lo expuesto entiendo que puedo decir sin hesitación alguna que conforme la causa antes señalada y citada es doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (art. 279 cpcc), encontrándose vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como así también lo normado por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y aplicable al sub-lite, que los intereses -en todos los casos con excepción del previsto en el art. 552 del CCC- deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. “c” y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928)”.-

Este criterio resulta compartido por otros Tribunales de Alzada departamentales. Cito por caso el precedente “Becciu.” dictado por la prestigiosa Alzada platense, en el que el Sr. Magistrado Dr. López Muro hace un muy interesante análisis del cuadro de situación en que se hallaba doctrina y jurisprudencia al tiempo en que le toca emitir su voto, concluyendo en un sentido coincidente con el antes apuntado (Cámara 2da. de La Plata, Sala I, en causa n° 103993, “Becciu.”, del 09.08.2016).-

Consecuentemente y por todos los fundamentos esgrimidos, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación impetrado a fs. 117 por el apoderado de la parte demandada, y en consecuencia, revocar la sentencia de fs.106/110 en lo que fuera materia de agravios, disponiendo que al capital de condena se le aplique la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para captación de depósitos a Plazo Fijo a 30 días (esta Sala, causa n° 60.630 “Etchegoyen.” (SD) del 27.05.2016).-

Así lo voto.-

A LA PRIMERA CUESTION, la Dra. Longobardi dijo:

I). Llega apelada a esta instancia únicamente la parcela de la sentencia en cuanto declaró aplicable a los honorarios del abogado ejecutante la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (tasa activa), con fundamento en lo dispuesto por el art. 54 inc. b del dec-ley 8904/77. Solicitó -en cambio- que se apliquen los intereses establecidos por la Suprema Corte Provincial para ese tipo de créditos en la causa “Isla”, esto es la tasa pasiva (SCBA, Ac. A. 71.170 del 10-6-15).Que en este precedente, el voto que formó mayoría consideró que la tasa de interés activa prevista en la norma arancelaria era contraria a la prohibición de indexar dispuesta por la Ley 23.928.

El ejecutante al replicar el memorial argumenta que, con posterioridad al dictado del fallo ” Isla”, se produjo la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y ello significó ,según jurisprudencia que cita, (CC y C.1, San Nicolás, set.14/772016, “Ondarcuhu Ricardo Luis.) “, que el legislador ha valorado que la tasa activa para ciertas obligaciones como las de índole alimentaria no estaría colisionando con la prohibición de indexar o repotenciar deudas; por lo que solicita el rechazo del recurso.

II). 1 – El magistrado que me precede en el voto, Dr.Esteban Louge Emiliozzi, hace referencia a las diversas posturas mantenidas sobre esta cuestión y recuerda que la Sala I de este Tribunal se inclinó por la que consideraba aplicable la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, según lo establecido por nuestro Máximo Tribunal a partir del fallo “Ubertalli Carbonino .”(SCBA, C. 62.488 del 18/5/2016), sin que ello implicara una cuota alimentaria, en los términos del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación (esta Cam., Sala I, Causas n° 60.030 del 27/5/2016 y las recientes n° 61.054 y n° 61.055 , ambas del 07/02/2017).

2 – La Sala II que integro, por unanimidad y con voto preopinante del Dr. Jorge M. Galdós, había tenido oportunidad de abordar con anterioridad la cuestión, en fallo recaído con fecha 16/5/2016 en la causa N°60.869,”Rodríguez.”. Destaco la fecha, pues el mismo precedió en tan sólo dos días al citado fallo “Ubertalli Carbonino.” de nuestro Máximo Tribunal, por lo que no consideró la Sala que integro la aplicación de esta doctrina legal al caso de los honorarios de abogados y la eventual derogación del inc. b) del art. 54 del dec- ley 8904/77.En ese contexto, junto con otras Cámaras provinciales éste Tribunal ponderó que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial -que admitió la tasa activa para cierto tipo de obligaciones- importaba un cambio de circunstancias suficientemente serio que justificaba apartarse de la doctrina legal emergente del precedente “Isla”, toda vez que por ley posterior la autoridad normativa ha valorado que la aplicación de la tasa activa no colisiona con la prohibición consagrada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.298 (esta Sala, causa n° 60.869 del 16-5-16, “Rodríguez, Néstor Gabriel c/. Rivas, Ivana Luján s/. Cobro Ejecutivo”). En esa línea razonamiento precisó ésta Sala, además, que el art.768 del nuevo Código sigue en sustancia las directivas de los arts. 622 y 623 del derogado, estableciendo que la tasa de interés se determina de la siguiente manera: pacto de partes, leyes especiales y, en subsidio, por las reglamentaciones del Banco Central -aspecto en el que innovó-. De ese modo, se sostuvo en ese precedente que la determinación de la tasa activa como tasa de interés moratorio fijada por ley especial (art. 54 inc. b dec-ley 8904/77) no reviste en la actualidad y en abstracto la naturaleza jurídica de “plus” monetario que importe indexación o actualización monetaria prohibida por el art. 7 de la ley 23.298, arribándose así a la conclusión de que la aplicación inmediata del CCCN desplazaba la vigencia de la doctrina legal fijada por la Suprema Corte en “Isla” (ver en el mismo sentido, esta Sala causa n° 61.184 del 30-6-16, “Diez.”).

3- En la citada causa “Rodríguez.” se dijo también que este Tribunal venía sosteniendo que el acatamiento obligatorio por parte de los tribunales inferiores de la doctrina legal de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires tiene raigambre constitucional (arts. 15, 169 y 171 de la Constitución de la Provincia); asimismo, que el particular diseño del sistema recursivo de nuestra provincia, hace que la doctrina establecida por este Tribunal tenga un grado de exigibilidad (es decir, una virtualidad para constreñir, en particular , a los jueces) muy alto, aspecto que encuentra justificación -desde el punto de vista estrictamente jurídico- tanto en la necesidad de procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia , como en la de efectuar un control sobre la racionalidad y la corrección de los pronunciamientos. También porque deben ser respetados los más elementales principios de economía y celeridad procesales (SCBA, voto Dr. de Lázzari, 1/4/2015 Ac.C.117.292 “Salinas .”). Llega a tal punto la gravitación institucional de la doctrina legal vinculante que la misma Suprema Corte ha aplicado derechamente su jurisprudencia casatoria, acatándola sus propios miembros que dejan a salvo su postura contraria que no hace mayoría (cfr. voto Dr. de Lázzari de adhesión a la mayoría, SCBA, causa L. 109.467, 24/6/2015).En otros casos mediante votos de los jueces del Alto Tribunal que tienen fundamentos que no conforman la doctrina legal, acuden al arbitrio del art. 31 bis de la ley 5827 (voto del Dr. Hitters, causa Ac. C. 113.397 del 27/11/2013).También se recordó que en materia de acatamiento a la doctrina legal de la Suprema Corte relativa a la aplicación de la tasa pasiva, se ha respetado dicha doctrina por resultar obligatoria, dejando de lado opiniones personales de los integrantes de este Tribunal . Por ello que se reconoció como primera conclusión, que la doctrina del fallo “Isla” reviste ese alcance de jurisprudencia vinculante; y que la misma , fue luego reiterada en pronunciamientos posteriores (SCBA, C. 117.007 del 15/7/2015 “Núñez.”; C. 117.210, 15/7/2015 “Carrasco Quintana.”;L. 115.358, 15/7/2015, “Zanaroni.”; LP 114.191, 15/7/2015 “Roselli.”; 113958, 15/7/2015, “Romano de Albuernez”), siendo doctrina legal anterior a la entrada en vigencia del CCCN.

Se hizo hincapié en que el juicio de ponderación que prevé el CCCN impone al juez el deber de dictar sentencias y resoluciones razonablemente fundadas en el sistema plural de fuentes (art. 2 CCCN).

4- En un fallo posterior a “Rodríguez.), la Sala II que integro reafirmó ese criterio precisando que lo decidido por la Corte Provincial en “Ubertalli Carbonino” (SCBA, B.62.488 del 18-5-16), no alcanzaba para modificar “la actual interpretación sobre la aplicación de la tasa activa para los honorarios profesionales, sin perjuicio de que probablemente en el futuro pueda llegar a tener repercusión” ( Sala II, causa n° 61.104 del 10-8-16, “Pey, Roberto Jesús c/. Schneider, Oscar Alfredo y Otro/a s/. Ejecución de Honorarios”). Se hizo esa precisión pues se entendió que alguna postura ” afirma que la Suprema Corte ahora, y a raíz de ese fallo, sostiene que con excepción del supuesto previsto en el art. 522 CCCN en todos los casos la tasa aplicable es la tasa pasiva digital”, aseveración que contiene un serio error de interpretación”, ya que en “Ubertalli Carbonino” la Suprema Corte juzgó la reparación de los daños derivados de la ruptura ante tempus de una relación de empleo público, y no de la ejecución de honorarios profesionales regulados a abogados. Y -anticipó esta Sala- que “no sería atinado descartar que en el futuro la Casación Bonaerense vuelva a pronunciarse sobre esta cuestión, sea -y lo menciono a título meramente conjetural- trasladando la solución de “Ubertalli Carbonino” al tema de honorarios profesionales de los abogados (lo que supondría la aplicación de la tasa pasiva digital sosteniendo que se trata de la tasa pasiva que constituye su doctrina legal) o revisando la procedencia o no de la tasa activa del art. 54 inc b dec/ley 8904, en cuanto tasa legal y no judicial, atendiendo a la eventual incidencia sobreviniente del CCCN” ( Sala II, causa n° 61.104, cit.).

III). Se impone en este punto un repaso de la evolución de la doctrina legal de nuestra Suprema Corte, a partir de la causa “Banco Comercial de Finanzas” (Ac. 77.434, sent. 19/4/2006), que fue la que modificó la doctrina legal que venía sosteniendo la Corte desde el dictado de la ley de Convertibilidad citada (1991).

a) En “Banco Comercial.”, se dijo (por mayoría ) que el interés fijado por el inc.”b” del art. 54 del Dec. Ley 8904/77 no se encontraba alcanzado por la prohibición del art. 7° de la ley 23.928, por no resultar equiparable a una indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o repotenciación de deudas, que eran los supuestos aprehendidos por aquella norma. Esta sentencia constituyó doctrina legal, como señaló luego la Dra. Kogan en la causa “Isla”, pese a haberse tratado de una única sentencia en tal sentido, pues ello no resulta óbice para constituir doctrina legal en los términos del art. 279 del CPC.

b) En la causa “Isla”., Ac. A. 71.170 cit, 10/6/2015 ,también por mayoría) la Suprema Corte cambió su criterio, restableciendo como nueva doctrina legal, que en materia de intereses devengados por la mora del deudor de honorarios profesionales del abogado, no corresponde aplicar la tasa activa prevista en el art. 54 inc. b de la ley arancelaria provincial, porque dicha norma vulnera la prohibición de indexar (art. 7 ley 23.928) y se debe acudir a la tasa pasiva, que es la tasa fijada por la Suprema Corte en ausencia de pacto en contrario o de norma expresa (conf. SCBA, Causas C. 101.774 “Ponce” y L. 94.446, “Ginossi”, ambas del 21/X/2009).

Esta doctrina fue reiterada por la Suprema Corte Provincial en varios fallos sucesivos y similares, en particular “Roselli” C. 141191 y “Arriaga ” C.107.702 , ambos de fecha 15/7/2015, en estos términos: “Conforme fue resuelto- por mayoría en la causa A. 71.170, “Isla”, sent. del 10-VI-2015, corresponde modificar la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en la causa Ac. 77.434, “Banco Comercial de Finanzas S.A.” cit. y declarar que la tasa de interés prevista en el art. 54 inc. “b” del decreto ley 8904/1977 ha quedado derogada a partir de la prohibición de actualizar deudas contemplada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, que fue ratificada por el art. 5 de le ley 25.561.No resultando aplicable al caso el mencionado art. 54 inc.”b”, se impone concluir que no existe precepto legal específico que regule la cuestión, por lo que corresponde reemplazar la tasa de interés allí contemplada por el principio general del art. 622 del Código Civil”( voto de la Dra. Kogan en “Roselli” que formó mayoría) .Esta doctrina en términos casi idénticos, fue reiterada en “Arriaga”, también por mayoría.

c) El Superior Tribunal provincial vuelve sobre el tema de los intereses aplicables a las obligaciones en mora en las causas n° 119.176 “Cabrera” y n° 118.598 “Trofe” (ambas sent.15/6/2015), en las que sentó una aclaración a la doctrina legal vigente para el supuesto reglado por el art. 622 del Código Civil. Allí se estableció que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la “tasa pasiva más alta” fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde el hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, CC de Vélez Sársfield; 7 y 768 inc. c) C.C.y C.N.; 7 y 10 ley 23.928 y modif.)”.

d) El 1° de agosto de 2015 se produce la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este establece en el inc. “c” del art. 768, para el supuesto de no haberse previsto la tasa de intereses aplicable a las obligaciones en mora, sea por convenio de partes o por una ley especial, la tasa que se fije al efecto por las disposiciones del Banco Central de la República Argentina , lo que constituye una novedad respecto al art. 622 del Cod. Civil, que confería dicha potestad a los jueces. Por otra lado, en el art.552 CC y CN, se fija la tasa activa para el deudor moroso de cuota alimentaria.

e) Con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCCN (01/8/2015), el Superior Tribunal ratifica su doctrina legal anterior a la entrada en vigencia de este nuevo cuerpo normativo, en el precedente “Ubertalli Carbonino” (causa B. 62.488, sent. del 18/5/2016) citado en el voto preopinante. Como este caso no se refería específicamente al supuesto de intereses sobre honorarios de abogados reglados por el art. 54 inc. b) del dec. 8904/77, sino que, como adelanté, se trata de un supuesto de intereses sobre salarios caídos en una relación de empleo público, la Sala II , como dije, sostuvo que la doctrina legal desarrollada por la SCBA en el precedente “Isla” no resultaba vinculante para este supuesto específico de intereses sobre honorarios de abogados que tiene su legislación especial en el Dec. ley 8904/77 y en particular en el inc. b) del art. 54; como se había resaltado en “Banco Comercial.”(cit.)

f ) Este interrogante ha quedado ahora despejado – a partir de los fallos que citaré a continuación – con la aplicación expresa de la doctrina de “Isla” y “Cabrera”, que ha efectuado la Suprema Corte, también al supuesto de intereses aplicables en materia de honorarios de abogados , luego de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. En la causa “Musotto”( Ac. 120.233, sent. del 02/11/2016) la Suprema Corte , reitera su anterior doctrina legal (previa al CCCN) en estos términos: “.Ha manifestado este Superior Tribunal-por mayoría- en las causas “Arriaga.”( C. 107.702, sent. del 15/VII/2015).y “Cabrera.”(C. 119.176, sent.del 15/VI/2016), que los intereses deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deber ser diario con igual tasa (conf. arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sársfield; 7 y 768, inc. “C”C.C.y C.Cn; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)”.

La misma doctrina se reitera, entre otras, en las causas “Garay Lucía. “(Rc.118.062, sent. 15/11/2016); “Diez María Eugenia.”(Rc. 120.660), “Compagnucci de Caso Rubén.” (Rc. 118.771) y “Sacoski.”,( Rc. 115.838), todas del 21/12/2016) y “Tomiello.” (Rc. 117.938, sent. 28/12/2016).

IV ). Anteriormente mencioné la inquebrantable adhesión que este Tribunal tiene a la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial y la función casatoria que esta detenta, por mandato constitucional (arts. 15, 169 y 171 de la Constitución de la Provincia y arts., 278 y 289 C.P.C.), en el régimen que establece el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o “doctrina legal”.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la actual doctrina legal de nuestro Superior Tribunal provincial es irrevisable, ya que no se encuentran comprometidas cuestiones que podrían provocar la apertura del fuero federal (art. 14 de la ley 48) , pues conforme también el Superior Tribunal provincial (ver voto Dr. Genoud en “Ginossi “, cit.) ,la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto a partir del caso “Banco Sudameris c/Belcam” (Fallos, 317:507, sent. del 17-V-1994) , que los tribunales inferiores cuentan con una “razonable discreción” en torno a la determinación de la tasa de interés aplicable en los términos del art. 622 del Código Civil.V). Resultando en consecuencia de acatamiento obligatorio para los tribunales inferiores, dejando a salvo mi opinión en contrario (cf. mi adhesión al voto preopinante en “Rodríguez”, cit.) y habiéndose expedido la Suprema Corte Provincial específicamente sobre los intereses aplicables a la ejecución de los honorarios regulados a los abogados (SCBA, C. 120.233 del 02-11-16, “Musotto, Gerardo Raúl. Incidente de ejecución de honorarios”; C. 118.062 del 15-11-16, “Garay, Lucía contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Ejecución honorarios”; entre otras), corresponde brindar acatamiento a la doctrina casatoria declarando que sobre el capital de condena la doctrina legal vigente impone, inclusive en materia de honorarios profesionales de abogados, la aplicación de la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a Plazo fijo a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos, y en períodos menores a 30 días, la tasa será diaria (arts. 7 y 10 ley 23.928 ratif. por ley 25.561; arts. 7 y 768 inc. c) C.C.C.N);(“Musotto”, Rc 120233, sent. 02/11/2016; “Garay Lucía. “Rc.118.062, sent. 15/11/2016;”Diez María Eugenia.”,Rc. 120.660; “Compagnucci de Caso Rubén.” Rc. 118.771 y “Sacoski.”, Rc. 115.838, todas del 21/12/2016; y “Tomiello.”, Rc. 117.938, sent. 28/12/201, citadas).

VI ). En razón a la modificación de la doctrina legal de la Suprema Corte en los distintos períodos reseñados, las diferentes opiniones mantenidas con anterioridad por las dos salas que integran este Tribunal, y dado la índole de la cuestión, propongo la aplicación de costas por su orden (arts. 68 párr. segundo C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. GALDOS adhirió al voto de la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Louge Emiliozzi dijo:

Atento lo que resulta de la cuestión anterior, corresponde:1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada disponiendo que al capital de condena se le aplicará en concepto de intereses la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a Plazo fijo a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos, y en períodos menores a 30 días, la tasa será diaria (arts. 7 y 10 ley 23.928 ratif. por ley 25.561; arts. 7 y 768 inc. c) C.C.C.N). .2) Costas por su orden, atento los fundamentos del considerando VI); (arts. 68 párr. segundo C.P.C.C.). 3)Diferir la regulación de los honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 8904.

A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós adhirieron, por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:

– S E N T E N C I A –

POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada disponiendo que al capital de condena se le aplicará en concepto de intereses la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a Plazo fijo a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos, y en períodos menores a 30 días, la tasa será diaria (arts. 7 y 10 ley 23.928 ratif. por ley 25.561; arts. 7 y 768 inc. c) C.C.C.N). .2) Costas por su orden, atento los fundamentos del considerando VI); (arts. 68 párr. segundo C.P.C.C.). 3)Diferir la regulación de los honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 8904. Notifíquese y Regístrese.-