Responsabilidad civil médica. Incidencia causal de la patología preexistente del paciente. Meneghini, Roberto A.

Autor: Meneghini, Roberto A. –

Fecha: 27-abr-2017

Cita: MJ-DOC-10700-AR | MJD10700

Sumario:

I. Prólogo. II. Hechos. III. Obligaciones medicales. IV. Patología preexistente. V. Imposición de costas. VI. Conclusión.Doctrina:

Por Roberto A. Meneghini (*)

I. PRÓLOGO

El eje controversial del Acuerdo dictado por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en los autos «Z. B. N. c/ IOMA Instituto Obra Social Asistencial y otros», referido a que el perjuicio del paciente obedece, exclusivamente, a su patología preexistente, constituye, dentro del microsistema de la responsabilidad civil médica, una cuestión frecuente y muchas veces no tratada como corresponde.

El voto de la vocal opinante en primer término, si bien no hace mayor mención en cuanto a las particularidades que dicha cuestión presenta, nos permite explayarnos acerca de la misma intentando, con ello, aunque pequemos de soberbios, aportar claridad para futuros casos.

II. HECHOS

Se trató de una paciente que, habiendo sufrido un traumatismo en su región lumbar que le produjo una fractura, fue intervenida quirúrgicamente, colocándosele una prótesis y resultando, finalmente, con una incapacidad del orden del 17,5%, que la reclamante sostuvo que provino de la mala «praxis» médica habida como consecuencia de la demora en la cirugía.

La sentencia de grado rechaza, «in totum», la demanda, con costas a la accionante, por entender que no medió responsabilidad médica alguna en el tratamiento al que fue sometida.

III. OBLIGACIONES MEDICALES

La Dra. Ana María Brilla de Serrat admite, en sus considerandos, ante todo, que las obligaciones medicales revisten la calidad de las denominadas «de medios». Cabe recordar que la clasificación de las obligaciones en «de medios» y «de resultado» resulta ajena a la letra del Código Civil velezano, pero que fue incorporada en el nuevo Código Civil y Comercial en su art.774 .

El paciente, al concurrir a la atención médica, porta dos intereses; por un lado, uno primero consistente en que el profesional ponga todo su conocimiento, medios técnicos y elementos a su alcance en la atención de la patología que sufre; y un segundo interés, consistente en el logro de la mejoría, alivio o curación de dicha dolencia.

Si se admite que el médico asume una obligación “de medios”, cumplido el primer interés, vale decir, el profesional ha puesto todo su conocimiento, medios técnicos y elementos a su alcance, aunque no logre satisfacer el segundo de ellos, o sea el paciente no se mejoró, no se alivió o no se curó, no debe ser considerado como un incumplidor de la obligación médica asumida.

Consecuentemente en este tipo de obligaciones -«de medios»-, el factor de atribución es subjetivo, toda vez que lo que se analiza es la conducta desplegada por el deudor.

La postura del voto de la vocal opinante, en el sentido de considerar la obligación médica asumida en el caso planteado como «de medios» la lleva, sin solución de continuidad, a afirmar que derivando, de tal calidad de obligación, responsabilidad de tipo subjetiva, resulta ineludible, con el análisis de la conducta del sujeto a quien se le atribuye débito reparatorio, la demostración palmaria de su culpa en el acto médico, maguer la existencia de antijuridicidad consistente en el «alterum non laedere».

También se encarga de sostener que la prueba de la culpa, si bien pesa en cabeza del reclamante, frente a «… ciertos datos empíricos, el juez ha de deducir la prueba galénica no probada en forma directa:el magistrado tendrá por probada la culpa, cuando el daño, en su ocurrencia y según la experiencia común, no podría explicarse de otro modo que no fuese el de la comisión de una culpa; a menos que el demandado aporte prueba eficaz para liberarse en sentido amplio de responsabilidad».

Sin embargo, agrega, con buen tino y pocas veces visto en el tema de las presunciones «hominis», que ello no implica que el accionante asuma una conducta totalmente pasiva en materia probatoria, sino que, frente a la imposibilidad material de demostrar la culpa médica en forma directa, debe aportar elementos corroborantes de la existencia de indicios generadores de presunciones que lo lleven al juez al convencimiento de la existencia de violación de la «lex artis».

Cuando nos toca abordar el tema de la prueba indiciaria, no podemos soslayar, como lo hemos hecho iteradamente, el fallo que, pese a su antigüedad, guarda plena vigencia, dictado por la Sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial de Resistencia, en los caratulados «C. de G., c. F., J. R.», obrante en La Ley Litoral T.° 1997, p. 327, en el que respecto de este tema sostuvo lo siguiente: «El indicio y la presunción son dos conceptos independientes, pero que se complementan.Así, considerando que indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido o debidamente comprobado, susceptible de llevar al juzgador por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido, puede concluirse que la presunción es la consecuencia que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos».

»La validez y eficacia de la prueba de presunciones requiere que el indicio o el hecho indicador esté acabadamente probado y posea significación probatoria respecto del hecho que se quiere demostrar, por existir alguna conexión lógica entre ellos».

»Cuando por las circunstancias del caso o por la índole de los hechos, la prueba directa es imposible o extremadamente dificultosa, las consecuencias que de ello derivan no pueden incidir sobre la parte agravada con la carga de la prueba, de modo que en tales casos adquiere valor la prueba de presunciones».

»Los indicios constituirán plena prueba cuando sean plurales, graves, concurrentes y concordantes, de modo que, en conjunto, lleven al juzgador al total convencimiento del hecho investigado por guardar una estrecha relación con el mismo».

Por último, el voto que estamos analizando también admite que el juez contemple el instituto del cargo dinámico de la prueba que pone en cabeza de quien se encuentra en condiciones de superioridad de orden material, científico, técnico, fáctico u otras causas, pero de manera excepcional, la carga demostrativa de los hechos eximentes -extintivos, modificativos, impeditivos- de responsabilidad. Cabe recordar que el presente fallo se dictó en el marco del Código Civil derogado, toda vez que el nuevo Código, otorga, expresamente, en su art. 1735 , la potestad al juez de aplicar tal instituto.

IV. PATOLOGÍA PREEXISTENTE

El voto de la vocal integrante de la Sala, en línea con la jurisprudencia y la doctrina mayoritariamente contestes, aprueba la importancia que reviste el dictamen pericial, sobre la base, especialmente, de que los temas debatidos -de índole médica- escapan al conocimiento de los jueces.Es por ello por lo que estos le otorgan a tal medio probatorio pleno viso de verosimilitud, maguer su carencia de carácter de prueba tasada, salvo opinión que rebata o modifique, sobre la base de fundamentos de mayor peso científico, el contenido de la opinión volcada en dicha experticia.

Resulta de forma constante que los pacientes concurren a la consulta médica cuando experimentan alguna dolencia, salvo los supuestos de controles de rutina, denominados «chequeos».

El objetivo que persigue el doliente consiste, a más de que el profesional ponga todo su empeño, conocimiento y medios en la atención que le brinda, en la curación, mejora o alivio de su achaque, lo que no siendo la medicina una ciencia exacta ni infalible, muchas veces no se logra este último objetivo.

Es habitual ver juicios, como el presente, en los que la defensa suele aducir que la incapacidad sufrida por el paciente -o su deceso- procede de la patología preexistente que portaba a la data de la consulta.

En tales casos, siendo que dicha minusvalía, anterior a la atención médica y respecto de la cual la conducta del profesional actuante no se enhestó en causa adecuada de dicho detrimento físico, las consecuencias dañosas que, «per se» y conforme el curso normal y ordinario del proceso de la enfermedad genera, postratamiento, no corresponde que le sean endilgadas al profesional actuante.

En otros, en los que también se debate este tema de la patología preexistente que porta el paciente a la consulta, se aduce que el mismo actúa como un plus aditivo al perjuicio final en el que también intervino mala «praxis» por parte del operador médico.

Tanto en unos como en otros, la prueba pericial reviste una importancia superior a la media y exige una labor extra al experto.

La problemática de los supuestos de coexistencia de dos causas -teoría de la concausalidad- provocadoras del daño final:por un lado la que consiste en la patología preexistente y, por el otro, la congruo con la mala «praxis» médica resulta la más compleja de resolver.

Tales hipótesis de conflicto demandan al perito médico una doble determinación: por un lado, el porcentaje que corresponde atribuir a la propia enfermedad o lesión que el paciente ya portaba con antelación al tratamiento y, por el otro, el que incumbe al accionar contra la «lex artis» habido por parte del profesional interviniente.

Una vez establecidos los dos porcentuales de causa del daño final -en la especie incapacidad o muerte-, el juez deberá, del grado final de minusvalía, sustraer el porcentaje atribuido a la patología preexistente, obteniendo, con ello, la indemnización debida por la responsabilidad civil médica habida.

En resumidas cuentas, para ser lo más gráfico posible. Si un paciente experimenta una incapacidad final del orden del 70% y el perito establece que, aún habiendo sido tratado conforme la «lex artis», como consecuencia de la lesión que portaba, hubiese quedado con una incapacidad del 40%, corresponde atribuírsele al mal accionar galénico solo un 30% del daño final y, dentro de ese contexto cuantitativo, conceder la indemnización.

Cabe aclarar que esta cuestión de la incidencia causal de la patología preexistente del dañado no resulta de pertenencia exclusiva del derecho médico, toda vez que puede corresponder su aplicación en el derecho de daños provenientes de otras caus as, por caso accidentes de tránsito, del trabajo y tantos otros.

Tal como lo anticipamos en el prólogo del presente trabajo, la vocal opinante no aporta mayores argumentos acerca de este instituto de la «incidencia causal de la patología preexistente del paciente».

Solo refiere en su voto, para fundamentar su postura confirmatoria de la sentencia del inferior, que rechaza la demanda, la aseveración contenida en la pericial médica rendida, en el sentido de que «la incapacidad informada en la actora se debe a su patología de base y su fractura lumbar».

V.IMPOSICIÓN DE COSTAS

El fallo de primera instancia había impuesto la totalidad de las costas a la parte actora por atribuirle la calidad de perdidosa en el pleito.

Uno de los agravios de dicha parte procesal consistió en solicitar la imposición por su orden.

La vocal opinante considera que la posición del juez de grado debe ser confirmada, aduciendo para ello que la sola creencia subjetiva de la accionante respecto de la existencia de razón probable para litigar, no la exime del pago de las costas, toda vez que pesa sobre ella la carga de analizar, seriamente, su pretensión, no pudiendo, por ende, invocar su propia torpeza y agrega un dato de índole subjetiva muy importante a tener en cuenta por parte de los jueces a la hora de analizar la cuestión de la imposición de costas: «la profesión de la reclamante», creando la duda a los lectores acerca de cuál se trata; aventuramos que debió de ser médica o abogada.

El colega de sala de la vocal opinante, Dr. Osvaldo Onofre Álvarez, en voto en disidencia, propone la imposición de las costas por su orden.

Funda su posición en el tiempo transcurrido entre la internación y la intervención quirúrgica, aduciendo que dicho plazo se enhestó en causal objetiva que llevó a la litigante a entender que gozaba del derecho a reclamar judicialmente el daño sufrido, sin referencia alguna a su profesión.

La adhesión, «in totum», sin aporte alguno de fundamentos, de la tercera integrante de la Sala, al voto de la colega opinante en primer término, determinó la confirmación plena del fallo de primera instancia que rechazó la demanda, con costas a la accionante.

VI.CONCLUSIÓN

Confirmando lo adelantado en el prólogo del presente, nos encontramos ante un «acuerdo» que estimamos digno de comentario, especialmente por la importancia que le asignamos al instituto de la incidencia causal de la patología preexistente del paciente el que, pese a su abordaje que soslayadamente le brindó la vocal opinante, nos permitió ampliar conceptos referidos al mismo.

Confiamos, y en ello hemos puesto todo nuestro empeño, que el presente sirva, aunque sea módicamente, de aporte para tratamientos futuros del referido instituto perteneciente al derecho de daños.

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(*) Abogado, Facultad Católica de Derecho del Rosario, UCA. Posgrado de Derecho de Seguros y Accidentes de Tránsito, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Especialización para la Magistratura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Responsabilidad Médica, Centro de Especialización Jurídica Juris. Ha asistido a cursos, seminarios, jornadas, congresos y conferencias. Ha dictado cursos. Expositor de ponencias. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.