Nulidad de la asamblea general ordinaria que aprobó estados contables sin que un socio minoritario hubiera podido acceder a dicha documentación con la debida anticipación

Partes: Palmeiro Guillermo César c/ Posta Pilar S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 18-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104369-AR | MJJ104369 | MJJ104369Sumario:

1.-Debe declararse la nulidad de la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad demandada en cuanto aprobó los estados contables y demás documentación, aprobó la gestión de los directores, constituyó la reserva legal y designó síndicos titular y suplente, y también estableció las remuneraciones de éstos y de los Directores, ya que el accionista concurrió a la sede social dentro del plazo previsto y en horario hábil y no logro? hacerse de las copias, lo cual implica que ellas no estaban a su disposición y ello basta para considerar incumplido el art. 67 de la Ley N.º 19.550, sin que el socio deba acreditar que hubiera intentado hacerse de la documentación en otras ocasiones.

2.-Si la sociedad a través de su representante legal, tomo? efectivo conocimiento de las dificultades que uno de sus socios enfrentaba para acceder a la documentación contemplada en el art. 67 de la Ley 19.550 y, pese a ello, nada hizo para procurar que aquel se hiciera de los elementos necesarios para informarse adecuadamente sobre la situación económica de la empresa, la aprobación de los estados contables por la Asamblea General Ordinaria implicó ignorar al socio quejoso, negándole su asistencia para que él pudiera ejercer plenamente los derechos de los que goza.

3.-Tratándose de un accionista cuya participación le impide inspeccionar los libros y requerir información a la sindicatura (art. 294, inc. 6 , Ley 19.550), el único medio para efectivizar el acceso a la información necesaria para tomar conocimiento de las vicisitudes económicas de la sociedad y concurrir a la Asamblea en condiciones de tomar decisiones informadas, era el análisis de la documentación a la cual no pudo acceder, por lo cual el incumplimiento de la puesta a disposición de dicha documentación durante el periodo que manda la ley, sumada a la inacción absoluta de la sociedad luego de tomar conocimiento de tal situación, constituyeron una obstrucción ilegitima al acceso a la información que nulifican la asamblea que aprobó los estados contables.

Fallo:

En Buenos Aires a los 18 días del mes de abril de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “PALMEIRO, GUILLERMO CÉSAR C/ POSTA PILAR S.A. S/ ORDINARIO” (Expte. nro. 5106/2011/CA1), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin, Villanueva.

Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 403/7? El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. Viene apelada la sentencia de grado que rechazó la demanda entablada. En ella, la jueza consideró que Palmeiro no había demostrado que la Asamblea General Ordinaria que Posta Pilar celebró el 15.10.10 adoleciera de defectos que justificaran la declaración de su nulidad.

La sentenciante principió por evaluar si se había violado el derecho de información del accionista actor al no poner a su disposición la documentación prevista en el art. 67 LGS con la antelación necesaria. Si bien entendió que estaba probado que Palmeiro no contó con las copias de la Fecha de firma:19/04/2017 documentación contable al momento de la Asamblea y que recién se hizo de ellas días después de concluida la reunión de accionistas, juzgó que no se había demostrado que ello hubiese sucedido como consecuencia del incumplimiento de la sociedad de su obligación de poner a disposición de los accionistas las copias en cuestión.

La a quo señaló que la escritura pública que acompañó el actor daba fe de que el día 10.12.10 a las 17.30 hs Palmeiro y el fedatario se habían apersonado en la sede de Posta Pilar y que nadie respondió a sus llamados, pero, sostuvo, ello no implicaba que antes o después de ese único momento el actor hubiera intentado hacerse de la documentación. Añadió que Palmeiro había enviado una misiva al Presidente de la sociedad el día 7.12.10 comunicando su intención de concurrir a la asamblea convocada, pero que nada había dicho en ella sobre las copias de la información contable.

Luego, la jueza evaluó las que consideró razones que habrían motivaron al actor a deducir la nulidad de la decisión que aprobó los estados contables. Comenzó por descartar que el hecho de que los estados contables del ejercicio culminado en julio de 2010 hubieran sido aprobados sin debate constituya por sí misma una razón para invalidar la Asamblea.Ello por cuanto consideró que el ejercicio o no que los socios presentes hagan de su derecho a requerir información o explicaciones complementarias no tiene ningún efecto sobre la validez del acto asambleario.

Antes de continuar el análisis individual de las demás deficiencias fue el peritaje contable y que, por lo tanto, se basaría en ese informe para resolver los puntos subsiguientes.

Sobre las impugnaciones planteadas a la Memoria elaborada por el Directorio, que Palmeiro había calificado como “brevísima” y acusado de no cumplir con los requisitos legales mínimos, la sentenciante apuntó que Palmeiro no había aludido específicamente al incumplimiento de ninguno de los 7 incisos del art. 66 LGS. Agregó que tampoco había siquiera intentado demostrar que en el ejercicio se hubiesen comprobado situaciones que ameritasen una mayor explicación, tal como una variación significativa en el activo y/o pasivo, gastos y/o ganancias extraordinarias, la constitución de reservas o el pago de utilidades que no fuera en efectivo. Sostuvo que, más allá de la falta de alegación, tampoco era posible constatar la ocurrencia de alguna de esas circunstancias dado que no se habían acompañado balances de ejercicios anteriores que permitiesen determinar la evolución patrimonial de Posta Pilar.

Otro de los puntos que motivó su acción fue la alegada falta de constitución de la reserva legal. La jueza recordó sobre este tema que, en sentido contrario a lo dicho por el actor, la perito informó que sí se hallaba constituida la reserva que prevé el art. 70 LGS y que había sido votada en la misma Asamblea que se impugnó.

Palmeiro también cuestionó la aprobación de honorarios “exorbitantes”. La sentenciante consideró que, toda vez que la experta Fecha de firma: 19/04/2017 contable informó que los honorarios aprobados se hallaban dentro de los límites del art.261 LGS, que Wartelki y Massaro renunciaron a percibirlos y que no fue probado que éstos no cumplieran funciones técnico administrativas, cabía rechazar esta impugnación.

Finalmente, trató las quejas sobre el informe que produjo la Sindicatura de Posta Pilar. La a quo concedió que el síndico debió haber provisto una información más acabada de la situación económica y financiera de la sociedad, así como debió haber dictaminado sobre la necesidad de constituir reservas. Sin embargo, considerando todas las circunstancias del caso y, en especial, que el peritaje contable resultó adverso a la posición del accionante, la sentenciante decidió desestimar también esta impugnación.

II. Contra ese pronunciamiento planteó recurso de apelación el actor en fs. 416 y lo fundó en fs. 426/43, libelo que fue contestado por la demandada en fs. 453/56.

El actor se agravia del rechazo de la demanda. Funda su recurso en tres conjuntos de razones distintos: las planteadas al iniciar la demanda, las consecuencias que, a su criterio, tendrían los pronunciamientos de esta Sala en otros dos conflictos entre las mismas partes y en las consecuencias que tendría un pronunciamiento emitido en la instancia de grado en un cuarto pleito.

Con relación a las razones que motivaron el inicio de este juicio, el actor sostiene que la sentencia de grado incurrió en contradicciones al analizar el debate sobre la puesta a disposición de las copias de la documentación en su poder antes de la Asamblea y que no era seguro que hubiesen estado a su disposición, resolvió rechazar este punto. Niega que la única prueba al respecto haya sido la contable, dado que ello implicaría omitir la consideración de la prueba documental, compuesta por las cartas documento y el acta notarial. Además, apunta, la sentencia no tuvo en cuenta que se hizo efectivo el apercibimiento que prevé el art.388 CPCCN en atención a la resistencia de la demandada para acompañar documental que se le requirió.

Cuestiona también que no haya considerado que las falencias en el informe sindical ameritaban la declaración de nulidad de la asamblea y que no se haya tenido en cuenta el punto e) del informe pericial, que informaría sobre el pago de exorbitantes honorarios profesionales, el destino de $180.000 a una cuenta denominada “provisión especial” y el destino de la suma de $350.000 a la cuenta “previsión por gastos autopista”.

Luego, el recurrente cuestiona que la sentenciante no haya tenido en cuenta al resolver las decisiones de esta Sala en los exptes. nros. 69104/2003 y 83419/2003, dictadas el 28.4.15. Palmeiro manifiesta que las nulidades allí declaradas, que dejan sin efecto el aumento de capital dispuesto, implican la nulidad de pleno derecho de todas las asambleas posteriores pues aquéllas se realizaron con una composición del capital social declarada nula y porque, además, se declaró la nulidad de la aprobación de los estados contables de la sociedad. El accionante afirma que confirmar la sentencia de grado sería Finalmente, el recurrente sostiene que la decisión de la magistrada de grado del 26.5.16 en el expte. nro. 26596/2009 donde decidió remover a Wartelski y Massaro de sus cargos de Directores de la demandada importa, también, la nulidad de todas las asambleas posteriores al año 2009.

III. Reseñados del modo precedentemente expuesto los antecedentes del caso, corresponde ahora adentrarse en la solución del recurso.

(i) El accionante inició este juicio con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de la Asamblea General Ordinaria que celebró Posta Pilar, sociedad de la que es accionista, el día 15.12.10. En dicha asamblea, los socios presentes decidieron aprobar los estados contables y demás documentación contemplada en el inc. 1 del art.234 LGS, aprobar la gestión de los directores, constituir la reserva legal y designar síndicos titular y suplente, así como establecer las remuneraciones de éstos y de los Directores.

Palmeiro justificó tal petición en la supuesta violación de su derecho de información, vulneración que se habría producido como consecuencia de la omisión de la sociedad encartada de poner a su disposición 15 días antes de la Asamblea las copias de la documentación que prevé el art. 67 LGS.

Para probar ese incumplimiento, el actor acompañó un acta notarial en la que consta que él se presentó en la sede social el día 10.12.10 a las 17.30 hs con la finalidad de retirar las copias y que, tras tocar timbre y no recibir respuesta alguna, se retiró sin lograr el objetivo. Para probar el daño que se habría requerido información sobre ciertas cuentas del balance y una mejor exposición de la Memoria y del informe del Síndico.

Como señala la sentenciante de grado, la escritura sólo da cuenta de que en una oportunidad el requerimiento del accionista no fue respondido.

Sin embargo, difiero con la a quo sobre la entidad que debe otorgársele a esa prueba.

El art. 67 LGS establece que las copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos, así como la Memoria y el informe del Síndico, deben estar a disposición de los accionistas durante al menos los 15 días previos a la Asamblea en la que serán considerados, para que en cualquier momento comprendido en ese período los socios puedan acceder a ellas. Si Palmeiro, pese a haber concurrido a la sede social dentro del plazo previsto y en horario hábil, no logró hacerse de las copias es porque, obviamente, éstas no estaban a su disposición.Basta ello, a mi entender, para tener por comprobado el incumplimiento de la norma, sin que resulte necesario que el socio demuestre que hubiera intentado hacerse de la documentación en otras ocasiones.

Aun cuando tal prueba es suficiente para sostener el reclamo del actor, ha de añadirse que éste también informó a la sociedad de sus inconvenientes para acceder a las copias: ello fue lo que fundó su pedido de suspensión de la Asamblea comunicado mediante la carta documento remitida el día 10.10.12 y recibida el 11.12.10, cuya copia luce a fs. 102/3.

De esta manera, no puede negarse que la sociedad, a través de su representante legal, tomó efectivo conocimiento de las dificultades que uno de sus socios enfrentaba para acceder a la documentación contemplada en el art. 67 LGS. Pese a ello, nada se hizo para procurar que Palmeiro se hiciera de los elementos necesarios para poder informarse adecuadamente sobre la situación económica de la empresa. Pudiendo haberse contactado a Palmeiro a fin de informarle en qué horario y día podría retirar la documentación, o bien enviársele una copia de ella, la decisión que se adoptó fue la de lisa y llanamente ignorar al socio quejoso (ver manifestaciones del Presidente en la Asamblea, fs. 339).

No ignoro que la relación entre este accionista, la sociedad y sus Directores es, cuanto menos, tensa. Es fácil advertirlo al reparar en los numerosos juicios iniciados por el actor y en la entidad de los asuntos debatidos. Sin embargo, ello no autoriza a la sociedad a desconocer los reclamos que el accionista formule ni a negar su asistencia para que él pueda ejercer plenamente los derechos de los que goza en tanto miembro de la compañía. Por el contrario, es mi opinión que, en un contexto de tan profundo desentendimiento, la sociedad debe ser aún más rigurosa en el cumplimiento de los deberes que frente a sus socios tiene.

Recuérdese que, además, en la época en que se sucedieron los hechos Fecha de firma:19/04/2017 la participación en el capital de Palmeiro era inferior al 2%. Así, impedido de inspeccionar los libros y de requerir información a la Sindicatura (art. 294 inc. 6), el único medio para hacer efectivo el acceso a la información del socio, la que le es necesaria para tomar conocimiento de las vicisitudes económicas de la sociedad y concurrir a la Asamblea en condiciones de tomar decisiones informadas, era el análisis de la documentación con la que Palmeiro no pudo hacerse (en similar sentido, CNCom., esta Sala, “Gosende, Mario c/ Riva S.A. C.I.I.C.F.A. s/ ordinario” , 29.9.14).

El derecho de información del socio hace al interés del socio y también al de la propia sociedad, que se beneficiará del debate y la adopción de decisiones informadas en el seno del órgano (en similar sentido, Verón, Víctor, Tratado de las Sociedades Anónimas, t. II, La Ley, Bs. As., 2008, p. 679; CNCom., Sala B, “Noel, Carlos M c Noel y Cía S.A. s/ ordinario”, 19.5.95; id., “Nieto, Jorge P. c. Evangelista e Hijos S.A”, 21.3.97 y jurisprudencia allí citada). Se ha dicho incluso que las previsiones del art. 67 LGS “.no apunta[n] sólo a la protección del socio sino también a mantener la coherencia del sistema legal, que necesita de la deliberación colegial para adoptar sus decisiones. Y en tal deliberación una concreta y completa información es esencial, debe ser sincera y amplia para brindar un conocimiento que permita decidir y reflexionar sobre los aspectos puestos a su consideración a cada uno de los socios” (CNCom., Sala B, “Errecart, Susana Luisa c. La Gran Largada SA y otros s/ordinario” , 5.2.04).

Es mi opinión que, frente a tan importante derecho y dadas las Fecha de firma:19/04/2017 características de la causa, el incumplimiento de la puesta a disposición de la documentación durante el período que manda la ley, sumada a la inacción absoluta de la sociedad luego de tomar conocimiento de tal situación, constituyeron una obstrucción ilegítima al acceso a la información. Tal obstrucción tuvo la aptitud de impedir que el socio, carente de otros medios para adquirir los datos necesarios, pudiera hacerse una opinión fundada sobre la procedencia de la aprobación de los estados contables y la gestión de los Directores, vulnerando así también su derecho a voto.

Es por ello que, si mi colega comparte lo dicho, corresponde revocar la decisión de grado y declarar la nulidad de la Asamblea impugnada.

No obsta a la solución propuesta el hecho de que el socio no haya logrado demostrar durante la sustanciación de este pleito que las cuentas sobre las que dice que hubiera requerido información complementaria hayan adolecido de alguna irregularidad. Ello dado que no es éste el supuesto para la procedencia de la acción incoada, sino que basta con demostrar, como entiendo que lo hizo, la vulneración de su derecho a acceder a la información contable. Añado a estas consideraciones el hecho de que, aunque no haya sido el propósito de este juicio, la sociedad tampoco hizo nada para explicar la asignación de importantes recursos a las cuentas cuestionadas.

Toda vez que resulta suficiente para resolver la presente cuestión con tratar los agravios analizados, el pronunciamiento sobre los efectos que podrían haber tenido sobre los asuntos aquí debatidos las nulidades Fecha de firma: 19/04/2017 declaradas en los exptes. nros. 69104/2003 y 83419/2003 así como la remoción de los Directores dispuesta en primera instancia en el expte. nro. 26596/2009 deviene abstracto.

(ii) Dada la forma en la que se plantea resolver el recurso tratado, corresponde pronunciarse sobre la imposición de costas de ambas instancias (art. 279 CPCCN).

De acuerdo al principio objetivo de la derrota receptado por el art.68 CPCCN, las costas de ambas instancias han de ser soportadas por la demandada perdidosa.

IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de grado y declarar la nulidad de la Asamblea impugnada. Costas de ambas instancias a la accionada vencida (arts. 279 y 68 CPCCN).

Así voto.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva, Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia de su original que corre a fs. 131/6 del libro de acuerdos N° 58 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario de Cámara

Buenos Aires, 18 de abril de 2017

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de grado y declarar la nulidad de la Asamblea impugnada. Costas de ambas instancias a la accionada vencida (arts. 279 y 68 CPCCN).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Rafael F. Bruno

Secretario de Cámara