Responsabilidad del galeno por la pérdida de la posibilidad de curación del paciente, que se ve reflejada por la negligencia al momento de atención, dado que permitió que abandonara la guardia sin dejarlo asentado en la historia que lo informó respecto de las consecuencias de dicha decisión

Partes: C. M. B. c/ Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín

Fecha: 14-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104203-AR | MJJ104203 | MJJ104203

Sumario:

 

1.-Corresponde tener por configurada la culpa médica del galeno demandado, pues, no advirtió que el paciente presentaba un grave cuadro patológico, lo que lo obligaba a una rápida actuación del servicio de guardia, e internar al paciente y el no hacerlo, importó una omisión de la diligencias necesarias que exigían la naturaleza de la obligación que el caso requería, que pudo haberse aminorado mediante un obrar médico prudente y diligente en tiempo y forma.

2.-Cuando el paciente se niega a realizarse estudios y se retira de la guardia, se presenta jurídicamente un problema donde colisionan por un lado el deber del médico de procurar sanarlo y el derecho del paciente a su libertad de autodeterminación (art. 19 de la Ley 17.132 y art 2 de la Ley 26.529) y ante ello, el médico debe intentar disuadirlo, advirtiéndole las consecuencias negativas que aparejan su decisión.

Fallo:

En General San Martín, a los 14 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, los Dres. Carlos Ramón Lami y Manuel Augusto Sirvén en virtud del Acuerdo Extraordinario Nº 666/2008, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “C., M. B. C/ HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS EVA PERON S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dres. Sirvén y Lami. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1 ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

2 ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión el señor Juez Dr. Sirvén dijo:

I) La sentencia dictada a fs. 513/527, hizo lugar a la demanda promovida por M. B. C. contra HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS EVA PERON-ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y JUAN MARIANO GANDUGLIA, condenando a éstos últimos a abonar a la primera la cantidad de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 288.300). Impuso las costas a los demandados vencidos, difiriendo la regulación de los honorarios para su oportunidad.

II) Dicho pronunciamiento fue recurrido por la actora a fs. 537, sustentando el recurso a fs. 561/566 y vta. no siendo replicado por la contraria. La codemandada Juan Ganduglia apeló a fs. 538, fundando el recurso a fs. 547/550, siendo replicado por la accionante a fs. 571/575. La codemandada Hospital Eva Perón, recurrió a fs. 536, presentando la memoria de agravios a fs. 551/560, contestada por la actora a fs.576/582.

III-1) Se agravia la codemandada Ganduglia, por entender que la sentencia de grado aplicó erróneamente las reglas de lógica y de la sana crítica. Expresa que la a quo endilgó responsabilidad al actor por omisión del deber de cuidado del extinto Sr. Velázquez el día 11/4/2000 y como consecuencia de tal circunstancia se habría producido el deceso de la persona referenciada. Refiere que en dicha fecha el Sr. Velázquez concurrió al Hospital demandado a raíz de padecer dolores abdominales; se lo hace pasar a uno de los compartimentos de atención de guardia (Box), realizándose un interrogatorio de antecedentes, examen físico, análisis de sangre, colocándose una vía intravenosa y se realizaron placas radiográficas de tórax y abdomen. Al pasar cierto tiempo el paciente comienza a impacientarse y visiblemente enojado decide retirarse, se le explicó que debe firmar el libro de guardia pues se retira bajo su responsabilidad, pues consideró el recurrente que debía continuarse con la evaluación.

Enfatiza, que Velázquez, fue asistido por el apelante y a fin de diagnosticar el cuadro clínico debía realizarse ciertos estudios, pero tal posibilidad fue desechada por Velázquez quien se retiró por su voluntad y bajo su responsabilidad sin atender razones en cuanto a la necesidad de su permanencia en el nosocomio. En tal entendimiento, sostiene que la sentencia yerra cuando no evalúa adecuadamente dicha circunstancia que quedó plasmada en el libro se guardia cuya copia obra a fs. 66. Agrega que las omisiones en torno a la ausencia de diagnóstico considerada por la a quo, carecen, a su juicio, de fundamentos, ya que a su entender, precisamente al haberse retirado el paciente, no le permitió continuar con los estudios y llegar a un diagnóstico definitivo. Expresa una serie de consideraciones sobre la responsabilidad médica y solicita se revoque la sentencia de autos.

III-2) la codemandada Hospital Interzonal Gral.De Agudos Eva Perón (en adelante el Hospital), a través de su letrado apoderado, se agravia por cuanto la sentencia recurrida ha incurrido en un absurdo en la apreciación de la prueba. Resalta la pericia médica llevado a cabo por la Dra. Peretti quien concluye “que no puede establecer la existencia de error médico”. Por otro lado aduce que el otro informe médico producido por la Dra. Mendiola, -especialista en gastroenterología- señala que “una buena práctica hubiera resultado internar al paciente (11/4/2000) en referencia al acatamiento del Sr. Velázquez con dieta y controles periódicos que habrían sido indicados hacia fines del año 1999”, pero a su vez indica que el paciente se negó a seguir siendo atendido por lo que se decidió citarlo a control por consultorio externo de Gastroenterología. Expresa que de tales informes se desprende que los médicos del Hospital no incumplieron con sus obligaciones, ya que el accionar de los mismos no ha sido calificado como negligente como elemento condicionante del desenlace fatal. Se queja por cuanto se endilga la ausencia de atención prestada y a la falta de internación, cuando a su entender, de laas constancias de autos, surge que el paciente por su propia determinación decidió continuar con la atención en otro Hospital, eximiendo ello, a su juicio, de la responsabilidad atribuida.

Al respecto, destaca que la atención en el nuevo hospital “Udaondo” no presenta diferencias significativas en la atención, ya que dicho nosocomio tampoco dispuso su inmediata internación.

También cuestiona el apelante, la condena de su mandante basada en que la a quo tuvo probada relación causal. Sostiene que no se ha ponderado que el Sr.Velázquez no concurrió a los controles periódicos indicados, habida cuenta del estado avanzado del cuadro al 11/4/2000, como tampoco la decisión del paciente de cambiar del médico, y en definitiva enlazar tales circunstancias con el resultado dañoso (óbito). En síntesis aduce, que se encuentra probado que las acciones médicas no resultan reveladoras de mala praxis por parte del codemandado Ganduglia y por ello no habría derecho a reclamar a su empleador, el Hospital dependiente de la Pcia. de Bs AS. De tal modo, solicita se revoque la sentencia de autos.

Extiende la queda en forma subsidiaria, por los elevados montos otorgados por los distitnos rubros admitidos.

En cuanto al Daño emergente, sostiene que lo único que se acreditó es el monto de ingresos que percibía el extinto marido de la actora. Realiza un cálculo matemático en cuanto a los años que faltaban para jubilarse arribando a la suma de $ 70.000, la que considera apropiada. De tal modo entiende que la suma de $ 144.000 otorgada en la instancia de grado es excesiva.

Respecto del daño moral, también entiende que el importe de $ 80.000 resulta excesivo conforme las circunstancias de autos, solicita su reducción.

En relación al daño psicológico y tratamiento, expresa que, según doctrina y jurisprudencia que cita, no tiene autonomía frente al daño moral. Entiende que los porcentajes de incapacidad no tienen otro alcance que constituir un elemento orientador para el intérprete. Agrega que en el caso de autos, existirían concurrencia de causas e inexistencia de prueba directa, es decir que no nos encontraríamos frente a una culpa médica directa que señale una injustificable conducta, razón por la cual debe atenderse a la morigeración del monto asignado por la partida.Solicita su reducción.

Finalmente, impugna los intereses fijados en el fallo, por resultar aplicable a su mandante la ley de consolidación (ley 12836).

III-3) La actora, se agravia por los reducidos montos otorgados en las partidas respectivas.

Respecto del daño emergente, sostiene que, la a quo no tuvo en cuenta determinadas circunstancias en torno al fallecimiento de su esposo. Aduce que la actora reclama la partida como consecuencia de la muerte de su esposo, quienes no ha tenido descendencia. Es decir, que se trataría de una viuda sin hijos, circunstancia ésta de suma entidad, en razón de vivir sola sin la asistencia de personas allegadas. Solicita se evalúen las circunstancias personales de la víctima y se eleve el monto de la partida.

Con relación al Daño Psicológico, expresa que la pericia psiquiátrica determinó un cuadro de depresión ansiosa reactiva moderada, estableciendo el 10% de incapacidad, afectando, a su entender, todos los planos de la vida. A su vez, enfatiza que la actora al momento de perder a su marido, tenía la edad de 46 años, encontrándose desde dicha edad limitada en su aspecto psicológico. Solicita se eleve el monto de la partida.

Por último en cuanto al daño moral, manifiesta que, la suma otorgada resulta insuficiente, a raíz de los sufrimientos padecidos por la pérdida de su marido. Por tal razón solicita se evalúe las circunstancia del caso y se eleve el importe otorgado.

IV) Previamente, corresponde resolver el planteo que formula el letrado apoderado de la parte actora a fs. 571/572. Manifiesta que la expresión de agravios de la parte codemandada Juan Mariano Ganduglia, no satisface la exigencia contenida en el art. 260 del C.P.C.C. por lo que corresponde se decrete su deserción.

De la atenta lectura de la pieza de agravios que luce glosada a fs.547/550, surge a todas luces y “prima facie”, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que los apelantes, desde su ángulo de visión subjetivo, consideran equivocado. Por lo tanto, propicio el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, a las prescripciones legales de los art. 260 y 261 del C.P.C.C.

V) Responsabilidad:

VI) En razón que el 1° de agosto del año próximo pasado ha entrado en vigencia el nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación, nos introduce a considerar lo referido a la vigencia temporal de la ley, aspecto que aparece legislado en el artículo 7 del citado cuerpo legal. En tal sentido, la relación jurídica de autos al haberse consumado antes del advenimiento del actual C.C.C. (11/04/2000), determina que la presente causa debe ser juzgada de acuerdo al sistema anterior del Cód. Civil. Dejándose así propuesto.VII) La parte actora, promueve demanda por daños y perjuicios derivados de mala atención médica recibida por su extinto esposo el día 11/4/2000.

Reprocha en particular, que su marido no fue internado ante la presencia de dolor abdominal y leucocitosis (GB 16.000); el paciente permaneció durante más de ocho horas sin tratamiento en una camilla de la guardia; el paciente no fue informado respecto de su diagnóstico ni de las presuntas complicaciones; existió demora en la iniciación del tratamiento del cuadro agravado (peritonitis originada en la ruptura del absceso pancreático); no se efectuó ecografía ni tomografía computada para poder detectar el quiste o su incipiente ruptura; no fueron evaluados los antecedentes del paciente ni de análisis de laboratorio; no se realizó diagnóstico en forma precoz de la ruptura del absceso pancreático ni se efectuó intervención quirúrgica; el médico de guardia se limitó a efectuar los estudios de laboratorio y una radiografía de tórax.

En definitiva, sostiene que la muerte de su marido fue consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamientos oportunos.

VIII)La responsabilidad de cualquier profesional se configura cuando éste despliega, en concreto, una conducta no acorde con los principios reguladores de su status, que no son sino los relativos a su respectiva “lex artis”, o conjunto de prescripciones que marca las pautas de ejercicio de cada profesión (cfr. Lafaille Héctor, “Derecho Civil- Tratado de las obligaciones, actualizado por Bueres Alberto J y Mayo Jorge A” Buenos Aires, 2009, La Ley- Ediar, Tomo II, p.760, n° 1303 bis) y causa un daño. En el caso de los médicos, la ley 17.132 les prohíbe “anunciar o prometer la curación” y “anunciar o prometer la conservación de la salud” (art. 20, incisos 1° y 2°) con lo cual queda en claro que, salvo casos excepcionales, su obligación es de medios, y no de resultado.Se delinea así, como principio general, una responsabilidad subjetiva cuyo factor de atribución estará dado, en este caso, por la culpa, es decir por la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (cfr. arts. 512 y 902 del CC). De manera que la demostración de la referida falta de diligencia, que conllevaría también, en este caso, la responsabilidad del hospital demandado, aparece como una carga ineludible para la actora que funda en tal hecho su pretensión (cfr. art. 377 del Código Procesal). Sin embargo, la prueba de la culpa no genera, per se, una presunción de causalidad ya que, además, cabe analizar si la omisión o el equivocado tratamiento del médico resultó apto para provocar el perjuicio (en este caso, una pérdida de chance de curación al cuadro de escroto agudo), según el curso ordinario de las cosas (cfr. Fallos 310: 2467; 315:2397). En suma, para generar la responsabilidad de los médicos aquí demandados será imprescindible probar que incumplieron las obligaciones que le son propias (actos puramente médicos), incurriendo en una conducta dolosa o culposa y la relación causal entre el referido obrar y el daño (cfr. Cámara Sala “D”, in re, “Turon, Claudia J. c. M.C.B.A.” del 29-2-96, voto del Dr. Bueres, publicado en J.A. del 2/10/96, “C. L. y Otros c/ Somed SA y Otros s/ daños y perjuicios- resp. prof. médicos y aux.” – CNCIV – SALA B – 15/11/2016). Adunado a ello, resulta necesario y conveniente destacar la importancia probatoria que reviste las pericias médica practicada en autos.Respecto de este medio probatorio se ha dicho que “la prueba pericial es necesaria por la frecuente complejidad técnica, artística o científica de las circunstancias, causas y efectos de los hechos que constituyen el presupuesto necesario para la aplicación, por el juez, de las normas jurídicas que regulan la cuestión debatida o simplemente planteada en el proceso, que impide su adecuada comprensión por éste, sin el auxilio de esos expertos, que hacen aconsejable ese auxilio calificado, para una mejor seguridad y mayor confianza social en la certeza de la decisión judicial que se adopte” (Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba judicial”, Ed. Víctor P. de Zavalía, Bs. As. 1976, Tº II, pág. 293, citado por la S.C.B.A. en Ac. 98113, sent. del 20/8/08 “C.E….”). Finalmente, es dable destacar, que en el caso de la responsabilidad médica que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta la visión total del cuadro. Es decir, desde tomando como punto de partida la patología portadora del extinto paciente hasta su desenlace fatal; haciendo incapié, en la atención médica cuestionada por la actora, verificando las decisiones adoptadas por el galeno en función del cuadro del enfermo y los elementos con que contaba o podía contar el médico y eventualmente las opciones posibles. Todo ello, para su posterior relación con la muerte acaecida. IX) La pericia médica producida por la Dra. Laura Estela Peretti dependiente de la Asesoría Pericial (fs. 262/263) se expidió sobre los puntos periciales propuestos por la actora (fs. 175/176), de los cuales pueden extraerse que “El Sr. Velázquez fue internado en dos oportunidades en el Hospital “Eva Perón” en el año 1999 con diagnóstico de pancreatitis aguda. De la tomografía computada de abdomen de fecha 3/12/1999 se detectó la presencia de un absceso en la cabeza del páncreas. El paciente consultó por guardia del Hospital indicado el 11/4/2000 a causa de un dolor abdominal epigástrico.El fallecimiento ocurrió probablemente por falla multiorgánica”. En el punto quince se preguntó: si el cuadro que presentaba el día 11/4/2000 correspondía a un abdomen agudo, contestando “que de fs. 66 -Historia Clínica”, el paciente se negó a seguir siendo evaluado por guardia y se retiró”. En el punto 21 preguntado si es correcto concluir que los antecedentes del paciente de pancreatitis no fueron valorados o fueron valorados incorrectamente, contestó “El paciente presentaba antecedentes de pancreatitis, pero según surge de fs. 66- H.C.- se retiró voluntariamente antes de completar el resto de los estudios que hubieran permitido diagnosticar un proceso pancreático”. En el punto 28: si es correcto que los métodos de diagnóstico y tratamiento no estaban agotados al egreso del Sr. Velázquez del Hospital Eva Perón con fecha 11/4/2000, contestó “Es opinión de la suscripta que si bien no se completaron los estudios por las razones aludidas -en puntos anteriores- es de buena práctica internar al paciente según los síntomas y signos mencionados a fs. 66 a los fines de arribar al diagnóstico y así el tratamiento a seguir”. A fs. 276, la perito ratifica la contestación de los puntos de pericia efectuados oportunamente. A fs. 316 la experta contesta los puntos de pericia propuesto por la Fiscalía de estado, informando sobre puntos contenidos en la H.C., ratificando a fs. 329/330 conceptos vertidos anteriormente. A fs. 493/497, obra una nueva pericia ordenada por la a quo de la especialidad gastroenteróloga. La experta, explica los antecedentes del caso, aduciendo que “El Sr. Velázquez con fecha 19/11/1999 consulta al Hospital “Eva Perón”, con antecedentes de enolismo, tabaquismo y episodios de algia abdominal, egresando el 23/11/1999, con diagnóstico de pancreatitis aguda. Segunda internación con fecha 27/11/1999, examen de laboratorio norma y tomografía de abdomen absceso con edema en la cabeza del páncreas. Con fecha 14/11/2000 ingresa al Hospital de Gastroenterología “Dr.Carlos Udaondo” con intenso dolor en epigastrio y reacción peritoneal, se decide conducta quirúrgica, del cual se desprende la existencia de un quiste pancreático abscedado y roto en la cavidad peritonea. El 16 de abril presenta un paro respiratorio, reanimándolo. El 17 de abril continua su mal estado general y finalmente el 26 de Abril fallece el paciente”. Continúa informando, con referencia del cuadro que presentó el paciente el 11/4/2000, que “A fs. 66 de la H.C. del Hospital “Eva Perón” se presentó con dolor en epigastrio de tipo cólico con antecedentes de HDA y pancreatitis que cede con analgésicos…se niega a seguir siendo evaluado por guardia -alta médica- se cita a control por gastrocirugía. En dicha atención médica no surge un diagnóstico presuntivo específico, pero el cuadro que padecía es el mismo. Era un paciente para internar y realizarle controles en la internación y no en forma ambulatoria…Cuando ingresa al Hospital “Udaondo” presentaba un cuadro de peritonitis por ruptura de absceso pancreático que había sido diagnosticado por el Hospital Eva Perón con fecha 27/11/1999 en TAC de abdomen…” Finalmente dictamina que “A criterio de este perito, era un paciente para internar y realizarle controles en internación y no en forma ambulatoria. Conducta ésta, -internación- efectuada por el Hospital “Udaonodo”, aclarando que, “no implicando ello, a esta altura de la patología que hubiese cambiado la evolución médica”. De todo ello se infiere, que dentro del primer tramo del proceso patológico que era portador Velázquez, no se encuentra cuestionado, que en el 19 de noviembre de 1999 el extinto Sr. Velázquez, fue atendido en el Hospital “Eva Perón” de San Martín, a raíz de los dolores localizados en la parte abdominal superior, con diagnóstico presuntivo de “Pancreatitis aguda, gastritis o úlcera” y conforme los resultados de los estudios respectivos no fue internado, indicándose un régimen de dieta y medicación, con control médico.Concurriendo posteriormente, el 27 de abril de 1999 nuevamente a la guardia por fuertes dolores en la zona abdominal superior y realizados nuevos estudios, los médicos deciden su internación con diagnóstico de “Pancreatitis aguda”. El día 3 de diciembre de dicho año es dado de alta con diagnóstico de dolores epigástricos, indicándose revisación por consultorios externos de cirugía y guardia con tratamientos y medicaciones. Que realizados nuevos estudios (endoscopía y análisis clínicos) se indica continuar con una dieta hepatogástrica protectora, no observándose anomalías en el aparato digestivo.

El epicentro de la cuestión comienza con el segundo tramo del mentado proceso, cuando el día 11/4/2000, el extinto Velázquez concurre nuevamente a la guardia del Hospital referenciado por presentar una desmejora en su cuadro patológico y conforme a la Historia Clínica (fs. 66) resulta que presenta dolores en el epigastrio de tipo cólico con antecedentes de HDA y pancreatitis que cede con analgésicos; que según la experta si bien no había diagnóstico presuntivo específico, el cuadro era el mismo (punto 4). A criterio de la perito era un paciente para internar y realizarle controles en la internación y no en forma ambulatoria, conducta ésta efectuada posteriormente por el Hospital “Udaonodo”, aclarando que ello no implica que la patología hubiese cambiado la evolución médica (conforme punto 9).

A esta altura del análisis, considero configurada la culpa médica del galeno, la cual, ha de apreciarse desde un plano mixto “abstracto-concreto”, pues mientras por un lado es menester analizar qué sucedió en el caso particular (que hizo o no hizo e médico y como lo hizo), luego ha de compararse con lo que hubiera hecho un “buen profesional médico” (Fernando Uburía, Derecho de Daños, Ed. Abeledo Perrot, pág. 524 y 525). A la luz de tal parámetro, no se advirtió que el paciente presentaba un grave cuadro patológico, lo que lo obligaba a una rápida actuación del servicio de guardia.Lo que importaba, conforme la “buena práctica, internar al paciente según los síntomas y signos portadores” (ver puntos 28 y 29 de fs. 262). Todo lo cual, importó una omisión de la diligencias necesarias que exigían la naturaleza de la obligación que el caso requería, la que a mi entender, pudo haberse aminorado mediante un obrar médico prudente y diligente en tiempo y forma.

No obstante ello, ha de ponderarse la conducta llevada a cabo por Velázquez al retirarse el día de la atención en cuestión (art. 512 del C.Civ.).

En efecto, la pericia de fs. 262/263, informa que “según consta de fs. 66 (Historia Clínica) el paciente “se negó” a seguir siendo evaluado por guardia y se retiró” (punto 15). “El paciente presentaba antecedentes de pancreatitis, pero surge de fs. 66 que se retiró voluntariamente antes de completar el resto de los estudios que hubiera permitido diagnosticar el proceso pancreático” (punto 21). También la pericia de fs. 493/497 indica que “El paciente se niega a seguir evaluado por guardia, y se lo cita a control por gastrocirugía”.

Por otro lado merece destacarse en el escrito de réplica de agravios (fs. 577) que el retiro de Velázquez se debió a que estuvo en la guardia del nosocomio por los menos ocho horas sin ser atendido en la forma que el cuadro requería (ver pericia de fs. 493/497 y testimonio de Pedatella a fs. 232/235).

En tal contexto, cuando el paciente se niega a realizarse estudios y se retira de la guardia, como en caso de autos, se presenta jurídicamente un problema donde colisionan por un lado el deber del médico de procurar sanarlo y el derecho del paciente a su libertad de “autodeterminación” (art. 19 de la ley 17132 y art 2 de la ley 26529). Ante ello, el médico debe intentar disuadirlo, advirtiéndole las consecuencias negativas que aparejan su decisión.Para lo cual, debe brindarle información adecuada y si no logra el cometido, pues el paciente insiste en el rechazo, debe asentarlo en la Historia Clínica respectiva (art. 10 de la ley 26529), aspecto éste que no surge del mentado documento clínico, razón por la cual se desvanecen los agravios del apelante Juan Mariano Ganduglia.

Arribada a la conclusión en cuanto a la culpa médica por omisión de las diligencias que el caso requería, resta analizar la relación causal de dicho obrar, con el desenlace del extinto Velázquez, es decir, si la conducta profesional omisiva incurrida por el galeno fue la causa del daño final que se produjo con la muerte de la extinguida persona.

En la responsabilidad médica, suele suscitarse dificultades a la hora de establecer la relación de causalidad. En el ámbito del derecho de daños, constituye un principio rector que el paciente debe acreditar el nexo causal (Bueres, Alberto J., “Responsabilidad civil de los médicos” Ed. Hamurabi, Bs. As., 2006, p. 251). Muchas veces en el resultado final que sufre un paciente suelen converger múltiples factores que no deben ser imputados en su totalidad al médico, en la medida que éste no los haya aportado. Como bien afirma Lorenzetti, que en determinadas situaciones -invocando el art. 901 del C.Civ.- que cuando se trata de casos en que pueden describirse científicamente muchas causas posibles, suele haber una que sobresale y que es la que normalmente apta para producir el resultado, debiendo estarse a esa causa (Responsabilidad civil de los médicos, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1997, t II ps. 239 y 240). En tal sentido si bien ninguna causa puede vincularse con la muerte de Velázquez quien luego de retirarse del nosocomio “Eva Perón” se dirigió al Hospital “Udaonodo”, para luego de las atenciones recibidas falleció, si resulta cierto, que la conducta inadecuada y negligente del médico privó al paciente de la posibilidad o expectativa de su vida.Es decir que cuanto más avanzaba la patología de Velázquez y más se prolongaba su atención, menor era la posibilidad de supervivencia.

Así pues, considero que el galeno, es responsable por la pérdida de la posibilidad de curación que tenía el paciente y que se ve reflejada por la negligencia al momento de atención, aunque no pueda endilgarse al profesional el daño final que sufrió el paciente.

En consecuencia, en orden a las secuelas dañosas que se reclaman en autos, solo configura una hipótesis de frustración de la chance por no haber hecho lo posible y conveniente para que el extinto Velázquez contara con la mejor y más rápida atención posible, presuponiendo por lo tanto una responsabilidad pecuniaria más atenuada acorde a la menor gravitación de la conducta.

Con los alcances señalados, propio la confirmación de la sentencia recurrida.

VIII) Derecho de daños:

Respecto de los agravios dirigidos hacia las partidas otorgadas por la a quo, se tratarán en forma conjunta las disconformidades respecto a los montos fijados, en razón de la vinculación que emerge de los apelantes.

1)Daño Emergente: En primer lugar, cabe señalar que la pérdida de la vida no puede ser indemnizada sino cuando y en la medida en que represente un detrimento económico, tanto actual como futuro, para quien reclama la reparación, es decir, cuando represente la pérdida de una chance (conf. CNCiv., sala a, “Castillo, Mercedes N. c/ Quintas, José O. s/ daños y perjuicios”, del 21/04/1994). Asimismo, es preciso tener presente que, para la determinación de la indemnización por el valor vida, el juez no está atado a fórmulas matemáticas, debiendo considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso particular, tanto en relación con la víctima como con los damnificados (confr. CSJN, “B.B. G.c/ Provincia de Misiones s/ daños y perjuicios”, del 05/07/1994). Al respecto, se ha considerado que al evaluarse el monto del resarcimiento por pérdida de chance, corresponde ponderar las condiciones personales de la víctima y sus vinculaciones sociales, a efectos de presumir, como probabilidad cierta, la situación en la que ésta se encontraba al producirse el hecho dañoso. El cálculo matemático de los presumibles ingresos del fallecido para la determinación del resarcimiento por la pérdida de la vida, sólo es admisible como una pauta aproximada, la cual deberá ser, además, apreciada junto a los otros elementos de convicción reveladores de las circunstancias particulares del caso, teniéndose presente que la proyección futura de la colaboración económica de la víctima al tiempo del accidente debe ser apreciada con prudencia, puesto que debe tenerse en cuenta únicamente la parte con la que probablemente hubiera ayudado el fallecido al damnificado (en el caso, se trataba del resarcimiento a los padres por el fallecimiento de un hijo) (conf. CNCiv., sala c, “Luna, Víctor Fidel y otro c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A./FEMESA Línea Roca s/ daños y perjuicios”, del 03/12/1999). Por consiguiente, tomando en cuenta que en el caso se trata de cuantificar la pérdida de chance de vida de una persona que tenía 59 años de edad, único sustento económico de su familia, que laboraba de remisero, estimo apropiado confirmar lo decidido por el magistrado de grado al establecer el importe de $ 144.000 por la partida.

2) Daño Psicológico y Gastos de Tratamiento:

A fs. 383/286, obra el informe psicodiagnóstico realizado por la perito psicóloga, que, utilizando una batería de tests, concluye: “La actora se encuentra en un momento de mucha vulnerabilidad, no posee fortaleza yoica para enfrentar nuevas situaciones que se le presentan adversas, sugiriendo que se realice una psicoterapia, que si logra -la actora- un compromiso con la situación, es posible que la ayude a a travesar este momento…”. Por otra parte, a fs.292/293, el perito psiquiatra luego de realizar un examen psiquiátrico y consideraciones médico-legales, dictamina que “la actora, presenta un cuadro de depresión ansiosa reactiva moderada, que guarda relación causal con la muerte de su marido…originando una incapacidad del 10% de la TV”.

Así ambas pericias abordando la situación de la actora, convergen en el estado que se encuentra la actora, sustentando sus conclusiones, en fundamentos que informan la disciplina científica. Adúnase a ello, que ninguna prueba de igual o superior se encuentra producida que contrarreste dicha pieza pericial que permitirían aminorar sus conclusiones. Erogo no permite apartarse de de las mismas (arts. 457, 472, 473, 474 y concs. del C.P.C.C.). En tal sentido, encuentro que la Magistrada de grado ha realizado una evaluación razonable de las mismas y a la luz de lo decidido en el tratamiento de la responsabilidad, la suma otorgada de $ 64.300 resulta ajustada a derecho. Consecuentemente, propicio su confirmación.

3)Daño Moral:

En lo concerniente al daño moral, se recuerda que, “.se proyecta sobre derechos subjetivos extrapatrimoniales, consiste en el sufrimiento causado como dolor, o como daño en las afecciones” (confr. Alterini, Atilio A., Ameal, Oscar J. y López Cabana, Roberto M., “Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 289). Asimismo “…la evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como -en principio- debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que no cabe sostener que no es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (confr.CSJN, fallo citado en el acápite 12.1). En el contexto que precede, más allá de lo complejo que resulta mensurar este tipo de afecciones -las cuales no pueden dejar de estar netamente impregnadas de la subjetividad del criterio del magistrado que las deba examinar-, entiendo que los dolores y padecimientos que las actoras han debido soportar a raíz de las consecuencias producidas por el evento dañoso (entre ellas, la incertidumbre de qué hubiera acontecido si el Sr. Velázquez hubiese recibido la debida atención; el presenciar todo el tramo con posterioridad al 11/4/2000 con el cambio de Hospital, sucesivos tratamientos y finalmente la muerte de su compañero; la modificación en sus hábitos de vida, el cambio de vida, entre otras, justifican elevar a la suma de otorgada en la instancia de grado a la cantidad de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000).

IX) Respecto de la aplicación de la ley de consolidación invocada por el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As., deberá plantearse la cuestión ante el Magistrado de grado al momento de liquidarse el crédito de autos. X) En cuanto a las costas de esta instancia, se propone imponerlas a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 del D. Ley 8904).

Con los alcances expresados voto por la afirmativa.

El señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión el señor Juez, Dr. Sirvén, dijo:

Atento el resultado de la votación a la cuestión anterior, corresponde: I) CONFIRMAR la sentencia apelada con el alcance establecido. II) CONFIRMAR las sumas de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000) y SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 64.3000) en concepto de DAÑO EMERGENTE Y DAÑO PSICOLOGICO.III) MODIFICAR el importe establecido en concepto de DAÑO MORAl, elevándolo a la cantidad de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) III) Proponer la imposición de las costas de esta instancia, a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios para su oportunidad (art 31 del D. Ley 8904)

Así lo voto.

El señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto, I) SE CONFIRMA la sentencia apelada con el alcance establecido. II) SE CONFIRMA las sumas de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000) y SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 64.3000) en concepto de DAÑO EMERGENTE Y DAÑO PSICOLOGICO. III) SE MODIFICA el importe establecido en concepto de DAÑO MORAl, elevándolo a la cantidad de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) III) SE IMPONEN LAS COSTAS de esta instancia, a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios para su oportunidad (art 31 del D. Ley 8904). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.