Empresas de urgencias o emergencias médicas: su responsabilidad civil

Autor: Meneghini, Roberto A. –

Fecha: 5-jun-2017

Cita: MJ-DOC-10754-AR | MJD10754

Sumario:

I. Prólogo. II. Hechos. III. Voto de la Dra. Guisado. IV. Epílogo.Doctrina:

Por Roberto A. Meneghini (*)

I. PRÓLOGO

El presente fallo aborda la espinosa cuestión de la responsabilidad civil de las empresas de urgencias médicas.

Si bien las atenciones que brindan tales servicios son muy numerosas y poseen un final feliz, siendo la noticia, como es sabido, la caída del avión y no su aterrizaje normal, las excepciones habidas en ellas son las que generan conflictos judiciales y, por ende, constituyen material de análisis.

Sin dudas, el tema es complejo, toda vez que, como lo hemos referido en incontables oportunidades, la segunda de las tres obligaciones que asumen las empresas -la atención que debe prestar el profesional médico- en la mayoría de los casos resulta de urgente resolución, ora intentando su mejoría, alivio o curación, ora ordenando el acudimiento a una prestación de mayor complejidad que exige el traslado del paciente (tercera obligación) a un centro para su tratamiento acorde a la patología que presenta.

En la primera de tales hipótesis -propósito de mejoría, alivio o curación-, puede llegar a ocurrir que el médico yerre en el diagnóstico con lo que, el tratamiento que instituye, no solo no logra su objetivo, sino que empeora el estado o lo obnubila, generando un plus en la problemática de la salud, ya deteriorada, del paciente.En la segunda -ordenar el traslado- si bien el médico puede errar, ello no generará perjuicio alguno al paciente más que la incomodidad del transporte inútil.

Tal punto -error de diagnóstico- debe ser tomado con extrema cautela a la hora de analizar la culpa médica, toda vez que, tal como lo sostiene en forma pacífica tanto la jurisprudencia como la doctrina, a la que nos referiremos más adelante, cuando existan dudas de carácter científico, debidamente fundamentadas, la falla no implica impericia por parte del profesional actuante.

Sobre estos temas, referidos, específicamente, a la actuación de los profesionales enfrentados a urgencias médicas, ampliaremos en forma más minuciosa, teniendo en cuenta las particularidades que las mismas, en la generalidad de los casos, presentan.

Dejamos aclarado que, en el comentario del presente fallo, por razones de espacio, solo abordaremos la temática relacionada con la responsabilidad civil emergente de la actuación de la empresa de urgencia médica en la hipótesis de conflicto origen del proceso incoado.

II. HECHOS

En lo que respecta a la relación fáctica, se trató, conforme se sostiene en el escrito de demanda, de la atención requerida frente a dificultades respiratorias de la paciente a quien, la médica que concurrió al domicilio, le diagnosticó un cuadro bronquial, recetándole dos medicamentos y nebulizaciones.

Tal tratamiento no brindó el propósito buscado toda vez que la enferma se agravó, siendo atendida en dos oportunidades más por el mismo servicio de urgencia, disponiéndose, en la última de ellas, el traslado a un centro médico en el que, al poco tiempo de su ingreso, falleció.

III. VOTO DE LA DRA.GUISADO

La vocal opinante, luego de formular una prieta descripción de la sentencia de grado que admitió la demanda, hace referencia a los agravios de los litigantes, y luego se adentra, en primer lugar, al tema de la relación causal.

Admite, apriorística y a guisa de advertencia que, en muchos casos en que se dilucidan temas de responsabilidad civil médica se presentan «una serie concatenada de acontecimientos o lo que es igual, de una pluralidad de diversas causas» (sic), debiendo el juzgador, en tal hipótesis, establecer a cuál de ellas debe atribuirle consecuencia jurídica y, en el supuesto que más de una haya tenido injerencia en el resultado final disvalioso habido, deslindar y establecer los porcentuales contributivos en el mismo.

Tal aseveración de la integrante de la Sala encaja con la que siempre acudimos para conceptualizar el nexo de causalidad, al entender por tal a la porción o porciones de la realidad que el ordenamiento jurídico aprehende para atribuirle la consecuencia habida conforme el curso normal y corriente de las cosas.

Sin solución de continuidad, admite que los hechos presentados en el juicio llevan, necesariamente, a afirmar que se trató de una pérdida de chance de curación, mejoría o alivio de la paciente, sosteniendo que tal instituto implica el supuesto de concausalidad o causalidad concurrente, toda vez que el daño devino de dos antecedentes diferentes:por un lado, la patología preexistente que padecía la enferma y, por el otro, el yerro en el diagnóstico por parte de la profesional que la atendió y el consiguiente erróneo tratamiento instituido.

Dicha posición la sustenta la vocal en el dictamen pericial rendido en autos, al que, por la importancia que presenta esta prueba en los conflictos relacionados con responsabilidad civil médica frente a la ignorancia -no supina- de los magistrados, le dedica un párrafo muy importante de su voto, trascribiendo gran parte de su contenido.

Tal como lo adelantamos en el prólogo del presente, cuando se está en presencia -o existen presunciones- de un error de diagnóstico, los jueces deben actuar con mucha circunspección a la hora de analizar el mismo, toda vez que no todo yerro genera responsabilidad del autor del mismo, sino que debe estar acompañado de la culpa profesional.

En tal dirección, resulta esclarecedor el fallo dictado por la 3.ª Cámara en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza, en autos «A. C. A. c. Sanatorio Diez de Oñate de Ebro» , obrante en Microjuris MJ-JU-M-103839-AR, que sostuvo lo siguiente: «Para ello es necesario considerar que el error de diagnóstico no es suficiente para engendrar un daño resarcible, porque es una rama del saber en la que predomina la materia opinable y resulta difícil determinar límites entre lo correcto y lo que no lo es para que quede comprometida la responsabilidad de los médicos por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión; así, debe demostrarse la culpa en la atención prestada, la existencia del daño que sobrevino a causa de ese hecho y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño ocasionado.

«Así se ha afirmado que “el error de diagnóstico, por sí solo, no basta para generar responsabilidad si no existe culpa o negligencia del galeno». (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2, Rodenas, Fernando R. y otro c.Estado nacional y otros).

«Por su parte autores como Mosset Iturraspe y Lorenzetti (en “Contratos médicos”, p. 138. Buenos Aires, La Rocca) consideran que un buen concepto auxiliar para establecer la existencia del error “es el de la existencia de una duda razonable”, entendiendo que “no hay error cuando hay un deficiente conocimiento de la enfermedad teniendo posibilidad de obtenerlo o un imperfecto conocimiento de esos medios científicos”».

»La jurisprudencia nos enseña que a los fines de evaluar la existencia de un error de diagnóstico y por consiguiente la responsabilidad del médico, debe ser realizada con suma prudencia y mesura, debiendo ponderarse correctamente la culpa médica a fin de no consagrar la impunidad, con el consiguiente peligro para los enfermos, pero sin una severidad excesiva que torne prácticamente imposible el ejercicio de la medicina».

»Ahora bien, como se había dicho todo error de diagnóstico o de tratamiento no genera responsabilidad. Por consiguiente, es posible considerar al error de diagnóstico excusable en tanto y en cuanto existan síntomas complejos o dudosos que puede presentar el paciente durante la atención llevada a cabo por el médico al que se le tacha de mala praxis».

La camarista, posicionada sobre la base del dictamen pericial, no trepida en admitir la total responsabilidad de la médica que atendió a la paciente en primer término, desechando la defensa que ella esgrimió en el sentido de que la segunda prestación brindada por la codemandada Tucto se enhestó en hecho de un tercero por el que aquélla no debía responder.

Luego alude a la extensión del débito reparatorio hacia la empresa de urgencia médica, fundado en la vinculación contractual que poseía con la médica prestadora.

Previo a entrar de lleno en la temática del tiempo en que debe concurrir el servicio al requerimiento recibido, cabe recordar que se entiende por emergencia médica a la situación clínica que requiere una rápida atención por existir un riesgo de vida inminente para el paciente, cuyo desenlace puede ser fatal, por casohemorragia importante, electrocución, pérdida de conocimiento sin recuperación, asfixia, convulsiones, quemaduras en gran parte del cuerpo, etc.; mientras que urgencia médica es el supuesto que, si bien también exige pronta atención, no media compromiso de vida al momento de la evaluación inicial, tales como traumatismos, caída sin pérdida de conocimiento, aunque no se debe diferir la consulta ni el inicio de las medidas terapéuticas.

Los servidores de estas prestaciones utilizan, indistintamente, ambos conceptos, sin que ello repercuta frente a hechos en los que pudiera surgir responsabilidad civil médica.

A guisa de recordatorio, cabe tener presente que los prestadores de urgencias o emergencias médicas contraen tres obligaciones con sus respectivos opus a cumplir bien diferenciados.

Una primera, consistente en acudir al lugar requerido con la premura que el caso exija.

De suyo que el receptor del pedido de atención deberá evaluar en qué categoría ubica la prestación, a cuyos efectos solo puede valerse de los dichos del requirente del servicio. Para ello, y con el propósito de lograr la mayor objetividad en el conocimiento del caso, deberá estar lo debidamente capacitado en cuanto al interrogatorio al que debe ser sometido quien solicita la prestación, teniendo muy en cuenta la carga emocional de este último.

Esta obligación es de las denominadas «de resultado» toda vez que el factor de atribución es de carácter objetivo. Por ende, las causales de exoneración del débito reparatorio será el caso fortuito o fuerza mayor, por caso, imposibi lidad material ajena a la empresa y / o sus dependientes de llegar a destino; el hecho de quien solicite el servicio ya sea el propio paciente o un allegado, por ejemplo error del dato del lugar al que se debe dirigir-; el hecho de un tercero, v. gr.choque de tránsito en el que no surge responsabilidad civil del conductor del móvil por el cual no responde la empresa.

Gran parte de la jurisprudencia y la doctrina admitió esta clasificación de las obligaciones, siendo utilizada en innumerables fallos, maguer no haber tenido acogida en el Código velezano, generando que una minoría criticara adversamente su recurrencia.

El nuevo Código Civil y Comercial ha zanjado la cuestión al legislarlas en su art. 774 .

Si bien la camarista soslaya el tratamiento de la demora que refiere el juez de grado en concurrir la ambulancia a brindar el servicio por entender que dicho hito no integró el fundamento del reclamo, no podemos dejar de incursionar en este tema por considerarlo de vital importancia a la hora del análisis de los servicios que brindan las empresas de urgencias médicas.

Las provincias dictaron legislación reglamentando la actividad de las empresas de urgencias o emergencias médicas y, en esta cuestión, del tiempo en que deben concurrir, la de Buenos Aires resulta la que consideramos de mejor aplicación y explicación del tema.

Así, en su art. 21 del Decr.3280/90 , si bien no establece un tiempo mínimo en el que debe concurrir a prestar el servicio, dispone como radio de acción el comprendido dentro de una distancia que asegure un tiempo de llegada de quince minutos desde la base operativa central al sitio de la emergencia, contándose desde la recepción del pedido de auxilio.

Ello no significa, lisa y llanamente, que un arribo superior a los quince minutos del recibo del requerimiento implique, sin más, atribuir responsabilidad, sino que el juez deberá valorar las características de la prestación que debió llevarse a cabo conforme la solicitud recibida y concatenarlas con el tiempo empleado en el arribo.

En otro orden, también deberá determinarse si la eventual demora en que pudo incurrir el servicio en acudir a prestar el servicio se enhestó en la causa adecuada del resultado disvalioso habido.

La jurisprudencia resulta plétora en línea con lo referido anteriormente acerca de la necesidad de evaluar la mora como antecedente causal adecuado.

Así, la Sala J de la Cámara Nacional en lo Civil, en autos «P. G. M. c. Hospital Alemán», obrante en Rubinzal Culzoni RCJ 51701/16, sostuvo lo siguiente: «Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por los actores contra el hospital demandado a raíz del fallecimiento de su familiar, alegándose que, en el hecho, tuvo incidencia excluyente la inexcusable demora de 45 minutos en que incurrió el servicio de ambulancia a quien el accionado derivó el pedido, toda vez que se entiende, al igual que la «a quo», que del análisis de las pericias médicas obrantes en autos resulta dudoso tener por establecida la necesaria relación de causalidad exigida por la normativa legal.Ello así, pues, aun en el caso de aceptarse el retraso alegado, se generará responsabilidad si queda demostrado que existe un nexo de causalidad entre la mora y el perjuicio y no surge de los elementos probatorios arrimados al proceso constancia alguna que permita vislumbrar, con el grado de certeza requerida, que la causa, directa e inmediata, del deceso del familiar se debiera a un retraso en la atención médica domiciliaria brindada por la codemandada, máxime cuando, luego de doce días de internación, el paciente presentó otro broncoespasmo severo, conforme surge de la historia clínica del hospital en el que estuvo internado, como para imputar responsabilidad en los términos que ha sido iniciada la presente acción de daños, aun atendiendo a las indiscutibles y dolorosas secuelas padecidas por los accionantes ante el fatal desenlace».

La segunda de las obligaciones en cabeza de las empresas, estriba en la atención médica adecuada conforme la patología que presenta el paciente.

Se trata de una obligación «de medios» con la consecuente imputación subjetiva de responsabilidad, de suerte tal que la puesta, por parte del prestador, de toda su diligencia, prudencia y pericia, maguer la no obtención del resultado pretenso de curación, alivio o mejoría del paciente, no implicará débito reparatorio alguno.

Ésta ha sido la obligación incumplida por la médica accionada en el proceso cuya sentencia estamos comentando.

La vocal opinante concluye en el sentido de que la profesional demandada resultó responsable por su falta de diligencia ante la situación que presentaba la paciente al haber omitido un obrar idóneo que le hubiese concedido la chance de recibir tratamiento acorde, aunque el desenlace fatal se hubiese producido de igual modo.

Por último, y pese a no haber sido tratado en el fallo objeto del presente comentario, haremos una breve referencia a la última de las obligaciones de las empresas de urgencias o emergencias médicas, consistente en el traslado del paciente hacia un centro médico para su ulterior atención.

El tratamiento de dicha obligación se enmarca en el contratode transporte, legislado en el anterior Código de Comercio en su artículo 184 y en el actual Código Civil y Comercial, en su artículo 1288 y siguientes.

Cabe tener en cuenta que, aunque el transporte del paciente se lleve a cabo gratuitamente por tratarse, por caso, de un servicio prestado por el Estado, no lo excluye de la normativa referida. Ello como consecuencia de la aplicación del art. 1282 que lo involucra cuando el transportista «ofrece sus servicios al público en el curso de su actividad».

El factor de atribución es de carácter objetivo por lo que la demostración de la diligencia, prudencia o pericia -no culpa- puesta en el «opus» obligacional, no constituye un eximente de responsabilidad. Solo el hecho de la víctima, o de un tercero por el cual no responde el deudor, o el caso fortuito o fuerza mayor se enhiestan en causales exonerativas del débito reparatorio.

En línea con lo expuesto, la Sala K de la Cámara Nacional en lo Civil, en fallo dictado en los caratulados «Amato, Ariel Pablo c. Socorro Médico Privado», obrante en Rubinzal Culzoni RC J 4506/2015, sostuvo lo siguiente: «Es evidente que una demora en el traslado, que en modo alguno puede justificarse con la distancia entre el lugar de la emergencia y el Hospital Alemán, ni tampoco ampararse en la espera de personal de la firma empleadora, importa un incumplimiento del deber de seguridad que debe brindar la empresa al enfermo en cuanto esta presupone el soporte que debe cumplir con relación a la asistencia inmediata del paciente, la que, a mi criterio ha sido en el caso vulnerada».

IV.EPÍLOGO

A guisa de conclusión, consideramos acertada la posición contenida en el voto de la vocal opinante en primer término.

Su posición de ratificación de la condena impuesta por la sentencia del inferior, con basamento en el dictamen pericial médico rendido, no admite crítica adversa alguna.

El error de diagnóstico y consiguiente tratamiento se enhestaron en causa adecuada del demérito sufrido por la paciente consistente en la pérdida de chance de curación, alivio o mejoría.

Fallos como el presente enaltecen la tan criticada -adversamente- justicia argentina, imponiendo una cuota de esperanza de su revitalización. Es de esperar que se repitan a lo largo de los años en beneficio de todos.

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(*) Abogado, Facultad Católica de Derecho del Rosario, UCA. Posgrado de Derecho de Seguros y Accidentes de Tránsito, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Especialización para la Magistratura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Responsabilidad Médica, Centro de Especialización Jurídica Juris. Ha asistido a cursos, seminarios, jornadas, congresos y conferencias. Ha dictado cursos. Expositor de ponencias. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.