Categorización de acreedores (art. 41 de la LCQ): ¿es modificable?, ¿por el juez? (a propósito del caso «Correo Argentino»). García, Silvana M.

Autor: García, Silvana M. –

Fecha: 26-abr-2017

Cita: MJ-DOC-10699-AR | MJD10699

Sumario:

I. Introducción. II. El «iter» procesal y los roles de los protagonistas en torno a la categorización». III. La cuestión en doctrina y jurisprudencia. IV. El caso «Correo Argentino». V. Nuestro aporte. Premisas: la finalidad del instituto, los roles de los intervinientes, los plazos procesales.Doctrina:

Por Silvana Mabel García (*)

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los múltiples aspectos que pueden ser objeto de análisis en referencia al caso «Correo Argentino» (1), es el introducido en el título de nuestro aporte.

Concretamente, nos referimos a la posibilidad de que una categorización propuesta por la concursada (art. 41 de la LCQ) resulte pasible de modificaciones posteriores, sea por el mismo deudor, el juez y / o a instancia de algún otro sujeto.

El tema ha sido enfocado por la doctrina y tiene reflejo en la jurisprudencia, y el caso que citamos lo trae nuevamente al escenario de las discusiones.

II. EL «ITER» PROCESAL Y LOS ROLES DE LOS PROTAGONISTAS EN TORNO A LA CATEGORIZACIÓN»

La clasificación y agrupamiento de acreedores en categorías, tal como está regulada en la Ley de Concursos y Quiebras, es una prerrogativa conferida al deudor. Es él quien formula la categorización, «a efectos de poder ofrecerles propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo». Y conforme a la normativa, debe hacerlo dentro de los diez días contados a partir de la fecha en que debe ser dictada la resolución sobre verificación de créditos (art. 41 de la LCQ).

Luego el síndico, en el informe general emitirá «opinión fundada acerca del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere efectuado respecto de los acreedores» (art. 39, inc. 9 ).

No se prevé la intervención de los acreedores, pero indirectamente, podrían ellos hacerse oír, observando el informe general del síndico, en el punto atinente a su opinión sobre la categorización propuesta por el deudor (arg. art. 40 de la LCQ).

Una legitimación particular fue analizada en el caso Correo Argentino:la del comité de acreedores (2). Si bien en el caso el cuestionamiento no vino de la actuación del órgano en sí, sino de uno de sus integrantes, la Sala entendió que su objeción aún individual hacía a la propia responsabilidad en el ejercicio del cargo y que la opinión merecía ser considerada como un aporte a ser valorado que podría colaborar en el sustento de la decisión por adoptarse.

Finalmente, el juez, «dictará resolución fijando definitivamente las categorías y los acreedores comprendidos en ella» (art. 42 de la LCQ).

A partir de esta resolución, «el deudor gozará de un período de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorías a sus acreedores y obtener de estos la conformidad según el régimen previsto en el art. 45 » (art. 43 de la LCQ).

Vemos entonces: el deudor propone, el síndico opina, eventualmente lo harán los demás acreedores, el juez resuelve.

La inquietud que involucra el tema en análisis pasa por determinar si los roles legalmente establecidos podrían de algún modo mezclarse, superponerse, ampliarse: ¿puede el deudor «recategorizar»?, ¿puede el síndico sugerir una categorización diferente?, ¿el juez puede reorganizar de otro modo el pasivo categorizado por el deudor?, ¿puede «crear» categorías no previstas por él?

Indirectamente ello también abarca la cuestión de la factibilidad de alterar las etapas del proceso concursal y sus plazos legales.

III. LA CUESTIÓN EN DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

Veamos, entonces, qué opina la doctrina y qué han resuelto los jueces sobre el tema que nos ocupa.

1. Modificación de la categorización por el deudor

Se ha reconocido que el deudor puede reformular y mutar la categorización oportunamente conformada siempre que ello repose en motivos serios y fundados y sobre la base de circunstancias fácticas sobrevinientes que justifiquen la modificación. Pero con un límite temporal: la resolución de categorización.Luego de ello no se consideró viable porque implicaría alterar la resolución «definitiva» del juez (art. 42 de la LCQ) (3).

Como remedio póstumo para el deudor, se admitió la posibilidad de «desistir» (entendemos la expresión como «deshacerse») de una categorización ya resuelta, brindando un tratamiento unificado al pasivo global, sin división en clases. En tal caso, la última oportunidad para expresar que no se utilizará la categorización conformada será la audiencia informativa, pues hasta ese momento es posible modificar la propuesta realizada uniformando la oferta concordataria (4).

Vemos más abajo que existe otra oportunidad legal de modificación de una categorización por parte del deudor, dentro del período de salvataje.

2. Modificación de la categorización por el síndico

Se ha considerado inviable una modificación de la categorización por parte del síndico, ya que su rol se reduce a analizar -emitiendo opinión- si se ha fundado debidamente la selección de los criterios para categorizar, si las clases resultan compatibles con la estructura del pasivo y no hay errores en la distribución de los acreedores entre ellas, y si las pautas elegidas para fundar el agrupamiento no son irrazonables (5).

La jurisprudencia registra un caso en el que la sindicatura objetó la clasificación y propuso agrupar a los acreedores según otras pautas que de acuerdo con el criterio del órgano se ajustaba más al patrón de razonabilidad exigido por la ley (6). El juez rechazó la pretensión sindical.

3. Modificación de la categorización por otros sujetos

En función del rol indirecto que «los acreedores» (y en su caso el comité de acreedores) pueden asumir en punto a la categorización del deudor (ver «ut supra»), ellos solo podrían conseguir la modificación de la categorización propuesta si el síndico o el juez se hacen eco de sus quejas y en tanto se acepte que estos funcionarios gozan de esa prerrogativa, cuestión que se viene analizando.La ley admite expresamente la facultad de los terceros interesados intervinientes en un procedimiento de salvataje para «mantener o modificar la clasificación del período de exclusividad» (art. 48, inc. 4 ). El deudor también está facultado si interviene. Y entre los terceros, puede ubicarse -aquí sin duda alguna- a los acreedores, pero -claro está- no en ese rol, sino como interesados.

4. Modificación de la categorización por el juez

Este es el supuesto más analizado por la doctrina y el que registra interesantes antecedentes en jurisprudencia. Entre ellos, el caso «Correo Argentino».

La posibilidad de la alteración por el juez del agrupamiento propuesto por el deudor surge, frente a la decisión de aquél -al momento de fijar las categorías (art. 42 de la LCQ)- de no convalidar (parcial o totalmente) la categorización hecha, por no adecuarse a las pautas legales o por otras razones vinculadas a circunstancias específicas del caso en cuestión.

Las soluciones propuestas en doctrina y / o adoptadas en los fallos frente a esta alternativa de rechazo, pueden sistematizarse -con matices entre ellas- de este modo:

A. El juez solo puede rechazar la categorización diseñada por el deudor, quien quedará constreñido a un tratamiento unificado (sin categorías) del pasivo destinatario de la propuesta. No está en sus facultades crear categorías (7).

B. Como director del proceso, el propio juez puede, al rechazar la categorización, reformular la realizada por el deudor y fijar por propia iniciativa categorías nuevas (8).

C. Corresponde que el magistrado, al rechazar la clasificación propuesta, disponga que sea el deudor quien reformule la categorización de modo de adaptarla a los criterios sugeridos en la propia resolución, otorgando un plazo adicional a tal fin (9).

IV. EL CASO «CORREO ARGENTINO»

El caso «Correo Argentino» presenta circunstancias particulares en torno a la aplicación del instituto que analizamos.

En su oportunidad, cuando el expediente tramitaba por ante el Juzgado Nacional de 1.a Instancia en lo Comercial N.° 9 (a cargo en ese entonces del Dr. Eduardo F.Dubois), la concursada presentó categorización de acreedores.

Una de ellas -llamada en ese momento «categoría A»- incluía un conjunto de acreedores que eran accionistas de la concursada y / o controlantes de esta y / o sociedades controladas o al menos vinculadas a la concursada. Asimismo, quedaban comprendidos en la misma categoría sin diferenciación, acreedores originariamente por moneda extranjera luego pesificados y otros que no resultaban pesificados.

El magistrado no entendió razonable la conformación de esa categoría, con dos argumentos: en el caso de los accionistas y sujetos vinculados, por ser evidente el interés que esos acreedores podían tener en la aprobación de la propuesta que no resultaba de las bondades objetivas de la misma, sino de los particulares vínculos con la deudora, con lo cual debía prevenirse el abuso respecto de los restantes acreedores. Y en el caso de los créditos en moneda extranjera, por no ser homogénea la categoría, al tener los créditos pesificados y los mantenidos en moneda extranjera diferente peso en la emisión de voto (siendo que a la fecha de presentación en concurso el poder relativo de cada acreedor era el mismo).

Por otro lado, consideró necesario que el Estado nacional, por los cánones que se le adeudaba, integrara una categoría separada del resto, con sustento en lo dispuesto por el art. 4 de la CN (10).

De tal modo, por decisión del juez, quedaron conformadas nuevas categorías no pergeñadas «ab initio» por la concursada: la de los acreedores quirografarios accionistas, controlados o vinculados con Correo Argentino S. A.; la de acreedores con créditos reconocidos en moneda extranjera; la del Estado nacional por canon adeudado.

El fallo, recurrido por la concursada y ciertos integrantes del comité de acreedores, fue confirmado por la Cámara (11). Mucho tiempo después y luego de otras vicisitudes del proceso (12), se autorizó a la concursada a reformular las categorías (13), con la consecuencia adicional de quedar «re-unidos» en una única clase («categoría C:quirografarios en general») todos los acreedores que el juez originalmente interviniente había separado en su resolución (con excepción del Estado nacional que perma neció en su categoría, ahora «categoría A») (14).

V. NUESTRO APORTE. PREMISAS: LA FINALIDAD DEL INSTITUTO, LOS ROLES DE LOS INTERVINIENTES, LOS PLAZOS PROCESALES

Como ha podido observarse, se trata de un tema muy controvertido, y opinable ciertamente (como casi todo en Derecho).

Nuestra tesitura parte de ciertas premisas:

1. La finalidad del instituto de la categorización debe servir de brújula en la dilucidación de estas cuestiones.

La categorización es un instrumento que el legislador previó para permitir al deudor brindar un tratamiento diferenciado a los acreedores que conforman las distintas clases a la hora de la presentación de la propuesta de acuerdo preventivo. Dicho en otros términos: la finalidad de la categorización es posibilitar al deudor el ofrecimiento de propuestas diferentes a diversos grupos de acreedores. El objetivo del instituto está enderezado a facilitar y no a «complicar» la solución preventiva (15). Se entiende así, facilitar la salida concordataria, siendo entonces una clara ampliación de las «chances» para obtener el acuerdo.

2. Los roles de los intervinientes en el iter procesal de aplicación del instituto.

En el desempeño de los roles asignados por el legislador, la actuación de los protagonistas podría involucrar, en punto a la categorización, dos tipos de juicios: de razonabilidad y de conveniencia.

La conveniencia de la categoría y su composición, se relaciona con la eficacia y la eficiencia de la misma. Eficacia, en orden a facilitar la obtención del acuerdo y eficiencia, para permitir más tarde su cumplimiento.

La razonabilidad se vincula con un criterio de lógica: que la categorización esté basada en pautas racionales y su concreta composición permita inducir que entre quienes integran las clases existen notas de afinidad. Lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario.Este juicio apunta a preservar el derecho de ser considerado similar a otro/s a los fines de decidir sobre el acuerdo y es un límite legal a la conveniencia (16). Previene lo que se denomina «la manipulación de clases» por el deudor, maniobra consistente en mezclar en una categoría acreedores sustancialmente disímiles con el oculto propósito de neutralizar el poder de decisión de alguno/os de ellos. Esta valoración presupone asimismo, que el concursado ha explicado por qué categorizó como lo hizo, ha brindado los motivos que fundamentan la selección de los criterios sobre la base de los cuales categorizó («propuesta fundada de agrupamiento», art. 41 de la LCQ).

El juicio de conveniencia es resorte exclusivo del concursado. La eficacia y eficiencia del acuerdo presupone el conocimiento y dominio de la realidad negocial (la idiosincrasia particular) involucrada en el pasivo al que se dirige la propuesta y depende también de la elaboración de una estrategia sobre la base de recursos económico-financieros. Ambos extremos (realidad negocial y recursos disponibles) solo los conoce y gestiona el deudor. La conveniencia de la categorización (en orden a la obtención de las mayorías) será confirmada o no por los acreedores, en oportunidad de ejercer su derecho de voto.

La razonabilidad es un filtro que puede y debe ser aplicado y / o exigido en el uso del instituto, por todos los protagonistas: deudor, síndico, acreedores y fundamentalmente por el juez.

3. Los plazos procesales.

La Ley de Concursos y Quiebras establece como regla general la perentoriedad de los plazos procesales (art. 273 ), pero desde siempre se ha reconocido que pueden existir circunstancias especiales que autoricen el aplazamiento de los términos en aras de otro principio rector de mayor relevancia en materia concursal y «ultima ratio» de la ley:el salvataje de la empresa, la facilitación de instrumentos para que el empresario en crisis logre superarla y la empresa permanezca en la actividad económica, evitando con su extinción la pérdida de todos aquellos efectos potenciadores de la riqueza y el bienestar que ella produce (17).

Y referido concretamente a la extensión temporal de la etapa de negociación y obtención del acuerdo (período que presupone la aplicación del instituto que analizamos) se ha afirmado que siempre que se advierta la existencia de circunstancias excepcionales y se avizoren posibilidades reales, serias, efectivas y «próximas» -el subrayado es nuestro- de arribar al acuerdo, tornándose necesario contar con un cierto plazo para que ello se concrete, podrá darse nuevo vigor al intento por alcanzar dicho acuerdo a fin de reinsertar a la empresa insolvente en el marco de las empresas que no lo son (18). Y ese intento puede precisar de la redefinición de las categorías oportunamente planificadas.

Todo es cuestión de equilibrio. Ni mucho ni tan poco. La extensión excepcional y justificada de ciertos plazos (como el relacionado con la categorización de los créditos) no puede derivar en un alongamiento indefinido de las etapas del proceso concursal que termine ocasionando mayor daño a los acreedores, al dilatar el ejercicio de sus derechos, de por sí ya afectados por la insolvencia de su deudor. Debe evitarse en todo caso el uso abusivo del proceso concursal.

Teniendo en cuenta las premisas explicitadas y apoyándonos en la práctica observada en el ámbito profesional en torno al instituto de la categorización (19), pensamos que:

a. Es exclusivamente el deudor quien puede proyectar y conformar internamente las categorías de acreedores a quienes dirigirá propuestas. Si se admitiera que otro de los protagonistas directa o indirectamente lo hiciera, podría ponerse en riesgo la obtención misma del acuerdo, desconociéndose la finalidad del instituto. Solo el deudor conoce qué acreedores están o no dispuestos a prestar conformidad a su propuesta.

b.Si bien es cierto que el juez tiene amplias facultades y es quien lidera el control de razonabilidad de la categorización propuesta, del que no puede abdicar, ese control debe limitarse a reprobar una categorización que estima irrazonable. Sin embargo, estimamos valioso y funcional al objetivo para el cual el instituto fue consagrado, que otorgue al mismo tiempo un breve lapso temporal para que «el deudor» reformule la categorización (recategorice) brindándole asimismo las pautas y / o criterios que a su entender podrían dar razonabilidad a la clasificación, bajo apercibimiento de que, si no lo hace, quedará limitado a un tratamiento unificado de su pasivo.

Esta solución tiene especialmente en cuenta quién es legalmente el sujeto originante de la categorización, en manos de quién fue puesta la herramienta por el legislador y con qué objetivos concretos.

Nos manifestamos en franca oposición al criterio que sostiene que el juez puede «crear» categorías no pensadas por el deudor porque las entiende más razonables, y mucho menos imponer categorías integradas por un único acreedor, pues ello importa desvirtuar el régimen legal de mayorías, sometiendo al concursado a parámetros superiores a los dispuestos por el art. 45 de la LCQ, al exigirse en el caso concreto la unanimidad de personas (20). En síntesis, el juez tiene, en relación con las categorías, un poder de contralor, pero no de iniciativa.

De todos modos, sostenemos que frente a una categorización «judicial», el deudor aún tendría la alternativa de formular una propuesta única brindando tratamiento unificado a los acreedores, y frente a ello no podría imponérsele una fórmula de cómputo de mayorías diferenciada por categorías.La herramienta legal tiene el objetivo de permitir el tratamiento diversificado del pasivo, y si el deudor no utiliza la herramienta, el cómputo de la doble mayoría deberá realizarse sobre el total de acreedores (21).

Como excepción a lo dicho, cuando el deudor hubiera hecho uso de la facultad de categorizar (únicamente en tal caso) y existieran acreedores que requieren legalmente una categoría especial (caso de los subordinados y / o los quirografarios laborales), allí el juez, a fin de hacer cumplir la manda legal, deberá conformar la categoría omitida (22).

Desde otra óptica, toda vez que, ante la alternativa de no homologar un acuerdo se confiera al deudor la posibilidad de reformularlo (llamada «tercera vía»), debe entenderse implícita su facultad de reclasificar a los acreedores, pues categorización y propuesta constituyen un todo inescindible, cara y seca de la misma moneda.

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(1) El caso ha recobrado notoriedad a partir de dictámenes de la Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de fecha reciente. Se trata de varios dictámenes sucesivos (fechas: 30/12/2016, 7/2/2017, 10/2/2007) de la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Gabriela Boquín. Pueden consultarse en varios sitios on line; entre ellos, los siguientes: https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/dictamen-completo-de-la-fiscal-general-gabriela-boquin-en-el-marco-del-
oncurso-preventivo-de-correo-argentino-s-a/ y https://www.clarin.com/politica/nuevo-dictamen-correo-fiscal-dice-empresa-grupo-macri-actuo-mala-fe_0_SJV8Lis
l.html

(2) CNCom: Sala B, 30/9/2003, «Correo Argentino S. A. s/ concurso preventivo incidente de apelación», MJ-JU-M-2680-AR.

(3) Tercer Juzgado de Procesos Concursales y Registros de Mendoza, autos «Nieto y Cía. SAICA s/ concurso preventivo», 27/4/2003, en Revista de las Sociedades y Concursos, N.° 22, mayo-junio de 2003, p. 114.

(4) Tal el criterio adoptado en una resolución del Dr. Rodolfo Herrera, del Juzgado Nacional de 1.a Instancia en lo Comercial de la Capital Federal N.° 3, Secretaría N.° 5, quien en autos «Altrade S. A.s/ Concurso preventivo» determinó el derecho del deudor «a desistir en la audiencia informativa de la propuesta de categorización ya formulada, por lo que lleva implícito: a. volver al mínimo legal; b. reclasificar. Pero en cualquier caso a condición de que las conformidades sean posteriores a la recategorización así producida». Resolución del 8/8/1996, firme, citada por DASSO Ariel: Quiebras concurso preventivo y «cram down». Buenos Aires, Ad-Hoc, 1997 t. 1, p. 209, nota 74.

(5) ROUILLON, Adolfo: op. cit.

(6) Juzg. de 1.a Instancia Civil y Comercial de la 10.a Nominación, 7/5/1996, «Sociedad de Beneficencia Hospital Español, conc. prev.», en LL Litoral, 1997, p. 709.

(7) VAISER, Lidia: «La categorización de los acreedores en el concurso preventivo. Un camino lleno de espinas», en LL, 2000-F, p. 1009; MOSSO, Guillermo: Categorización propuesta rechazada judicialmente, Derecho Concursal Argentino e Iberoamericano, t. 1, p. 479; ROUILLON Adolfo; Propuesta, período de exclusividad y régimen del acuerdo preventivo, en Código de Comercio Comentado y Anotado. Buenos Aires, La Ley, 2007, t. 4 A, p. 529; MARTORELL, Ernesto: Tratado de concursos y quiebras, Buenos Aires, Depalma, 2001, t. 2 B, p. 530; JUNYENT BAS, Francisco, y MOLINA SANDOVAL, Carlos: Ley de concursos y quiebras. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, t. 1, p. 250.

(8) RIVERA, Julio: Instituciones de Derecho concursal, 2.a ed. actualizada. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2003, t. 1, p. 425; VILLANUEVA, Julia: Concurso preventivo, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2003, p. 384; HEREDIA, Pablo: Tratado Exegético de Derecho Concursal. Buenos Aires, Ábaco, 2000, t. 2, p. 39; Juzgado de Comercio N.° 11, «Schoeller Cabelma S. A. s/ concurso preventivo», 31/10/1996. CNCom, Sala D, 26/5/2013, «Frigorífico General Belgrano S. A. s/ concurso preventivo», Abeledo Perrot, N.° AR /JUR/39328/2013; CNCom, Sala D, 30/3/1999, «Listas Argentinas S. A. s/ concurso prev. s/ incid. Apel. art. 250 del CPCCN; CNCom, Sala D, 16/10/2007, «Comercial Mendoza S. A. s/ concurso preventivo», en LL 2008-A, 156; CNCom, Sala D, 21/9/2011, Metrogás S. A.s/ concurso preventivo s/ queja, MJ-JU-M-69863-AR | MJJ69863 | MJJ69863.

(9) MARTÍNEZ Oscar, y TRUFFAT, Daniel: «La base de cómputo en los concursos; los efectos no previstos de la pesificación compulsiva respecto de la misma y la ley de la manta corta», en ED, t. 102, p. 705; Conclusiones de la Fundación Académica Argentina de Derecho Económico, en su reunión del 7/4/2003 sobre «La categorización de acreedores: facultades del juez».

(10) FABIER DUBOIS Eduardo: «El caso Correo Argentino: 15 cuestiones legales para el debate». El Dial Editorial, Suplemento de Derecho y Economía, marzo de 2017 y Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor de Errepar, abril de 2017. Disponible en http://eol.errepar.com/sitios/Contenidos/PDF/2017/02/16/CorreoArgentino.pdf.

(11) CNCom, Sala B, 30/9/2003, «Correo Argentino S. A. s/ concurso preventivo incidente de apelación», en MJ-JU-M-2680-AR.

(12) El trámite continuó sucesivamente ante la Cámara, luego ante otro juzgado -Juzgado Nacional de 1.a Instancia en lo Comercial N.° 6- y nuevamente ante la Cámara. Ver VITOLO, Daniel: «El caso del Correo Argentino, ¿puzzle o un complejo modelo para armar en varios años?», en DSCE, Boletín 29, marzo de 2017.

(13) Ver dictamen fiscal de fecha 30/12/2016, p. 49.

(14) Además, quedaron conformadas las categorías B (acreedores quirografarios laborales) y D (acreedores privilegiados).

(15) GARCÍA, Silvana Mabel: «La categoría de quirografarios laborales (art. 41 de la LCQ) es renunciable por el acreedor», en LL, 2004-F-1170.

(16) ROUILLON, Adolfo: «Categorización de acreedores en el concurso preventivo: el juicio de razonabilidad y el rol del síndico»; en LL Litoral, 1997, p. 708.

(17) DASSO, Ariel: «El primer cramdown», en LL, 1997-B, 314.

(18) VÁZQUEZ Y ARZAGUET, Gabriel: «Concurso preventivo. Período de exclusividad. Audiencia Informativa», en Derecho concursal Argentino e Iberoamericano». Buenos Aires, Ad-Hoc, 1997, p. 515.

(19) Dicho de otro modo: con apoyo en la realidad de los procesos concursales y no únicamente en la teoría.Muchas veces, se sostienen ideas desde la tribuna doctrinaria que no toman en cuenta «la arena» del proceso.

(20) Argumento del fallo de Cámara en «Sociedad Comercial del Plata S. A. s/ concurso prev.» (22/6/2005), CNCom, Sala D. La Ley 2005-D, 292. Esto que decimos lo consideramos válido aun frente a la llamada «categorización ex officio» de la AFIP, salvo que ello haya sido postulado anteriormente por la concursada, ante la necesidad de atender normativa y / o requerimientos fiscales específicos y / o sobrevinientes. No es imprescindible una categoría separada para AFIP, bien podría el deudor -respetando la razonabilidad- incluir al organismo en una clase en la que propusiera el pago del crédito en los términos precisos exigidos por las resoluciones pertinentes, como una opción más dentro del menú de propuestas, disponible para todos los acreedores integrantes de la categoría. Hemos implementado esta táctica en nuestra labor profesional, obteniendo sin dificultad la conformidad del organismo fiscal.

(21) Conf. DASSO, Ariel: op. cit; GRAZIABILE, Darío: Régimen concursal. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2014, t. 2, p. 261.

(22) VAISER, Lidia: La categorización de los acreedores en el concurso preventivo. Un camino lleno de espinas. LL 2000-F-1009. Así lo resuelto por el doctor Miguel F. Bargalló en el caso «Florio y Cía. I. C. S. A.» del 22/8/1996, publicado en ED 171-109. Salvo, en cuanto a los quirografarios laborales, que el deudor obtuviera, además de la renuncia al privilegio, la renuncia a la categorización obligatoria, tal como lo hemos propuesto (ver nuestro artículo citado anteriormente).

(*)Abogada, UNR. Doctora en Derecho, UNR. Magíster en Asesoramiento Jurídico de Empresas, UA. Docente Adjunta de Derecho de la Insolvencia, UNR. Profesora de Derecho Concursal I, en la Especialización en Sindicatura Concursal, UNR. Docente Titular de Derecho Comercial III, UCEL. Miembro Titular del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Región Centro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Autora de obras y artículos doctrinales sobre derecho concursal.