Culpa exclusiva del motociclista fallecido, al circular en contramano en una zona de calzada ascendente

Partes: L. P. A. y otros c/ C. D. S. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: II

Fecha: 7-mar-2017

Sumario:
1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, pues la única causa del fallecimiento de la víctima y de las lesiones graves de su esposa radica en su conducta imprudente y negligente, ya que invadió el carril contrario de circulación, ocupando la mano por la que transitaba el vehículo del demandado.

2.-La falta de verificación técnica vehicular del automóvil del demandado, como las deficiencias en sus luces y mantenimiento, no son factores que constituyan en el caso un nexo de determinación del resultado, pues éste aparece en la violación del deber de cuidado por parte del motociclista al circular por la contramano en una zona de calzada ascendente, en la que no se tenía visibilidad sobre los posibles vehículos que vinieran desde el otro lado de la loma.

3.-No puede la jurisdicción civil sustentar una postura encontrada con la de los jueces penales, tomando como fundamento circunstancias distintas -en definitiva un hecho distinto- de las que se tuvo por ciertas y probadas en la sentencia absolutoria penal, en tanto tales situaciones constituyen la consideración del hecho principal al que se refiere el art. 1103 del CCiv..

Fallo:

En la ciudad de Azul, a los 07 días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “C., D. S. c/ C. A., E. I. y Otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.459) y “L., P. A. y Otros c/ C., D. S. y Otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.417), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi – Dr. Peralta Reyes.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-C U E S T I O N E S-

1ª.- ¿Corresponde declarar la deserción de los recursos de apelación interpuestos a fs. 764 por la citada en garantía -“Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”-, a fs. 766 por la codemandada -Sr. E. I. C. A.- y la citada en garantía -“La Perseverancia Seguros S.A.”- y a fs. 768 por el codemandado -Sr. M. S. L.-?.

2ª.- ¿Es justa la sentencia única dictada a fs. 340/352 vta. de la causa nº 61.459 y fs. 739/751 de la causa nº 61.417?.

3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

-V O T A C I O N-

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:

Contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 739/751, se dedujeron los siguientes recursos de apelación: a fs. 764 recurrió la citada en garantía -“Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”-; a fs. 766 la parte codemandada -Sr. E. I. C. A.- y la citada en garantía -“La Perseverancia Seguros S.A.”-; y a fs. 768 hizo lo propio el codemandado -Sr. M. S.L.-, remedios procesales que fueron concedidos libremente por el Sr. Juez “a-quo” a fs. 765, fs. 767 y fs. 769.

Elevados los autos a la Alzada se dictó la providencia de fs. 791, por la que se manda expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del C.P.C.

El informe de Secretaría que obra a fs. 829, da cuenta del vencimiento del término legal en el cual dichos apelantes debían dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho.

Sentado lo expuesto, atento a lo normado por los arts. 254, 260 y 261 del C.P.C.C., no habiendo presentado los recurrentes los escritos de expresión de agravios dentro del plazo legal (conf. informe fs. 829), corresponde declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 764 por la citada en garantía -“Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”-, a fs. 766 por la codemandada -Sr. E. I. C. A.- y la citada en garantía -“La Perseverancia Seguros S.A.”- y a fs. 768 por el codemandado -Sr. M. S. L.-.

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:

I.- Causa “C., D. S. c/ C. A., E. I. y otros s/ Daños y Perjuicios” (expediente nº 45.790, numeración de esta Sala causa nº 61.459), en adelante e indistintamente causa “C.” o causa o expediente 61.459.

En autos D. S. C. promovió demanda resarcitoria de los daños patrimoniales y morales derivados del fallecimiento de su esposo, G. J. B., y de sus graves lesiones producidas como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en Tandil, el 12 de Noviembre de 2007 mientras su cónyuge manejaba su motocicleta marca Honda XR 250, y ella lo acompañaba en el asiente trasero. Dedujo su pretensión contra E. I. C. A., conductor del automotor Torino TS dominio RWD 901, año 1973, y contra su propietario H. J. T.(contra quien luego la desistió a fs. 165 y 174), citando en garantía a “La Perseverancia Seguros S.A.”, aseguradora del Torino. Aduce que el día mencionado, aproximadamente a las 1:50 hs. y mientras su esposo conducía la motocicleta y ella viajaba con él en el asiento trasero, circulando por la Avenida Juan B. Justo, a la altura de la numeración 2000, correspondiente a la zona suburbana de Tandil, el Torino conducido por C. A., que transitaba en dirección Noroeste-Sudeste (desde Tandil al paraje La Porteña), en dirección contraria a la de ellos, lo embistió de frente ocupando el automóvil la zona central de la calzada. C. A. iba acompañado por el Sr. I. S. C., quien (al igual que su esposo) falleció a raíz del hecho. Atribuye la responsabilidad a C. A. afirmando que conducía de modo imprudente, negligente y antirreglamentario, a excesiva velocidad, con una sola luz de avance encendida (y tonalizada de azul), y que al arribar a una de las lomas del lugar de los hechos, “y manteniendo el costado izquierdo del vehículo sobre la zona central de la calzada”, produjo la colisión con la moto Honda XR 250.

Reclama los daños patrimoniales por la pérdida de la vida de su cónyuge G. J. B. y los provenientes de su incapacidad parcial y permanente del 37% y el moral por ambas aflicciones.

Las demandadas y citada en garantía resistieron la pretensión y sostienen que la motocicleta invadió el carril de marcha del Torino.

II.- Causa “L., P. A. y otros c/ C., D. S. y otros s/ Daños y Perjuicios (sumario) expediente nº 41.919, numeración de esta Sala causa nº 61.417, en adelante e indistintamente causa “L.” o causa o expediente 61.417.

En autos los Sres. P. A. L. y M. G. C. reclaman los daños patrimoniales y morales derivados del fallecimiento del hijo de ambos, I. S. C., quien viajaba en el Torino, demandando a D. S. C. -en su carácter de sucesora de G. J. B.-; M.S. L. (dueño de la motocicleta) y contra E. I. C. A. (conductor del automóvil), citando en garantía a la aseguradora del automotor, La Perseverancia Seguros S.A., y a Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A., aseguradora de la motocicleta que manejaba B. Relata el hecho afirmando que el día 11 de noviembre de 2007, siendo la 01:50 hs., el hijo de los actores circulaba a bordo del Renault Torino transportado por espíritu de cortesía por el conductor E. I. C. A., y que lo hacía por la zona conocida como “de los toboganes” (por las pronunciadas subidas y bajadas de la avenida) con dirección Noreste/Sudoeste, es decir desde el centro de Tandil hacia el cruce con la ruta 30. Al arribar el Torino a la cima y a la altura catastral n° 2000 de dicha arteria, la motocicleta Honda XR 250 conducida por B. (de propiedad de L.), circulando a excesiva velocidad en sentido contrario al del Torino, invadió su mano (la del Torino tripulado por C. A., y en el que viajaba el causante) e impactó con su parte delantera y lateral izquierdo el extremo delantero izquierdo del automóvil. Como consecuencia del choque entre ambos vehículos, el conductor del Torino, C. A., maniobró hacia la derecha (mano por la que circulaba), cruzando posteriormente hacia la otra mano contraria. El hijo de los actores, I. S. C., viajando en el asiento delantero como acompañante, salió despedido de la cabina del automóvil por la puerta del lado derecho, la que se abrió a causa del choque, resultando arrollado sobre la cinta asfáltica por el tren trasero del automóvil.

La accionada y las citadas en garantía resistieron la pretensión.

III.- A fs. 159/160 de la causa C. se dispuso la acumulación de ambos expedientes y la sentencia única dictada en los dos procesos rechazó la demanda (causa C. nº 45.790) interpuesta por D. S. C., la viuda del conductor de la moto (G. J. B.) contra E. I. C.A y su aseguradora, La Perseverancia del Sur S.A., con costas y difirió la regulación de honorarios. Consideró, conforme se decidió en el expediente penal sustanciado, y con los efectos prejudiciales previstos en los arts. 1101 y 1103 CC, que la causa del hecho radicó en la invasión de la moto del carril de circulación del Torino. Con relación al restante expediente (causa L.) admitió parcialmente la demanda y atribuyó responsabilidad compartida a los dos conductores (del Torino y de la moto) por el fallecimiento del Sr. I. S. C., condenando a la heredera del fallecido Sr. G. J. B., su esposa D. S. C., y a E. I. C. A., condena extensiva a las aseguradoras Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A. y a La Perseverancia Seguros S.A., exonerando de responsabilidad a quien figura como propietario registral de la moto, S. L., por haberse acreditado la transferencia del vehículo con antelación al hecho. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de los honorarios. Cuantificó los daños en $ 405.000, con más los intereses.

Para así decidir, y en lo sustancial, la sentencia consideró con relación al primer suceso (el choque de la moto manejada por B. y el Torino conducido por C. A.) que el hecho ocurrió exclusivamente por el accionar de la propia víctima que invadió el carril de circulación del automóvil, ocupando la mano contraria, en una zona de ascenso de una loma que le impedía ver hacia adelante, lo que así fue determinado en sede penal. En efecto en el expediente penal IPP 2505/07, causa nº 1796/7, caratulada “C. A. I. s/ homicidio culposo agravado -dos hechos- y lesiones culposas agravadas en concurso ideal” la sentencia de Primera Instancia absolvió al imputado porque consideró que la moto ocupó el carril de circulación del automóvil, lugar en el que se produjo el choque, sobre el carril Noroeste de la Avenida Juan B.Justo, “lo que se desprende por la precipitación de fluidos en ese lugar al momento de romperse la carcaza de protección del motor”. Además no se probó que C. A. circulara a excesiva velocidad, lo que resulta irrelevante ante la maniobra temeraria y sorpresiva de la víctima que además transitaba sin luz delantera y en lugar de escasa visibilidad. Por ende no corresponde desde el punto de vista normativo atribuirle al demandado el resultado jurídico del fallecimiento de B. y de las lesiones de su esposa. La sentencia hace hincapié en que el pronunciamiento penal fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, por lo que opera la prejudicialidad penal que impide en sede civil revisa r el hecho principal, es decir el juez civil no puede modificar las circunstancias de hecho que en sede penal permitieron la absolución del procesado. En cambio, y en lo atinente al otro hecho lesivo, es decir al fallecimiento de I. S. C., que viajaba de cortesía en el Torino, sostiene que media responsabilidad de ambos conductores. Para sustentar esa conclusión argumentó, en literal transcripción, que “de la mecánica de los hechos, resulta responsable del daño sufrido por esos actores (L. y C.) tanto al Sr. B. -en puridad condenada su heredera C., por aquel quien con su maniobra de invasión de carril provocara el accidente-; como al Sr. C. A., puesto que en su lugar de responsable de la conducción de vehículo, y de alguna manera garante de las condiciones de circulación del vehículo, resulta también culpable del acaecimiento de los hechos en el sentido de no haber podido (más allá de la natural sorpresa, y quizá debido a la velocidad impresa al vehículo, aspecto que no se debatió en sede penal) controlar las maniobras que hubieran permitido el arribo de un frenado sin los movimientos inerciales propios de la situación crítica, y derivaran en la apertura de la puerta del acompañante, el desprendimiento del cuerpo de la víctima, su caída al asfalto y posterior atropellamiento” (sic.sentencia fs. 748 expte. L.). En lo relativo a los daños resarcibles cuantificó en $ 300.000 el daño patrimonial por el fallecimiento del joven C. en concepto de pérdida de chance de ayuda económica futura que en la ancianidad podrían tener ambos padres, atendiendo a que tenía 16 años y trabajaba como peón rural, que era muy querido en el barrio y que incluso ayudaba a sus padres. Por el daño moral fijó $ 100.000 en total, para los dos padres, y $ 5.000 por tratamiento psicológico para la madre, durante seis meses a razón de $ 200 por sesión.

Como corolario de todo lo expuesto la sentencia de grado -ahora recurrida- hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios deducida por P. A. L. y M. G. C. contra la Sra. D. S. C. -en su carácter de sucesora de G. J. B.- y contra E. I. C. A., y en consecuencia, los condenó a abonarle a aquellos en el plazo de diez (10) días de quedar firme la liquidación respectiva, la suma de $ 405.000, con intereses, e hizo extensiva la condena a las compañías de seguros citadas a juicio (art. 118 LS), La Perseverancia Seguros S. A y Royal &Sun Alliance Seguros Argentina, con costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 de la ley 8904). Más adelante el decisorio rechazó “la demanda interpuesta (causa n° 41.919) contra S. L., por haberse desprendido de la guarda material de la motocicleta Honda, con costas por su orden (arts. 68, 69, 71 CPCC) y también rechazó la demanda incoada por D. S. C. contra E. I. C. A., con costas a la primera, difiriendo la regulación para la oportunidad de regular ambos procesos (arts. 68 de CPCC y 51 de la ley 8904)” (sic. fs. citada).

IV.- 1.- Contra dicho pronunciamiento, obrante en la “causa C.” (45.790) a fs. 340/352 vta. apeló la actora (la Sra. C.) a fs.355, y el recurso fue concedido a fs. 356. Radicados los autos en la Alzada expresó agravios a fs. 370/372, los que fueron respondidos a fs. 374/375.

En la “causa L.”, expediente 41.919, la sentencia se glosó a fs. 379/351 y fue recurrida por la actora (los Sres. L. y C., padres de la víctima) a fs. 752, recurso concedido a fs. 753; por la demandada C. a fs. 762, por la aseguradora de la moto a fs. 764, y por el demandado C. A. y su aseguradora a fs. 766, recursos todos éstos concedidos a fs. 763 y 767 respectivamente, y por el codemandado L. a fs. 768, recurso otorgado a fs. 769.

A fs. 791, siempre de esos autos, se mandó expresar agravios, habiéndolo hecho la actora (los esposos C.) a fs. 800/806, los que fueron respondidos a fs. 823/824 y 825 por la demandada.

A fs. 819/821 expresó agravios la demandada C. los que fueron contestados a fs. 826/828.

Según se desprende de la constancia de Secretaría de fs. 829 no expresaron agravios, y por lo tanto corresponde decretar la deserción de sus recursos, como ya se resolviera en la Primera Cuestión, de los siguientes apelantes: citada en garantía -“Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”-, codemandado -Sr. E. I. C. A.- y citada en garantía -“La Perseverancia Seguros S.A.”- y finalmente por el codemandado -Sr. M. S. L.-.

Los agravios de la actora en la causa C. impugnan la sentencia en cuanto atribuyó culpa a la víctima (a B. el conductor de la motocicleta). Sostienen que la sentencia penal no tiene efectos en sede civil porque, “no tiene carácter absolutorio, sino que en definitiva, sienta un juicio sobre la responsabilidad penal de C. A., que tiene un efecto procesal en dicho fuero, la participación en el juicio de debate”; además no tiene alcances con relación a las víctimas indirectas y por otro lado la causa penal concluyó por el instituto de la suspensión del juicio a prueba.La actora recurrente reitera que no media prejudicialidad penal y que se puede juzgar en sede civil la responsabilidad del encartado. Tras ello aduce que el automóvil presentaba una falla en el alternador, habiendo su conductor salido a la ruta a probarlo, lo que se acredita con el testimonio de Mario A. Gómez y la declaración testimonial de M. A. L. Si bien C. A. al absolver posiciones negó esos hechos, lo cierto es que el testigo Gómez expresó que al subir la loma el Torino “vendría fuerte”. Luego sostiene que el conductor del Torino circulaba con una sola luz encendida con un tonalizado azul, y que no frenó ya que no existieron huellas de frenada, todo lo que resulta de las pericias practicadas en la causa penal. De ahí la responsabilidad del conductor del automóvil quien, junto al motociclista, fueron los embistentes mecánicos; C. A. no frenó y tenía las cubiertas con un desgaste del 80%. Acota que salió a probar el funcionamiento del alternador, a excesiva velocidad, y que la referencia pericial a que los fluidos de la moto se desparramaron en el carril de circulación del automóvil constituye una circunstancia irrelevante ante el lugar del impacto de los vehículos. Por ello solicita se revoque el fallo estableciéndose la responsabilidad exclusiva o concurrente del demandado en esos autos.

La parte contraria -L.-, al contestar los agravios, solicitó se declare la deserción del recurso de C. por insuficiencia técnica.

2.- Por su lado la actora en la causa L. controvierte los montos resarcitorios conferidos a los esposos L.-C.por el fallecimiento del hijo de ambos, S., reclamando se aplique la ley vigente al momento de la cuantificación del daño, es decir de la sentencia (el Código Civil y Comercial), para cuyo fundamento transcribió argumentos de anteriores precedentes del Tribunal. Tras ello sostiene que el monto por daño patrimonial actual, pérdida de chance, por la muerte de S.que se fijó en total en $ 300.000, esto es $ 150.000 para cada uno, es insuficiente porque computó valores a la fecha de la demanda, del año 2009. Aduce que en el escrito de inicio se supeditó el monto a la prueba a rendirse y luego efectúa un cotejo de la cifra concedida explicando que representa la mitad del valor de un auto cero kilómetro, de la quinta parte de un departamento o cinco salarios de un juez. Finalmente efectúa otras consideraciones acerca de la realidad económica, del fin de lucro de las compañías aseguradoras y de las condiciones y edad del joven fallecido. Pide se eleve a la suma de $ 600.000 para ambos. Luego controvierte el monto por daño moral, que la suma de $ 50.000, para cada padre, por la muerte de un hijo adolescente en la plenitud de su juventud, además de incurrir en el defecto ya señalado de computar valores a la fecha de la demanda y no de la sentencia, resulta sumamente bajo y no tiene en cuenta la índole del dolor de los padres, omitiéndose considerar el resultado de la pericia psicológica. Formula otras consideraciones acerca del concepto de daño moral, se refiere a antecedentes de esta Sala y finalmente pide se otorguen $ 325.000 para cada uno.

Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el resultado del orden del sorteo, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (cf. fs. 377 y fs. 378 de la causa nº 61.459 y fs. 830 y fs. 831 de la causa nº 61.417).

V.- 1.- Corresponde desestimar el pedido de la parte actora en la causa L. que solicita se decrete la deserción del agravio del recurso interpuesto por C., aduciendo su deficiencia técnica.Ello así, ya que más allá de su infundabilidad, el recurso abastece mínimamente los requisitos formales para habilitar la instancia revisora, conforme el criterio amplio sustentado invariablemente por el Tribunal, porque del escrito de impugnación de infiere claramente cuales son la críticas y quejas que formula contra la sentencia, lo que resulta suficiente para aceptar su admisibilidad (arts. 260 y 261 CPC).

2.- En primer lugar resulta pertinente hacer una breve referencia a una cuestión de derecho transitorio (arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN) que viene siendo repetida por el Tribunal a partir del 1 de Agosto de 2015. Conforme lo estatuido por el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial -sustancialmente análogo al art. 3 CC- la cuestión a dilucidar queda sujeta a las previsiones del derogado Código Civil. Es que, tal como lo referí en la causa “Braszka”, “una de las primeras reglas de interpretación del actual art. 7º CCCN consiste en distinguir los ‘hechos constitutivos’ de la relación jurídica, de sus consecuencias, derivaciones o efectos. Las relaciones jurídicas nacen, se modifican o se extinguen en virtud de hechos a los que la ley le asigna efectos generadores o constitutivos; esos ‘hechos constitutivos’ (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos) se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse. En cambio los efectos o consecuencias de las relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior se rige n de inmediato por la nueva ley (Moisset de Espanés, Luis, ‘El daño moral (arts. 522 y 1078)’ y ‘La irretroactividad de la ley (art. 3)’, cit., J.A., T. 13, Serie Contemporánea, 1972-355; Kemelmajer de Carlucci, Aída, ‘La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes’ cit., pág.100). Los presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad, causalidad, daño y factor de atribución) son hechos constitutivos que se rigen por la ley vigente en el momento de su producción, lo que no impide que queden alcanzadas por la ley nueva las consecuencias o efectos no concluidos, no operados o no consumidos, aunque se trate de relaciones jurídicas constituidas con anterioridad como por ejemplo las cuestiones atinentes a la cuantificación del daño (esta Sala Causa N° 56441, del 8/9/15 ‘D. B., A c/ A., L. C. y Otros s/ Derechos personalísimos-Sumario’; Causa N° 56571, del 8/9/15 ‘D. B., A. c/ A., L. C. y Otros s/ Daños y Perjuicios’; causa n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros.”, del 20/10/15; ver “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, L.L. 2015-F-867).

3.- El recurso de la parte actora en la causa C. procurando atribuirle responsabilidad, total o parcial, al conductor del Torino es infundado, toda vez que resulta claro e indubitable que la única causa del fallecimiento del Sr. G. J. B. y de las lesiones graves de su esposa, la actora en la causa C., (D. S. C.), radica en su inconducta imprudente y negligente ya que invadió el carril contrario de circulación, ocupando la mano por la que transitaba el Torino conducido por C. La segunda secuencia del hecho, a raíz de la cual resultó el fallecimiento del joven I. S. C., que acompañaba en el auto a C. y por el que se condenó a ambos conductores (de la moto y del vehículo) no ha sido recurrida por lo que, obviamente, es irrevisable en la Alzada.

La sentencia de grado no formula una descripción del modo en que se desarrolló el primer hecho, por lo que teniendo en cuenta lo decidido en la sentencia penal absolutoria de C., cuya prejudicialidad en sede civil es evidente pese a la argumentación en contrario de la apelante (aunque con los alcances limitados que luego precisaré -arts. 1101 y 1103 CC-), es necesario suplir esa omisión.Para ello, seguiré las conclusiones arribadas en la causa penal acollarada por cuerda y ofrecida como prueba por los litigantes (IPP 2505/07, causa nº 1796/7, caratulada: “C. A., I. s/ homicidio culposo agravado -dos hechos- y lesiones culposas agravadas en concurso ideal”).

La sentencia de Primera Instancia dictada por la Sra. Jueza de Garantías Nº 2 de Tandil sobreseyó parcialmente a E. I. C. A. por los delitos de homicidio culposo agravado de G. J. B. y de lesiones culposas agravadas de D. S. C. (“en razón de que la conducta del imputado devino atípica (arts. 323 inc. 3 CPP)”- (sic. fs. 516/520 expte. penal cit.). Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y constituye la sentencia absolutoria a la que se refiere el art. 1103 CC, por lo que es improcedente el agravio de la recurrente. Tampoco es atendible la alegación acerca del sometimiento de C. A. al régimen de la suspensión del juicio penal a prueba porque ello no tiene nada que ver con este hecho y se vincula con el segundo evento, en el que falleció I. S. C., y en el que también murió D. F. P. y su acompañante (N. M.) sufrió lesiones graves.

La primera parte del pronunciamiento penal (la absolución) que encuadra en las reglas de los arts. 1101 y 1103 CC tiene efectos prejudiciales que impiden la revisión del “hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”. Entonces, y antes de analizar los efectos prejudiciales citados, por razones de método resulta conveniente detenerse en el relato de la plataforma fáctica decidida en el juicio penal.

Allí, la sentencia de Primera Instancia, y para lo que aquí interesa destacar siempre con relación al primer hecho, sostiene que “aproximadamente a las 01:50 hs. del día 12 de noviembre del año 2007, E. I. C. A. condujo un automóvil Renault Torino coupé, dominio RWD-901 por Av. Juan B.Justo a la altura castastral Nº 2000 de la ciudad de Tandil (zona suburbana), en dirección cardinal Noreste-Sudoeste (desde Tandil hacia paraje La Porteña), llevando como acompañante en el asiento delantero derecho al menor I. S. C., circulando con solo una de las dos luces de avance encendida, la que a su vez se hallaba tonalizada de color azul, con vidrios laterales polarizados y sin poseer cinturones de seguridad en los asientos delanteros. Que al tiempo de arribar C. correctamente a una de las lomas, avanzaba en sentido contrario (desde La Porteña hacia Tandil) G. J. B. y con D. S. C. como acompñanate, conduciendo una motocicleta marca Honda XR sin luz delantera, junto a un considerable número de otros vehículos del mimo tipo. Que en esa circunstancia G. J. B. realizó una maniobra imprudente al invadir irreglamentariamente la mano de circulación del Torino lo que determinó el embestimiento entre los dos móviles y la posterior muerte de B. y las lesiones de C.” (sic., fs. 516/522 causa penal).

Esa sentencia, y la de la Alzada penal, son concluyentes en aseverar, sobre la base de las pruebas recogidas, particularmente las dos pericias accidentológicas practicadas en esa sede, que el lugar del primer impacto es el carril de circulación de C. A. “… El Primer lugar y punto de impacto se encuentra ubicado sobre la calzada de la avenida Juan B. Justo, sobre el carril de circulación Noreste, es decir por el que venía transitando el automóvil Torino. Dicho punto se ve reflejado por la precipitación de fluidos de la moto al momento de romperse la carcaza de protección del motor, esparciendo fluidos sobre la calzada donde se ve reflejado mediante mancha y fragmento de pintura de los dos rodados involucrados, es decir la motocicleta Honda y el automóvil Torino …” (cf. pericia planimétrica Nº 57/08 y fotos fs.257/266; pericias accidentológicas concordantes realizadas por el Técnico Subteniente Carlos Daniel Sotuyo a fs. 249/256 y del ingeniero José Omar Cañizo a fs. 316/322; sic., fs.517 vta. causa penal; arts. 384, 456 y 474 C.P.C.). Más aún: “a la conducta de invadir sin derecho la mano de circulación contraria por parte de G. B., se suma, i) la ausencia de luz delantera (cfr. pericia mecánica a fs. 47/49, pericia accidentológica a fs. 248/256, y fotografía a fs. 259), ii) que realizara la maniobra en un lugar con menor visibilidad, convirtiéndose en un obstáculo sorpresivo y de imposible avistamiento por quien circula en sentido contrario …” (sic., sentencia fs. 519 causa cit). Enfatizo en la categórica conclusión de la Cámara que afirma que “ha sido la propia víctima -conductor de la moto Honda XR 250 5 (el Sr. B., esposo de la reclamante D. C.)- quien creó un peligro prohibido al invadir indebidamente la mano contraria, en zona de ascenso de una loma que le impedía ver hacia delante, determinando de tal modo el resultado” (sic., fs. 603/ 608 causa penal).

A ello debo agregar que la pretensión de la apelante de que el Torino tenía problemas mecánicos -para lo que recurre a los testimonios de Mario Alberto Gómez en la causa penal y a los dichos del restante coactor M. A. L.- no son atendibles. Las dos instancias penales descartaron la idoneidad y objetividad del testimonio de Gómez (arts. 384 y 456 C.P.C.) y, lo que es más relevante, no cabe ninguna duda que la gravísima inconducta de B. de invadir, de noche, el carril contrario de circulación, en una loma y embestir un auto que circulaba por su mano, constituye el único hecho causativo del daño final verificado (arts. 901, 906, 1113 y concs. CC; arts. 47, 51 inc. 3, 52 inc. 2, 59 incs. 1 y 2, 76, 78 y concs. ley 11.430 vigente al momento del hecho).

Por ende carece de toda incidencia causal que el Torino no hubiera frenado (no se registran huellas). Del mismo modo, y con palabras de la Alzada penal doy respuesta a otro agravio:”…la falta de verificación técnica vehicular del automóvil Torino, como las deficiencias en sus luces y mantenimiento, no son factores que constituyan en el caso un nexo de determinación del resultado, pues este aparece, … en la violación del deber de cuidado por parte del motociclista al circular por la contramano en una zona de calzada ascendente, en la que no se tenía visibilidad sobre los posibles vehículos que vinieran desde el otro lado de la loma. Ello produjo un encuentro súbito de automóvil y moto en la cima de la cuesta que no aparece como evitable si el vehículo mayor hubiera tenido verificación técnica al día, y luces en correcto funcionamiento, más aún teniendo en cuenta que el lugar del hecho se trataba de una avenida con iluminación artificial” (sic., fs. 606 causa penal).

Lo dicho conduce a descartar la pretensión del agravio de atribuir relación causal a la conducta de C. A. ya que la referencia en la sentencia penal de Primera Instancia a la vinculación material (fs. 519) no tiene nada que ver con la causalidad jurídica (arts. 901, 906, 1113 y concs. CC, arts. 47, 51 inc. 3, 52 inc. 2, 59 incs. 1 y 2, 76, 78 y concs. ley 11.430 vigente al momento del hecho).

4.- Es pertinente ahora, a tenor del agravio, precisar el alcance de la sentencia penal absolutoria de C. A. que en Primera Instancia (lo que fue confirmado por la Cámara), se sustentó en lo prescripto por el art. 323 inc. 3 CPP que dispone el sobreseimiento del imputado (previsto en el art. 322 CPP) “cuando el hecho atribuido no encuadra en una figura legal”. En ese sentido, y contrariamente a lo aducido por el recurrente, “la aplicación del art. 1103 del Código Civil requiere, como presupuesto ineludible, que en sede penal se haya dictado una sentencia absolutoria o un pronunciamiento que pueda equiparársele, carácter que cabe asignar al sobreseimiento dictado con el alcance previsto por el art.322 del Código de Procedimiento Penal” (cf. SCBA LP, C 106.711, S 28/09/2011, “Navarro, Walter c/ Vigu ri, Fernando y otro s/Daños y perjuicios”). Ahora bien, y en rigor, en el caso el efecto prejudicial de la sentencia penal es limitado normativamente porque “el sobreseimiento o absolución penal habilita la revisión plena de la responsabilidad civil (esta Sala, causa n° 50.127, 22/3/07, “Borda”), y “la absolución penal hace cosa juzgada en lo civil cuando excluye completamente el hecho o declara probado que el acusado no fue su autor ni participó en él …” (esta Sala, causa n° 51.866, 03/03/09, “Díaz”, voto Dr.Peralta Reyes).

La regla que emana del art. 1103 CC predica que “solamente cuando la absolución o el sobreseimiento criminal estuvieran basados en la inexistencia del hecho o en la no autoría de los acusados puede ser invocado ese pronunciamiento en sede civil, para impedir una condena que aparecería como escandalosa” (S.C.B.A., Ac.C96.925, 30/6/2009, “Marfut González, Pablo contra Pena, Héctor Rubén y otros. Daños y perjuicios” -por mayoría, voto Dres. Hitters, Negri, Kogan y Genoud-). En otro precedente se añadió que “sólo el hecho certeramente determinado en sede criminal, en sus circunstancias fácticas, limita al juez civil, pero no los recaudos jurídicos requeridos para su tipificación penal” (S.C.B.A., Ac.C98.336, 28/10/2009, “Lusto, Mariana Esther contra Crosta, Maximiliano y otros. Daños y perjuicios” -por unanimidad, voto Dr. Soria, al que adhirieron los Dres. Genoud, Negri, Kogan y de Lázzari; cf. esta Sala, causa nº 54.530, del 23/08/11, Torres …” cit.). En otros pronunciamientos posteriores la Casación local decidió “el art. 1103 del Código Civil define los aspectos en que hace cosa juzgada la sentencia penal absolutoria en el fuero civil -a la que cabe asimilar el sobreseimiento definitivo-, impidiendo que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial del demandado.En rigor, consigna una única calificación cuya definición en sede penal hace cosa juzgada en el ámbito del juicio civil: la inexistencia del hecho principal respecto del cual se absolvió o sobreseyó. Ninguna referencia hace sobre la culpa del imputado” (SCBA LP, C 106.711, S 28/09/2011, “Navarro, Walter c/ Viguri, Fernando y otro s/Daños y perjuicios”; SCBA LP, C 89.067, S 04/08/2010, “Sagari, Claudio Daniel c/ Carvalho, Sonia Breatriz s/ Daños y perjuicios – Beneficio de litigar sin gastos”).

Es decir, en suma y aún cuando los hechos en juzgamiento no ofrecen dudas, la sentencia penal absolutoria reviste entidad en los términos del art. 1103 CC y aunque solo vincula al juez civil en lo atinente a la inexistencia del hecho y a la ausencia de autoría del imputado, igualmente no puede revisarse el denominado “hecho principal”. Dejando de lado las diferentes posturas acerca del alcance preciso de esa noción jurídica (esta Sala, causa nº 54.530, 23/08/11, “Torres …”, cit. anteriormente), teniendo en cuenta que en realidad la sentencia condenatoria y no la absolutoria es la que tiene mayor alcance en sede civil (cf. esta Sala, causa nº 49.905, 30/11/06, “Brooks, Stella Maris y Otras c/ Lorenzo, Carlos Andrés y Otros. Daños y Perjuicios”), lo cierto es que en este proceso no podría concluirse que B. circulaba por su mano, cuando la absolución de C. A. se fundó precisamente en que lo hacía en contramano. En palabras de la Suprema Corte: “no puede la jurisdicción civil sustentar una postura encontrada con la de los jueces penales tomando como fundamento circunstancias distintas -en definitiva un hecho distinto- de las que se tuvo por ciertas y probadas en la sentencia absolutoria penal, en tanto tales situaciones constituyen la consideración “del hecho principal” al que se refiere el art. 1103 del Código Civil” (SCBA LP, C 92.067, S 14/09/2011, “M. ,H. A. c/F. ,A. s/Daños y perjuicios”).

5.- En conclusión:la causa jurídica esencial, esto es el “hecho principal” que las dos sentencias penales decidieron que constituyó el factor desencadenante (el único, agrego por mi lado) de la muerte de B. y de las lesiones de C., consiste en la invasión por la moto de la mano contraria de circulación, por la que transitaba el Torino tripulado por C. A. Ello no sólo no es revisable en sede civil sino que, a mayor abundamiento, resulta evidente y palmario. Para eso, y aunque sobreabundante, transcribo parcialmente conclusiones del perito policial que intervino en una de las pericias obrantes en el expediente penal y que fundó las sentencias absolutorias: “de acuerdo con los indicios observados y la posición final en que se encontraron los rodados, se puede establecer que el automóvil Renault Torino TS, circulaba por el carril Noroeste de la avenida Juan B. Justo con sentido de circulación cardinal nominal Noreste/Sudoeste (del centro de la ciudad de Tandil hacia la zona rural), mientras que las motocicletas Honda SR250R y Zanella Sol Business 110 c.c., circulaban por la misma avenida Juan B. Justo con sentido de dirección cardinal nominal Sudoeste/Noreste, (de zona rural hacia el centro de la ciudad de Tandil), pero la primer motocicleta mencionada, al momento del impacto se encontraba invadiendo el carril contrario al del sentido de circulación correspondiente; mientras que la segunda motocicleta también invadía el carril contrario al de circulación propia y en mayor proporción que la primer moto referida. Datos que fluyen de Acta de Constatación fojas, 01, 01 vuelta, 02, 02 vuelta, 03, 03 vueltas, 04, 04 vuelta y 05, croquis a fs. 06, placas fotográficas adjuntas y Pericia Planimétrica 057/08” (sic., pericia fs. 249/267). Más adelante agrega que “el primer lugar y punto de impacto se encuentra ubicado sobre la calzada de la avenida Juan B.Justo, sobre el carril de circulación Noroeste es decir por el que venía transitando el automóvil Torino, más precisamente a ciento cinco metros y setenta centímetros (105,70 mts.) distante de la calle que cruza transversa a la avenida Juan B. Justo más próxima al centro de la ciudad de Tandil con respecto al lugar donde ocurrió el accidente, dentro de la zona Sub-urbana de la ciudad de Tandil. Dicho punto se ve reflejado por la precipitación de fluidos de la moto al momento de romperse la carcaza de protección del motor, esparciendo fluidos sobre la calzada donde se ve reflejado mediante mancha y fragmento de pintura de los dos rodados involucrados, es decir la motocicleta Honda y el automóvil Torino …” (sic., pericia fs. cit.). Se añade que “el segundo punto de impacto también se ubica en el mismo carril de circulación vehicular, es decir sobre la mano de circulación del automóvil Torino; dicho punto de impacto, se ubica en el sitio donde queda recostada la motocicleta Zanella Sol Business …” (pericia fs. cit.).

Por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia que atribuye responsabilidad exclusiva y excluyente a la infortunada víctima B. (conf. causa penal sentencias fs. 516/522 y 60/608; sentencia fs. 705; pericias fs. 248/267 y fs. 316/322; acta fs. 1/5; incidente I/1792, “C. A., E. I. s/ incidente de suspensión de juicio a prueba en causa 3453/2436, fs. 9, 15/16, 25, 32, 53, 73/74; causa C., fs. 159; informe Municipalidad de Tandil de fs. 354 que da cuenta que B. carecía de carnet para conducir; pericia mecánica fs. 627/30 y 709; arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. C.C.; arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN; arts. 34, 47, 51 incs. 1, 3 y 4, 52 inc. 1, 59 incs. 1, 2, 5; arts. 76, 78 y concs. ley 11.430, vigente al momento del hecho; arts. 321, 322, 323 inc. b y concs. C.P.P.; arts. 384, 456, 474 y concs.C.P.C.).

6.- Señalo, obiter dicta, que no es revisable por falta de agravio la atribución de responsabilidad a los dos conductores (el de la moto, B. y el del Torino, C. A.) por el fallecimiento de S. C. que era transportado en el automóvil, estando vedada toda consideración al respecto. Ello obviamente incluye la imposibilidad de considerar si constituye -o no, y en todo caso con qué alcance- hecho de un tercero por el que no debe responder el conductor del auto, la aparición súbita y repentina y en contramano de la moto Honda de B., y a raíz del cual el auto siguió por su mano e hizo primero una maniobra evasiva hacia su izquierda y luego, ya en su carril, apareció, también en contramano, otra moto Zanella conducida por D. P., acompañando por N. M., que chocó contra la puerta delantera derecha del auto, la que se abre, C. es expulsado y cayó sobre el pavimento siendo embestido por el mismo auto. Otra obviedad: no es analizable tampoco la relación causal entre el fallecimiento de S. C. y su caída del auto (ver pericia causa penal fs. 249/267, causa L. informe pericial fs. 627/629). También sólo a mayor consideración acoto que la pericia accidentológica afirma que “con respecto a la motocicleta Zanella Sol, ésta se encuentra transitando a contramano, es decir por el carril contrario al propio para la circulación, el conductor y acompañante no se encuentran con la edad legal para la conducción y además no utilizaban casco protector” (conf. pericia, fs. 255 vta.). “… La actividad de los motociclistas que según las declaraciones informan vendrían de presenciar “PICADAS” que se desarrollan sin el control y seguridad que se merece tal actividad, en las cuales son todos participantes y responsables (conductores y público)” (conf. pericia, fs. 256 vta.).

VI.- 1.- En la causa L. la apelación de la actora, que controvierte los montos de condena por bajos, es parcialmente admisible.En efecto, la sentencia de grado fijó en $ 150.000 para cada uno de los dos actores, los padres de I. S. C. (P. A. L. y M. G. C.), en concepto de daño patrimonial por la pérdida de chance de ayuda futura, y en $ 50.000 para cada uno la partida por daño moral. Esas cuantías fueron recurridas sólo por bajas, por la actora, por lo que sólo son objeto de revisión en tal sentido, por lo que la cuantificación (que como dice el agravio debe ponderar las circunstancias existentes al momento de la sentencia) debe ser confirmada en lo relativo al daño patrimonial e incrementado el daño moral en $ 220.000 para cada uno de los padres (arts. 1078, 1079 CC; 1745 inc. c), 1741 y concs. CCCN; arts. 165 y 384 CPC).

2.- Comienzo con el daño por el fallecimiento de I. S. C., el denominado valor de la vida humana del hijo, que consiste en el daño patrimonial por la pérdida de chance de ayuda futura y de asistencia material y espiritual que el joven de 16 años habría podido prodigar a sus padres P. A. L. y M. G. C., cuando sean adultos mayores. Se trata de un daño patrimonial que en el régimen del Código Civil derogado era una creación pretoriana y que recoge expresamente el art. 1745 inc. c) CCCN.

La procedencia y cuantía del rubro, por el que en Primera Instancia se otorgó $ 150.000 para cada padre, debe ser confirmada (arts. 901, 906, 1079, 1084, 1085 y concs. C.C.; arts. 165 y 384 CPC). Existe coincidencia en la doctrina y jurisprudencia en que el daño patrimonial en examen es el daño cierto consistente en la pérdida de chance de ayuda futura de que los padres en la vejez serán asistidos económica y espiritualmente por sus hijos, en caso de necesidad.Este Tribunal resolvió reiteradamente que “cuando se trata de la muerte de los hijos, especialmente menores o incapaces o solteros y sin descendencia, se presume a favor de los padres la existencia de un daño material, cierto y actual, que consiste en la pérdida de una chance. Esta consiste en la razonable expectativa y probabilidad de que de vivir el hijo en la ancianidad de sus progenitores o en su estado de necesidad, éste contribuiría a su asistencia material y moral, perjuicio cierto y no meramente hipotético” (esta Sala, causa nº 39.345, 11/8/98, “Saloiña”; causa nº 39.541, 8/9/98, “Luján” y causa nº 47.221, 17/12/04, “Giacoboni”). De modo que el daño resarcible es la pérdida misma de la chance y no el valor intrínseco de la vida humana ni para sí ni para terceros (arts. 1066, 1067, 1079, 1083, 1084, 1085 y concs. Cód. Civ.), ya que “cuando muere un menor los padres ven tronchada una esperanza económica” (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T.2b, pág.242; esta Sala, causa nº 37.517, 7/4/97, “Cabrera de Quin”) y la chance es la probabilidad objetiva y cierta -y no la mera posibilidad- de obtener una ganancia o de evitar una pérdida, a condición de que esa probabilidad -que no es certeza- sea “suficiente”, como se ha señalado en forma reiterada. La probabilidad debe superar el terreno de la conjetura o hipótesis y el requisito de la certidumbre del daño -actual o futuro- se configura en base al acontecer regular de los hechos -el llamado “principio de regularidad”- es decir lo que sucede “según el curso natural y ordinario de las cosas”, como lo expresó Vélez Sarsfield en el art.901 del Código Civil (Cazeaux, Néstor P., “Daño actual. Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Pérdida de chance” en “Temas de responsabilidad civil”. En Homenaje a Augusto M. Morello, p.28; Piaggio, Aníbal N., “Azar y certeza en el derecho de daños”, E.D., 152-812 (cap.IV); Iribarne, Héctor P., “De los daños a las personas”, p.128; esta Sala, causas N° 42.469, 26/6/2001, “Cerdeiro”; N° 51.084, 06/11/2007, “E.R.D. c /E.R.D. s/ Ds. y Pjs.”, E.D. 228-417).

I. S. C. tenía 16 años cuando murió (conf. partidas fs. 13 y fs. 16), trabajaba en relación de dependencia como peón rural percibiendo $ 2.345 al mes de noviembre de 2007 (recibo de sueldo fs. 28 causa L.) y se trataba de un joven apreciado por sus amigos, que destacaron que era muy trabajador, que lo hacía en un tambo rural (conf. testimoniales de José A. Rodríguez de fs. 513 y Luisa Rastelli de fs. 514 y fs. 515 de Nancy S. Gocella, todos a tenor del interrogatorio de fs. 512; arts. 384 y 456 CPC).

De los testimonios citados y de la pericia psicológica de fs. 531/532 de la psicóloga María C. Etchemendi se desprende que no existe en autos prueba rendida por la demandada que desvirtúe la presunción razonable de que el menor, por sus condiciones personales y dado el vínculo afectivo con sus padres, habría de ayudarlos y asistirlos cuando sean mayores, por lo que propicio la confirmación del rubro y del monto en $ 150.000 para cada padre (arts. 1066, 1079, 1083 y concs.CC; 165 y 384 CPC).

3.- En lo atinente al daño moral de los padres por la muerte del hijo de 16 años cabe partir de la doctrina de la Suprema Corte provincial de que el daño moral “constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III,635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737), (esta Sala, causa n° 45.193, sent. del 25-2-03, “Santillán”, causa n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; N° 54862, 23/03/11 “Miranda”)” (cf. esta Sala, causa nº 57.332, 29.08.13, “Moyano de Córica …”). Con otras parecidas expresiones la Suprema Corte Provincial afirmó que el daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu y los más caros afectos (entre otros); por lo que no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., D.J.J.tomo 172-342; esta Sala, causa n° 37.202 del 9-5-96, causa n° 42.469 del 26-6-01, entre otras).

La Corte Nacional en la causa “Baeza” receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el “precio del consuelo” y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido (C.S., 12/4/2011 “Baeza, Silvia Ofelia c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con mi nota en R.C.y S. 2011-XII, 259). “Se trata -sostuvo- de compensar, en la medida posible, un daño consumado…El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales”. Este parámetro interpretativo -que es recogido por el art. 1741 CCCN-, ha sido anteriormente receptado en antecedentes de esta Sala (conf. causas N° 51.466 “A., H.”, del 29/04/08, Causa Nº 51.467 “G. de S., M.”, del 29/04/08 y Causa Nº 54.530 “Torres”, del 23/08/11).

Para cuantificar este daño no patrimonial- como lo denomina el referido art. 1741 CCCN- cabe tener en cuenta que tiene función compensatoria y sustitutiva del enorme perjuicio al patrimonio moral de los actores (conf. “Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, en Revista de Derecho de Daños, 2004 – 3, “Determinación judicial del daño – I”, pág. 31; y “Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, en Revista de Derecho de Daños, 2005 – 3, “Determinación judicial del daño – II”, pág. 89)” (conf.esta Sala, causa nº 58.109, 20.02.14, “Montesano …”), y debe atender la índole del hecho generador de la responsabilidad (un hecho ilícito extracontractual cometido por gravísima imprudencia del conductor del auto) y la entidad del sufrimiento causado “aunque sea dificultosísima su cuantificación” (C.S., 14/7/2015, “Meza”.). La explicitación de las pautas fácticas apreciadas para cuantificar son primordiales para apreciar la razonabilidad de la indemnización y para permitir su revisión por las instancias superiores. Tiene dicho la Casación local mediante voto del Dr. de Lázzari que “en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto” (S.C.B.A., Ac.94556, 07/04/2010, “Schmidt, José Alberto c/ S.A.E.S. Línea 5 s/ Enfermedad Profesional”; S.C.B.A. Ac. C106323, 19/09/12 “V., N.B. c/ Durisotti Rodolfo. Daños y Perjuicios”; conf. esta Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, “Pérez.”).

En autos está suficientemente corroborada y robustecida la presunción de daño moral de los padres P. A. L. y M. G. C., por el dolor, aflicciones y angustias provocados por la muerte del hijo, y que afecta, de modo no patológico, la estructura representada por su pensamiento, emociones y sentimientos, en los términos del art 1738 y concs. CCCN que alude a las “aflicciones espirituales legítimas y a la salud psicofísica”. Ello, en definitiva, representa la modificación disvaliosa existencial que debe ser reconocida e indemnizada ya que, como lo describe la pericia psiquiátrica, la muerte de I. S. produjo un profundo impacto en cada uno de los actores, aunque con algunas diferencias en cuanto a las consecuencias, a lo que se suma la enfermedad crónica del hijo menor (conf. fs. 531/532 pericia de la psicóloga María Etchemendi). En suma:el rubro daño moral o extrapatrimonial indemnizable es el comprensivo de todos los detrimentos espirituales no incapacitantes de cada uno de los actores (el dolor, las aflicciones, los pensamientos y la emociones y sentimientos negativos o que provocan malestar serio; arts. 1078 CC y 1741 CCCN).

La pericia psicológica citada es clara y contundente (arts. 384 y 474 CPC). Dice que “en ambos (padres) se evidencian alteraciones en el estado de ánimo. En la Sra. L. se infiere que ha tenido una depresión, habiendo recibido asistencia farmacológica oportunamente. Actualmente los síntomas de depresión no están presentes pero se evidencias miedos en relación a sus hijos, sentimientos de inestabilidad, labilidad emocional y la dificultad para establecer proyectos. El Sr. C. ha tenido ideación suicida con conductas de riesgo al poco tiempo del fallecimiento de su hijo. Mostró fuertes sentimientos de culpabilidad. Predomina la negación como mecanismo defensivo ante lo sucedido, con dificultades para conectarse con sus sentimientos y hostilidad hacia los demás” (conf. pericia psicológica fs. 531 vta.). Luego, y tras descartar que en el caso se configure un diagnóstico de stress postraumático o neurosis traumática, la pericia concluye señalando que “la muerte del joven causó los síntomas depresivos en su mamá y la disociación e ideación suicida en su papá” (conf. pericia psicológica cit., fs. 532). Por todo lo expuesto la partida en análisis, conforme antecedentes del Tribunal y confrontada con las sumas otorgadas para casos similares o próximos, debe ser incrementada en $ 220.000 para cada uno de los padres. Acoto, para fortalecer las motivaciones del fallo, conforme lo exige los arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN que los antecedentes recientes remiten a $ 280.000 para cada padre (causa 60.631, “Mutubería”, del 27/9/2016) y $ 210.000 causa 59.747, “Dos Santos” del 8/9/2015; arts. 1078 y 1083 CC; 1741 y 1742 CCCN; 165 y 384 CPC).

Finalmente las costas de la Alzada y atendiendo al progreso de una de las dos pretensiones de la apelante L.y a la desestimación de las deducidas por C., por aplicación del principio de la derrota en juicio, deben serle impuestas a ésta última (art. 68 CPC) y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por los iguales argumentos votaron en sentido análogo.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:

Atento a lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 254, 260, 261, 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) declarar la deserción de los recursos de apelación interpuestos a fs. 764 por la citada en garantía -“Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”- a fs. 766 por la codemandada -Sr. E. I. C. A.- y la citada en garantía -“La Perseverancia Seguros S.A.”- y a fs. 768 por el codemandado -Sr. M. S. L.- conforme lo resuelto en la Primera Cuestión; 2) confirmar sentencia que rechazó la demanda de fs. 340/352 vta. de la causa nº 61.459 “C.” (nº 45.790 de la Instancia de origen) interpuesta por D. S. C., contra E. I. C. A. y su aseguradora “La Perseverancia del Sur S.A.”, con costas y difirió la regulación de honorarios; 3) confirmar en la restante causa L. (nº 61.417 de Alzada y nº 41.919 de Primera Instancia) la sentencia de fs. 739/751, el monto de condena por daño patrimonial en $ 150.000 para cada uno de los dos coactores y elevar el de daño moral a $ 220.000 para cada uno de los dos coactores, por el fallecimiento del Sr. I. S. C., y que condenó a pagar dichos montos a los codemandados (la heredera del fallecido Sr. G. J. B., es decir, su esposa D. S. C. y a E. I. C.A.), e hizo extensiva la condena a sus aseguradoras “Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.” y “La Perseverancia Seguros S.A.”, con costas y difirió la regulación de honorarios; 4) imponer las costas de la Alzada a la apelante perdidosa (D. S. C.; art. 68 CPC); y 5) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 51 y 31 del Dec./Ley 8904/77).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por los idénticos fundamentos votaron en el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

– S E N T E N C I A –

Azul, 07 de Marzo de 2017.-

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 254, 260, 261, 266, 267 y concs. del C.P.C.C., DECLÁRASE LA DESERCIÓN de los recursos de apelación interpuestos a fs. 764 por la citada en garantía -“Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”-, a fs. 766 por la codemandada -Sr. E. I. C. A.- y la citada en garantía -“La Perseverancia Seguros S.A.”- y a fs. 768 por el codemandado -Sr. M. S. L.- conforme lo resuelto en la Primera Cuestión. CONFÍRMASE la sentencia que rechazó la demanda de fs. 340/352 vta. de la causa nº 61.459 “C.” (nº 45.790 de la Instancia de origen) interpuesta por D. S. C., contra E. I. C. A. y su aseguradora “La Perseverancia del Sur S.A.”, con costas y difirió la regulación de honorarios.

CONFÍRMASE en la restante causa L. (nº 61.417 de Alzada y nº 41.919 de Primera Instancia) la sentencia de fs. 739/751, el monto de condena por daño patrimonial en $ 150.000 para cada uno de los dos coactores y ELÉVASE el de daño moral a $ 220.000 para cada uno de los dos coactores, por el fallecimiento del Sr. I. S. C., y que condenó a pagar dichos montos a los codemandados (la heredera del fallecido Sr. G. Ja. B., es decir, su esposa D. S. C. y a E. I. C. A.), e hizo extensiva la condena a sus aseguradoras “Royal &Sun Alliance Seguros Argentina S.A.” y “La Perseverancia Seguros S.A.”, con costas y difirió la regulación de honorarios.

IMPÓNGANSE las costas de la Alzada a la apelante perdidosa (D. S. C.; art. 68 CPC). DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 51 y 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.

VICTOR MARIO PERALTA REYES

PRESIDENTE

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL

SALA II

JORGE MARIO GALDÓS MARIA INES LONGOBARDI

JUEZJUEZ

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL

SALA II SALA II

ANTE MÍ

CLAUDIO MARCELO CAMINO

SECRETARIO

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL

SALA II