Áreas naturales protegidas. Deudas del federalismo ambiental argentino. Primera Parte

Autor: Raimundo, Marcelo C. –

Fecha: 5-may-2017

Cita: MJ-DOC-10713-AR | MJD10713

Sumario:

I. Introducción. II. Marco constitucional del federalismo ambiental. Análisis de los artículos 41 y 124, párrafo 2.°, de la Constitución Nacional. III. Legislación de presupuestos mínimos de protección ambiental. IV. Establecimientos de utilidad nacional. Los Parques Nacionales como establecimientos de utilidad pública.Doctrina:

Por Marcelo C. Raimundo (*)

I. INTRODUCCIÓN

Lo constitucional, lo administrativo y lo ambiental, se encuentran a la hora de abordar el régimen jurídico de las áreas naturales protegidas en la Argentina.

Si atrasamos los relojes un poco más de medio siglo, arribamos a la segunda mitad del siglo XX, en donde anidaba la idea de una tercera generación de derechos, cuyo valor se simbolizaba en la «solidaridad». Consecuentemente, estos derechos de tercera generación no se correspondían al fundamento del hombre considerado en sí mismo (primera generación) ni a los del hombre dentro de un grupo determinado, como los trabajadores u otro colectivo (segunda generación), sino al individuo como integrante de un ámbito más amplio: la sociedad. De allí surgen los derechos a la paz, a la tutela del consumo y al ambiente sano.

Precisamente es en los albores de la década de los setenta, en la que si bien el mundo desconocía aún la problemática a la que se enfrentaba, como la vertiginosa desaparición de diversas especies, transitaba por el borde de diagnosticar una sensible realidad.

Así, se ha dicho que de la conciencia social por la necesidad de disciplinar las conductas con trascendencia en el medio ambiente, se fue forjando una nueva disciplina en el universo jurídico: el «derecho ambiental», concebido desde una cosmovisión holística y de corte transversal.

La «Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente» celebrada en Estocolmo, en el año 1972, dio el puntapié inicial representando la primera conferencia internacional a partir de la cual emerge la toma de conciencia a nivel mundial sobre la problemática ambiental, amén del reconocimiento como derecho humano el derecho a un ambiente adecuado para vivir con dignidad.Quince años más tarde, irrumpe en el marco de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el denominado «Informe Brundtland» en el año 1987 que, bajo la insignia «Nuestro futuro común», introdujo el concepto de desarrollo sustentable o sostenible; para que cinco años después en 1992 tuviera lugar la mayor reunión internacional de líderes mundiales en Río de Janeiro en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, marcando el cronograma de la agenda internacional en la materia. Paralelamente a ella, se suscribieron dos convenciones de gran trascendencia, como fueron la Convención marco sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica; este último, ratificado por más de 190 países, asignando a los espacios protegidos un papel gravitante en la conservación de la biodiversidad.

Desde nuestro campo de actuación, las áreas naturales protegidas, consideradas catedrales de la diversidad biológica, exhibidoras de belleza escénica y paisajes inéditos, proveedoras de beneficios y servicios ambientales esenciales para la vida humana, animal y vegetal, se traducen en emblemas de conservación de la naturaleza. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza las define como «una superficie de tierra y / o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces».

Así, el presente trabajo constará de dos entregas a fin de intentar cumplimentar los objetivos trazados en el mismo, sin pretender abarcar exhaustivamente tan vasto campo. En esta primera entrega, nos abocaremos a presentar el escenario constitucional sobre el cual se insertan los espacios naturales protegidos, comenzando por introducirnos en el federalismo ambiental conforme es enmarcado en nuestra Constitución Nacional.Haremos un paso que atenderá a la temática de los parques nacionales como establecimientos de utilidad nacional, para culminar con la actual legislación de presupuestos mínimos de protección ambiental relacionada con la temática.

Y en la segunda entrega, finalmente, arribaremos al abordaje del régimen legal de las áreas naturales protegidas argentinas, atravesando los planos internacional y comparado relativos a la regulación de estos enclaves, a fin de cotejar y comprobar tanto su incongruencia constitucional como la disfuncionalidad del sistema nacional vigente con los lineamientos, objetivos y recomendaciones que emergen desde las legislaciones comparadas y las conferencias internacionales.

De este modo, sumergiéndonos en la tarea de contribuir al fortalecimiento del federalismo ambiental en materia de espacios naturales protegidos es que intentamos este estudio, cuyo objeto es diagnosticar la realidad de los ecosistemas naturales protegidos, y de pasar a la acción mediante los principios e instrumentos de política y gestión ambiental que se han ido diseñando en estos años, por cierto comprometiendo en todos sus aspectos el derecho a un ambiente sano y sustentable para nosotros y para las generaciones futuras.

Nos proponemos ingresar al complejo y apasionante mundo del sistema legal de áreas protegidas.

II. MARCO CONSTITUCIONAL DEL FEDERALISMO AMBIENTAL. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 41 Y 124, PÁRRAFO 2.°, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Las palabras que anteceden nos permiten introducirnos en el abordaje jurídico-constitucional del derecho ambiental operado en la Argentina, aunque no sin antes brindar algunas consideraciones contextualizantes acerca de nuestro federalismo, cuya gestación formal emerge a partir de nuestra Constitución originaria de 1853/60.

Comenzando por su noción, todos los sistemas federales suponen la existencia de dos órdenes de poder territorial: el Estado central y los Estados federados. En este sentido, el notable publicista Karl Lowenstein sostuvo lo siguiente: «… el Estado Federal presenta un sistema de pluralismo territorial. Las diferentes actividades estatales están distribuidas entre el Estado central y el Estado miembro». Y agrega lo siguiente:«… la existencia de fronteras federales limita el poder del Estado central sobre el Estado miembro y viceversa» (1).

Así, concurren a la formación de una federación, un Estado soberano único (el Estado central) dentro del cual coexisten diversos Estados autónomos (los Estados federados) que se gobiernan a sí mismos. De allí que el federalismo transita en el reparto de competencias: por un lado, un organismo central (el Estado nacional) que ejerce sus atribuciones en todo el territorio y para toda la población de la nación; y por otro lado, gobiernos autónomos o locales (las provincias) que ejercen sus potestades para una porción del territorio y de su población.

Por razones de brevedad, nuestro foco de análisis se centrará en la Reforma Constitucional del año 1994, revitalizadora del federalismo argentino, toda vez que ella acaeció luego de una etapa de crisis institucional por la que atravesó nuestro país como consecuencia de los gobiernos de facto sucedidos durante poco más de medio siglo, ocupando el poder interrumpidamente desde los años 1930 hasta 1983.

Al retornar la democracia en 1983, diversos instrumentos jurídicos, a saber: las reformas constitucionales provinciales a partir de 1984 -en las que se destacaba fundamentalmente la reivindicación del dominio de los recursos naturales-; el Acuerdo de Reafirmación Federal del año 1990 y el Consejo para la Consolidación de la Democracia del año 1993, coadyuvaron decisivamente a redefinir las relaciones entre la nación y las provincias en el texto constitucional vigente. En este sentido, las nuevas cláusulas constitucionales introducidas por la Reforma de 1994 tuvieron su antecedente inmediato en los instrumentos precitados, cuyo denominador común era vigorizar el federalismo basándose en una mayor descentralización, reflejada fundamentalmente en las disposiciones contenidas en los artículos 41 , 75, inc.30 , 123 y 124 de la Constitución Nacional, en materias como medio ambiente, establecimientos de utilidad nacional, autonomía municipal y recursos naturales, respectivamente.

Realizadas estas breves reflexiones, ingresamos de lleno en la temática ambiental constitucional, objeto del presente estudio.

A partir de la incorporación por la aludida enmienda de los arts. 41 y 124, párr. 2.° , a nuestra Ley Fundamental, el derecho a la atención y protección del ambiente adquiere jerarquía constitucional expresa; aún cuando implícitamente la Constitución originaria de 1853/60 a través de la articulación de su Preámbulo con la cláusula del art. 33 de la CN, -«las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno»-, permitía su consideración. Así lo ha había reconocido la jurisprudencia anterior a la reforma en el caso «Kattan» (1983), en un fallo trascendental para el derecho ambiental argentino (2).

En efecto, transcribimos la cláusula ambiental del art. 41 de la CN, ubicado en la primera parte del capítulo II «Nuevos Derechos y Garantías», en donde se expresa lo siguiente: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales».

»Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al t erritorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos».

Como se puede observar, la norma contempla un amplio abanico de temáticas vinculadas al ambiente, y si bien en este epígrafe, atendiendo estrictamente al objeto del presente trabajo, el enfoque se centrará en examinar los párrs. 2.° y 3.° de la cláusula constitucional reproducida, solo expresaremos respecto del primer apartado, que allí se recepta el derecho al ambiente de que gozan todos los habitantes de la nación, con las características de deber ser: sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y apto para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, contemplándose en este último aspecto el «desarrollo sustentable o sostenible». Asimismo, se incorpora el correlativo deber de preservarlo…; y en caso de ocasionarle un daño, se establece la obligación de recomponerlo de conformidad lo establezca la ley especial.

Ahora bien, el párr. 2.° del art. 41 de la CN establece el mandato que les compete a las autoridades gubernamentales en lo relativo a la protección del ambiente, y es Héctor Bibiloni quien explica con gran claridad el alcance del término «autoridades» a que se refiere la cláusula, manifestando lo siguiente:«Todas las Autoridades, ejecutivas, legislativas o judiciales, administrativas, de entes autárquicos o autónomos, sean ellas nacionales, provinciales o municipales, públicas o privadas, quedan incluidas en la redacción del artículo porque “donde la ley no distingue, no debemos distinguir”, lo que equivale a sostener que todas y cada una de las autoridades, sin distinción de grados ni de jurisdicciones, están obligadas a hacer lo que les corresponde a cada una según su función, cargo y competencia para proteger ese derecho cuyo goce nos ha sido expresamente garantizado a todos los habitantes de la Nación (3).

Este deber de las autoridades de proveer a la protección ambiental, una de las direcciones a la que se dirige, es la «preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica», eje de la propuesta que nos convoca, atendiendo a que nuestra preocupación va direccionada a la protección de las áreas protegidas.

El «patrimonio natural y cultural» es abarcativo de la noción de patrimonio ambiental que es esencial para la conservación del medio ambiente y comprende el patrimonio biológico, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico o urbano, el patrimonio rural, y el patrimonio que conforman los ecosistemas regionales que exhiben las bellezas naturales en los llamados «parques nacionales». Con esta terminología, se acude a la idea de una herencia legada por las generaciones que nos han precedido y que debemos transmitir intacta a las generaciones ulteriores (4).

Y por «diversidad biológica» se entiende un conjunto de innumerables grupos de genes, especies y ecosistemas que forman nuestro planeta. La ya aludida Convención sobre Diversidad Biológica de 1992 (CDB), refiriéndose a las áreas protegidas, estableció tres objetivos principales, a saber: 1. La conservación de la diversidad biológica; 2. La utilización sostenible de sus componentes; y 3. La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.La Argentina adhirió a esta Convención (CDB) por medio de la Ley 24.375, y también ya la han ratificado más de 190 países, lo cual demuestra la envergadura de este tema.

Sobre estos cimientos, se edifica el «marco constitucional del federalismo ambiental», conformado esencialmente por las cláusulas de los artículos 41, párr. 3.°, y 124, apdo. 2.°.

Recordemos que la cláusula del párr. 3.° del art. 41 de la CN dispone lo siguiente: «Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales».

La fuente del precepto constitucional anotado proviene del «derecho español». Así, los convencionales constituyentes de 1994 se basaron en el art. 149.1.23 de la Constitución de España de 1978 para la redacción de la cláusula competencial ambiental del art. 41 de nuestra Carta Magna.

Sin olvidar que España es un Estado unitario, en el precepto aludido del texto constitucional español se enumeran las competencias exclusivas del Estado central español, disponiéndose expresamente que este tiene competencia relativa a la «legislación básica sobre protección del medio ambiente (…) sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección» (art.149.1.23).

De este modo, se advierte la similitud entre los textos constitucionales argentino y español en materia de competencias sobre el ambiente, adoptando ambos un esquema de descentralización en lo ambiental.

La cláusula en comentario es una de las que mayor conflicto interpretativo suscitó en el seno de la Convención Nacional Constituyente de 1994 como así también en la doctrina nacional, toda vez que su incorporación por la Reforma significó una innovación en lo que atañe a la competencia ambiental, al agregar una nueva categoría constitucional configurada por los presupuestos mínimos de protección ambiental e introducir un nuevo esquema de distribución de competencias entre nación y provincias en materia legislativa ambiental.

Básicamente, la función que le compete a cada jurisdicción es la siguiente: El Estado nacional a través del Congreso de la Nación dicta los presupuestos mínimos de protección ambiental fijando estándares básicos con un alcance general; en tanto que los Estados provinciales y municipales a través de sus legislaturas dictan las normas sustanciales complementarias de protección ambiental aun maximizando los estándares mínimos establecidos por la Nación, dándoles un alcance específico acorde a la particular realidad provincial. En una palabra, la nación sanciona la política general de base para todo el país; y las provincias, y dentro de ellas los municipios, dictan la legislación sustancial para sus propios recursos locales.

En este sentido, José Esaín expone lo siguiente:«…estamos ante una combinación de dos competencias exclusivas que deben concurrir a la formación de un sistema unificado, que supone una regulación global de la materia, la que se articulará con normas de ambas procedencias, las que se deben presentar de manera sistémica, no contradictoria, coordinada y coherente, ya que todo el complejo normativo deberá estar destinado a los mismos sujetos y aplicado por los mismos órganos; administrativos y judiciales» (5).

En este orden de ideas, el texto de la norma se ensambla en el marco federal diseñado por la Constitución Nacional, sobre la base de que la materia ambiental en su ejercicio y regulación específica es responsabilidad exclusiva de los Estados locales; y si bien hace participar a la nación en la generación de la política ambiental, no por ello debemos entender que las provincias delegaron esta materia al Estado nacional.

De esta manera, el federalismo en materia ambiental fue acogido en nuestra Ley Fundamental a partir de la Reforma de 1994 contemplando las cláusulas de los arts. 41 y 124 de la CN, lo que hemos dado en llamar el «Marco constitucional del federalismo ambiental», por considerar que el federalismo en esta materia se trata de un dispositivo esencial que permite arribar a la descentralización territorial, y se nutre de principios hoy elementales en la era de la globalización, a saber: «Pensar global actuar local», «Concertación», «Subsidiariedad», etc., siendo el desarrollo de estas máximas citadas las que permitirán obtener una gestión ambiental sustentable.

A los efectos de culminar la explicación de la cláusula competencial ambiental, cabe concluir con Rosatti lo siguiente: «. la disposición del artículo 41 tercer párrafo permite asegurar un “mínimo común denominador” de protección para todos los habitantes de la Nación (santafesinos, cordobeses, porteños, etc.), garantizando la vigencia del principio de igualdad jurídica en el plano territorial, y 2.porque es el que permite conjugar la “interjurisdiccionalidad” propia de las cuestiones ambientales con un concepto moderno de Federalismo participativo, dado que las provincias -y la ciudad de Buenos Aires- “participan” tanto en la formulación de los “niveles mínimos de protección” nacional (a través de sus representantes en el Congreso), cuanto en la definición de los “niveles complementarios de protección” local (a través de sus representantes provinciales o ciudadanos, respectivamente)». A ello añadimos, sin alterar las competencias provinciales propias en lo referente a la administración y regulación sustancial de sus recursos ambientales (6).

Finalmente, generamos el siguiente interrogante: ¿cuáles son los límites de los presupuestos mínimos nacionales y de la maximización de la normativa provincial complementaria? En respuesta esclarecedora, Díaz Araujo expresa que «el límite entre lo mínimo y lo máximo en materia ambiental debe ser interpretado a la luz de la potestad provincial de ejercer el dominio sobre los recursos naturales» (7).

Esta última reflexión, nos abre la puerta para acceder a discernir los alcances que subyacen del art. 124, párr. 2.°, norma que junto con la cláusula del art. 41, párr. 3.°, conforman el «Marco Constitucional del Federalismo Ambiental».

La Reforma Constitucional de 1994 recoge las disposiciones establecidas por las enmiendas constitucionales provinciales que impulsaron la reivindicación del dominio de los recursos naturales de las provincias, y así lo resuelve al incorporar en la segunda parte del art. 124 de la CN, la regla dominial en materia de recursos naturales. Así, la norma establece lo siguiente: «Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».

Con acierto, Alberdi señalaba que la parte más rica de nuestro derecho público es el provincial.

La inclusión de esta cláusula en el plexo constitucional ambiental tiene para nosotros una doble significación.Primero, porque básicamente es una disposición de claro sesgo ambiental al disponer sobre el dominio de los recursos naturales y, en segundo lugar, por definir que son las provincias quienes detenten el dominio sobre dichos recursos. Cuestión esta última, esencial en lo que concierne al federalismo.

La norma constitucional atribuye al dominio provincial los recursos naturales que se encuentran en territorios provinciales, y el ámbito territorial de una provincia comprende: el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el litoral marítimo. De esta manera, todos los recursos existentes en el ámbito territorial provincial son de su dominio, por lo que debe reputarse inconstitucional «ab initio» la legislación nacional en contraposición con la regla fijada por el art. 124 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, aunque la norma es categórica en cuanto a colocar en cabeza de las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios, nada dice respecto de la jurisdicción. Sabido es que el dominio no supone la jurisdicción ni viceversa. Ante este vacío, es dable inferir que si la Constitución reconoció la titularidad del dominio originario de los recursos naturales a las provincias, en principio la jurisdicción también les pertenece a ellas; y por añadidura, también por vía de principio, la integridad territorial de las provincias rescata a favor de estas el dominio y la jurisdicción de sus recursos naturales (8).

En conclusión, exponemos que, en orden al vínculo estrecho existente entre las cláusulas constitucionales que regulan el federalismo ambiental, «en virtud de la relación existente entre dominio y jurisdicción, la potestad de la nación de dictar normas de presupuestos mínimos debe ser ejercida por el Congreso Nacional, atendiendo a las limitaciones que las potestades provinciales sobre sus bienes dominiales le imponen, cuidando de no desvirtuar los poderes provinciales sobre los mismos» (9).

Por último, consideramos que el presente acápite, en el que abordamos las bases del federalismo ambiental, será un punto de referencia ineludible en el transcurso del presente trabajo.

III.LEGISLACIÓN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

En orden a cumplimentar lo previsto por la cláusula competencial ambiental del art. 41 de la CN, a partir del año 2002, se emprende por el Congreso de la Nación la sanción de la legislación de presupuestos mínimos de protección ambiental, dando inicio a la materialización del federalismo en materia ambiental preconizado por la norma constitucional referida. Así, las leyes de presupuestos mínimos ambientales sancionadas hasta la fecha se extienden al número de once, cuyo orden cronológico es el siguiente: 1. Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios (2002); 2. Ley 25.670 de Gestión y Eliminación de los PCB (2002); 3. Ley 25.675 General del Ambiente (2002); 4. Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (2003); 5. Ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (2003); 6. Ley 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios (2004); 7. Ley 26.331 de presupuestos mínimos ambientales de protección de Bosques Nativos (2007); 8. Ley 26.562 de Protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional (2009); 9. Ley 26.639 de Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial (2010); 10. Ley 26.815 de presupuestos mínimos de protección ambiental sobre Manejo del Fuego (2012); 11. Ley 27.279 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios (2016).

1.Ley 25.675 General del Ambiente

Luego de casi una década de la última reforma a la Carta Magna, se sanciona la Ley 25.675, denominada «Ley General del Ambiente» (LGA) el 6 de noviembre del 2002, la «ley marco» de presupuestos mínimos del ambiente en la República Argentina, cuya sanción por el Congreso de la Nación fue realizada de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional. Dicha ley, incorporó a su articulado sugerencias y recomendaciones en materia ambiental expresadas en reuniones internacionales, y consta del siguiente «glosario de materias»: Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica. Principios de la política ambiental. Competencia Judicial. Instrumentos de política y gestión. Participación ciudadana. Seguro ambiental. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Daño ambiental. Fondo de compensación ambiental.

Dentro del amplio abanico o espectro de temáticas contempladas en la Ley N.° 25.675 (LGA), nos encargaremos de abordar los aspectos de la normativa que consideramos de singular importancia para este estudio, a saber: la diversidad biológica (como objetivo de la normativa y política de Estado); el ordenamiento ambiental territorial (como instrumento de gestión ambiental); y el Sistema Federal Ambiental y Ratificación de Acuerdos Federales.

En efecto, el art. 1 de la Ley 25.675 -bajo el título «Bien jurídicamente protegido»- establece los «objetivos» en los que se funda la ley al disponer su texto lo siguiente: «La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable».

En consonancia, entre los objetivos que deberá cumplimentar la «política ambiental nacional argentina», además de aspectos vinculados al desarrollo sustentable, se encuentra: «asegurar la conservación de la diversidad biológica» (art. 2, inc.E , de la LGA).

De esta forma, se colige que el núcleo central de la Ley General del Ambiente y, en consecuencia, de la política ambiental nacional, es propender al logro de una «gestión sustentable y adecuada del ambiente»; y en la sustentabilidad, se debe atender necesariamente a asegurar «la preservación y protección de la diversidad biológica», fórmula a su vez establecida en la Constitución Nacional, a través del párr. 2.° del art. 41 como mandato de las autoridades gubernamentales y del inc. 22 del art. 75, a partir de la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 mediante la Ley 24.375 ; y actualmente en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación al receptar a la biodiversidad como microbién ambiental (art. 240 del CCivCom).

A la diversidad biológica, genéricamente se la conceptualiza como el «conjunto de innumerables grupos de genes, especies y ecosistemas que forman nuestro planeta», y tal noción la podemos ampliar al intentar definir «biodiversidad». En efecto, la biodiversidad es «la variedad de formas de vida en la tierra y sus interacciones, considerada a todos los niveles, desde genes variantes genéticos, pertenecientes a la misma especie, a conjunto de especies, hasta las comunidades de organismos que habitan en determinado hábitat, como las condiciones físicas bajo las que viven» (10).

Dicho concepto se traslada al campo de las áreas protegidas, las cuales al albergar un altísimo porcentaje de la diversidad biológica del planeta, constituyen la piedra angular de la conservación «in situ» de la naturaleza.

A su vez, la ley marco del ambiente fija los «instrumentos fundamentales de la política y gestión ambiental» a fin de cumplir los objetivos ambientales propuestos por la propia normativa, enumerando en su «art. 8» los que se detallan a continuación: «1. El ordenamiento ambiental del territorio; 2. La evaluación de impacto ambiental; 3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas; 4. La educación ambiental; 5.El sistema de diagnóstico e información ambiental; 6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable».

Estas herramientas de gestión ambiental que prescribe la norma constituyen un gran aporte para la planificación integral del ambiente, optando por desarrollar el «ordenamiento ambiental del territorio» a razón de considerarlo como el instrumento de gestión esencial para el desarrollo sustentable de todo el territorio del país.

En efecto, el ordenamiento ambiental del territorio abarca no solo la planificación del área urbana, sino también todo lo relacionado con la preservación, protección y sustentabilidad de los recursos naturales localizados en ecosistemas naturales, y particularmente de las áreas protegidas.

Los arts. 9 y 10 de la LGA establecen los postulados, directivas y requisitos que debe contener todo plan de ordenamiento ambiental del territorio. La primera de las normas citadas preceptúa lo siguiente: «. el ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de estas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de estos con la administración pública”, (art. 9 de la LGA).

La Ley General del Ambiente y su claro mandato respecto de la importancia del ordenamiento ambiental, como un presupuesto mínimo en los términos del art. 41 de la Constitución, pone el acento en uno de los llamados instrumentos vertebrales, el ordenamiento ambiental territorial. Brinda una oportunidad inmejorable para, al menos, intentar diseñar en forma consensuada una política global en la materi a como herramienta para el desarrollo sustentable (11).

Por su parte, el art. 10 dispone lo siguiente:«El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria: a. La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b. La distribución de la población y sus características particulares; c. La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; d. Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e. “La conservación y protección de ecosistemas significativos”».

En primer lugar, los aspectos son amplios y tienen un énfasis preventivo de preservación del ambiente, el que deberá compatibilizarse con el desarrollo sustentable de las actividades productivas, con participación de los actores sociales (12); y en segundo término, en un proceso de ordenamiento ambiental, se deberá considerar prioritariamente -en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos-, por ejemplo y énfasis agregado: «. la conservación y protección de ecosistemas significativos» (art. 10, inc. e, de la LGA); de manera de que un adecuado diseño de ordenación del territorio permita la administración y gestión sostenible de los sitios donde se encuentran espacios naturales protegidos.

Por último, se aprecia que, a partir de las materias reguladas por las leyes dictadas hasta el momento, quedan aún pendientes un caudal considerable de temáticas ambientales por legislar.En este sentido, el autor Koolen estructura un listado tentativo de materias susceptibles de ser reguladas por el Congreso de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41 de la CN (13). Citamos algunas de las que menciona: contaminación de la atmósfera, de las aguas, de los suelos; de protección de recursos naturales renovables y no renovables; áreas naturales protegidas; emergencias y desastres ambientales; preservación de los recursos paisajísticos; preservación del patrimonio cultural; ordenación de los asentamientos humanos.

A nuestro criterio, de este catálogo de materias ambientales que enumera el autor, una de las que demanda más urgencia en cuanto al dictado de la legislación de presupuestos mínimos por el Congreso nacional es la vinculada a «áreas protegidas naturales». Finalmente, a raíz de todo lo expresado, consideramos que para la realización efectiva del aseguramiento de la conservación de la diversidad biológica como uno de los objetivos de la política ambiental nacional e internacional, las áreas naturales protegidas constituyen un componente esencial en las estrategias de la conservación y uso sustentable de biodiversidad del planeta. En esta sintonía, la premisa «pensar global, actuar local» debe ser aplicada en su forma más acabada en la tarea primordial del hombre de conservar la naturaleza.

2.Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de «Bosques nativos»

En esta oportunidad, nos vamos a referir a la normativa protectoria de los bosques nativos subrayando, primeramente, la importancia que tienen los bosques para la vida en el planeta, considerados catedrales de la diversidad biológica, albergan al menos la mitad de las plantas y más de la mitad de los insectos del planeta (14).

De allí, la conexión e interrelación entre los espacios naturales protegidos y los bosques nativos, en virtud de lo cual se reconoce ampliamente que las áreas protegidas representan un pilar estratégico en los esfuerzos para conservar la diversidad biológica de los bosques.

La Ley 26.331 de PMPA de bosques nativos, sancionada en el 2007, nacida como respuesta a la emergencia forestal que atravesaba por ese entonces y aún atraviesa nuestro país, contó con una gran adhesión social para su sanción, se erige en la herramienta necesaria para el logro de un manejo responsable y sostenible de nuestros bosques nativos.

Insertándonos en el contenido de las disposiciones de la presente ley, en su art. 1, instituye «los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad»; y estableciendo asimismo «un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos» (art.1 de la Ley 26.331).

En atención a la implicancia y gravitación de los bosques nativos en el campo de las áreas protegidas, en el Capítulo II de la normativa en comentario, se contempla una de las cuestiones emblemáticas de la misma, el «Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos», que viene a constituirse en el instrumento de gestión ambiental clave y estratégico para poner un freno a los desmontes, que de continuar estos al ritmo vertiginoso con el que se venían practicando, provocarían en el corto plazo la pérdida irremediable de nuestro patrimonio forestal nativo (15).

En efecto, el art. 6 dispone lo siguiente: «En un plazo máximo de un año a partir de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio». Ello basado en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la presente ley, zonificándose territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo con las diferentes categorías de conservación previstas (arts. 4, 6 y 9 de la Ley 26.331).

De este modo, la ley prevé el plazo de un año en la que se prohíbe avanzar con nuevas autorizaciones de desmonte, término que comienza a correr una vez sancionada la ley, para que las autoridades provinciales realicen el correspondiente ordenamiento territorial de los bosques nativos que se hallen en sus respectivos territorios. Para llevar a cabo la realización de dicho ordenamiento, por un lado, la ley dispone en su Anexo unos diez criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos tendientes a evitar la desintegración de los bosques, toda vez que los criterios de zonificación no son independientes entre sí; y por el otro, debe efectuarse en forma participativa.En el precitado anexo de la ley, en lo atinente a los espacios naturales protegidos, resulta clave el tercer criterio de zonificación intitulado «Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional», expresando lo siguiente: «La ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial como así también a Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la integración regional consideradas en relación con el ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí». Asimismo, se indican tres categorías de conservación en la norma -rojo, amarillo y verde- (art. 9).

En nuestro país, las normas tendientes a promover la conservación de la naturaleza han operado casi siempre en forma fragmentada, sin una visión global respecto de la conservación en relación con el ordenamiento del territorio circundante. Aun cuando ha habido esfuerzos loables de establecer redes de áreas protegidas integradas a un sistema de conservación de la naturaleza, las dificultades prácticas y económicas a las que se ha enfrentado han sido un obstáculo significativo para el éxito de esta iniciativa (16).

Por otro lado, en referencia a la evaluación de impacto ambiental (EIA), el art. 22 dispone lo siguiente: «Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. Para el manejo sostenible lo será cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: … c.Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad».

Finalmente, haremos una brevísima reflexión referida al trascendental fallo «Salas, Dino y otros c. Provincia de Salta y Estado Nacional» (17) emanado de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se trata los desmontes ocurridos en la provincia de Salta. Consideramos que, en un caso donde están en juego garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la propiedad, el derecho al ambiente sano y los derechos de los pueblos originarios, resulta de vital importancia que a partir del otorgamiento de una medida cautelar, basada en el principio precautorio, por parte de la Corte Nacional, se disponga ordenar de manera provi sional el cese de la tala y desmonte de los bosques nativos ubicados en distintas localidades de un Estado provincial, pudiéndose asegurar así la eficacia de la nueva ley de bosques nativos, normativa que, con posterioridad a su sanción, fue centro de manipulación de parte de las provincias -particularmente de la provincia de Salta- a los efectos de impedir su aplicabilidad.

3. Ley de presupuestos mínimos de protección para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial

La Ley de Preservación de Glaciares y su decreto reglamentario fueron objeto de debate desde su dictado y, como suele ocurrir con toda ley de presupuestos mínimos, se tensionan los niveles territoriales de distribución de competencias ambientales, no resultando esta normativa la excepción.

Puntualmente, aclarando que la propia ley establece en su art. 17 que debería ser reglamentada, nos abocaremos a los tres tópicos abordados por el Decr. 207/11 (18) reglamentario de la ley, a saber: Inventario de glaciares y evaluación ambiental estratégica -como instrumentos de gestión ambiental- y lo vinculado a la autoridad de aplicación.

El art.3 de la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. El decreto, en este sentido establece la »Información Registrada y la Realización del Inventario», en los arts. 4 y 5 del decreto reglamentario.

A través de la instrumentación de convenios con el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Conicet y el IANIGLA, ha dejado en manos de la ciencia, la determinación de aquellas zonas que merecen protección especial por tratarse de «reservas estratégicas». El «inventario nacional de glaciares es sin lugar a dudas un instrumento de gestión ambiental fundamental para conocer y administrar la información suficiente acerca del recurso cuya protección se persigue (19).

Con relación a las autoridades competentes, serán tales aquellas que cada jurisdicción determine. «En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley 22.351 , será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales» (art. 8).

Por el dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias, serán autoridad de aplicación las que determinen cada jurisdicción local y la autoridad de aplicación en materia de áreas protegidas conforme el Decr.-Ley 22.351 de Parques Nacionales.

La autoridad de aplicación nacional de la ley es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).

Por último, el decreto reglamentario define a la evaluación ambiental estratégica como «aquel proceso sistemático de estudio de impactos ambientales de las políticas, planes o programas y de sus alternativas, incluyendo la preparación de un informe escrito y las conclusiones de la evaluación y su uso en los procesos de decisiones públicas».

La evaluación ambiental estratégica, que se trata de un instrumento de gestión ambiental diferenciado y superador de la conocida evaluación de impacto ambiental tradicional.Este novedoso instrumento tiene como característica ser funcional para la toma de decisiones de alto nivel e impacto social ambiental y / o económico y para la definición de las políticas, planes y programas que se adoptaran en una determinada materia; y se encuentra íntimamente asociado con el ordenamiento ambiental del territorio y en el campo de la planificación de acciones y la previsibilidad, coherencia y sustentabilidad de las políticas, planes y programas (20).

En síntesis, consideramos un acierto la reglamentación de la normativa de glaciares, la cual se centra en «instrumentos básicos de gestión ambiental», como el «inventario de glaciares» y la «Evaluación Ambiental Estratégica» y, al mismo tiempo, respeta el lugar de las autoridades locales para cumplir con su función de complementar, rellenar y maximizar las bases mínimas establecidas por la Nación.

IV. ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL. LOS PARQUES NACIONALES COMO ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD PÚBLICA

La Reforma Constitucional de 1994, con la incorporación de la cláusula del art. 75, inc. 30, de la CN, viene a consumar el federalismo ambiental de los arts.41 y 124, último párrafo, en el ámbito de los establecimientos de utilidad nacional y el ejercicio en ellos del poder de policía de provincias y municipios.

Sin embargo, con anterioridad a la enmienda preciada, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha sido pacífica sobre esta temática.

Dentro del concepto de establecimientos de utilidad nacional, se incluye a «los cuarteles, los puertos, las penitenciarías nacionales, los aeropuertos internacionales, las escuelas y universidades nacionales, las agencias federales de impuestos, las represas hidroeléctricas, los «parques nacionales», los yacimientos de hidrocarburos, las dependencias de los bancos nacionales, de la Policía Federal y de otras fuerzas de seguridad» (21).

Así, los parques nacionales constituyen establecimientos de utilidad pública, cuya finalidad esencial es la conservación de la diversidad biológica que albergan.

Como anticipamos, nuestro Máximo Tribunal ha tenido posturas disímiles en torno al ejercicio de la jurisdicción sobre los enclaves de utilidad nacional, por lo que la doctrina autoral optó por subdividir a la jurisprudencia de la Corte en etapas. Ellas son: a. 1884 a 1957 (tesis exclusivista). b. 1957 a 1968 (tesis finalista). c. 1968 a 1975 (tesis exclusivista). d. 1975 en adelante. (tesis finalista) (22).

Por motivos de extensión, no podremos efectuar una reseña de los fallos más emblemáticos en la materia, pero sí manifestar que se observa la existencia de algunas decisiones que no guardan estricta coherencia con la doctrina predominante, y de concesiones que atenúan la rigidez de los principios que la caracterizan. La alternancia cíclica entre la tesis exclusivista y la tesis finalista de la jurisprudencia de nuestro cimero tribunal, se resume en que «osciló entre el reconocimiento de atribuciones de legislación y jurisdicción a la Nación de forma exclusiva, y excluyente de las provincias y municipios (tesis exclusivista), y la limitación de los poderes federales según la finalidad del establecimiento, que admite el ejercicio de potestades locales en tanto no interfieran con ellos (tesis finalista)» (23).

El nuevo texto del «art.75, inciso 30, de la CN» tiene entre sus antecedentes el «Acta de Reafirmación federal de 1990». Por dicha acta se establecía con respecto a los establecimientos de utilidad nacional y al poder de policía, lo siguiente: «Revertir la acumulación de funciones y atribuciones asumidas por el gobierno nacional, en materias tales como poderes de policía de trabajo, sanidad animal, Establecimientos de utilidad nacional en las provincias, dominio de los recursos naturales».

La Ley 24.309 , de reforma parcial de la Constitución Nacional, entre los temas habilitados para el tratamiento de la convención Constituyente de 1994 se encontraba la «Jurisdicción provincial en los Establecimientos de Utilidad Nacional». Finalmente, el texto que terminó consagrándose en la ley fundamental propone competencias no excluyentes. En efecto, el nuevo art. 75, inc. 30, de la CN dispuso lo siguiente: «Corresponde al Congreso: “Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines».

La última parte de la cláusula constitucional recepta la tesis finalista «aggiornada» con la armonización de las restantes nuevas normas sancionadas, en especial la de los artículos 41, 123 y 124, último párrafo, de la CN. Así establece en forma expresa que la jurisdicción federal sobre los establecimientos de utilidad nacional no impide a las provincias ni a los municipios el ejercicio de los «poderes de policía» e imposición en tanto no interfieran en el cumplimiento de los fines específicos de los enclaves nacionales.En suma, en lo que se refiere a la regla de la no interferencia, los «fines incompatibles» al establecimiento son aquellos que menoscaban el interés nacional que por cierto deben reconocer fundamento constitucional y no alterar las competencias locales.

Ya con anterioridad a la introducción de la norma constitucional, el Profesor y municipalista Dr. Pedro Frías en la causa: «Yacimientos Petrolíficos Fiscales c/ Provincia de Mendoza y otros s/ nulidad de concesión minera», del 3 de mayo de 1979, expresó célebremente: «. las pautas de integridad territorial que inspiraron los arts. 3 y 13 de la Constitución de 1853/60, a falta de distinta atribución, implican el dominio institucional de las provincias de los recursos naturales de su suelo, circunstancia que no se ve modificada por el dictado del Código de Minería por parte del Congreso Nacional (antiguo art. 67, inc. 11), pues «ello no autoriza a la Nación a transferir a la Administración federal las cosas sobre las que ha de versar la legislación». En cuanto a la unidad de política sobre los hidrocarburos, indica el magistrado que la misma queda asegurada por «instrumentos de concertación eficaces» (v. gr.: acuerdos entre la nación y las provincias). Y añade lo siguiente: «. no puede invocarse el bien común para crear derechos a favor del gobierno federal, como si solo el dominio de este permitiera alcanzar esa unidad. Los fines nacionales también se cumplen desde las provincias porque sus competencias, en especial si vividas cooperativamente, tien en ejecución local, pero destinación nacional» (24).

En otras palabras, aun dentro de los establecimientos de utilidad nacional, la regla es la competencia local, provincial o municipal, según la materia.Las facultades de la provincia y el municipio pueden ser desplazadas por la ley del congreso, pero, como proponía Frías aun antes de la reforma constitucional, en algunos casos no será imprescindible el desplazamiento total de la autoridad local, y el ejercicio de la jurisdicción podrá ser objeto de coordinación y concertación entre la autoridad federal y las locales y respetando las debidas garantías constitucionales.

Con todo, en lo que respecta a parques nacionales, cabe trasladarnos nuevamente al año 1990 para recordar que en esa época se había fijado como materia de agenda por la mayoría de las provincias, la modificación del Decr. Ley 22.351 de Parques Nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, a efectos de descentralizar la gestión sobre estos espacios naturales protegidos.

En efecto, se expresó así: «… ligado a la reestructuración del Estado, la descentralización es en todas partes un tema dominante. (…) 17 provincias, la Comisión Nacional de Política Ambiental y la Administración de Parques Nacionales acordaron elaborar un proyecto de reformas del Decr. Ley 22.351, con el propósito de federalizar la gestión del organismo con participación de las provincias, elaboración de planes regionales y mayores ingresos» (25).

Así, en materia de establecimientos de utilidad nacional, la reforma constitucional de 1994 fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban sobre aquellos establecimientos para el ejercicio del poder de policía sobre los enclaves nacionales (26).

Por último, concluimos esta primera parte reflexionando con el Dr. López Alfonsín, quien al referirse a la gestión de la Administración de Parques Nacionales en las áreas naturales protegidas, manifiesta en sentido crítico lo siguiente:«La actual exclusividad que tiene el organismo en el ejercicio de poderes de policía referidos a cuestiones que poco tienen que ver con sus finalidades de conversión de la naturaleza (como, por ejemplo, la higiene y salubridad de hoteles, restaurantes, etc., ubicados en su jurisdicción) constituye un centralismo innecesario que, a veces, conspira contra la misma efectividad del control. A esta razón práctica se agrega otra, no menos importante, que hace a la necesidad de inaugurar una etapa institucional de mayor complementariedad y colaboración recíproca entre el organismo y las provincias. Idéntico espíritu, que reconoce su basamento constitucional en el nuevo art. 75, inc. 30 de la CN (ex art. 67, inc. 28) nos impulsa a proponer expresamente la facultad de gestión en forma conjunta con los gobiernos provinciales que adhieran a la ley para establecer y recaudar impuestos inmobiliarios y a las actividades lucrativas en los territorios bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, disponiendo un sistema coparticipado de lo producido por dicha recaudación (27).

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(1) LOWENSTEIN, Karl: Teoría de la Constitución. Barcelona, Ariel, 1982, p. 357.

(2) Recomendamos la lectura del trabajo de Guillermo Cano referida al comentario del «Fallo Kattan».

CANO, Guillermo: «Un hito en la historia del derecho ambiental argentino», en La Ley 1983-D, 568, comentando el fallo «Kattan, E. A. y otro c/ Gobierno nacional. Poder Ejecutivo». JNFed. Contenciosoadministrativo, N.° 2).

(3) BIBILONI, Héctor J.: El proceso ambiental. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, p. 230.

(4) BUSTAMANTE ALSINA, J.: Derecho Ambiental. Fundamentación Normativa. Buenos Aires, LexisNexis, 1995.

(5) ESAÍN, José A.: El federalismo ambiental. Reparto de competencias legislativas en materia ambiental en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente 25.675 . Buenos Aires, Lexis Nexis online, 2004.

(6) ROSATTI, Horacio: Derecho Ambiental Constitucional. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2004.

(7) DÍAZ ARAUJO, Mercedes: «El artículo 41 de la Constitución Nacional: la jurisdicción local y federal en materia ambiental», en LL, 31/12/2001, p. 2. SABSAY, Daniel:«El nuevo artículo 41 de la Constitución Nacional y la distribución de competencias Nación-Provincias», en DJ, 1997-2-783.

(8) BIDART CAMPOS, Germán J.: Manual de la Constitución Reformada. Buenos Aires, Ediar, 2004, p. 458.

(9) DÍAZ ARAUJO, Mercedes: El art. 41 de la Constitución Nacional: la jurisdicción local y federal en materia ambiental. Buenos Aires, La Ley, 2002.

(10) WILSON, 1994. Cita extraída de la Revista Parques Nacionales, año 3, N.º 3, junio de 2006, p. 14.

(11) WALSH, Juan R.: El ordenamiento territorial como presupuesto mínimo de protección ambiental. La Ley, 11/7/2005, 1 – La Ley 2005-D, 1085. Cita Online: AR/DOC/1984/2005.

(12) RODRÍGUEZ, Carlos Aníbal. Ley General del Ambiente de la República Argentina, LexisNexis, 2007, p. 92.

(13) KOOLEN, Ricardo: La Constitución reformada en 1994 y las expectativas sobre el futuro desarrollo ambiental argentino. Material distribuido en el Curso de Derecho y Política Ambiental correspondiente a la maestría en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe, mayo-junio de 2001.

(14) Informe de la Comisión Mundial de Aéreas Protegidas de la UICN, 2005.

(15) VERA, Rodrigo: «Ley de Bosques Nativos: ¿supera el test de constitucionalidad que le presenta el federalismo argentino?», en La Ley, 2008.

(16) WALSH, Juan Rodrigo: El ordenamiento territorial como presupuesto mínimo de protección ambiental. La Ley, 11/7/2005, 1 – La Ley 2005-D, 1085. Cita online: AR/DOC/1984/2005.

(17) CSJN: Causa «Salas, Dino y otros c. Provincia de Salta y Estado Nacional», 29/12/2008.

(18) Decr. 207/2011. BO: 1/3/11. Reglamentación de la Ley 26.639. Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Buenos Aires, 28/2/2011.

(19) RINALDI, Gustavo: Breves consideraciones sobre la reciente reglamentación de la Ley 26.339 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. RINALDI, Gustavo: RDAmb.26-193, 2011.

(20) RINALDI, Gustavo: Breves consideraciones sobre la reciente reglamentación de la Ley 26.339 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. RINALDI, Gustavo: RDAmb. 26-193, 2011.

(21) MANILI, Pablo L.: «Establecimientos de utilidad nacional. Artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional», p. 18. Buenos Aires, Universidad, 2004. Agrega lo siguiente: «Y la parte destacada bien puede integrar la definición de ley federal», cuestión que analizo más adelante (Cap. X).

Reseñada por MANILI en la obra citada en la nota anterior, p. 16.

(22) Subdivisión realizada por SPISSO, Rodolfo R.: Derecho Constitucional Tributario. Buenos Aires, LexisNexis, Depalma, 2000.

(23) PRIETO, Hugo N.: El dominio de los recursos naturales. La titularidad de las provincias y sus consecuencias en materia de hidrocarburos. Buenos Aires, La Ley, 2005.

(24) Voto en disidencia del Dr. Pedro Frías en la causa «Yacimientos Petrolíficos Fiscales c/ Provincia de Mendoza y otros s/ nulidad de concesión minera», del 3/5/1979. (Fallos, 301:341).

(25) Dato extraído de FRÍAS, Pedro: Las Provincias en 1990. Buenos Aires, La Ley, 1990.

(26) GELLI, M. Angélica: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 3.a ed. ampliada y actualizada. La Ley, 2006, p. 733.

(27) LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo A.: Parques Nacionales: de Johannesburgo 2002 a Durban 2003. Editorial Eldial.com, 2003.

(*) Abogado. Procurador. Miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Tribunal de Trabajo N.° 5 de La Plata. Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diplomatura en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Austral y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (UA / CPACF). Correo electrónico: marrai25@hotmail.com.

N. de la R.: Trabajo presentado en el marco de la Diplomatura de Derecho y Política ambiental. Universidad Austral. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curso lectivo 2016.