Lo que viene: estos son los cambios que ya evalúa el Gobierno en las jubilaciones para bajar el rojo fiscal

Los empresarios que acompañaron a Mauricio Macri durante su extensa gira por Oriente lo notaron muy entusiasmado.

Se lo vio muy convencido de que, por fin, la Argentina será capaz de atraer las inversiones que garanticen el despegue. Tal es así que se animó a calificar de “revolucionario” a este viaje.

Esos mismos ejecutivos, representantes de los sectores más dinámicos de la economía argentina, escucharon a un Presidente persuadido de que la inflación se va a pinchar en los próximos meses.

Y, acaso lo más novedoso, lo notaron firme en la idea de que “algo hay que hacer” en materia fiscal, y de que el ordenamiento de las cuentas públicas le permitirá lograr un crecimiento económico perdurable.

Los últimos trabajos que le acercaron tanto Nicolás Dujovne como desde la Jefatura de Gabinete señalan que en este 2017 se podrá cumplir con la meta de un déficit equivalente al 4,2% del PBI.

No obstante, los funcionarios le advirtieron de que “algo hay que hacer” para lograr la baja desde ese porcentual al 3,2% que fija la meta de rojo fiscal presentada por el equipo económico. Ese es el latiguillo que Macri repite cuando se junta con empresarios que le sugieren, justamente, que los mercados dudan sobre el cumplimiento de tal objetivo.

Sabe que, aun cuando el Banco Central persista en su meta inflacionaria del 17% para este año, nadie le va a cuestionar un exceso de algunos puntos. También está al tanto de la preocupación que genera el déficit de las cuentas públicas, afirman quienes dialogaron con él en estas últimas semanas.

“Algo vamos a hacer”, es lo que señala, a secas y sin mayores precisiones, entre el denominado “círculo rojo”.

¿En qué está pensando para alinear la pauta fiscal? Desde el entorno de Dujovne dan una pista: “El 56% del gasto público son jubilaciones y el presupuesto del PAMI”.

“Ya se notificaron los próximos aumentos en las tarifas de luz y gas. Falta definir los del transporte. Pero la verdad es que ahí, en el renglón de los subsidios, ya no queda demasiado por recortar”, confiesa un funcionario de Hacienda, en diálogo con iProfesional.

De las medidas que el Gobierno pondrá en ejecución después de las elecciones, algunas ya se dan casi por descontadas. Entre ellas, el convenio con los gobernadores (en el que ya se está avanzando) para ponerle claros límites al giro de fondos.

Entre aquellas otras que están en carpeta figura una que, ya se anticipa, suscitará controversias políticas.

Según pudo saber iProfesional de importantes fuentes, se trata de la venta de las acciones de gran cantidad de importantes empresas que el Estado posee tras la eliminación de las AFJP.

Es una caja siempre apetitosa, que actualmente asciende a unos $180.000 millones, según los valores de mercado que tienen los diferentes papeles que componen “la canasta”.

Por ahora, en la Casa Rosada evitan este tema, pero en la city porteña ya le asignan altas chances a que el macrismo eche mano a este gran “portafolio”.

En cuanto a la poda de gastos, varios funcionarios estarán abocados en los próximos “largos” meses a un relevamiento -renglón por renglón- de las erogaciones estatales.

En rigor de verdad, algunos integrantes del Palacio de Hacienda ya han comenzado con esta tarea. Como, el viceministro, Sebastián Galiani, que le dedica la mayor parte de su tiempo. Desde Jefatura de Gabinete, un ex JP Morgan, Vladimir Werning, lo complementa.

Por lo pronto, los funcionarios detectaron que hay erogaciones que vienen duplicadas y hasta triplicadas desde épocas del kirchnerismo.

La mira en las jubilaciones
Con suma cautela, pero sin quitarle la atención, en distintas reparticiones pusieron en marcha un plan que podría derivar en una amplia reforma del sistema previsional.

El primer paso en este sentido ya fue publicado en Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca: la convocatoria a una comisión interdisciplinaria para la transformación del sistema jubilatorio.

La Resolución 188-E/2017 planteó la redacción de un nuevo Código de la Seguridad Social. Anticipa que “se requiere de modificaciones profundas”, que deben abarcar a todas las prestaciones (jubilaciones y pensiones, por ejemplo).

Para redactar la reforma previsional, la comisión tendrá 180 días. Este tema es particularmente sensible: la última vez que el Gobierno pretendió un cambio en materia jubilatoria se vio forzado a una marcha atrás en medio de un escándalo político.

Ese paso en falso -que aún muchos recuerdan- tuvo que ver con un retoque en la fórmula que se utiliza para el cálculo de la actualización semestral de los haberes.

Este retoque formó parte de la lista de recomendaciones que el FMI había dejado en su última revisión de la economía. Por cierto, Dujovne está en línea con la posición del organismo.

Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, aportó algunos datos que permiten anticipar la reforma que se viene:

– Habrá una modificación para quienes se quieran jubilar sin contar con los 30 años de aportes al sistema

– Para ellos, en lugar de la actual “moratoria”, habrá una pensión por vejez a los 65 años

– Esto abarcará, entre hombres y mujeres, a un equivalente al 80% de la jubilación mínima

– Este cambio tendrá un inocultable ahorro fiscal por doble vía: contempla un diferimiento de cinco años en la edad de las mujeres y un menor reconocimiento en los haberes

No es, por cierto, lo único que está bajo el análisis y la lupa de los funcionarios.

En el primer piso de la Casa Rosada, donde atienden los ministros coordinadores-Gustavo Lopetegui y Mario Quintana-existe el borrador de una fórmula de actualización de las jubilaciones “de emergencia” que podría aplicarse solamente en 2018.

Algunos detalles:

– El cambio, “por única vez”, respondería a la necesidad de achicar el rojo fiscal con un argumento económico

– La idea es plantear que los jubilados, bajo la actual metodología, obtendrían un incremento muy superior a la inflación

– Como el índice inflacionario 2018 será inferior al de 2017 y la fórmula actualiza con un semestre de atraso, la única manera de “empardar” ambas variables (suba de precios y haberes) es retocando el cálculo

– De acuerdo con las planillas oficiales, el gasto asociado a “Jubilaciones y Pensiones contributivas” asciende a $61.000 millones

– En el primer trimestre, esas erogaciones fueron 44% superiores a las del año pasado: crecieron casi 20 puntos por encima de la inflación interanual

– Una parte (de ese 44%) se debe a que cada año hay más beneficiarios. Pero la mayor proporción se debe a la fórmula que se utiliza para la actualización de haberes.

Por este motivo es que el Gobierno tiene en la mira a la actual metodología.

El impacto de la reparación histórica
Cuando Dujovne aún era uno de los consultores más exitosos de la city, solía criticar sin contemplaciones la “reparación histórica” a los jubilados anunciada por Macri. En sintonía con la misión del FMI que visitó Buenos Aires el año pasado, el actual ministro también cree que esa medida impactó notablemente en las cuentas del fisco.

De acuerdo con la consultora MacroView, en base datos oficiales, ese ítem insumirá unos $190.000 millones en los primeros tres años de gestión macrista (2 puntos del PBI).

Las críticas no van dirigidas a los pagos de las deudas por las sentencias judiciales favorables ($90.000 millones) sino a los otros $100.000 millones que deben abonarse -entre 2016 y 2018- por actualización de haberes a beneficiarios que no disponen de fallos a su favor.

Pasando en limpio:

– Hay $90.000 millones que el Estado, más temprano que tarde, iba a tener que cancelar, en virtud de todas las sentencias judiciales dictadas en los últimos años. Esto fue costeado con el blanqueo de capitales

– Los restantes $100.000 millones corresponden a reclamos, muchos ni siquiera planteados en los tribunales, vinculados con la actualización de esos haberes

Así lo dice la ley: “Los acuerdos entre el Estado y los jubilados podrán celebrarse en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado”.

Estos reajustes implican un gasto previsional incrementado en forma permanente. Es decir, un reconocimiento de mejores ingresos que se tendrán que seguir abonando a lo largo del tiempo.

De acuerdo con MacroView, este año se destinarán $45.000 millones a la actualización de haberes que venían liquidándose por debajo de lo que correspondía. El año próximo corresponderá otorgar otros $40.000 millones.

De acuerdo con los especialistas en temas previsionales consultados por iProfesional, el Gobierno no tiene manera de achicar este flujo de fondos (ya que la ley les otorga derechos a los jubilados) salvo mediante una revisión de la fórmula.

Más allá del anunciado reacomodamiento tarifario, el Gobierno quiere evitar que, en medio de la campaña electoral, se instale la idea de un próximo ajuste.

Fuente: Iprofesional.