El empleador y la ART no deben indemnizar a la trabajadora que fue tomada como rehén en el lugar de trabajo

Partes: B., M. del R. c/ Petróleos del Litoral S.R.L.y otros s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 8-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103727-AR | MJJ103727 | MJJ103727Sumario:
1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción civil por accidente de trabajo pues la actora no acreditó que la afección psíquica padecida a raíz del suceso delictual por ella invocado guarde relación de causalidad como para atribuir sus consecuencias al empleador y la ART, siendo que el malviviente que ingresó en el establecimiento del empleador no lo hizo con fines de robo sino para refugiarse ante la persecución policial iniciada por hechos ajenos a la relación de trabajo, lo cual implica que la incapacidad psíquica invocada no proviene del vicio o riesgo de una cosa que se encontrara bajo la guarda de los demandados, ni del acto de un dependiente de éstos que pueda originar la responsabilidad refleja que prevé el art.1113 del CCiv.

2.-Ante el actuar de quien, huyendo de la fuerza policial con motivo de un ilícito cometido en circunstancias ajenas a la relación laboral, ingresó sorpresivamente al establecimiento donde trabajaba la actora, forzó la entrada de ingreso y la tomó de rehén, no se aprecian cuáles habrían sido los comportamientos omitidos por la empleadora que justificarían un reproche de responsabilidad civil por hechos ilícitos cometidos por terceras personas por las cuáles no debe responder.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 08 de marzo de 2017, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo: La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones deducidas en el escrito inicial con fundamento en el derecho común. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación, la codemandada Federación Patronal Seguros S.A. y la parte actora en los términos y con los alcances que explicitan en los respectivos escritos de expresión de agravios (fs. 588/589vta y fs. 590/592). La representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada, apelan los honorarios regulados en su favor por considerarlos reducidos (ver fs. 589vta -ap. IV- y fs. 590). La codemandada Federación Patronal Seguros S.A. apela el modo de imposición de costas. La parte actora, cuestiona el rechazo de la acción fundada en el marco del derecho común y objeta, en síntesis, que el magistrado de grado considerara “que no se está en presencia de un evento dañoso del que el empleador resulte responsable en forma subjetiva u objetiva”. Sostiene que tal conclusión se aleja de la realidad pues, según refiere, se encuentra demostrado que la actora desarrollaba sus funciones en horario nocturno, que el lugar de trabajo carece de medios o personal de seguridad y que se encuentra ubicado en un lugar por demás inseguro, todo lo cual evidencia -afirma- que el empleador no arbitró los medios necesarios para brindar seguridad a la empleada. Los términos del recurso de la parte actora, imponen recordar que B.inició la presente acción en procura del cobro de una reparación integral por la lesión psíquica que se tuvo por acreditada en grado (cuantificada en el 20% de la t.o.), -en términos que no lucen objetados en esta instancia-, como derivada del hecho delictivo rebeldía de la totalidad de los codemandados (con excepción de Federación Patronal Seguros S.A.) y a las copias de la causa penal aportada en autos. De ese modo, el hecho en cuestión fue sintetizado por el magistrado de grado, en términos que no merecieron observación alguna, del siguiente modo: “un delincuente asaltó a un particular -A. G.- y a su hijo sometiéndolos bajo amenaza de arma de fuego y obligándolos a subir a su vehículo intentando llevarlos hacia un barrio de emergencia. En el periplo la víctima, al pasar frente a la estación de servicios donde trabajaba la accionante, advirtió la presencia de un móvil policial por lo que resolvió estrellar su rodado, lo que produjo el consiguiente tiroteo entre el malviviente y el personal policial; aquél en su desesperación forzó la entrada del minimercado y sometió a la actora como rehén frente al personal policial. La situación se resolvió al trastabillar B. lo que permitió que el personal policial diese muerte al caco” (ver fs. 585vta). En el marco que imponen tanto los términos en los cuales quedó trabada la litis como aquellos en los que se sustentan los agravios expresados por la actora, creo necesario puntualizar que, más allá de que es obvio que las “tareas” no pueden ser consideradas como una “cosa” en el marco propio del derecho civil, lo cierto es que la actora no acreditó que la afección psíquica que padece pueda considerarse atribuíble a alguno de los factores de imputabilidad previstos en el derecho civil. Si bien, arriba firme, por falta de cuestionamiento, que la accionante presenta una afección psicológica que tuvo “como causa el motivo de esa litis” y que la incapacita en el 20% de la t.o.estimo que no están acreditados los presupuestos de hecho que justificarían responsabilizar a la empleadora demandada y la aseguradora con base en el derecho común. Como es sabido, en el marco de esta normativa es menester acreditar que un accidente o una afección es determinante de una incapacidad que tiene nexo causal adecuado con un factor subjetivo u objetivo de atribución de responsabilidad al perseguido en juicio. En el caso de autos, entiendo que no se encuentran acreditados los presupuestos de hecho que, en el marco del derecho común, permitirían establecer la existencia de relación causal adecuada entre la incapacidad comprobada y un factor objetivo o subjetivo de responsabilidad atribuíble a alguna de las co-demandadas. En efecto, en el estricto marco en que fueran expuestos los hechos en la demanda, no se ha invocado ni probado que la afección psíquica y la incapacidad que determina tenga relación de causalidad adecuada con el vicio o el riesgo de un cosa bajo la guarda de la empleadora o con el obrar culpable de otro dependiente de ésta como para que pudiera atribuirse responsabilidad a cualquiera de las demandadas en los términos de los arts. 1.074 y 1.113 del Código Civil (actualmente arts. 1.749, 1.753, 1.763 y 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación), y tampoco es posible concluir, como pretende al expresar agravios, que la afección y consiguiente minusvalía derive de algún incumplimiento al deber de seguridad a cargo de la empleadora o de incumplimientos a los deberes legales a cargo de la ART. En efecto, valorados los elementos de juicio aportados a esta causa, estimo que la actora no ha logrado acreditar que la afección psíquica padecida a raíz del suceso delictual invocado en autos guarde relación de causalidad adecuada con los factores antes mencionados, como para atribuir sus consecuencias a las demandadas en los términos del derecho común. Por lo pronto, observo que, como bien lo expuso el Dr.Pose, que el malviviente -posteriormente abatido- no ingresó en el establecimiento patronal con fines de robo sino que lo hizo para refugiarse ante la persecución policial iniciada por hechos ajenos a la relación de trabajo, por lo que parece claro que la incapacidad psíquica que presenta la actora no proviene del vicio o riesgo de una “cosa” que se encontrara bajo la guarda de la empleadora, ni de la ART, ni del acto de un dependiente de éstas que pueda originar la responsabilidad refleja que prevé el art.1.113 del Código Civil (hoy art. 1.753 C.C.yC.N.). Por el contrario, se trata de un acto delictivo perpetrado por un tercero que, evidentemente, ingresó al establecimiento patronal contra la voluntad de su dueña, forzando la puerta de entrada al minimercado. Aún cuando, en un sentido amplio, se considere como “cosa” al establecimiento mismo y aún cuando la actividad que allí se despliega pueda resultar atractiva para los delincuentes (o un refugio ocasional, como ocurrió en el caso), lo cierto es que una actividad “expuesta” a ciertos riesgos no es una “cosa” que “genere” dichos riesgos. Por otra parte, es evidente que el establecimiento y la actividad comercial desplegada, en virtud de sus características y de los elementos que normalmente se utilizan en ella, no son “cosas” que puedan considerarse generadoras de un riesgo relacionable causal y adecuadamente con actos delictuales que, si bien son frecuentes, no tienen origen en esa actividad comercial sino en la ineficacia e inoperancia de las autoridades administrativas que tienen a su cargo el ejercicio del poder de policía destinado a prevenir y evitar la comisión de este tipo de delitos.La actora adujo que la empleadora no habría cumplido con el deber de seguridad a su cargo; pero lo cierto es que las obligaciones que emergen de la ley 19.587 y del art.75 de la LCT están referidas a las condiciones de higiene y seguridad que corresponden a la índole de la actividad de la empresa y de la tarea propia de cada dependiente; y no a las condiciones de seguridad pública que están a cargo del Estado Nacional y/o de los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma en forma excluyente (en igual sentido, ver SD Nro. 99663 del 16/09/2011 en autos “Petina Silvana Andrea c/ Dia Argentina S.A. y otro s/ Despido y Accidente Acción Civil” del registro de esta Sala). Tampoco está demostrado un obrar doloso o culpable de la empleadora o de la aseguradora co-demandadas que guarde relación causal adecuada con la minusvalía que padece la accionante como para entender que alguna de ellas resulta subjetivamente responsable por incumplimiento de lo establecido por el art. 75 de la LCT o del art. 4 de la LRT (Cfr. art. 1.074 del Código Civil). En definitiva, no es factible admitir la responsabilidad perseguida cuando no se ha demostrado el referido nexo causal adecuado entre el daño invocado y factor de imputabilidad alguno atribuíble a la exempleadora o la aseguradora co-demandada. En efecto, ante el actuar de quien, huyendo de la fuerza policial con motivo de un ilícito cometido en circunstancias ajenas a la relación laboral, ingresó sorpresivamente al establecimiento forzando la entrada de ingreso y tomó de rehén a la trabajadora, no se aprecian cuáles habrían sido los comportamientos omitidos por la empleadora que justificarían un reproche de responsabilidad por hechos ilícitos cometidos por terceras personas por las cuáles no debe responder.En la especie, los incumplimientos que la actora denunció en el escrito de inicio (Ausencia de examen médico preocuapacional y periódicos, de un servicio de Higiene y Seguridad, de un servicio de Medicina del Trabajo, de planes de capacitación respecto a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, de equipo de primeros auxilios, de botiquín, de planes de emergencias médicas o de seguridad respecto a las tareas realizadas, de pausas de trabajo o de informes de accidentes ocurridos -ver fs. 8vta), no tienen, razonablemente, un nexo causal directo con el daño proveniente de la actividad de un delincuente que intentó escapar de las fuerzas policiales y, de modo sorpresivo y golpeando la puerta de acceso al local (ver declaración de la actora a fs. 44/45 de la causa penal obrante en el registro reservado en Secretaria), ingresó al establecimiento en el que prestaba tareas y la tomó de rehén; pues, aún cuando se entienda que el local pudiera resultar atractivo para los delincuentes a fin de sustraer el dinero o la mercadería allí existente (lo que no ocurrió en el caso) y ello deba entenderse previsible, el hecho de autos no se encuentra bajo la órbita de actuación empresaria de la demandada, ni puede responsabilizarse a la empleadora por actos delictivos perpetrados por terceros ajenos a su actividad normal y habitual. El Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma son quienes deben desarrollar en forma excluyente todo tipo de actividad preventiva y/o obstructiva del actuar de los delincuentes, por lo que es evidente que un sujeto privado (en el caso la ex empleadora) no puede tener a su cargo la adopción de medidas contra este tipo de actos delictuales que sólo competen a la autoridad pública que, como ya he señalado, es la única obligada y autorizada a prevenir y a combatir la delincuencia.El argumento de la recurrente vinculado a que “de no ser responsable el empleador por los hechos dañosos que le ocurren al empleado durante el tiempo en que dedica su vida a prestarse sus servicios, no existiría obligación de indemnizar los accidentes “in itinere””, carece de asidero porque la responsabilidad por los accidentes denominados “in itinere” no es aceptable en el marco del derecho común. Su regulación se rige -actualmente- por las disposiciones de la Ley 24.557 y la reparación de las consecuencias dañosas derivada de tales infortunios se limita a las prestaciones allí contempladas y cuyo pago se encuentra a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo contratadas por el empleador, salvo que, hubiera omitido afiliarse a una ART y se lo responsabilice en forma directa (conf. art. 28 LRT). En virtud de las conclusiones antes expresadas, considero que corresponde desestimar los agravios articulados por la parte actora y confirmar lo resuelto en la sede de grado, en cuanto rechazó íntegramente la pretensión resarcitoria basada en el derecho común (arg. art. 499 del Código Civil de Vélez Sarfield y art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación). Se agravia Federación Patronal Seguros S.A. por la imposición de las costas decidida en la instancia anterior. Al respecto considero que si bien el art. 68 del CPCCN, establece la regla básica de aplicación derivada del principio objetivo de la derrota, también habilita al juzgador a examinar si la eventual razón fundada que pudo tener la pretendiente para promover la acción justifica apartarse de dicho principio rector. Desde esa perspectiva, dada las particularidades de la causa, lo que surge del historial de contratos aportado por la recurrente a fs.85 (demostrativo de que la empleadora suscribió, sucesivamente desde el 15/3/2007 hasta el 17/05/2010, suscribió tres contratos de afiliación con la recurrente en el marco de la LRT que fueron rescindidos, por escasos períodos, por falta de pago de las primas correspondientes), entiendo que la actora pudo haberse considerado razonablemente asistido de mejor derecho (art. 68 2do. párrafo CPCCN), por lo que estimo equitativa la distribución de costas efectuada primera instancia y propicio mantenerla. Por mismas razones, propongo que las costas de Alzada sean impuestas en el orden causado. En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia, al valor económico del litigio y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, considero que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y a la representación y patrocinio letrado de Federación Patronal Seguros S.A., resultan reducidos por lo que propicio elevarlos al 15% y 16%, respectivamente, a calcularse sobre el monto de condena comprensivo de capital e intereses. A su vez, aprecio que los honorarios correspondientes a los peritos médico y contador, no resultan reducidos por lo que propicio confirmarlos. Por último, con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la aseguradora demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior

La Dra. Graciela A. González dijo: adhiero a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE:1°) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; 2°) Elevar los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de parte actora al 15% y los la representación y patrocinio letrado de Federación Patronal Seguros S.A. al 16%, sobre el monto total diferido a condena -capital e intereses-; 3°) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 4°) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de Federación Patronal Seguros S.A., por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que, cada una deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 5º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos. Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara