Responsabilidad del conductor de un camión que circulaba a exceso de velocidad en la intersección de un camino y una ruta

Partes: A. D. G. y Otros c/ Conductor y/oTitular del camión Dominio SCV946 y Aco y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 10-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103710-AR | MJJ103710 | MJJ103710

Sumario:
1.-Corresponde responsabilizar al conductor del camión demandado por los daños y perjuicios derivados de un accidente por el que colisionó con un automóvil en una ruta, ya que se acredito el impacto con la parte frontal derecha del camión con acoplado contra la porción trasera del automóvil desde su extremo izquierdo hasta aproximadamente la mitad y consecuentemente el carácter de embestido que le corresponde al automóvil y la calidad de embestidor del camión, desde el punto de vista mecánico.

2.-El conductor del camión con acoplado demandado resulta responsable por los daños y perjuicios derivados de un accidente por el que colisionó con un automóvil en una ruta, ya que la sola invocación de la preferencia de paso de quien circula por la ruta resulta insuficiente para liberarse de responsabilidad si no aporta elementos de convicción reveladores de que cuando el automóvil ingresó a la ruta el camión se encontraba avanzando a una distancia próxima al de la intersección con el camino lateral por el que circulaba el automóvil, situación que hubiera exigido al conductor de este último cederle el paso al camión, máxime si además el camión avanzaba a una velocidad superior al doble de la permitida en esa intersección.

3.-Corresponde extender la condena contra la aseguradora codemandada más allá del límite establecido en la póliza respectiva, ya que si la limitación cuantitativa del seguro es ínfima es inoponible a la víctima en los supuestos en que deben cubrir aseguramientos obligatorios, como el de la circulación de vehículos automotores.

4.-La procedencia del resarcimiento por el valor vida, está relacionada con la probable colaboración que el difunto hubiera prestado en el futuro a sus parientes a modo de pérdida de chance, de ahí que no corresponde realizar cálculos matemáticos, sino apreciar estimativamente la entidad del daño patrimonial que el fallecimiento del hijo menor causa a sus progenitores.

5.-Es inadmisible el reclamo por la pérdida de chances de ingresos para los padres como modelo indemnizatorio general y por cierto abstracto cuando se trata de un hijo que, por su edad, no desarrollaba un trabajo remunerado y tampoco ayudaba económicamente a sus padres, dicha pérdida no irroga, por sí misma, perjuicios patrimoniales, sino indudablemente un inconmensurable daño moral que es el que debe ser indemnizado (del voto en disidencia parcial del Dr. Zannoni)

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina a los 10 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI.

ZANNONI. POSSE SAGUIER.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- Esta acción tiene origen en el accidente de tránsito ocurrido el 11 de enero de 2010, aproximadamente a las 2,45 hs., a la altura del kilómetro 75 de la ruta provincial nº 29, partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, en el que el automóvil Volkswagen, modelo Gol, dominio ASR 975, conducido por M. R. A., fue embestido en su parte trasera por la parte trasera del camión Mercedes Benz, dominio SCV 946, con acoplado marca Montenegro, dominio SCV 943.

M. R. A. e H. C. A., por sí y en representación de su hijo menor D. R. A.; D. G. A. y R. T. por sí y en representación de sus hijos menores D. J., E. A. y R. del V. A., demandan a Gustavo Ariel Ramos y a Eduardo Ismael Benítez la indemnización de los daños y perjuicios derivados del accidente.

La sentencia de fs. 843/860, por un lado rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada, con costas; y por otro, hace lugar parcialmente a la demanda, con costas, y condena a la parte demandada a abonar a la actora el importe que resulte de la liquidación a practicar conforme las pautas expuestas en los considerandos, dentro del término de diez días.También dispuso que la condena podrá ser ejecutada contra la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros S.A.”.

Apelaron la actora, la demandada, la citada en garantía y la defensora de menores de primera instancia. La actora expresa agravios a fs. 887/891, el letrado apoderado de “Liderar Cía. General de Seguros S.A.” lo hace a fs. 893/902 y la Defensoría de Cámara a fs. 915/919. De los respectivos traslados únicamente es respondido por la parte actora el del memorial de la citada en garantía (fs. 904/911).

II.- Límite de cobertura. El letrado apoderado de la aseguradora “Liderar Cía. General de Seguros S.A.” se queja de la extensión de la condena contra ella más allá del límite establecido en la póliza respectiva, en la que se hizo constar que se amparaba el riesgo de Responsabilidad Civil Obligatorio hasta la suma de $100.000 por muerte o incapacidad total.

A partir de mi voto emitido en esta Sala en los autos “González, José c/ Gandini, Enrique y otros s/ daños y perjuicios”, el 11 de julio de 2013 (L. 617.602), esta Sala ha adherido al criterio según el cual la limitación cuantitativa del seguro cuando es ínfima es inoponible a la víctima en los supuestos en que deben cubrir aseguramientos obligatorios, como el de la circulación de vehículos automotores (CNCiv. Sala L, febrero 15/2013, “De Bisogno c/ González” L. 606.077). Allí mismo el Dr. Liberman sostuvo que el hecho de que la Superintendencia de Seguros aprueba éstas u otras pólizas de contenido írrito, no les da licitud sustancial.

En igual sentido se ha pronunciado la Sala “H” de esta Cámara, por voto de la Dra. Liliana E. Abreut de Begher, al que adhirió el Dr. Claudio Kiper, el 12 de agosto de 2011, en autos “Bustamante, Omar Rubén y otro c/ Ortega, Santiago Nicolás y otros s/daños y perjuicios” (recurso libre 569.428). La Dra.Abreut de Begher sostuvo que el monto asegurado en la póliza en estudio resulta irrazonable para afrontar un eventual reclamo por daños y perjuicios, si se tienen en cuenta los acontecimientos dañosos más asiduamente producidos y traídos a la órbita de la justicia, en especial, cuando conllevan indemnizaciones en casos de lesiones graves o muerte, que superan holgadamente ese límite ínfimo.

Agrega la distinguida colega: “Aceptar esta cláusula limitativa de responsabilidad implicaría desnaturalizar las obligaciones que se encuentran a cargo de la aseguradora en un contrato de seguro “normal”, al violentar los deberes esenciales y naturales del contrato, o sea, su fin. Anotamos que ello frustraría las expectativas razonables que legítimamente tienen los consumidores de seguros, contrariando las raíces del contrato. Es evidentemente una cláusula abusiva que traslada sus efectos a los damnificados”. Finalmente afirma: “Prácticamente, sería un supuesto de ‘no seguro’, por insuficiencia de la suma asegurada (ver sobre este tópico, Waldo Sobrino, Consumidores de Seguros, ed. La Ley, 2009, pág. 278), pues elimina uno de los propósitos dominantes o principales de la cobertura, que no es tan solo garantizar la indemnidad del asegurado, sino, en especial, resarcir el daño provocado al damnificado” (ver precedente de la Sala H antes citado).

También se ha pronunciado en el mismo sentido la Sala “M”, destacando que “en los casos en que la ley establece la contratación de un seguro de manera obligatoria, es dable entender que se le asigna una finalidad distinta a aquella puramente económica que puede encontrarse en un seguro de responsabilidad civil voluntario.Si no hay libertad a la hora de decidir contratar o no un seguro, ya que es requisito indispensable para desarrollar la actividad comprometida, es porque la finalidad es, ante todo, la protección de terceros víctimas frente a los eventuales accidentes sufridos (Castro Sanmartino, Mario, Garrone, José A., “Ley de seguros”, Lexis Nexis Abelñedo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Lexis N° 1604/00117)”. Para concluir finalmente en que “El pacto entre las partes que disminuyera la cobertura violaría la disposición legal, creando una apariencia de seguro cuando en realidad no existiría frente a determinados daños. Por ello, entiendo que la finalidad no consiste en resguardar el patrimonio del tomador, sino en indemnizar rápidamente a las potenciales víctimas, sin perjuicio de cualquier acción que pudiera corresponder entre los contratantes.

La libertad de contratación cede en gran medida frente al interés de la sociedad de prevenir daños y de repararlos en forma inmediata; incluso en el caso de circulación de automotores permitiendo la actividad, pero sólo si los terceros quedan a suficiente resguardo de los daños que el desplazamiento de los vehículos genera” (CNCiv. Sala M, febrero 28/2014, “Martínez, María Esther y otro c/ Riso, Guillermo Gerardo y otros s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 77850/2008, L. 625535, voto de la Dra. Elisa M. Díaz de Vivar).

Como señaló la magistrada de primera instancia, en la póliza contratada si bien por muerte o daños corporales a personas no transportadas se ha establecido el monto de cobertura en $5.000.000 y por acontecimiento, se fijó un tope máximo de $100.000 por persona; y para muerte o daños corporales a personas transportadas por acontecimiento ha fijado $500.000 con un tope por persona también de $100.000.

De ahí que de conformidad con el criterio jurisprudencial citado anteriormente, también invocado por la Sra. juez, juzgo acertada la decisión de primera instancia en cuanto sostuvo que el límite de cobertura establecido en la póliza es inoponible al damnificado.Esta Sala se ha pronunciado en igual sentido en otros antecedentes similares a cuyos fundamentos me remito (CNCiv. Sala F, julio 14/2014, “Salgado Claudio José c/ Cristofori Carlos Hugo y otros s/ daños y perjuicios” Expte. N° 57.137/2011; id. Sala F, diciembre 20/2016, “Prevención ART S.A., y otro, c/ Burgos, Teresa Yolanda y otros s/ cobro de sumas de dinero”, Expte. Nº 25.784/2012, entre otros).

Por lo expuesto corresponde desestimar los agravios de la citada en garantía sobre el punto en examen.

III.- Responsabilidad. Los cuestionamientos que desarrolla el mismo letrado apoderado de la aseguradora sobre la responsabilidad no dejan de ser manifestaciones genéricas que no constituyen agravios en los términos contemplados por el art. 265 del Código Procesal. No sólo carecen de crítica concreta y razonada, sino que hace referencia a que el pronunciamiento de grado omite realizar ponderación razonada de la incidencia que pudo tener la conducta del peatón, alegando que cruzaba una avenida por fuera de la senda peatonal (fs. 897), cuando en el caso se trata del choque del camión del demandado con su parte delantera en la parte trasera del automóvil en el que viajaban las víctimas del accidente, accidente que además ocurrió en la ruta provincial n° 29.

De modo tal que la queja carece totalmente de sustento, razón por la cual corresponde declarar desierto este aspecto del recurso de la aseguradora.

A su vez la parte actora cuestiona que la magistrada haya concluido en que en el caso en la producción del accidente también tuvo incidencia causal el hecho de la víctima, atribuyendo a la demandada el 80% de responsabilidad y el 20% a la actora.Por lo que solicita que la sentencia sea revocada parcialmente disponiéndose que el accidente de autos se ha producido por absoluta responsabilidad del demandado.

La existencia del accidente se encuentra debidamente probada y reconocida también por la parte demandada, aunque da su versión de lo acontecido y endilga responsabilidad al conductor del automóvil por la maniobra desplegada al ingresar a la ruta por la que avanzaba el camión, invadiendo el carril por el que circulaba este último -según la emplazada- con paso preferencial.

Sin embargo, reconocida la existencia del hecho y acreditado el impacto con la parte frontal derecha del camión con acoplado de la demandada contra la porción trasera del automóvil desde su extremo izquierdo hasta aproximadamente la mitad (fs. 409vta., resp. al punto 4), y consecuentemente el carácter de embestido que le corresponde al VW Gol y la calidad de embestidor del camión, desde el punto de vista mecánico (fs. 410, resp. punto 6), por aplicación del art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civ il, el dueño o guardián del camión para liberarse de la responsabilidad atribuida por esa norma, debió acreditar alguna de las eximentes allí previstas, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder o caso fortuito. Pero estimo que en autos no se ha producido prueba que sea reveladora de la configuración de alguna de estas eximentes. No basta para considerar probada la incidencia causal del hecho de la víctima, o más bien del conductor del automóvil, la sola circunstancia de que este último hubiera ingresado a la ruta por un camino lateral, cuya traza en el principio es paralelo a la ruta, luego sigue una curva para continuar hasta llegar a la ruta, como describe e ilustra el perito ingeniero a fs. 407 vta. y siguientes.

La Sra.juez afirma que no hay testimonios que avalen una u otra de las versiones relatadas por las partes y -agrega tampoco la causa penal que tramitara ante la UFI y Juzgado nº 3 del Departamento Judicial de Dolores, Prov. de Buenos Aires, brinda total certeza sobre el devenir de los hechos a fin de la atribución de responsabilidad (fs. 852). Si esto es así sin duda incumbía a la demandada o a su aseguradora acreditar la incidencia causal del hecho de la víctima en la que la magistrada fundó el 20% de responsabilidad que atribuyó al conductor del automóvil. Es insuficiente la sola invocación de la preferencia de paso de quien circula por la ruta, si no aporta elementos de convicción reveladores de que cuando el automóvil ingresó a la ruta el camión se encontraba avanzando a una distancia próxima al de la intersección con el camino lateral por el que circulaba el automóvil, situación que hubiera exigido al conductor de este último cederle el paso al camión. Esto no ha sido acreditado. Si además se tiene en cuenta que se encuentra debidamente probado que el camión avanzaba a excesiva velocidad, la cual era superior al doble de la permitida en esa intersección, con más razón corresponde concluir en que en el caso ha de atribuirse responsabilidad exclusiva a la parte demandada. Asimismo por la ubicación más elevada del puente desde donde venía, el conductor del camión debió advertir la presencia del automóvil, máxime ante la inexistencia de obstáculos que impidieran la visión de ese camino lateral destinado al acceso de vehículos a la ruta.

Como advierte el perito ingeniero a fs. 113 la Dirección Nacional de Vialidad informa que la RP 29 a la altura del Km.75 a Gral. Belgrano, la velocidad máxima permitida es de 40 Km/hora y la mínima de 20 Km/hora, en ambos sentidos (fs.410). El mismo perito sobre la base de las deformaciones que se generaron en ambos rodados, las huellas de arrastre y de frenada constatadas, y las trayectorias posteriores de ambos que, según el experto, si bien no se conoce cuál fue el proceder del conductor del camión luego del impacto, fueron de gran longitud, estimó que la velocidad del camión sería cercana o superior a los 100 Km/hora al momento del impacto (fs. 410 vta.). A su vez, sobre la base de la huella de rotadura en donde el camión efectuó el freno motor, despreciando las deformaciones del Volkswagen Gol y los cambios de coeficiente de adherencia, en los distintos tramos, según el cálculo efectuado en la causa penal por el técnico en accidentología vial, la velocidad del camión arroja un valor en el orden de los 81,93 km/h (fs. 95 de la causa penal reservada en fotocopia en sobre separado). El consultor técnico de la actora sobre la base de los cálculos que desarrolla en el anexo, concluye en que la velocidad del camión al momento del impacto oscilaría entre los 123 y 129 Km/hora (fs. 459).

Todas estas conclusiones son reveladoras de que la velocidad del camión con acoplado superaba ampliamente la velocidad permitida a la altura del acceso de la colectora a la RP 29 ubicado en el Km. 75. Esa elevada velocidad en un lugar que exigía reducirla notablemente y la circunstancia de que, según el perito ingeniero designado en este proceso, no existe elemento fijo que disminuya la visibilidad desde la zona del puente por el que avanzaba el camión, salvo una pequeña construcción que sólo puede dificultar la visión en sus cercanías (fs.410 vta.), resultan a mi juicio determinantes para considerar que fue el conductor del camión el responsable exclusivo en la producción del accidente, máxime ante la falta de prueba de hecho de la víctima, o más bien del conductor del automóvil, que hubiera contribuido causalmente en la ocurrencia del hecho.

Por lo expuesto propongo modificar la sentencia en lo atinente a la responsabilidad, considerando responsables exclusivos a los demandados.

IV.- Valor vida por el fallecimiento de F. A., reclamado por sus padres D. G. A. y R. T. En primer término corresponde señalar que dada la fecha de la ocurrencia del hecho que motiva estas actuaciones, tanto la responsabilidad como las consecuencias derivadas de ella deberán ser analizadas en orden a las previsiones contenidas en el anterior Código Civil (conf. art. 7 del Código Civil y Comercial ley 26.994, y esta Sala en autos caratulados: “Benítez Pamela Lura Noemí c/Arrieta Roberto Sergio y otros s/daños y perjuicios” sentencia del 15 de diciembre de 2015). Por otro lado no se justificaría en el caso la aplicación de la normativa contemplada en el art. 1746 del Código Civil, pues se trata del fallecimiento de un hijo de los reclamantes de 11 años de edad y entiendo que ante esta circunstancia no se justifica el cálculo propuesto por los apelantes a fs. 890.

Un importante sector doctrinario entiende que la vida no tiene valor en sí misma. Se relaciona con lo que pueda significar en beneficios económicos para los que dependan del difunto. Para los herederos puede operar, la pérdida de la vida, como lucro cesante, pérdida de una chance, o como un daño indirecto. Aquí, en realidad, no se da valor a la vida sino a la pérdida de beneficios o expectativas ciertas de los que rodeaban al difunto. La vida, para algunos, no tiene valor, pues para el difunto no hay posibilidad de resarcir nada (conf. Ordoqui Castilla, Gustavo, “Daño mortal”, “Responsabilidad Civil”, Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Rubinzal-Culzoni, ps.532/533).

La procedencia de esta partida, en supuestos como el del caso, está relacionada con la probable colaboración que el hijo fallecido de corta edad hubiera prestado en el futuro a sus padres a modo de pérdida de chance, de ahí que no corresponde realizar cálculos matemáticos, sino apreciar estimativamente la entidad del daño patrimonial que el fallecimiento del hijo menor de edad causa a sus progenitores. Por ello estimo que el monto de $300.000 fijado en la sentencia por el ítem en examen no es exiguo como pretenden los reclamantes, y como los condenados no han cuestionado este aspecto de la sentencia, propongo confirmar lo decidido por la magistrada.

V.- Daño moral. Se advierte que el letrado apoderado de la citada en garantía cuestiona el monto reconocido en la sentencia por el daño moral sufrido por los accionantes, propugnando su reducción (fs. 898 y vta.). Pero es de advertir que la Sra. Juez ha reconocido indemnización por este concepto a favor de varios actores y la aseguradora apelante genéricamente propugna la reducción de los montos reconocidos, sin siquiera mencionar los montos establecidos en la sentencia ni las personas de cada uno de los damnificados a cuyo favor se le reconoció indemnización por la partida en examen. Esta omisión torna insuficiente el cuestionamiento genérico para cumplir con la exigencia del art. 265 del Código Procesal de crítica concreta y razonada demostrativa de error en la valoración de la magistrada, por lo que propongo considerar desierto este aspecto del recurso deducido por la citada en garantía.

En cambio, los co-actores D. G. A. y R. T. cuestionan por exiguo el monto de $100.000 fijado para cada uno de ellos en concepto de daño moral por la muerte de su hijo F. A. a los 11 años de edad.

Es de recordar lo expresado por mi distinguido colega Dr. Eduardo A. Zannoni en un antecedente de la Sala con referencia al daño moral por la muerte de un hijo:”La vida de un hijo…carece de un valor económico que le sea intrínseco o inherente, aun cuando tiene un valor ético que está infinitamente por encima y más allá de aquél. La pérdida de un hijo es, no se me oculta, uno de los dolores más grandes -si no el mayor- que puede llegar a sufrir una persona. Los factores que tuvo en cuenta la magistrada de grado no pueden ser otros que valoraciones de ese tipo. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por la índole del hecho generador del perjuicio (CNCivil, Sala A, 10/11/97, LL, 1999-A-484 -fallo 41.189-S- y JA, 1998-III-334; Sala D, 9/9/99, LL, 2000-C-948 -jurisprudencia agrupada, caso n°15.080-; Sala G, 19/10/80, JA, 1981-IV-329; Sala E, 30/3/84, JA, 1984-III-293; esta Sala, 29/10/99, LL, 2000-E-924, etcétera). Como bien se ha expresado, no es indispensable probar el dolor experimentado por la muerte de un hijo, pues tal daño se infiere por vía inductiva (conf., Pizarro, Ramón D., Daño moral, Bs. As., Hammurabi, 1996, pág. 563 y sigtes.) Es verdad que su cuantificación queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de sus angustias y sufrimientos.La reparación “integral” del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues que el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (Zavala de González, Matilde, Cuánto por daño moral, LL, 1998-E-1061; Peyrano, Jorge W., De la tarifación judicial ‘iuris tantum’ del daño moral, JA, 1993-I-880) Es, a lo sumo, un “precio del consuelo”, como con agudeza lo señala Héctor P. Iribarne (De los daños a la pe rsonas, Bs. As., 1993, pág. 401). Pero resulta indudable que el quantum indemnizatorio debe tomar en consideración la razonable repercusión que el hecho dañoso ha provocado” (CNCiv. Sala F, diciembre 27/2007, “Biasotti, Eduardo Jorge c/ Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear”; conc. CNCiv. Sala F, julio 15/2016, “Misch, Rosa Ana Milene c/ Cebreiros, Juan Carlos y otros s/ daños y perjuicios” Expte. N°89.980/2008).

Por estas consideraciones considero atendible la queja de estos co-actores en cuanto estiman exiguo el monto fijado en primera instancia por este concepto y teniendo en cuenta las características del hecho y la presumible repercusión que el fallecimiento de un hijo de 11 años ha tenido en los sentimientos y en el espíritu de los padres, propongo elevar el monto indemnizatorio del daño moral a la suma de $200.000 para cada uno de ellos.

La Defensora de Menores de Cámara cuestiona el monto por daño moral fijado a favor de la niña E.A. A. por la muerte de su hermano ($30.000). Juzgo atendible la queja fundada en las circunstancias en las que sucedió la muerte de F., las secuelas psicológicas y la indudable repercusión que en su interioridad ha provocado el fallecimiento de su hermano cuando ella estaba próxima a cumplir 4 años de edad.Por lo expuesto y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda, propongo elevar la indemnización por daño moral a favor de E. A. a la suma de $80.000.

VI.- Daño psíquico. La Defensora de Menores de Cámara también cuestiona que se hubiera denegado el reclamo por este rubro a favor de E. A. en razón de las secuelas descriptas en la peritación de fs. 667/668 vta. La perito psicóloga expresa que en las técnicas implementadas se observa una moderada afección psíquica como consecuencia del fallecimiento de su hermano (fs. 667vta). Hace mención a la incidencia en los sentimientos de la peritada del conflicto familiar tras el accidente y a la imposibilidad de expresar sus sentimientos respecto al tema del fallecimiento de su hermano (fs. 667 vta.). Concluye la perito que E. A. A. presenta a la fecha del examen pericial una afección psíquica asociada a un monto de ansiedad y tensión interna que no puede elaborar efectivamente, que le crean sentimientos de inadecuación y frustración, asociados a la inhibición de la expresión de sus sentimientos y a la preocupación por sí misma y de su familia, perjudicándose de esta manera, en alguna de las realizaciones que pudiera lograr. Agrega que el acontecimiento motivo de autos ha afectado en un grado moderado su personalidad de base, incrementando de esta manera el estado de ansiedad y tensión interna, limitando el uso de sus recursos internos con la consiguiente consecuencia en su relación familiar/social. Para estimar el porcentual de incapacidad señala como diagnóstico “desarrollo psíquico postraumático” y sobre la base de los baremos que menciona a fs. 668 segundo párrafo, estima una disminución del valor psíquico integral o global del 15%.

Sin embargo es de observar que se refiere únicamente a la situación que existía al momento de practicarse el estudio (fs.668 in fine), y por otro lado no ha de soslayarse que al referirse al tratamiento que sugiere, señala que en ese lapso de seis meses puede mejorar la relación de la niña consigo misma y con su entorno familiar, lo cual es revelador de la posibilidad de mejoría, aunque no de superación total de la secuela psíquica (fs. 668 tercer párrafo). Por lo expuesto, propongo admitir el resarcimiento de esta partida a favor de Erika Aylén fijando la indemnización en la suma de $30.000.

VII.- Gastos terapéuticos para el co-actor D. R. A. Por este co-actor se cuestiona el monto de $3.000 fijado en la sentencia por considerarlo escaso en razón de la discapacidad derivada del accidente y de los numerosos tratamientos aconsejados para intentar recuperar parte de las capacidades que tenía con anterioridad al hecho. Aunque hace mención a tratamientos médicos y psicológicos a causa de la incapacidad permanente que sufre, es de advertir que con respecto a este coactor corresponde considerar que lo relacionado con el tratamiento psicológico ha sido valorado globalmente por la magistrada a fs.

859, al establecer el resarcimiento por incapacidad sobreviniente en el punto 7, apartado b).

De todos modos la gravedad de las lesiones padecidas por D. R. A. descriptas por el perito médico a fs. 719/720, que debió permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva por las secuelas que allí enuncia el experto (fs. 720 in fine), los tratamientos a que hace referencia el experto a fs. 721 (kinesiología, terapia ocupacional, evaluación y seguimiento psicopedagógico para la reinserción escolar, fonoaudiología, servicio social para gestionar el certificado de discapacidad y medicación que menciona), me llevan a concluir en que el monto pretendido de $10.000 no resulta ser excesivo, por lo que propongo elevar a esa cantidad la indemnización por gastos terapéuticos a favor de este reclamante.

VIII.- Intereses.La citada en garantía se agravia de la tasa activa de interés fijada en la sentencia desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago y propugna la aplicación de la tasa pasiva (fs. 899/902).

Si bien con anterioridad en esta Sala por mayoría, que integrábamos con el Dr. Posse Saguier, se hacía un distingo para la determinación de la tasa de interés a aplicar según la fecha en que se valoraban los montos indemnizatorios, a partir del precedente resuelto por la Sala con fecha 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino, Loloir Z. c/ AYSA s/ daños y perjuicios” (expte. N° 162543/2010, L. 628.426), un nuevo planteo de la cuestión realizado ante la situación económica del país, nos ha llevado a adherir a la solución según la cual la tasa activa prevista en el fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” , del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, pues en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.

Asimismo es de señalar que a juicio de la Sala no obstante la derogación del art. 303 del Código Procesal prevista en el art. 12 de la ley 26.853, ese artículo ligado a las normas atinentes al recurso de inaplicabilidad de la ley conserva vigencia ultraactiva en tanto no sean operativas las que lo sustituyen por el de casación (art. 15 de la ley citada).

De ahí que la doctrina plenaria antes mencionada continúa siendo obligatoria para el Tribunal y consecuentemente la decisión de la magistrada que dispone que los intereses se liquidarán a la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina desde que se produjo cada perjuicio debe ser confirmada.

Por los fundamentos que anteceden voto porque se modifique la sentencia de fs.848/860 en cuanto a lo resuelto sobre la responsabilidad, declarando que los codemandados y la citada en garantía deberán responder por el 100% de los montos indemnizatorios que se admiten. Asimismo voto porque se modifique el monto indemnizatorio del daño moral fijado a favor de Diego G. A. y R. T., elevándolo a la suma de $200.000; y el fijado a favor del co-actor D. R. A.por gastos terapéuticos elevándolo a la suma de $10.000. Voto también porque se eleve la indemnización por daño moral favor de E. A. A. a la suma de $80.000 y porque se admita el resarcimiento de daño psíquico a favor de esta última, fijándoselo en $30.000, respectivamente. Finalmente, propongo confirmar lo demás que fue materia de expresión de agravios. Con costas de alzada a cargo de los demandados y la citada en garantía (art. 68 del Código Procesal).

Disidencia parcial del Dr. ZANNONI:

Si bien comparto en términos generales el voto de mi distinguido colega, el Dr. Posse Saguier, debo dejar, aunque más no sea, a salvo mi posición lo relativo a la indemnización del valor vida reclamado por los padres de F. A. y que la sentencia acoge en la suma de $ 300.000. Cierto es que al no existir agravios de la parte demandada y condenada, nada puede resolver este Tribunal al respecto.

Sin embargo, considero razonable aclarar que es inadmisible el reclamo por la pérdida de “chances” de ingresos para los padres como modelo indemnizatorio general y por cierto abstracto cuando, como en el caso, se trata de un hijo que, por su edad, obviamente no desarrollaba un trabajo remunerado y tampoco ayudaba económicamente a sus padres. La pérdida de un hijo es, no se me oculta, uno de los dolores más grandes -si no el mayor- que puede llegar a sufrir una persona.Pero esa pérdida no irroga, por sí misma, perjuicios patrimoniales, sino indudablemente un inconmensurable daño moral que es el que debe ser indemnizado.

Con esta salvedad, que remite a precedentes de la Sala en los que me tocó votar casos análogos, adhiero al primer voto.

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante el Dr. POSSE SAGUIER votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

JOSE LUIS GALMARINI

EDUARDO A. ZANNONI

FERNANDO POSSE SAGUIER

Buenos Aires, 10 de febrero de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 848/860 en cuanto a lo resuelto sobre la responsabilidad, declarando que los codemandados y la citada en garantía deberán responder por el 100% de los montos indemnizatorios que se admiten. Asimismo se modifica el monto indemnizatorio del daño moral fijado a favor de Diego G.A. y R. T., elevándolo a la suma de $200.000; y el fijado a favor del co-actor D. R. A.por gastos terapéuticos elevándolo a la suma de $10.000. También se eleva la indemnización por daño moral favor de E. A. A. a la suma de $80.000 y se admite el resarcimiento de daño psíquico a favor de esta última, fijándoselo en $30.000, respectivamente.

Finalmente, se confirma lo demás q ue fue materia de expresión de agravios. Con costas de alzada a cargo de los demandados y la citada en garantía.

Notifíquese y devuélvase.