El nuevo concepto del animal como sujeto de derecho no humano. Primera parte. Pérez del Viso, Adela

Autor: Pérez del Viso, Adela – Ver más Artículos del autor

Fecha: 14-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10648-AR | MJD10648

Sumario:

I. Introducción. II. Posturas filosóficas en la consideración de los animales no humanos. III. Declaraciones internacionales de Derecho. IV. Legislación en relación con los animales.Doctrina:

Por Adela Pérez del Viso (*)

«Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos, ampliando nuestro círculo de compasión, abrazando a todas las criaturas y al total de la naturaleza y su belleza».

I. INTRODUCCIÓN

Según Aristóteles, los hombres son «animales-racionales». Por lo tanto, los hombres comparten con los demás «animales» la primera parte de su naturaleza.

La llamada «civilización occidental y cristiana» ha basado su relación con el entorno en una parte del Antiguo o Primer Testamento, que afirma que a los seres humanos «los bendijo Dios y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”». (Génesis, 1:28). A partir de allí, con aquello de que hemos recibido el mandato de dominar la tierra, la ceguera, ignorancia cósmica o la soberbia han llevado -a esta especie- a considerarse superiores en calidad, conciencia y derecho de uso y abuso en relación con los demás seres vivos.

En efecto, en virtud de esta posición filosófica de «ser los amos del universo», a lo largo de la historia no solo se ha llevado a cabo el maltrato de los animales no humanos, sino que inclusive hasta los seres humanos han sido maltratados cuando han sido «homologados» a los animales, considerándolos cosas, propiedad de otras personas que podían adquirirlos, usarlos y abusar de los mismos (tal como ocurrió con los períodos legales de esclavitud).

Sin embargo, en la actualidad, se está produciendo una evolución positiva en pos de afinar la sensibilidad del ser humano hacia los demás seres vivos, no solo atacando el sufrimiento de los animales no racionales, sino debatiendo acerca de sus posibilidades para acceder al reconocimiento de ciertos derechos y la obligación concreta de la sociedad de no infligirles sufrimiento.Según la investigadora en Bioética y Derecho Fabiola Leyton, «hubo que esperar a la década de los setenta del siglo XX para que la filosofía y la ética práctica comiencen a preguntarse de manera sistemática por el estatus del hombre en el mundo y su relación con los animales no humanos. (…) Una característica común de estas reflexiones es el descubrimiento de una nueva forma de discriminación, el especismo, que sería determinante del tratamiento que la sociedad brinda a los animales, y con ello, de la violencia y el maltrato institucionalizados» (2)

Este término «especismo», concebido con connotaciones negativas, surgió casi como un descubrimiento intelectual en 1970 en manos del psicólogo inglés Richard Ryder, y según un texto de su autoría, lo que ocurre es que se ejerce por una parte «una moral aplicada en relación con los humanos», y por otra parte, una batería de reglas morales diferentes en relación con los «animales no humanos». (3). Este especismo moral se refleja luego en la forma en que legislamos y resolvemos cuestiones en el ámbito del derecho, en relación con los animales.

A continuación, analizaremos primero algunas posturas filosóficas y sociológicas y la postura de crítica de los sistemas legales basados únicamente en el especismo; posteriormente observaremos la legislación nacional e internacional que rige el derecho de -y con- los animales; para luego analizar los fallos jurisprudenciales anteriores y posteriores a la reforma constitucional argentina de 1994, arribando así finalmente a las resoluciones que otorgan al animal el carácter de «Sujeto de Derecho no humano».

II. POSTURAS FILOSÓFICAS EN LA CONSIDERACIÓN DE LOS ANIMALES NO HUMANOS

1. Postura de respeto al animal en virtud de su capacidad de sufrimiento: Peter Singer

El filósofo australiano Peter Singer (profesor de Bioética en la universidad de Princeton) publicó en 1975 una obra llamada «Liberación animal: una nueva ética para nuestra forma de tratar a los animales». Este libro ha sido considerado el punto fundacional para el Movimiento de la Liberación animal.Singer evitó utilizar o analizar la terminología referida a «Derechos» de los animales. Siguiendo a Jeremy Bentham (4), y una postura de tipo «utilitarista», este autor se refirió simplemente al «interés» de los animales, el cual está basado en su «posibilidad de sufrir». Peter Singer habló del «bien mayor para la humanidad», que consistiría en una idea utilitaria: hay que observar en las conductas de las personas si ellas contribuyen o no a un bien mayor para la humanidad. Esa sería la medida de una conducta «buena» o ética. No habría ninguna razón para dejar de aplicar ese principio en relación con los animales (él dice «con los otros animales»). Afirma este autor que si bien los animales no tienen derechos tal como los derechos de los seres humanos, ocurre que de los principios utilitarios derivaría la obligación de «minimizar el sufrimiento», que se aplica por igual a humanos y a no humanos. En «Liberación Animal…», este autor describe una forma de discriminación que él denomina «especismo», que consiste en discriminar a otro ser vivo splo porque pertenece a determinada especie o bien porque no pertenece a la especie humana. Todos los seres capaces de sufrir merecerían una igual consideración. Tratarlos de otra manera, con menos consideración, no sería justificable, así como no se justifica discriminar por el color. Utilitariamente, hay que tomar en cuenta la capacidad de sentir sufrimiento como un principio, mucho más que la inteligencia o racionalidad. «El peso real del argumento moral no reside sobre la existencia o no de un “derecho individual”, sino que debe basarse en las posibilidades de sufrir o de sentir felicidad. En este punto, podemos afirmar la necesidad de reconocer igualdad a los animales, sin embrollarnos en controversias filosóficas sobre la naturaleza última de sus hipotéticos derechos» (5).

Es importante prestar atención a estos argumentos, ya que luego veremos que son la misma línea de razonamiento que recientemente se sostuvo en el caso «Cecilia», un reciente y señero fallo judicial en la Argentina.Siguiendo esta línea, Peter Singer afirmó que si bien algunos animales tendrían menos inteligencia que el ser humano medio, sin embargo, existen algunos seres humanos que tienen su inteligencia también disminuida, de forma tal que algunos animales (por ejemplo, primates que han aprendido el lenguaje de señas y otros símbolos) se encuentran a la par de niños de corta edad. En consecuencia, no es sobre la base de la «inteligencia» que debe surgir la consideración moral (y por ende jurídica), sino sobre la base de las posibilidades de «sentir» (sufrimiento / bienestar / alegría).

2. Postura del respeto a los «derechos» del animal: Tom Regan y Joel Feinberg

Enfrentado a la anterior postura sociológica, hallamos la posición de Tom Regan, en «El caso por los animales», de 1983. Esta postura, alejándose de Singer y su «utilitarismo», defiende esta vez la existencia de «derechos» en los animales.

Tom Regan avanza afirmando que lo que es malo no es en sí la forma en que los animales son tratados (lo cual varía de caso en caso). Lo que es malo es el sistema en su conjunto. «Los sufrimientos del venado son patéticos; la tortura a un chimpancé con electrodos en su cabeza es repulsiva; la muerte lenta de un animal con su pierna metida en una trampa es terrible. Pero lo que es peor, no es el dolor, el sufrimiento o la privación… El mal fundamental es el sistema, que nos permite ver a los animales como parte de «nuestros recursos», para ser comidos, manipulados, explotados por deporte o por dinero. Una vez que se acepta este punto de vista sobre los animales, como si fueran nuestros recursos, el resto es tan predecible como condenable. ¿Por qué preocuparnos porque estén solitarios, por su muerte, o por su dolor?Desde el momento en que los animales existen para nosotros, para beneficiarnos a nosotros, aquello que los dañe realmente no importa mucho, o bien solo importa en la medida [en] que nos llega a molestar» (6).

Tom Regan afirma que los animales no solo tienen capacidad de sentir, sino además son los seres «sujetos de una vida», capaces de manifestar una mínima autoconciencia y una cierta vida psíquica que enriquece su experiencia individual. Los animales «buscan estados de bienestar y placer con arreglo a sus fines individuales o colectivos. Esta potencialidad de ser sujetos de una vida sería característica, al menos, de todos los mamíferos mayores al año de edad, que es cuando, según el autor, la individualidad y madurez psicológica y emocional de los mamíferos, se encuentra desarrollada y diferenciada» (7).

Regan afirma que el derecho moral básico que tienen todos los seres vivos es el derecho a un tratamiento respetuoso. Este derecho se basa en el «principio de respeto», que prohibiría tratar a quien detenta este derecho, como un objeto, como un medio para un fin (8).

Los animales no deben ser considerados como cosas, o como «recursos», sino como seres vivientes con potencialidad de ser sujetos de una vida. Y es esta potencialidad lo que -para Tom Regan- lleva a la existencia de derechos en cabeza de los animales; derechos que deben ser respetados por la sociedad en su conjunto.

Acerca de cómo lograr poner en práctica estos derechos, ya que los animales no tienen medios económicos, ni la posibilidad de contratar un abogado, o en fin, lograr visibilizar su interés y elevar su voz para hacer respetar sus derechos. El autor Joel Feinberg, filósofo del Derecho de la Universidad de Michigan -él habló acerca de los límites morales y las raíces del Derecho- escribió un ensayo titulado «Los derechos de los animales y las generaciones futuras» (9). En este corto texto, Feinberg afirma lo siguiente:- Que se diga que los animales tengan falta de competencia «intelectual», ello no lleva por lógica a que se encuentren «impedidos de tener derechos».

– Todos debemos admitir que los animales no pueden reclamar directamente y en persona por sus derechos. No pueden «accionar» por sí mismos. Inclusive, los animales pueden no entender que sus derechos están siendo violados. Pero -dice Feinberg- que siguiendo a W. D. Lamont, no es verdad que la imposibilidad de accionar o de entender son indispensables para detentar derechos. «Porque, si así fuera, las personas que son discapacitados mentales o bien los mismos bebés, no tendrían ningún derecho ante la ley. Lo cual claramente no es así. Niños y discapacitados mentales inician procedimientos legales, no por sí mismos, sino a través de sus representantes y abogados que reciben un poder para hablar en sus nombres».

– Feinberg afirma que los animales sí poseen intereses concretos. «Los animales (al menos los animales de la escala más alta) tienen apetitos, urgencias, propósitos rudimentarios, y la satisfacción integral de los mismos constituye su bienestar. (…) Los animales ciertamente están entre el tipo de seres vivos en relación con los cuales tienen sentido los derechos, y los derechos pueden ser asignados o denegados» (10).

3.Postura de denuncia a las normas legales del «bienestarismo»: Joel Feinberg y Gary Francione

Joel Feinberg, en 1974, termina su ensayo de cuatro páginas «Los derechos de los animales y las generaciones futuras», preguntándose, a partir de la postura de que los animales en verdad sí poseen derechos, cuál sería entonces e«bien legal protegido» por el cual trataríamos a los animales con cierta consideración o respeto.

Acaso nuestra motivación se basaría en el puro interés del animal, o bien solo en «nuestra conciencia», o en virtud de nuestra sensibilidad (para evitar por ejemplo verlos sufrir)?

Feinberg concluye su ensayo diciendo terminantemente que hay que reconocer los derechos en los animales solo y simplemente por el bien del animal (y no por otros fines propios de los seres humanos). Reconocerles derechos es algo que los hombres «les debemos», se los «tenemos que reconocer». Es algo que los seres humanos tenemos que «reclamar por ellos»; no reconocérselos sería a la vez una injusticia y un mal moral (11).

Ahondando en esta postura de analizar las razones por las que se legisla supuestamente a favor de los animales, en 1995 el jurista Gary Francione escribe «Animales, propiedad y el Derecho». En esta obra, el autor parte de la existencia de derechos en cabeza de los animales.

Aceptar que existen derechos de los animales «no lleva al absurdo resultado de decir que los animales tienen los mismos derechos que los humanos; (…) no decimos que los derechos de los animales como absolutos o iguales (…). Nadie dice que los animales no humanos tendrán derecho a manejar vehículos o ir a votar.Se trata de otros derechos (derivados de la vida), que pueden o no entrar en conflicto de derechos con otros de la vida real» (12).

Desde ese punto, Francione pasa a criticar el enfoque de las normas legales existentes, afirmando que hasta ese momento las normas que se han ido dictando no reconocen los derechos del animal, sino en realidad intereses humanos hacia los cuales concurre la circunstancia de que los animales «no sufran» o bien «sufran lo menos posible», «no sufran más de lo necesario», se cumplan medidas de seguridad e higiene en los animales (solo para evitar enfermedades en los humanos), etc. Estas normas son llamadas por Francione «medidas de bienestarismo legal».

Francione plantea la hipocresía de utilizar términos tales como «sufrimiento innecesario» de los animales (habría un «sufrimiento necesario») y «tratamiento humanitario» de los animales, y dice que esos términos perpetúan el especismo, el racismo de la especie, ya que siguen tratando a los animales como cosas sobre las cuales los seres humanos podemos tomar decisiones (13).

Lo que postula Francione en definitiva es que hay normas que parecen proteger a los animales y, en realidad, buscan el interés puramente humano; se trataría de normas «bienestaristas», las cuales no son sinceras a la hora de proteger a los animales. (Ejemplo de ello: las normas que refieren a la obligación de vacunación, restricción y castración de animales).

III. DECLARACIONES INTERNACIONALES DE DERECHO

Nos referiremos ahora a diversas declaraciones internacionales de derecho, desde la década de 1970 hasta fines del siglo XX.

1.Declaración de Estocolmo, 1972

En primer lugar, la Declaración de la ONU sobre Medio Ambiente Humano, o Declaración de Estocolmo, fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972.

Como vemos, ya desde su título, esta declaración no refiere a los derechos ni a los intereses de los animales concretamente (sino al «ambiente humano»). Sin embargo, toca tangencialmente la cuestión al considerar la «fauna» y el «ecosistema»:

El principio 2 establece que «los recursos naturales de la tierra incluidos (…) la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras».

El principio 4 dispone lo siguiente: «El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico, debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres» (14).

2. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, 1973

Esta convención fue suscripta en Washington en 1973 y de ella participaron 88 naciones. Respondía a la Recomendación 99 de la Conferencia de Estocolmo (reseñada en el punto 1 de este título III) y por ende se basaba en la protección del «Ambiente Humano». Fue ratificada por la Argentina mediante la norma estatal (llamada «ley» en ese momento) 22.344.

3. La Declaración Universal de los Derechos del Animal, 1978

En 1978 la llamada «Liga internacional de los derechos del animal» proclamó una «Declaración universal de los derechos del animal» y la leyó en la Unesco con el siguiente preámbulo:«Señor Secretario, la gran mayoría de sus representados, venimos en nombre de los que no se expresan en nuestro lenguaje, a demandar por una ley de Derechos de Animales no Humanos que sea tan eficaz como la ley de Derechos Humanos» (15).

En esta declaración, se establece que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia; todos tienen derecho a ser respetados, y la especie del animal humano no puede atribuirse el derecho a exterminar los otros animales o explotarlos violando ese derecho a la existencia. Los animales tienen derecho a la atención, cuidados y protección del hombre. Ningún animal debe ser sometido a malos tratos o actos crueles, y si una muerte de un animal es necesaria, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

En el art. 4, se proclama que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural (terrestre, aéreo o acuático) y a reproducirse; y que toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, contraría a este derecho.

En cuanto a los animales domésticos, se dispone en el art. 6 que «el abandono de un animal es un acto cruel y degradante»; y si un animal es «animal de trabajo», este tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, alimentación reparadora y reposo.

En otros dispositivos se prohíbe la explotación animal para esparcimiento del hombre, y se entiende que las exhibiciones de animales y espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Todo acto que implique la muerte de un animal sin ninguna necesidad, es un «biocidio», es decir, un crimen contra la vida.

Esta declaración de la Liga internacional de los derechos del animal no constituye aún derecho positivo, pero sus artículos resuenan con el peso propio de lo que es correcto, ético, sensible y cuidadoso de la naturaleza.Además, el texto de esta Declaración de derechos de los animales ha sido citado entre los fundamentos de otras normas; entre ellas, el Decr. 1088/11 de Sanidad Animal, que crea el Programa Nacional de Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos.

4. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, junio de 1992

Se trata de la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992. Proclama una serie de principios, entre los cuales está el Principio 10, que dispone lo siguiente:

«El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos; entre estos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes».

Como también es relevante en este punto, el Principio 13, que habla de las víctimas de la contaminación, daño ambiental y «actividades» realizadas bajo la jurisdicción de los estados. Ahora bien, no se aclara si las víctimas deben ser necesariamente «humanos» por lo que esta parte incluiría también a los animales:

«Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la el aboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción».

IV. LEGISLACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ANIMALES

Analizaremos a renglón seguido el Derecho Positivo tal como se ha desarrollado hasta la actualidad en la República Argentina.

Se observará que la forma de legislar en relación con los animales ha ido evolucionando, desde considerarlos «cosas» (objeto de tenencia y / o destrucción y no generaban deber alguno en cabeza de quien poseía la cosa); pasando por una postura de reglamentación del trato hacia el animal para evitar su extinción o bien para evitar enfermedades o peligros a los seres humanos en contacto con él; y llegando a un nuevo tipo de reglamentación que asume el interés del animal «per se» y la necesidad de evitar su sufrimiento, y casi sin la injerencia accesoria de ningún otro tipo de bien jurídico ajeno al animal.

Para comenzar, el «Código Civil originario», de septiembre de 1869, entendía a los animales como cosas muebles (articulado desde el art. 2311 del CCiv, originario de Vélez Sarsfield), es decir, objetos materiales susceptibles de tener un valor. En el art. 2343 , se afirma que son susceptibles de apropiación privada los peces de los mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos navegables, guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial y los enjambres de abejas, si el propietario de ellos no los reclamare inmediatamente. No se establece ningún límite a las facultades de uso (o de destrucción) que podían tener los propietarios sobre estas «cosas».

El Decr. 125.258, de febrero de 1938, prohibió la caza de cetáceos, y fue luego ampliado por el Decr.1216/74 que prohíbe la caza de lobos, elefantes marinos y focas.

La Ley 13.908 (año 1950), luego «abrogada» por el art. 36 de la norma estatal llamada Ley 22.421 de 1981, estableció la prohibición de caza de animales de fauna silvestre en todo el territorio nacional y en lugares de jurisdicción federal.

La Ley 14.346 (año 1954) de «Malos tratos y crueldad animal»: Esta ley establece normas que buscarían evitar el sufrimiento animal, y que se incorporan al Código Penal:

a. Se dispone prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

b. Malos tratos implicarían el hecho de no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, azuzarlos para el trabajo mediante innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, o excediendo notoriamente sus fuerzas; estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos.

c.Actos de crueldad están constituidos por la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello; mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie; intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario; «experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica» (no aclara cuáles serían tales animales superiores); causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal; lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad; realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

La Ley 22.344 (diciembre de 1980) ratifica en la Argentina la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, suscripta en Washington en 1973. En esta convención, participaron 88 naciones; ella respondía a la Recomendación 99 de la Conferencia de ONU de Estocolmo (que reseñamos en el próximo acápite) y, por ende, se basaba en la protección del «ambiente humano».

La Ley 22.421 (marzo de 1981) declara de interés público la Fauna Silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la Argentina, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional, y afirma que todos los habitantes de la nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos, y que cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios, fehacientemente comprobados, los mismos deberán ser indemnizados por la vía administrativa, por el Estado Nacional o por los Estados provinciales.El criterio rector de la ley es la prelación de la conservación de la fauna silvestre, entendiéndose por tal a los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales o artificiales, a los «bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad o semicautividad», y a los que son originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones. Excluye la ley a los animales comprendidos en las leyes sobre pesca. Se define lo que constituye la «caza» y se establece que el PEN y las Provincias podrán establecer limitaciones a la práctica de la caza por razones de protección y conservación de las especies o de seguridad pública. Se dispone que la autoridad nacional y las provincias deberán adoptar medidas para fomentar la creación de reservas, santuarios, o criaderos de fauna silvestre autóctona con fines conservacionistas, o bien el establecimiento de cotos cinegéticos oficiales y privados, jardines zoológicos y reservas faunísticas con fines deportivos, culturales y / o recreativos turísticos, que podrán tener propósito de lucro, y la crianza en cautividad de especies silvestres, con fines de explotación económica. En su caso, el PEN adoptará medidas de emergencia en caso de que una especie silvestre se encuentre en peligro de extinción o en grave retroceso numérico. Por último, se establecen «multas» como única sanción a las infracciones. En 2015 se dictó su actual reglamentación, la Res. 1135/15.

Constitución Argentina en 1994

En 1994 se modificó la Constitución Nacional Argentina y se incluyó el art. 41 donde se consagra la obligación de la sociedad y el Estado, de preservar la diversidad, cuando se dispone lo siguiente: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica».

A su vez, el art. 43 genera un camino de acción para reclamar: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y “en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente”, (…) el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines».

La Ley 25.675 (Ley de Política ambiental Nacional, noviembre de 2002):

Esta ley refiere al medio ambiente, no estrictamente a los animales.

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. (art. 1). La política ambiental nacional tendrá como objetivos los siguiente: a. Asegurar la preservación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales. b. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. c. Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; e. Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f. Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g.Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades humanas («antrópicas») generan sobre el ambiente. h. Promover cambios en los valores y conductas sociales a través de una educación ambiental. (.) j. Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional; k. Minimizar riesgos ambientales.

Se dispone que las disposiciones de esta ley son de orden público, directamente operativas y que se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia. Entre los principios ambientales, se citan el de prevención y precaución, el de equidad intergeneracional, el de progresividad, responsabilidad, solidaridad y cooperación.

Se ordena que, para toda acción, obra o actividad, que sean susceptibles de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, será necesario un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. Se afirma que se preverán y evitarán las alteraciones en los «biomas» (por ende, la vida de los animales en el medio ambiente) por efecto de asentamientos humanos, actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. Asimismo, se ordena la educación e información ambiental, y se habilita a «toda persona» al derecho a ser consultada en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

En los «Códigos Contravencionales de las provincias», existen algunas normas que refieren a los animales.El enfoque suele estar centrado en la seguridad del ser humano, y no en la evitación del sufrimiento animal (enfoque «bienestarista», al decir de Francione). Por ejemplo, en el Código Contravencional de la Provincia de San Luis (Ley VI-0702-2009), Título V, en «Contravenciones contra la seguridad colectiva», se sanciona con ciento cincuenta a quinientas unidades de multa, o arresto de dos a cinco días, a quien tenga animales peligrosos o prohibidos; o bien quien tenga animales en forma que pueda peligrar o entorpecer el tránsito o causar daño. Asimismo, a quien azuce o espante cualquier animal con peligro para la seguridad de las personas.

El Decr. 1088/11 (año 2011) creó un «Programa Nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos». Menciona como antecedente la Declaración Universal de los derechos de los animales, aunque citándola erróneamente como «adoptada por la ONU y por la Unesco» (cuando en realidad fue leída en el recinto de la Unesco, pero propugnada por la «Liga Internacional», no por la ONU). Menciona también como antecedente a la Ley 22.953 , que declaraba de interés nacional la lucha antirrábica. Aparentemente la máxima preocupación de los autores de este decreto no reside en el interés de los animales o bien en la necesidad de evitarles sufrimiento, sino en la prevención de determinadas enfermedades, como la rabia, la leishmaniosis visceral, la hidatidosis, la toxocariasis, la leptospirosis, la brucelosis y la toxoplasmosis, que pueden sobrevenir cuando hay superpoblación de canes y gatos en la ciudad.

De su exposición de motivos surge que habría dos formas de tratar esta superpoblación animal (peligrosa para el hombre por originar tales enfermedades): la forma «eutanásica» y la «no eutanásica». Obviamente, la primera forma es un eufemismo por «exterminación» de los animales para evitar que se multipliquen.La forma no eutanásica es la adoptada por este decreto, que cita antecedentes como la Ley de Mendoza 7756, la Ley de Buenos Aires 13.879, ordenanzas municipales de Rosario, Almirante Brown y Puerto Madryn y otras, donde se habría prohibido la práctica del sacrificio de perros y gatos en las dependencias oficiales, se estimula la tenencia responsable de los animales, el control de salubridad, vacunación y esterilización quirúrgica e indolora.

Tenencia responsable es definida en esta norma como aquella que provee al animal de los requerimientos básicos para su bienestar, a saber: la salud, la alimentación adecuada, el espacio de descanso protegido de las inclemencias del tiempo, el espacio para eliminar sus residuos, recreación, entre otros aspectos.

El Decr. 1088 fue emitido por el Gobierno nacional y requería, para la realización de campañas masivas, que los gobiernos provinciales y municipios se adhiriesen al mismo. Se preveían campañas nacionales de esterilización, «quirúrgica, temprana, masiva, sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo, abarcativa y gratuita». Asimismo, se afirmaba la necesidad de incluir en los programas de enseñanza, los temas referentes a la protección de perros y gatos mediante la tenencia responsable y el cuidado de la sanidad de los mismos, así como la realización de campañas de difusión masiva del «Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos».

En este Decr. 1088/11, se afirma que, mediante la tenencia responsable y los controles propios de la forma «no eutanásica», se contribuye directamente al bienestar de la comunidad en su conjunto. Vemos entonces que la óptica del decreto reside estrictamente en el ser humano, no en las «otras especies», los animales puramente dichos. Si bien se cita la Declaración de los Derechos del Animal, la reglamentación continúa siendo de corte «bienestarista» (terminología de Francione).

El Código Civil y Comercial vigente (agosto de 2015):

En el art. 240 del CCivCom, se ordenan los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes:«El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y “no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad”, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial».

Vemos así que aún no se reconocen «derechos de los animales», pero se abre la puerta para evitar actos de los hombres que afecten a la «fauna»; es decir, que dañen a los animales.

Por último en esta evolución legislativa, llegamos a esta ley que creemos busca la protección del bienestar del animal por sí misma: Si bien no reconoce «derechos de los animales», sí reconoce la «obligación de abstenerse de causar un daño» en el ser humano: la Ley 27.330.

La Ley 27.330 (publicada el 2/12/2016) establece la «Prohibición de las carreras de perros» en todo el territorio nacional, cualquiera sea su raza. Se dispone que el que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de tres (3) meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil pesos ($ 4000) a ochenta mil pesos ($ 80.000), y la ley se tendrá como complementaria del Código Penal .

Esta ley se dictó con base en el proyecto de ley denominado 0078 de 2016, pero tiene su antecedente directo en el proyecto de ley S645/2015 y en otro proyecto de ley anterior, de la diputada Virginia Linares, 9557-D-2014.Se afirma que alrededor de las carreras de perros se organizan apuestas de las apuestas de los concurrentes donde se juega mucho dinero de manera ilegal, sin tributar impuestos, y que la sanción de esta ley se basa en previos antecedentes en ordenanzas municipales y en leyes provinciales, como la Ley 12.449 de Buenos Aires, las cuales prohíben el uso de perros tanto para carreras como para la caza de otros animales (Decr.-Ley 10.081/83, art. 273). Estos dos puntos buscan favorecer a la «especie humana». Pero, aparte de los mismos, los restantes fundamentos de los proyectos que devinieron en ley se proponían el «bienestar» y no el «bienestarismo» de los animales, dado que los argumentos serían los siguientes:

– Se afirma que los perros, antes de las carreras, reciben crueldad y maltrato, «son drogados, castigados y estimulados con descargas eléctricas, pasan la mayor parte del tiempo en jaulas y se les permite salir solo para entrenar, competir o hacer sus necesidades» (16).

– Se entiende que las «hembras de los perros que viven en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas y paren de manera descontrolada, espectáculos violentos con animales o actos de crueldad manifiesta, son algunas de las situaciones sistemáticamente denunciadas por organizaciones de defensa de los animales. En repetidas ocasiones, los galgos son encontrados severamente golpeados, quemados vivos, rociados con ácido, tirados en pozos, atados en cuevas y abandonados (una vez que no son «útiles» para la competencia o la caza) con importantes secuelas renales, neurológicas y motrices, fracturas y desnutrición, colgados o torturados de distintas formas» (17).

– Se describe la forma en que se desarrollan las carreras para entender la sinrazón por la que los perros son desechados: «Las carreras de galgos consisten en hacer correr en un circuito ovalado (canódromo) a varios ejemplares de esta raza con un bozal en el hocico detrás de una liebre artificial, a la que nunca podrán dar alcance, hasta llegar a una meta. En las mismas, los galgos pueden alcanzar trotes de hasta 60 kilómetros por hora.Se supone que cuando persiguen a la liebre en los campeonatos tienen que hacer los mismos quiebres que ella, girar en los mismos puntos, seguir el mismo camino. Cuando el galgo se da cuenta de que recortando en diagonal a la trayectoria de la liebre gana terreno, se pierde la gracia y se lo considera un “galgo sucio”, por lo que ya no son «útiles» y entonces los galgos pueden son “desechados”» (18).

– «En los canódromos no se realizan controles “antidoping”, permitiendo entonces el uso de drogas y estimulantes para que los perros corran más rápido. La estimulación aumenta la potencia de los perros que van en detrimento de su salud. Los animales son sometidos a sobreexigencias, como inyecciones de estimulantes con base en estricnina, arsénico y efedrina, estimulantes cardíacos, clembuterol y anabólicos» (19).

– Se reseña que existen numerosas denuncias de particulares y entidades protectoras. «Faltan más medios materiales, humanos, y mayor implicación de las diferentes administraciones e instituciones. Creemos que es hora de que, en todo el territorio nacional, exista una herramienta legislativa para poder luchar más eficazmente contra la crueldad hacia los animales, y en este caso especialmente hacia los perros que sufren dicha crueldad y utilización mercantil» (20).

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(1) EINSTEIN, Albert: Carta del año 1950, citada The New York Times (29 de marzo 1972) y «The New York Post» (28 de noviembre 1972). La obra «The New Quotable Einstein», de Alice Calaprice (Princeton University Press, 2005), p. 206, tiene una versión similar, pero algo diferente de este trozo de carta, que ella data el 12 de febrero de 1950. Disponible en el siguiente enlace web: http://laitman.es/2012/05 /albert-einstein-un-ser-humano-es-una-parte-del-todo/.

(2) LEYTON, Fabiola: «Literatura básica en torno al especismo y los derechos animales», en Revista de Bioética y Derecho. N.°19, mayo de 2010, p. 14. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD19_art-leyton.htm.

(3) LEYTON, Fabiola: op. cit.

(4) BENTHAM, Jeremy:«Introducción a los principios de la Moral y Legislación» 2da edición. 1823, capítulo 17: «No tengo objeciones en que perros u otros animales inferiores sean puestos en situación de sufrimiento cuando se trata de un experimento con un objeto determinado, que sea beneficioso a la humanidad, y que tenga alguna posibilidad de éxito. Pero veo con una gran objeción, insuperable, el hecho de que se los ponga a sufrir sin que sea con tal objetivo. Todos estos actos que son sin ninguna finalidad de bien, y que causan dolor en cualquier ser viviente, son un acto de crueldad. … No puedo entender que se pueda ver a un perro o un caballo sufrir. Esto no podría ser nunca un espectáculo de entretenimiento, tal como no podría serlo ver a un hombre sufrir». (T. del A.).

(5) SINGER, Peter: «Animal Liberation: A new Ethics for our treatment of animals». Harper Collins. EE. UU., 1975. Octava página del primer capítulo, disponible en: http://www.uvm.edu/rsenr/wfb175/singer.pdf. T. del A.

(6) REGAN, Tom: «The case for animal rights». University of California Press, 1983. Disponible en la Biblioteca «The animal rights library», http://www.animal-rights-library.com/texts-m/regan03.pdf . T del A.

(7) REGAN, Tom: op. cit.

(8) Cita del pensamiento de Tom Regan, en LEYTON, Fabiola: «Literatura básica…», op. cit.

(9) FEINBERG, Joel: «The Rights of Animals and Future Generations». In William Blackstone (ed.), Philosophy and Environmental Crisis. Universidad de Georgia. Athens, Georgia, 1974. ISBN 0-8203-0343-7. Disponible en: http://www.animal-rights-library.com/texts-m/feinberg01.htm. T. del A., p. 2.

(10) FEINBERG: op cit. T. del A., p. 4.

(11) FEINBERG: op. cit. T. del A., p. 4.

(12) Así lo reseña Francione, Gary, en «Animals, Property and the law» (Ethics and Action) Temple university Press. 1995. Disponible (primer capítulo) en el siguiente enlace web: http://www.temple.edu/tempress/chapters_1100/1156_ch1.pdf.

(13) Francione, Gary: op. cit.

(14) Declaración de la ONU sobre Medio Ambiente Humano, o Declaración de Estocolmo.Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972, disponible en en el siguiente enlace web: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf.

(15) Liga internacional de los derechos del animal: «Declaración universal de los derechos del animal», disponible en la página de la Universidad de Chile: http://www.derechoanimal.uchile.cl/links/declaracion_universal.html.

(16) Proyecto de ley contra las carreras de perros. Proyecto S. 645/2015 de la Dip. María M. Odarda, disponible en el siguiente enlace web: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/360786/downloadPdf.

(17) Ídem.

(18) Ídem.

(19) Ídem.

(20) Ídem.

(*)Abogada (UNL, 1986), Notaria (UNL, 1988), Mediación en ámbitos comunitarios (FLACSO), Profesora de Lengua Inglesa (IFDC, San Luis, 2014), Docente del Seminario de Inglés Jurídico en la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis y del Centro Examinador TOLES «Equipo de Trabajo en Inglés Jurídico». Abogada en ejercicio.