El Estado Nacional es responsable por la muerte de un interno dentro de un establecimiento carcelario como consecuencia de su deficiente prestación de servicio

Partes: G. O. Z. y otros c/ EN SPF y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 2-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103638-AR | MJJ103638 | MJJ103638

Sumario:
1.-El Estado es responsable por el fallecimiento de un interno dentro de una unidad de detención a raíz de las agresiones perpetradas por otro y, por lo tanto, debe afrontar las consecuencias de la prestación irregular del servicio carcelario, dado que se incumplió con la orden judicial que disponía la derivación del occiso a otro complejo, dispuso su remisión en una unidad carcelaria a sabiendas del peligro que corría – estaban alojados familiares de la persona a quien él había producido la muerte – y omitió comunicar inmediatamente su destino; a lo que se suma que el autor material de homicidio tenía en su disposición un elemento punzo-cortante con el que finalmente asesinó a la víctima, hechos que implican una violación del régimen disciplinario y que la demandada tenía obligación de evitar.

2.-La indemnización por el valor vida solicitada por los padres de una persona fallecida dentro de una unidad carcelaria debe rechazarse, dado que no acreditaron la asistencia económica que su hijo les brindaba.

3.-La indemnización por pérdida de chance pedida por los padres de una persona fallecida debe admitirse, ya que resulta razonable admitir que la muerte de su hijo importó la frustración de una posible ayuda material y de la comprensión objetiva y realista de la situación económico social de la familia permite inferir con probabilidad suficiente su cooperación futura, habida cuenta de la modesta situación patrimonial de los padres del difunto.

4.-La indemnización por pérdida de chance solicitada por la concubina y la hija de una persona fallecida con relación al progreso económico del que alegan haber sido privadas debe rechazarse, dado que no existen constancias que permitan determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto.

5.-La indemnización por el daño moral padecido por la concubina de una persona fallecida dentro de una unidad carcelaria debe rechazarse, debido a que el art. 1078 del Cciv., cuya constitucionalidad no ha sido atacada, limita el derecho a la reparación de ese daño a los herederos forzosos, carácter que no reviste la concubina, la que, no obstante haber sufrido perjuicio de esa índole ve restringida, por razones de política legislativa, su derecho al pleno resarcimiento.

6.-Debe admitirse el reclamo de daño moral solicitado por los padres de una persona fallecida en una unidad carcelaria, pues el evento dañoso constituyó una fuente de angustias y padecimientos espirituales que debe ser reparado judicialmente ya que la muerte de un hijo provoca uno de los mayores daños que el ser humano pueda sufrir.

7.-El daño moral padecido por una menor de edad frente al fallecimiento de su padre debe repararse, ya que debe considerarse que fue privada en forma prematura de la asistencia espiritual y material de su padre, y de la consiguiente protección y seguridad que requerían durante la minoridad.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los días del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los recursos interpuestos en el expediente “G. O. Z. Y OTROS c/ EN-SPF Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:

I.- Que a fojas 324/336 la jueza de la instancia anterior hizo lugar parcialmente a la demanda entablada en autos y condenó al Estado Nacional – Servicio Penitenciario Federal (en adelante SPF) a abonar las siguientes sumas: $ 3.000 (pesos tres mil) en concepto de gastos de sepelio en conjunto para los actores; $ 180.000 (pesos ciento ochenta mil) por el rubro valor vida para la Sra. Érica SCHENONE e igual suma para la menor N.A.S.; $50.000 (pesos cincuenta mil) en concepto de daño moral correspondiente al Sr. O. S., a la Sra. O. G. y la menor N.A.S. respectivamente; y $7.800 (pesos siete mil ochocientos) por daño psicológico e igual suma en concepto de tratamiento psicológico para el Sr. S. y la Sra. G. Agregó que a tales montos debían adicionársele el intereses correspondiente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, computado desde la fecha de acaecimiento de los hechos (el 02/10/02) y hasta su efectivo pago, con excepción de las sumas reconocidas en concepto de tratamiento psicológico, cuyo interés debía computarse a partir de la fecha en que quedara firme lo allí decidido. Asimismo, rechazó el resarcimiento del valor vida solicitado por el Sr. O. S. y la Sra. G., el reconocimiento del rubro “pérdida de chance” demandado por los actores, el daño moral pretendido por la Sra.SCHENONE, como así también la indemnización por daño psicológico y tratamiento psicológico demandado por esta última y por la menor N.A.S. Impuso las costas en el orden causado en atención al resultado final del litigio. En este sentido, recordó que los actores demandaron al SPF por la muerte del Sr. A. Y. S. en manos de un interno dentro del Instituto de Detención de la Capital Federal Unidad Nº 2 (Devoto, en adelante U.2). Para arribar al resultado antes descripto, la jueza de grado consideró que la responsabilidad del Estado por su actuación irregular surgía de manera palmaria de las constancias obrantes en la causa “S. A. Y. – B. M. D. s/ Homicidio simple”. En efecto, destacó que el citado organismo incumplió la manda judicial, que disponía la derivación del citado detenido al Complejo Penitenciario Federal Nº2 (Marcos Paz), y lo ubicó en la U.2 donde finalmente falleció, pese a que se conocía el peligro que corría su vida. Reseñó las disposiciones que regulan el traslado de detenidos (y que consideró infringidas) y resaltó que -en la causa en donde se investigaron tales hechos, en lo que aquí interesa- se condenó al Sr. Carlos Raúl GUERREÑO (Adjunto Principal del SPF) como autor culposo penalmente responsable del homicidio del Sr. Y. S., verificándose así la falta de servicio por violación del deber de custodia y control de los detenidos. A partir de ello, en virtud de lo dispuesto por del artículo 1112 del Código Civil (en adelante, CC) y por aplicación de la teoría del órgano, consideró que se encontraba configurado un supuesto de responsabilidad del Estado por falta de servicio, toda vez que -de acuerdo con la legislación local e internacional, cuyas términos reseñó- las cárceles deben ser para seguridad y no para el castigo de los detenidos, por lo que la demandada era responsable por el incumplimiento irregular de ese servicio.En cuanto a los rubros indemnizatorios, sostuvo que los gastos de sepelio y luto integraban el daño a resarcir, aun cuando no se hubiere aportado prueba sobre su realización y cuantía, por tratarse de erogaciones que necesariamente debieron efectuarse (arg. art. 1084 del Código Civil). Agregó que la fijación de su monto quedaba librada a la apreciación judicial (conf. arts. 163 inc. 5 y 165 del CPCCN), por lo que estimó apropiada su fijación en la suma de $ 3.000 (pesos tres mil) en conjunto para los actores.

Asimismo, reseñó la jurisprudencia de la Corte Suprema relativa al valor vida, pretensión que rechazó con respecto a los progenitores, ya que no acreditaron la asistencia económica alegada. En cuanto a la Sra. SCHENONE (concubina del fallecido) señaló que conforme surgía de las declaraciones obrantes en el beneficio de litigar sin gastos, la existencia de reciente descendencia común (en tanto la menor N.A.S., al momento de la muerte de su padre, contaba con un poco más de un año de edad) revelaba la intención de fundar una familia con carácter permanente. De este modo, consideró que la relación concubinaria tenía una solidez tal que permitía suponer un buen grado de proyección futura, esto es, una relación afectiva estable en vistas a una vida en común. Asimismo, en atención a la edad de la menor, destacó que el deber de atender a su subsistencia se habría prologando por varios años. También expuso que si bien no obraba prueba acabada del trabajo del occiso, ni de la cuantía de sus ingresos, su muerte debió gravitar, sin hesitación alguna, en los recursos económicos del núcleo familiar. Agregó que al momento del deceso, el Sr. S. tenía 23 años de edad y sus ingresos constituían el sostén de su familia, como así también que el único sustento de la Sra. SCHENONE era la asistencia mensual proporcionada por el Plan Jefes y Jefas de Familia.En virtud de lo expuesto y en atención a la escasa prueba rendida, fijó el valor vida en la suma de $ 180.000 (pesos ciento ochenta mil) para la concubina supérstite e igual suma para la menor, en la que consideró subsumida la pérdida de chance por ellas invocada. Recordó el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema referido al daño moral y destacó que el artículo 1078 del Código Civil sólo reconoce legitimación a los herederos forzosos, por lo que la concubina carecía de legitimación para reclamarlo. De este modo, graduó el resarcimiento en la suma de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) para cada uno de los progenitores y para la menor N.A.S. Respecto al daño psicológico y gastos de tratamiento, señaló que conforme surgía del informe del Cuerpo Médico Forense los padres del difunto presentaban una incapacidad del 10% y se aconsejaba su tratamiento psicoterapéutico. Por este motivo, reconoció la suma de $ 7.800 (pesos siete mil ochocientos) para cada uno de ellos por dichos conceptos.

Ahora bien, en tanto que el informe pericial no denotaban daño psicológico en la menor, ni en su madre, rechazó el reconocimiento de tales rubros.

II.- Que a fojas 344 el SPF interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fojas 359/366, los que no fueron contestados por las actoras. En su memorial alegó que no se verificaba un supuesto de responsabilidad del Estado. Sostuvo que el artículo 1112 del CC no era aplicable, toda vez que el Estado no debía responder por los hechos de sus funcionarios. Citó jurisprudencia en respaldo de su postura. También alegó que no siempre que se incurra en una falta de vigilancia el responsable debía quedar comprometido, “sino cuando la misma fuese eficiente en la caución (sic) del daño”. Agregó que los actores debieron enderezar la demanda contra los responsables materiales del homicidio. En sentido similar, expuso que tampoco era aplicable el sistema de responsabilidad establecido en los artículos 1109 y 1113 del CC.Sostuvo que no siempre la voluntad de los funcionarios se identifica con la del Estado e invocó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. Por otro lado, señaló que las indemnizaciones reclamadas y reconocidas tenían ánimo lucrativo y eran irrazonables. En relación con ello, expuso que al hallarse detenido resultaba “antojadizo pretender que su pérdida provocó perjuicios patrimoniales a la parte actora”, por lo que “lejos de aportar al sustento de su núcleo familiar importa una carga para éste”. Agregó que la vida no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir, con respecto a lo cual destacó que “la accionante [no indicó] la actividad lícita que el causante llevaba a cabo”, poseía antecedentes por la presunta comisión de delitos y negó que el occiso trabajara (v. fs. 364). Además se agravió con respecto al reconocimiento del daño moral, ya que éste debía ser mensurado prudencialmente y debían invocarse los padecimientos sufridos, los que a su entender eran ajenos a la responsabilidad del SPF. También alegó que el monto determinado en la sentencia era exorbitante. Por último, cuestionó la procedencia del daño psicológico, en tanto no se produjo incapacidad y que “las eventuales lesiones psíquicas que pueda padecer la actora, no guardan relación causal con hecho motivo de autos” (v. fs. 366).

III.- Que a fojas 346 apelaron los actores y a fojas 367/369 expresaron agravios, los que no fueron replicados por la demandada.Allí cuestionaron por bajo el monto determinado en concepto de valor vida, el rechazo de pérdida de chance y del daño moral en favor de la cónyuge, la cuantía de éste último, como así también el modo en que se debían calcular los intereses del rubro “tratamiento psicológico”. Al respecto, expuso que la jueza de grado incurrió en un error al sostener que los progenitores del causante quedaban excluidos de la presunción del artículo 1085 del Código Civil, con respecto a lo cual expuso que los padres eran herederos forzosos del causante. Agregó que -de acuerdo con la jurisprudencia- los padres tenían derecho a recibir alimentos de parte de sus hijos en atención a su vocación alimentaria. En cuanto al valor vida, alegó que la suma fijada era exigua para cubrir los gastos de subsistencia de la viuda e hijos, como así también que para su determinación debía calcularse el monto correspondiente al s alario mínimo, vital y móvil desde el momento del homicidio y hasta alcanzar la edad jubilatoria. Asimismo, en lo que respecta a la pérdida de chance, sostuvo que los padres perdieron la “chance” de “contar con su hijo a los efectos de la vocación alimentaria”, como así también la de que su cónyuge y su hija pudieran mejorar su situación económica. Cuestionó el rechazo del daño moral en favor de la concubina, con relación a lo cual citó normativa y jurisprudencia que consideró aplicable. Alegó que el monto reconocido en concepto de daño moral era exiguo y solicitó su adecuación a las circunstancias del caso. Además, expuso que los montos considerados como tratamiento psicológico habían quedado desactualizados y que correspondían que éstos generen intereses desde el momento de los hechos.Por último, se agravió con respecto a la imposición de costas.

IV.- Que a fojas 350 la Defensora Pública Oficial, en representación de la menor N.A.S., interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fojas 374/378, los que no fueron contestados por la demandada.

Allí, sostuvo que los rubros indemnizatorios reconocidos a la menor no resultaban “suficientes para resarcir el daño ocasionado por el Estado Nacional”, por lo que adhirió a los agravios deducidos por los actores. Además, contestó los agravios de la demandada y solicitó que se la excluyera de la aplicación de la Ley Nº 25.344 en atención al carácter alimentario de las sumas reclamadas.

V.- Que tal como ha quedado planteada la litis, la cuestión principal a resolver se centra en determinar si se verifica en autos un supuesto de responsabilidad del Estado, en tanto que el Sr. Y. S. falleció por las agresiones ocasionadas por otro interno, dentro del ámbito de la U.2 del SPF, pese a la existencia de una orden judicial que indicaba su radicación en otra unidad carcelaria (en virtud del peligro que corría su vida); extremos que no se encuentran controvertidos. Cabe recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone -en lo que aquí interesa- que las “cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. En sentido similar se pronuncian los instrumentos internacionales a los que la Nación adhirió y poseen jerarquía constitucional (conf. art. 75 inc.22 de la CN). En efecto, el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que “[t]odo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona” y su artículo XXV establece que “[t]odo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho (.) a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. De igual modo, el artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que “[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Por otro lado, el artículo 6º inciso 1º del Pacto Internacional de los Derechos Civil y Políticos dispone que “[e]l derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, mientras que su artículo 10 apartado 1º establece que “[t]oda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano”.

En el plano nacional, el artículo 1º de la Ley Orgánica del SPF Nº 20.416 prescribe que dicho organismo “es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor”. Entre sus funciones, se destaca la de “[v]elar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental”. (conf. art. 5º de la citada ley). Asimismo, el Régimen General de Procesados del SPF (Decreto Nº 303/96, T.O.1997) establece que el régimen carcelario aplicable durante la detención tendrá por objeto, además de retener y custodiar a las personas comprendidas en el artículo 1º, procurar que éstas mantengan o adquieran pautas de comportamiento y de convivencia aceptadas por la sociedad (conf. art. 5 del Anexo I de la Resolución 13/97). Por otra parte, su artículo 24 dispone -en lo que aquí interesa- que el “ingreso del detenido a la cárcel o alcaidía, se comunicará inmediatamente al Juez de la causa y a la DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL, con indicación del número de legajo personal asignado”. En consonancia con ello, el artículo 1º del Régimen Disciplinario de los internos del SPF (aprobado como Anexo I del Decreto Nº 18/97) establece que éste “responderá a la necesidad de posibilitar una ordenada convivencia de los internos, sobre la base del justo equilibrio entre sus derechos y sus deberes. Por ello, el orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza, sin imponer más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentre incorporado el interno”. Por su parte, el artículo 2º del régimen disciplinario dispone que “[e]l personal penitenciario mantendrá constantemente la atención y el cuidado necesarios para prevenir, advertir o evitar toda situación o condición que, por su naturaleza, sea susceptible de producir actos de indisciplina individual o colectiva”. Asimismo, estipula como falta grave de los internos la posesión de armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros; como así también la comisión de un delito doloso (conf. art. 18 incs.c) y j) del Anexo 1 del Decreto Nº 18/97).

VI.- Que con relación a la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 312:1656; 315:1892,1902; 316:2136; 320:266 ; 325:4175; 329:3065 ; 331:1690 ; entre otros). Asimismo, cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, aquél responde directamente por la falta de una regular prestación, esto es, aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio. En efecto, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que depende, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder en modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 321:1124 ; 330:2748 ; 333:1623 ; y 332:1115 ). Esa responsabilidad directa basada en la falta de servicio ha sido definida por la Corte Suprema como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular y entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. En consecuencia, el factor de atribución genérico deberá ser examinado en función de los elementos antes mencionados, mediante los que será posible aplicar en el caso concreto aquella regla general (Fallos:330:563 y 332:1115). Ahora bien, frente a pretensiones análogas a las deducidas en autos, el Máximo Tribunal expuso que “el postulado que emana del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional tiene un contenido operativo que impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, obligación que se cimienta en el respecto a su vida, salud e integridad física y moral”. Agregó que “[l]a seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado artículo 18, los propios de los penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema” (Fallos: 318:2002 ; 332:2842 ; entre otros; el destacado no es del original). Asimismo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que “quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal, y que es el Estado el que se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas. que se encuentras sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de su libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas, que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (Fallos:332:2842). En particular, respecto a la integridad personal, recordó que el mencionado tribunal internacional expuso que “es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia”. Asimismo, el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para ga rantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento del deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana (considerandos 44 y 45 de la causa “Verbitsky, Horacio s/ Habeas Corpus”, Fallos: 328:1146; 332:2842; el destacado no es del original). Por ello, y para cumplir con ese objetivo, el Alto Tribunal expuso que el SPF tiene la obligación de evitar que los internos tengan a su alcance elementos de evidente peligrosidad (arg. Fallos: 332:2842), como el empleado en autos. En efecto, esa obligación se deriva del deber de cuidado previsto en la ley orgánica del SPF, en el régimen general de procesados, como así también en el régimen disciplinario de los internos de ese organismo (conf. Ley Nº 20.416; Decretos Nros. 303/96 y 18/97).

VII.- Que en función de tales premisas corresponde ingresar en el análisis de las constancias de la causa.

VII.1.- Conforme surge de la causa Nº 60.071/02 (tramitada ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 12 de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad) se imputó al Sr. Y. S. el homicidio con arma de fuego del Sr. Walter Gastón LEGARDA (v. fs. 47 y 123/124 de la citada causa a la que se hará referencia en lo subsiguiente), hecho por el cual se libró orden de captura (v. fs. 48/49 y 51) y por lo que fue finalmente detenido (v. fs.104). En esa sede, luego de prestar declaración indagatoria, la Secretaria del juzgado interviniente expuso que “en presencia de su defensor particular (.) el imputado (.) solicitó ser trasladado al C.P.F. nº 2, Marcos Paz, toda vez que en el mismo se encuentra alojado su hermano y que además, el nombrado podría tener inconvenientes con internos en otras unidades, donde se encuentran alojados parientes y amigos” del damnificado en esas actuaciones (v. fs. 125). En virtud de ello, el juez de la causa ordenó el libramiento de un telegrama a la U.28 solicitando que se levante la incomunicación del imputado y se lo derivara al complejo penal solicitado (v. fs. 126 y 127). Ahora bien, a fojas 128 la Secretaria de dicho tribunal informó con fecha 1º de octubre de 2002 “se recibió en Secretaría un llamado de la [U.28], siendo atendido por [personal de esa dependencia], a quien le fue informado por personal [del SPF] que [el imputado] no podría ser trasladado al C.P.F. nº 2 -Marcos Paz-, toda vez que dicha unidad era para alojar detenidos pertenecientes a las fuerzas de seguridad”. La Actuaria replicó que ese “tribunal tiene detenidos alojados en dicha unidad, que no pertenecen a ninguna fuerza de seguridad (.), por lo que se debía cumplir con lo ordenado por S.S.”, a lo que el agente penitenciario contestó que consultaría con sus superiores y (en caso de duda) se volvería a comunicar. Con fecha 2 de octubre de 2002, el Jefe de la U.2 comunicó al tribunal interviniente el deceso de Y. S. dentro de ese establecimiento. Agregó que -según el médico de turno- la muerte se produjo por “paro cardiorespiratorio traumático. Herida punzocortante en hemitorax izquierdo a nivel de línea axilar posterior” (v. fs. 130; cargo de 9.18 hs.de la citada fecha). Asimismo, a las 12:06 del citado día (aunque datado con fecha 1 de octubre de 2002) el tribunal recibió la comunicación del Director de la U.28, en donde se anoticiaba del traslado del imputado a la U.2 con carácter de comunicado y exponía de que “el alojamiento del detenido tiene lugar por disposición de la Dirección Nacional del S.P.F.” (v. fs. 156). En virtud de lo expuesto, el juez interviniente declaró extinguida la acción penal contra el citado detenido (v. fs. 164). Ahora bien, en la causa en la que se investigó dicha muerte (tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de esta ciudad), se resolvió -en lo que aquí interesa- condenar al Sr. Cosme RIZZELLI, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple del Sr. Y. S., a la pena de 14 años de prisión, además declarándolo reincidente, y al Sr. Carlos Raúl GUERREÑO (agente del SPF), como autor penalmente responsable del homicidio culposo, a tres años de prisión y de tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de un empleo o cargo público; decisión que se encuentra firme (v. fs. 279/306 de la presente causa). Para así decidir, el tribunal interviniente en esa causa expuso que “la audiencia de debate oral y público permitió acreditar que el 2 de octubre de 2002, aproximadamente a las 2 hs., dentro del pabellón nº 6 de la planta 2a. de la [U.2.], el interno [RIZZELLI], con un elemento puzocortante, infirió a [Y. S.], apenas éste hubo ingresado como detenido en tal lugar, diversas heridas cortantes” que le produjeron una abundante hemorragia retroperitoneal que derivó en su muerte.Asimismo, señaló que de la documentación incautada en la U.2 surgía que el ingreso del interno se produjo el día 1 de octubre del 2002 a las 22:55 horas, figurando en el libro de remisiones de la División Judiciales su ingreso a las 23:30 horas, en libro de novedades del puesto de control interno de la División de Seguridad Interna a las 00:10 horas del día 2 de octubre de 2002 y en el libro de novedades del Pabellón Nº 6 a las 1:50 horas, habiéndose asentado su egreso a las 2:00 horas y su deceso a las 2:35 horas de la citada fecha (v. fs. 282 vta.). En relación con esto último, destacó que la autopsia practicada determinó que la muerte del Sr. Y. S. fue producto de una herida punzo-cortante en tórax y abdomen y hemorragia interna; cuestión que también surgía de la partida de defunción. Por otro lado, el tribunal penal sostuvo que el móvil del homicidio perpetrado por el Sr. RIZZELLI se debió a los lazos sanguíneos que éste poseía con la persona a la que Y. S. habría asesinado, parentesco que fue reconocido y debidamente acreditado en las constancias de esa causa. En cuanto al agente GUERREÑO, señaló que -a sabiendas de la orden judicial que disponía la derivación del detenido a CPF Nº 2- omitió realizar las averiguaciones pertinentes para ratificar el destino asignado, adoptar las medidas necesarias para resguardar la integridad física del imputado y poner en conocimiento de lo allí indicado al Jefe de la División Seguridad Interna. Sostuvo que, en atención su cargo y su ínsita responsabilidad de custodiar la vida e integridad física de los detenidos, el citado agente debió corroborar la derivación sin firma inserta en la orden emitida por el juez a la cual se oponía. Ello, toda vez que dicha nota resultaba endeble, sus fundamentos eran falaces y desconocían los términos impartidos en la orden judicial.Agregó que el mencionado agente no adoptó las medidas pertinentes para los internos que presentaban problemas de convivencia, verificándose así una desconsideración acerca de la integridad física y moral del detenido. Por ello, sostuvo que resultó acreditado que dicho funcionario no adoptó todas las medidas que tenía a su alcance para cumplir con el deber de cuidado. Por tales motivos, concluyó que “por negligencia se violaron los deberes propios que tenía asignados para su cuidado. Tal vez por hábito o quizás porque estaba acostumbrado a una forma de trabajar que no había derivado en consecuencias de relevancia, lo cierto es que expuso a aquel a una situación de por sí peligrosa”. Agregó que “en su comportamiento se ha verificado el quebrantamiento del rol que, puntualmente, dada su función de personal especializado del Servicio Penitenciario Federal, le había sido asignado tanto de custodia como de resguardo de los internos asignados, concepto sabido previamente e internalizado a lo largo de toda su carrera por los cuadros penitenciarios”. De este modo, concluyó que estaba probada la responsabilidad por omisión culposa” del Sr. GUERREÑO.

VII.2.- De acuerdo con la reseña que antecede, es posible afirmar que en el caso de autos se verifica un supuesto de responsabilidad del Estado por su actividad ilícita por la prestación deficiente del servicio carcelario. En efecto, el proceder constatado implica el incumplimiento del deber de guarda, custodia y seguridad de los detenidos, como así también la omisión de tomar los recaudos necesarios para la protección de la vida del detenido, obligaciones que emergen -tal como fue antes reseñado- de lo dispuesto en la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), como así también de la Ley orgánica del SPF Nº 20.416 y su reglamentación (Decretos Nros. 303/96 y 18/97). Ello, toda vez que el SPF incumplió con la orden judicial que disponía la derivación del Sr. Y. S.al Complejo Penal Federal Nº 2 (Marcos Paz), dispuso su remisión a la U.2 (a sabiendas del peligro que corría el detenido) y omitió comunicar inmediatamente el destino e ingreso del detenido en la unidad carcelaria en la que finalmente falleció (arg. art. 24 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 303/96; v. fs. 128, 130 y 156 del Expte. Nº 60.071/02). Asimismo, en la causa penal en la que se investigó este último homicidio (v. fs. 279/306), se comprobó que el Sr. GUERREÑO como agente del SPF, no realizó las averiguaciones pertinentes para ratificar el destino asignado, ni adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad física del imputado, como así tampoco puso en conocimiento de sus superiores de la orden judicial que asignaba otro destino. Por otra parte, allí también se verificó que el interno Sr. RIZELLI (autor material de homicidio) tenía en su disposición un elemento punzo-cortante con el que finalmente asesinó al Sr. Y. S., hechos que implican una violación del régimen disciplinario (conf. arts. 1, 2 y 18 incs. c) y j) del Anexo I del Decreto Nº 18/97) y que la demandada tenía obligación de evitar (arg. Fallos: 332:2842). De este modo, tampoco resulta procedente el agravio de la demandada relacionado con la responsabilidad por la materialidad del hecho, ya que -conforme se desprende de la causa penal en la que se investigó el homicidio- el proceder de los agentes del servicio penitenciario constituyó una causa eficiente de la producción del daño y pesa sobre todos los partícipes del delito la obligación solidaria de repararlo (arg. art. 1081 del CC). Conforme se desprende de las consideraciones antes vertidas, en la medida en que no existe ningún argumento que permita arribar a una conclusión diferente, el Estado Nacional debe afrontar las consecuencias de la prestación irregular del servicio carcelario (Fallos:306:2030; 312:1656; 315:1892,1902; 316:2136; 320:266 ; 325:4175; 329:3065 ; 331:1690 ; entre otros).

VII.3.- En consecuencia, corresponde rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia apelada en lo que se refiere a la existencia de responsabilidad del Estado.

VIII.- Que despejada la cuestión que antecede, se debe analizar los agravios de ambas partes referidos a la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios pretendidos. En este sentido, quedó firme la indemnización por gastos de sepelio establecida en la sentencia apelada, como así también la condición de concubina de la actora Sr. SCHENONE, aspectos que no fueron cuestionados por la demandada en sus agravios (v. fs. 359/366). En lo que al punto respecta, es dable recordar que el Código Civil (vigente al momento de los hechos, conf. art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación) establecía que “[t]odo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona” (conf. art. 1077 del CC). Asimismo, “[l]a obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos” (art. 1078 del CC). Por otro lado, “[l]a obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta” (conf. art.1079 del CC).

Ahora bien, en lo que concierne al supuesto particular de autos, el citado plexo legal establece que en el caso de homicidio “el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral; además lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla”. Asimismo, “[e]l derecho de exigir la indemnización (.) compete a cualquiera que hubiere hecho los gastos de que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo, sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente, y por los herederos necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo” (conf. arts. 1084 y 1085 del CC).

IX.- Que en lo que respecta al valor vida, la Corte Suprema tiene dicho que “la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente la vida humana, reducirla a valores crematístiticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de la vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue” (conf. Fallos:316:912; 317:1006 y 1921; 325:1277 ). Asimismo, el Alto Tribunal expuso que para fijar la indemnización por el valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas sino que es menester computar las circunstancias particulares de la víctima y de los damnificados: edad, grado de parentesco, educación, profesión, posición económica y social, expectativa de vida, vida ultil, aptitudes para el trabajo, etc. (conf. Fallos: 305:953; 317:1006; 325:1277; 329:3403 ; entre otros). En efecto, el valor de la vida humana no resulta apreciable sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de mensurar en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres (del dictamen del Procurador Fiscal al que se remitió la CSJN en la causa “Nuñez Hugo Fabio”, sentencia del 06/10/15, y sus citas; Fallos: 331:570 ; 329:4944 ; entre otros).

IX.1.- Ahora bien, en lo que concierne a los padres del difunto, tal como fue destacado en la sentencia apelada, la Corte Suprema destacó que no rige con respecto a ellos la presunción iuris tantum contenida en los artículos 1084 y 1085 del CC, toda vez que aquella está restringida al caso del cónyuge supérstite y sus hijos menores e incapaces con las salvedades contenidas en la última parte de la norma citada en segundo término. De este modo, y si bien -por la aplicación del principio general del artículo 1079 del citado código- todo perjudicado por la muerte de una persona tiene derecho a obtener la reparación del daño sufrido, los padres del difunto debieron acreditar la procedencia de la reparación pretendida (arg. Fallos:318:2002 ; 332:2842 ; 326:1299 ; 338:652; entre otros). Con relación a esto último, la jueza de grado consideró que dichos actores no acreditaron la asistencia económica que su hijo les brindaba en los términos invocados. Sin embargo, frente a dicha apreciación fáctica, los recurrentes se limitaron a alegar su condición de herederos forzosos, como así también su vocación alimentaria, sin identificar a partir de qué elementos probatorios resultaba acreditada su pretensión (arg. art. 377 del CPCCN; Fallos: 318:2002; 332:2842; 326:1299; 338:652). En efecto, su vocación hereditaria se ve desplazada por la existencia de descendientes (arg. art. 3.567 del CC) y tampoco constituye un argumento eximente de la carga de probar ese extremo. De este modo, en concordancia con la conclusión arribada en la sentencia apelada, corresponde rechazar dichos agravios toda vez que los padres del difunto no lograron acreditar la asistencia económica que su hijo les brindaba (conf. art. 377 del CPCCN). IX.2.- Con respecto a los agravios relativos al valor vida reconocido a la concubina del difunto y a la pequeña hija de ambos, corresponde analizar las constancias de la causa a la luz de la jurisprudencia antes reseñada. En este sentido, conforme surge de autos, Y. S. -a la fecha de su muerte- tenía 23 años, siendo una persona sana, con aptitud para el trabajo, que desempeñaba labores como repartidor (sin constar el sueldo exacto que obtenía por tales tareas), que sabía leer y escribir, habiendo cursado los estudios secundarios de forma incompleta y adquirido una motocicleta de contado y cuotas (con fecha 24/07/02) por la suma de us$ 1.333 (dólares estadounidenses mil trescientos treinta y tres) (v. fs. 46/47 y 191; fs. 110, 112 y 403/405 del Expte. Nº 60.071/02).

Por su parte, la Sra.SCHENONE -al momento del deceso- tenía 22 años de edad, no poseía trabajo, conformando sus únicos ingresos el Plan Jefes y Jefas de Hogar y el aporte económico de su concubino (v. fs. 13 del Expte. Nº 30.989/05; y fs. 17, 19, 32 y 34 del Expte. Nº 21.623/05). La menor N.A.S., fruto de la relación que el difunto poseía con la mencionada actora, a la fecha del fallecimiento tenía poco más de un año de edad, siendo destinataria directa de los ingresos que procuraba su padre -y luego también del aporte de su abuelo- (v. fs. 38, 191 y 205 de la presente causa), lo que evidencia que el deber de atender a su subsistencia se habría prolongado por largo tiempo (arg. Fallos: 317:1006; entre otros). De acuerdo con la prueba rendida en autos, los integrantes del núcleo familiar del difunto pertenecían a una condición económica y social humilde, y vivían en un barrio de emergencia de esta ciudad (Villa Fátima). A partir de lo expuesto, se puede afirmar que el monto establecido en la resolución apelada no se presenta como desproporcionado o exorbitante con respecto a las constancias de la causa (conf. art. 386 del CPCCN), tal como lo alegó la demandada. Ello, toda vez que sin perjuicio de que no resultó acreditada la remuneración que percibía la víctima, sí se probó que éste poseía un trabajo (v. fs. 191; y fs. 110 y 112 del Expte. Nº 60.071/02). En este sentido, el trabajo no registrado, la precariedad laboral y desbancarización de las remuneraciones resultan habituales en el ámbito en el que se desenvolvían el difunto y su familia. Tales circunstancias tornan difícil la producción de prueba concreta de la remuneración, no obstante lo cual la adquisición del rodado y las declaraciones testimoniales citadas precedentemente permiten inferir la existencia de ingresos.Asimismo, cabe advertir que no puede afirmarse que aquellos fueran fruto de actividades ilícitas (tal como parece invocarlo la demandada), ya que no obra agregada en autos ninguna sentencia condenatoria que así permita suponerlo (arg. Fallos: 320:1645 ), situación que -por otra parte- en modo alguno se puede presumir por aplicación del principio de inocencia (conf. art. 18 de la CN). Ahora bien, con respecto al agravio de los actores referido a la aplicación del salario mínimo, vital y móvil -a los efectos de la determinación de la reparación- cabe recordar que al momento del deceso (02/10/02) el mismo se encontraba establecido en la suma de $ 200 (pesos doscientos; conf. Resolución Nº 2/93 del CNEPYSMVYM). En este sentido, los actores se limitaron a invocar dogmáticamente la falta de aplicación de ese valor, pero no explicaron de qué modo se llegaría a un resultado más favorable a su posición, ni practicaron una liquidación aproximada sobre el punto para demostrar su agravio. Por tales motivos, resulta adecuado el monto determinado en la sentencia apelada, toda vez que el juez de la causa posee facultades para determinarlo con base en las reglas de la sana crítica y las pruebas producidas en autos (conf. arts. 165, 330 inc. 6 y 386 del CPCCN).

IX.3.- En consecuencia, corresponde rechazar los agravios interpuestos por ambas partes y confirmar el decisorio de grado en lo que respecta a la procedencia del rubro valor vida y su cuantía.

X.- Que con relación a la “pérdida de chance” de los padres (fundada en su vocación alimentaria), cabe destacar que la Corte Suprema admitió la procedencia de este rubro aun para el supuesto de muerte de hijos menores, pues es dable admitir la frustración de aquella posibilidad de sostén para los progenitores, siendo una expectativa legítima de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 367 del CC, y verosímil según el curso ordinario de las cosas (conf. doctrina de Fallos:321:487; 322:1393; 338:652).

De acuerdo con las constancias obrantes en la causa y en los respectivos incidentes del beneficio de litigar sin gastos (Exptes. Nros. 21.623/05 y 30.989/05), resulta razonable admitir que la muerte de su hijo importó la frustración de una posible ayuda material, ya que la comprensión objetiva y realista de la situación económico social de la familia permite inferir con probabilidad suficiente su cooperación futura, habida cuenta de la modesta situación patrimonial de los padres del difunto. En consecuencia, la pérdida de la “chance” aparece aquí con la certeza necesaria para justificar su resarcimiento, por lo que en uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del CPCCN y en razón de los elementos de juicio antes mencionados se la fija en la suma de $ 100.000 para cada uno de ellos (Fallos: 303:820; 308:1160; 322:621; 323:3564). Dicha suma debe llevar intereses, los cuales deben ser calculados de acuerdo con las mismas pautas establecidas en la sentencia apelada. Ahora bien, en lo que concierne a la pérdida de “chance” invocada por la concubina y su hija menor, con relación al progreso económico del que alegan haber sido privadas, cabe destacar que no existen constancias en autos que permitan determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto, según lo exigido en la jurisprudencia del Máximo Tribunal (Fallos: 308:2426; 317:181; 320:1361; 329:3403), tal como sería la realización de estudios o posibles progresos laborales por parte del difunto. Por este motivo, dicho agravio versa sobre daños puramente hipotéticos y respecto de los cuales no obra ninguna prueba concreta, razón por la cual no pueden ser reconocidos a los fines indemnizatorios (conf. art. 377 del CPCCN; arg. Fallos:320:1361 ; 329:3403 ).

XI.- Que en lo que respecta al daño moral, cabe recordar que éste es un detrimento de índole espiritual que debe tenerse por configurado por la sola producción de los hechos dañosos, en tanto se presume la inevitable lesión de los sentimientos de los demandantes. Aun cuando ello, no puede medirse o tasarse, esa circunstancia no impide justipreciar la satisfacción que procede para resarcir las angustias, inquietudes y molestias vividas por los actores. A los fines de fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues se trata de un daño independiente a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117 ; 325:1156 ; 326:820 y 847; 330:563; 332:2159 y 334:1821). Ahora bien, los agravios de la demandada en los que cuestiona la procedencia de este rubro y su graduación no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos vertidos en la sentencia apelada (conf. art. 265 del CPCCN), toda vez que -sin perjuicio de quien fue autor material- fue la actitud negligente de la demandada lo que permitió que el homicidio sucediera, ya que no adoptó las medidas de seguridad pertinentes para la protección de la vida del detenido y desconoció la orden judicial impartida por el juez de la causa que disponía otro destino. En igual sentido, los planteos de la concubina en torno al rechazo de este rubro, tampoco satisfacen el estándar previsto en el artículo 265 del CPCCN.Ello, debido a que el artículo 1078 del CC, cuya constitucionalidad no ha sido atacada en autos, limita el derecho a la reparación de ese daño a los herederos forzosos (considerados como la esfera anímica de la propia víctima), carácter que no reviste la concubina, la que no obstante haber sufrido perjuicio de esa índole ve restringida, por razones de política legislativa, su derecho al pleno resarcimiento (Fallos: 318:1715; 326:1910 y 4768), máxime teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes al tiempo de los hechos. Cabe añadir que, aun si se postulara la aplicación del Código Civil y Comercial vigente desde 1º de agosto de 2015, sería necesaria la acreditación de los extremos previstos en el artículo 510 de ese cuerpo legal, situación que no se advierte en autos. Con relación a los padres, debe admitirse el reclamo de daño moral, detrimento que por su índole espiritual debe tenerse por configurado in re ipsa (art. 1078 del CC), pues el evento dañoso constituyó una fuente de angustias y padecimientos espirituales que debe ser reparado judicialmente ya que la muerte de un hijo provoca uno de los mayores daños que el ser humano pueda sufrir (arg. Fallos: 338:652; 332:2842). Asimismo, en el caso de la menor N.A.S., debe considerarse que fue privada en forma prematura de la asistencia espiritual y material de su padre, y de la consiguiente protección y seguridad que requerían durante la minoridad (arg. Fallos: 329:4944).

Por tales motivos, se considera apropiado elevar el monto reconocido en concepto de daño moral a la suma de $ 70.000 (pesos setenta mil) en favor del Sr. O. S., la Sra. G. y la menor N.A.S., para cada uno de ellos (art.165 del CPCCN).

XII.- Que en lo que concierne al daño psicológico, resulta menester destacar que los actores no cuestionaron el monto reconocido en virtud de la incapacidad originada en los padres del difunto, aspecto que fue consentido por aquellos, sino que cuestionaron el cómputo de los intereses y el monto reconocido en concepto de tratamiento psicológico (v. fs. 369). No obstante ello, la demandada sí cuestionó la procedencia de este rubro indemnizatorio. En lo que al punto concierne, la Corte Suprema tiene dicho que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, en la medida en que asume la condición de permanente (Fallos: 326:1299 y 328:4175). Al respecto, conforme surge de las constancias de la causa y en lo que aquí interesa, el Cuerpo Médico Forense concluyó que el Sr. O. S. al momento del examen presentaba un duelo patológico, aconsejándose tratamiento psicoterapéutico a los efectos de la elaboración de su situación de súbita e inesperada pérdida, por un lapso no menor a un año y estimó una incapacidad del 10% tomando como guía orientativa el Baremo Nacional (Ley Nº 24.557) equivalente a reacción vivencial anormal grado II (v. fs. 219 y 226). Iguales conclusiones arribó dicho órgano con relación a la Sra. G. (v. fs. 234 y 244). En virtud de ello, toda vez que no se observan razones que desmerezcan las conclusiones del informe pericial, corresponde asignarle suficiente valor probatorio en lo que respecta a la verificación de daño (arg. art. 477 del CPCCN y Fallos: 329:5157; 321:2118). Por este motivo, corresponde confirmar la procedencia del rubro daño psicológico para los progenitores del difunto, de acuerdo con las sumas indicadas en la sentencia, ya que ese aspecto fue consentido por la parte.Asimismo, en tanto que el Cuerpo Médico Forense indica la necesidad de tratamiento psicológico de los citados actores para la elaboración del duelo, esa derivación supone erogaciones futuras para los accionantes por lo que constituye un daño cierto indemnizable (art. 1067 del CC y Fallos: 325:1277). Ahora bien, en atención al tiempo transcurrido desde la producción del informe pericial (03/11/09, v. fs. 219 vta. y 226 vta.) y el dictado de la sentencia, corresponde elevar los montos reconocidos en concepto de tratamiento psicológico a la suma de $ 24.000 (pesos veinticuatro mil) para cada uno. No obstante ello, se debe confirmar la forma de cómputo de los intereses aplicables a este rubro, toda vez que la reparación por dichos daños se corresponde con erogaciones futuras (arg. Fallos: 325:1277).

XIII.- Que a partir de las consideraciones que anteceden, corresponde confirmar reconocimiento y el monto del rubro valor vida en favor de la Sra. SCHENONE y la menor N.A.S.; el rechazo de ese rubro con respecto a sus progenitores; acoger el agravio del Sr. O. S. y la Sra. G. y reconocer en su favor las sumas indicadas en el considerando X en concepto de “pérdida de chance”; elevar el daño moral a la sumas fijadas en el considerando XI, como así también el rubro tratamiento psicológico de acuerdo con lo establecido en el considerando que antecede. En lo que respecta a la aplicación del régimen de consolidación, cabe destacar que el planteo introducido por l a Defensora Pública Oficial resulta prematuro en esta instancia del proceso, por lo que corresponde diferir su tratamiento para la etapa de ejecución de sentencia.

XIV.- Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente, y toda vez que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes para esclarecer los hechos y resolver concretamente el diferendo (Fallos:319:119; 307:2012; 311:2135), corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios de la actora, rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia apelada con la extensión indicada en el considerando que antecede. En atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la demandada por aplicación del principio general de la derrota, toda vez que dicha parte ha resultado sustancialmente vencida (arg. art. 68 primer párrafo del CPCCN). ASÍ VOTO.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany adhiere en lo sustancial al voto que antecede.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto del Dr. Treacy.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a los agravios deducidos por la parte actora, rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia apelada con la extensión indicada en el considerando XIII del voto del Dr. TREACY; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68 primer párrafo del CPCCN). Regístrese, notifíquese a las partes y a la Defensora Pública Oficial en su público despacho, oportunamente devuélvanse.

Guillermo F. Treacy

Jorge F. Alemany

Pablo Gallegos Fedriani