La falta de pago de la indemnización por despido por parte de la sociedad empleadora no acarrea la responsabilidad de los administradores si no se acreditó fraude laboral

Partes: Benavidez Carlos Alberto c/ Mayobre Juan Sabino y/o s/ inc. extensión de responsabilidad

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 14-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103453-AR | MJJ103453 | MJJ103453Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y, en consecuencia, rechazó la demanda deducida, pues si el motivo de la pretensión de la actora de extender la responsabilidad a los socios y administradores es por haber tomado la decisión de no pagar la indemnización, difícilmente pueda imputarse haber participado en la toma de tal decisión social a esta demandada, quien ya no era parte de la sociedad desde mucho antes de que estuviera firme la sentencia que manda a indemnizar.

2.-Debe desestimarse el pedido de extensión de responsabilidad a las personas físicas codemandadas, pues no se advierte por qué la falta de pago de una obligación de la persona jurídica incluso cuando ello derive en la cesación de pagos del ente colectivo convierte a los directores en responsables por el mal desempeño, máxime cuando la actora no demostró que los administradores de la persona jurídica actuaron con fraude.

Fallo:

En la Ciudad de Venado Tuerto, a los14 días del mes de Febrero del año 2017 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López y Juan Ignacio Prola, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, y el Dr. Eduardo Pastorino de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, para resolver en los autos: “BENAVIDEZ, Carlos Alberto c/ MAYOBRE, Juan Sabino y/o s/ INC. EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD” (Expte. Nº 7/2016), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral. Hecho el estudio del juicio,se procedió a plantear las siguientes cuestiones:

1.¿Es nulo el fallo recurrido? 2.¿Es justa la sentencia apelada?

3.¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres Prola,López y Pastorino.

Por sentencia Nº 1.063, del 02/10/2015, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Venado Tuerto decide acoger las excepciones de falta de acción propuestas por los demandados y rechazar la demanda promovida por el actor e imponerle a éste las costas del proceso. Contra dicho pronunciamiento se alza el vencido a fs. 137, interponiendo recursos de nulidad y apelación total. Franqueada la instancia de alzada por el a quo a fs. 138, son elevados los autos. Ya en la alzada la actora expresa agravios a fs. 151, los que son respondidos por los demandados por sendos escritos glosados a fs. 157 y fs. 164. Producida una vacante en el tribunal por el retiro de uno de sus miembros, la Sala se integra a fs. 163, siendo notificada (fs. 172/175) y no cuestionada la integración. Se llaman autos a fs. 176, decreto que es notificado a todas las partes (fs. 178) dejando la cuestión en estado de ser resuelta por la Alzada.

A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo:.

La impugnación de nulidad no ha sido sustentada en esta instancia por la actora recurrente.Por lo que, al no advertirse vicios que den mérito para una declaración oficiosa de invalidez, juzgo desierto el recurso debiendo ser desestimado por tal motivo.

Así voto.

A la misma cuestión el Dr. López, dijo: Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr. Pastorino, dijo:

Habiendo efectuado el estudio del juicio y advirtiendo la existencia de dos votos concordantes, invoco la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el art. 26 LOPJ, sin emitir opinión.

A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo:.

En orden al remedio de apelación, la recurrente formula una serie de reproches contra la sentencia de primera instancia, que podemos resumir del siguiente modo:

1.Porque el a quo considera el punto central del conflicto pasa por verificar si el despido incausado puede ser considerado o no un acto contrario a la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Sostiene la recurrente que el problema central del conflicto es el incumplimiento de la sentencia que condena a MAYOBRE E HIJAS S.A., con motivo en la falta de pago de la indemnización laboral debida al actor. En consecuencia, no es el despido sino la falta de pago. Postula que la responsabilidad de los administradores no deriva ­como juzga el a quo­ de su actividad como socios o administradores del ente social, sino por la decisión de no pagar la indemnización.

2.Porque la sentencia de grado señala que la demanda se fundamenta, para extender la responsabilidad a los socios y administradores de la persona jurídica, en doctrina y jurisprudencia que toma como punto de partida supuestos de registración devidicente. Señala que en el caso de autos no se trata del corrimiento del velos societario ni en el despido, sino en haber tomado la decisión de no pagar la indemnización debida al actor. Pide el amparo de los arts. 274 y 59 de la L.C.Q.En función de tal normativa es que analiza la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima, para concluir que los demandados quedan comprendidos en los casos de mal desempeño del cargo y violación de la ley.

En ocasión de responder agravios, la co­demandada Mariel Edith Mayobre, a través de su letrado representante, manifiesta ­sucintamente­ lo siguiente. Comienza señalando la omisión de cualquier referencia a la prueba rendida en autos por parte de la actora en su memorial de agravios, circunstancia que ­a su entender­ se debe a la ausencia de sustento fáctico de la queja, convirtiéndola en una mera discrepancia con el criterio del a quo incapaz de sostener en el plano argumental al recurso. Pide el rechazo del primer agravio porque no se ha probado la comisión de ningún acto ilícito para que dé mérito para extender la responsabilidad a los socios o administradores. Señala que el co­demandado no niega la deuda, sino que la sociedad se ha quedado sin capital de trabajo ni bienes para responder. Al segundo agravio responde que al momento de quedar firme la sentencia de primera instancia, la sociedad estaba ya en cesación de pagos. Realiza un detalle del material probatorio que, según su opinión, abona sus dichos. Manifiesta que la vía recursiva no es idónea para revisar asuntos subjetivos.Termina señalando que su parte dejó de ser socia en 22/02/2002, por lo que también por esta vía se sostiene la excepción de falta de acción postulada en baja instancia.

A su turno, Juan Sabino Mayobre y Sandra Rosana Mayobre, también por intermedio de su representante responden exactamente igual que su co­demandada, ya que ambos escritos, salvo por la circunstancia que en este caso los co­accionados no niegan su calidad de socios, son prácticamente iguales.

Oídos todos los interesados, podemos ingresar en la consideración de las quejas vertidas por la recurrente.

Tratamiento de los agravios.

Daremos inicio a la tarea funcional que nos incumbe señalando que no todos los demandados están en la misma condición, pese a que todos opusieron las mismas defensas.

En efecto, la demandada Mariel Edith Mayobre opone su excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en que ya no era parte de la sociedad desde 02/02/02 (ver contestación de demanda fs. 77). Tal circunstancia se ve corroborada por la copia certificada de la Escritura Nº 94 reservada en secretaría, que no fuera materia de cuestionamiento por ninguna de las partes. En dicho instrumento público consta la cesión de acciones y derechos societarios en la fecha indicada por la co­demandada y comprobada por el propio Escribano. Cuando el juicio se inició en el año 2006, hacía ya cuatro años que Mariel Edith Mayobre no era socia de la persona jurídica.En consecuencia, si como la propia actora lo señala, el motivo de su pretensión de extender la responsabilidad a los socios y administradores es por haber tomado la decisión de no pagar la indemnización, luego difícilmente podamos imputarle haber participado en la toma de tal decisión social a esta demandada, quien ya no era parte de la sociedad desde mucho antes de que estuviera firme la sentencia que manda a indemnizar.

Por este motivo debe rechazarse el recuso de la actora respecto de Mariel Edith Mayobre.

Veamos qué ocurre respecto de los otros dos demandados.

Aquí la substancia del caso cambia, ya que no podemos decir, como de la demandada anterior, que estos dos co­accionados carecen de vinculación con la sociedad. Pero también, debemos advertir que no es cierto que la actora no pretenda el corrimiento del velo de la personería jurídica (primer agravio), pues claramente se trata de personas distintas, la jurídica con la cual tenía un contrato de trabajo y los dos co­demandados a quienes pretende extenderle la responsabilidad laboral de la persona jurídica, y sin este corrimiento sería imposible para la actora llegar jurídicamente hasta ellos. Luego, más allá de lo que diga la recurrente y de los argumentos jurídicos con que sostenga su postulación, lo que busca, claramente, es que se obvie a la persona jurídica y se vaya contra los socios y administradores. De modo que no es cierta la manifestación de la actora en la expresión de agravios, según la cual no busca el corrimiento del velo societario.

Ahora bien, la relación jurídica que esboza la actora como fundamento de su pretensión es de naturaleza laboral. Una y otra vez repite que es la falta de pago de las indemnizaciones derivadas de la relación laboral que mantuvo con la persona jurídica, lo que a su entender la habilita para pedir la extensión de la responsabilidad a los socios y administradores. Incluso, se lo pide al juez laboral.En consecuencia, todo el esquema jurídico con el que se debe analizar el punto es con el ordenamiento laboral.

Por su lado, la actora formula su demanda y da fundamento normativo a su pretensión en los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, a los cuales transcribe. Más tarde, al expresar agravios, intenta invalidar el razonamiento del a quo diciendo que esto no es así (segundo agravio). Ello no obstante, vuelve a citar los mismos artículos, aunque ahora se los

atribuye confusamente a la Ley 24.522. Pero resulta que, como hemos visto, el ordenamiento que debemos aplicar es el laboral, no el de la Ley de Sociedades. Pues no se advierte por qué la falta de pago de una obligación de la persona jurídica ­incluso cuando ello derive en la cesación de pagos del ente colectivo­ convierte a los directores en responsables por el mal desempeño. Si así lo pretendía la actora, debió demostrar ­y no lo hizo­ que los administradores de la persona jurídica actuaron con fraude. Mas el simple incumplimiento de una obligación laboral no puede por sí sólo se suficiente para extenderles la responsabilidad. Más aún, en los hechos, no se trataría propiamente de la extensión de la responsabilidad por las acciones de la persona jurídica que administran, sino la responsabilidad por hecho del propio administrador (mal desempeño del cargo), lo hubiera dado mérito a un juicio en otra sede y no en la laboral.

En cualquier caso, le tocaba a la actora probar el mal desempeño, el fraude, la deliberada intención de provocarle un daño al actor no pagando lo que le correspondía pagar a la persona jurídica administrada. Pero la sola circunstancia de carecer la sociedad obligada por sentencia judicial de bienes para el pago de sus deudas no es suficiente para extender la responsabilidad a sus administradores.Y menos cuando efectivamente la sociedad existió, funcionó en la práctica ­punto que está fuera de discusión en la especie­, no fue una mera pantalla utilizada por las personas físicas para evadir la ley laboral. Si la demandada no puede afrontar regularmente sus obligaciones es porque está en cesación de pago. En tal caso, deberá abrirse un proceso concursal en el fuero correspondiente y ahí evaluar las responsabilidades de los directores de la fallida. Pero en modo alguno podemos extenderle aquí la responsabilidad a personas físicas, que no se ha probado hayan actuado de manera deliberada para evadir la ley laboral.

Por tales motivos deben rechazarse los agravios de la actora y confirmarse íntegramente el fallo recurrido.

Costas a la actora vencida (art. 101, CPL). Ala misma cuestión el Dr. López, dijo: Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr.Pastorino, dijo.

Me remito a lo expuesto en laprimera cuestión. A la tercera cuestión el Dr. Prola, dijo:

Por los motivos expuestos en los párrafos que preceden voto: 1) Declarando desierto y desestimando el recurso de nulidad; 2) Rechazando el recurso de apelación; 3) Costas a la apelante vencida; 4) Regulando los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa de grado.

A la misma cuestión el Dr. López, dijo. Adhiero al voto precedente.­

A la misma cuestión el Dr. Pastorino, dijo.

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Por todo ello la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, integrada,

RESUELVE: I. Declarar desierto y desestimar el recurso de nulidad; II. Rechazar el recurso de apelación; III. Costas a la apelante vencida; IV. Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa de grado.

Insertese, hágase saber y bajen­

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Héctor Matías López Dr. Eduardo Pastorino

art. 26 LOPJ­

Dra. Andrea Verrone