Rechazo de acción de amparo interpuesta contra las acordadas de la CSJN que establecen la digitalización del proceso judicial

Partes: Barbalat Cecilia y otros c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 9-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103635-AR | MJJ103635 | MJJ103635Sumario:
1.-El recurso de amparo interpuesto por los actores contra la resolución de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida a fin de declarar la inconstitucionalidad de las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que implementan un sistema de digitalización del proceso judicial en forma obligatoria y exclusiva debe rechazarse, dado que los actores no formularon ningún agravio en particular vinculado a la afectación de ciertos derechos en un expediente judicial o proceso particular regido por las normas que cuestionan, ni tampoco alegan ni demuestran cual sería el obstáculo que existiría para que, en el ámbito de cada proceso en el cual puedan considerar afectados sus derechos constitucionales, puedan formular el planteo de inconstitucionalidad que estimen pertinentes con la consecuente suspensión de dichas normas para el caso particular.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de marzo de 2017.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que la jueza de la instancia anterior, a fojas 162/164, rechazó la acción de amparo promovida por la doctores Fernando Giménez, Cecilia Barbalat y Elvira Florencia Palacios, todos abogados y por derecho propio, contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las Acordadas Nros. 31/2011, 3/2012, 8/2012, 29/2012, 14/2013, 15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013, 2/2014, 6/2014, 11/2014, 38/2013 y 3/2015 y toda otra dictada con el mismo sentido y con la misma finalidad, por medio de las cuales se implementó un sistema de digitalización del proceso judicial en forma obligatoria y exclusiva. Para así decidir consideró, en lo sustancial, que los actores no indicaron “ninguna lesión concreta y efectiva, ningún agravio individualizado que vincule la actividad desarrollada en un expediente judicial y/o proceso particular con las normas que cuestiona. Circunstancia que hace a la inexistencia de lesión concreta que impide. analizar la constitucionalidad del plexo normativo que impugnan”.

II.- Que contra dicha decisión, a fojas 165/167 y 169, los actores interpusieron recurso de apelación y expresaron agravios, los cuales fueron contestados por su contraria mediante el escrito que luce agregado a fojas 180/186.En lo sustancial, se agraviaron al señalar que la jueza de grado no tuvo en consideración la existencia del denominado “control de constitucionalidad” para el cual “no se necesita la existencia de causa alguna entre partes diversas, ni que se acredite si existe lesión o daño actual o inminente y que sólo se requiere que se encuentre contradiciendo lo que establece la Constitución Nacional”.

Manifestaron que las Acordadas de la CSJN dictadas con el objeto de implementar el sistema informático Lex 100 -en especial la acordada Nº 3/2015- violaron la Constitución Nacional al establecer que el sistema era de aplicación “obligatoria y exclusiva”, lo cual trajo aparejado, como consecuencia directa, la derogación de las normas correspondientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Finalmente sostuvieron que en su escrito de demanda de la presente acción habían acreditado el perjuicio que ocasionan las acordadas impugnadas al puntualizar las lesiones a los derechos de los abogados y de las partes que se han provocado y se provocan con la aplicación obligatoria y exclusiva del sistema LEX 100.

III.- Que a fojas 187 se corrió vista al Fiscal General, cuyo dictamen obra a fojas 188/189.

IV.- Que, en primer lugar, es dable destacar que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto consiste en reparar, con la mayor premura, la lesión de un derecho reconocido en la Constitución, un Instrumento Internacional o una Ley (v. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2005, tomo VII, pág. 137). Sentado ello, es dable señalar que la acción de amparo esta prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. El citado precepto establece, en referencia a la viabilidad de este tipo de procesos que, la defensa del derecho lesionado no debe encontrar reparación por vía de otro medio judicial que resulte más idóneo.Esta pauta obliga al juez a ponderar la configuración de los recaudos que habilitan el empleo de esta vía. La razón de este requerimiento fue explicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Kot” (Fallos: 241:302), en donde se sostuvo que “los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia -lo mismo que sucede en muchas otras cuestiones de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional cuestiones susceptible de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo a los procedimientos ordinarios”. Por lo tanto, el artículo 43 de la Carta Magna debe ser interpretado de manera razonable, no desprotegiendo los derechos esenciales pero tampoco consagrando al amparo como única vía judicial. Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente, no viene a suplantar los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el uso de los procedimientos ordinarios. En este sentido, el más Alto Tribunal tiene dicho que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (Fallos: 310:877). Ahora bien, dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada, debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba. Es decir, el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado. Lo expuesto no significa que no pueda producirse actividad probatoria en este tipo de proceso, sino que ella debe ser compatible con la sumariedad que es propia del amparo, dado que éste se encuentra al servicio de la urgencia del caso y, por lo tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, de otro modo, no habría razón para evitar los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes, respetándose la amplitud probatoria (conf.esta Sala, in re “Govea Eduardo Armando c/ EN – Mº Interior – Secretaría de Transporte s/ Amparo ley 16.986”, del 16/10/2014).

V.- Que sentado ello, corresponde adelantar que el recurso presentado por la parte actora debe ser declarado desierto ya que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 265 del CPCCN. Dicho artículo establece que el recurso de apelación deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas y que no bastará remitirse a presentaciones anteriores. En tal sentido, se ha sostenido que “no constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la solución acordada al juicio, omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquella; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada. También es insuficiente la expresión de agravios si el recurrente se limita a manifestar que da por reproducidos los argumentos formulados en presentaciones anteriores, como v.gr., en el alegato, ya que el respectivo escrito debe bastarse a sí mismo.” (Palacio, Enrique Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo V, Buenos Aires, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2005, pág. 262; esta Sala in re: “Gaveglio, Graciela Alicia c/ EN – Mº Justicia DDHH- s/ Proceso de Conocimiento” del 30/08/2016). Sobre estas premisas, debe indicarse que los argumentos vertidos por la actora no demuestran concretamente el desacierto de la decisión adoptada, ni refutan los argumentos expuestos por la sentenciante en cuanto a que en el presente proceso no se encuentra configurado un “caso” o una “controversia” y que la pretensión sólo persigue una declaración de inconstitucionalidad en abstracto de las normas impugnadas.Asimismo, tampoco aparece debidamente cuestionado lo sostenido en la sentencia de grado respecto a la inexistencia de lesión concreta, actual y efectiva al círculo de intereses sustanciales de los actores, sino que éstos se limitan a sostener que el perjuicio estaría configurado por “las lesiones a los derechos de los abogados y las partes que se han provocado y se provocan con la aplicación obligatoria del sistema LEX 100” (v. fs. 166). Se advierte así que el perjuicio invocado por los recurrentes tiene un grado tal de generalidad que lo torna manifiestamente insuficiente para configurar un “caso” o “controversia” en los términos exigidos por la Constitución Nacional para habilitar la intervención de los jueces (cfr. Fallos: 307:2384; 317:335; 322:678 ). En este orden, el Máximo Tribunal sostuvo que “[p]ara que el Poder Judicial examine y se pronuncie sobre un asunto sometido a su decisión, debe existir un “caso”, “causa” o “controversia” según lo exige el art. 116 de la Constitución Nacional. Tales casos son aquellos en los que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas, motivo por el cual “no se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de otros poderes”; ni por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones (Fallos: 307:2384 y sus citas, entre otros). En tal sentido, acceder al planteo, en los términos en que ha sido efectuado en la causa, significaría expedirse respecto de la constitucionalidad de una norma de modo meramente conjetural o hipotético.Tal declaración no corresponde a los jueces fuera de un caso en concreto, ya que para mantener la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes sin provocar el desequilibrio de los poderes es necesario que exista un caso contencioso, un pleito, una cuestión que proporcione a los componentes del Poder Judicial la oportunidad de decidirlo. Asimismo, y a mayor abundamiento, resulta pertinente señalar que los actores no formularon ningún agravio en particular vinculado a la afectación de ciertos derechos en un expediente judicial o proceso particular regido por las normas que cuestionan, ni tampoco alegan ni demuestran cual sería el obstáculo que existiría para que, en el ámbito de cada proceso en el cual puedan considerar afectados sus derechos constitucionales, pueda n formular el planteo de inconstitucionalidad que estimen pertinentes con la consecuente -en caso de ser admisible- suspensión de dichas normas para el caso particular. En consecuencia, toda vez que los actores no rebaten ni discuten de manera concreta y específica ninguno de los argumentos expresados por la jueza a quo en la resolución de fojas 162/164, corresponde, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General a fojas 188/189, declarar desiertos los recursos presentados a fojas 165/167 y 169, con costas a la vencida en virtud del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).- Todo lo cual, ASÍ SE DECIDE.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo F. TREACY

Jorge Federico ALEMANY

Pablo GALLEGOS FEDRIANI