Rechazo de la demanda de daños y perjuicios si los actores no probaron el daño que alegaron sufrir como consecuencia de una construcción de terraplenes por parte de los demandados que habrían impedido el escurrimiento natural de las aguas de su fundo, produciendo estancamiento y pérdidas en su cosecha

Partes: Dedich Domingo M. c/ Marjman Hugo B. y Otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 17-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103378-AR | MJJ103378 | MJJ103378Sumario:
1.-Corresponde rechazar la demanda enderezada a que los demandados reparen los daños y perjuicios derivados del estancamiento de aguas sobre el inmueble propiedad del actor, con motivo de la construcción de bordes o terraplenes en los fundos inferiores, linderos Norte y Este, pertenecientes a los demandados toda vez que si bien se probó la existencia de aquellos bordes o terraplenes en sus inmuebles no hay prueba alguna respecto a los daños sufridos en el campo y que tengan directa relación de causalidad con el inmueble de los demandados .

2.-Aún cuando se haya comprobado la existencia de bordes en el inmueble del actor que habrían sido efectuados por los demandados para impedir el escurrimiento de aguas, no se ha acreditado la relación de causalidad entre aquellos terraplenes y los daños que el actor alega haber sufrido en su campo, toda vez que no pesa sobre los demandados justificar que esa construcción no fue realizada para impedir el escurrimiento natural de aguas hacia sus inmuebles y aún cuando puede inferirse que no existe otra razón de su existencia que impedir ese escurrimiento natural lo cierto es que la parte interesada no probó la existencia de daños.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 7 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A. Román, Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele, para resolver los recursos de apelación interpuesto por la parte actora y de nulidad y apelación interpuesto por la parte demandada y codemandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 15 en lo Civil, Comercial y Laboral de Tostado, en los autos caratulados: “Expte. N° 221 Año 2013 – DEDICH, Domingo M. c/ MARKMAN, Hugo B. y Otro s/ ORDINARIO”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1a.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2a.: En caso contrario, ¿es ella justa? 3a.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Las dos partes demandadas interpusieron sendos recursos de nulidad (fs. 687 y 689) aunque, en ambos casos, debe decirse que ninguno de ellos fue sostenido en esta sede (v. fs. 726/730 y 762/765 vta.).

Por lo tanto, los mismos deben ser destimados. Esta decisión se corrobora, además, porque de una detenida lectura de las actuaciones no advierto que existan vicios que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio.

Entonces, mi respuesta a la pregunta inicial es negativa.

Así voto.

A esta misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. Que, contra la sentencia dictada en la instancia anterior todos los litigantes apelaron (actora: fs. 684; y demandados, Markman: fs. 687 y Fernández: fs.689).

Esa resolución (fs. 672/683) hizo lugar parcialmente a la petición actora y condenó, solidariamente, a los accionados a abonar al Sr. Domingo Mateo Dedich: a) Las sumas que surjan de liquidar los perjuicios derivados de la pérdida total de cosecha en una extensión de 15 hectáreas, en base a un rendimiento de 15 quintales de soja por hectárea al precio promedio de la soja en el mes de Octubre/2004, campaña 2003/2004, que informó el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. b) El valor de 6,5 quintales de soja por hectáreas en concepto de gastos de siembra. c) Perjuicios derivados de las pérdidas parciales, en una superficie de 60 hectáreas, determinadas en el 20% indicado para el cálculo de las pérdidas totales mencionadas anteriormente.

Asimismo, ordenó que las sumas determinadas en el modo indicado, se incrementarían con un interés igual a la tasa promedio entre la que percibe en prétamos a 30 días y paga en depósitos a igual término, el Banco de la Nación Argentina, desde la interposición de la demanda y hasta el efectivo pago. Con imposición de la totalidad de las costas a ambos demandados.

Para decidir de esa manera la Jueza expresó que el actor había promovido este juicio a fin de obtener reparación de daños y perjuicios derivados del estancamiento de aguas sobre el inmueble de su propiedad, con motivo de la construcción de bordes o terraplenes en los fundos inferiores, linderos Norte y Este, pertenecientes a los demandados.Agregó que los accionados se opusieron a la procedencia del reclamo afirmando la inexistencia de aquellos bordes o terraplenes en sus inmuebles y aseverando que los daños y perjuicios alegados en la demanda fueron consecuencia de las inundaciones generalizadas en la zona, que afectaron las cosechas durante los años 2003 y 2004.

Recordó cuáles eran las limitaciones o restricciones al dominio de los inmuebles dispuesta por la legislación civil, subrayándose que el incumplimiento de la restricción impuesta al propietario mediante la construcción de obras que impidan el escurrimiento natural de aguas, en tanto origine daños a los propietarios de los fundos inferiores, genera responsabilidad por resarcimiento de los perjuicios ocasionados, conforme al principio del deber de no dañar a otro contenido en el Art. 1109 del Cód. Civil.

Entiende, en conclusión, que está acreditada la existencia de los bordes en los linderos Norte y Este, basándose en distintas pruebas (constatación notarial, informe de funcionarios dependientes del Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia de Santa Fe) y manifiesta que dichas constancias son instrumentos públicos en los términos de los Arts. 979 y sgtes. del Cód. Civil y que en relación a la existencia de los terraplenes o bordos en los linderos del inmueble del actor, hacen plena fe. En cambio, no le otorga la misma fuerza probatoria al acta agregado a fs. 82, confeccionado por el Juez Comunitario encargado de la remoción de los bordos mencionados.Expresa que procesalmente se traduce en un testimonio, que puede desvirtuarse por otra prueba; en el caso, con instrumentos públicos como los indicados anteriormente (sin perjuicio de otras pruebas, como testimoniales y pericias).

En suma, tiene por cierto que los bordos fueron construidos en los linderos Norte y Este del predio perteneciente al actor, precisamente en la dirección del escurrimiento de aguas naturales de los fundos superiores, lo que debió ser previsible para los demandados que su construcción impedía el ingreso de las aguas desde el terreno del reclamante; infiriendo que fueron construidos a ese efecto puesto que los demandados no acreditaron otra justificación de su construcción en toda la extensión del lindero que creó esa especie de cerramiento.

En lo que tocante a la reparación pretendida y pese a que la actividad probatoria de la actora no se enfocó en la acreditación de los daños, considera que no puede dejar de considerar la constatación efectuada por escribano de la que surge que el campo de Dedich estaba sembrado, que existia “manchoneo” debido al efecto del agua estancada y que, por eso, acreditada la existencia de la siembra, entiende acreditado el gasto derivado de la misma. Considera asimismo que el motivo de la pérdida de la cosecha de soja, existente en el campo del actor, lo ubica en el estancamiento prolongado de agua derivado del impedimiento de su escurrimiento natural mediante los bordes en los campos linderos, pertenencientes a los demandados. Entiende, así, procedente la reparación de los perjuicios derivados de la pérdida total de la cosecha en una extensión de 15 hectáreas; y, en cuanto a las pérdidas parciales, en una superficie de 60 hectáreas.

En cambio, rechaza los daños reclamados en concepto de pérdida o disminución de ganancia futura; gastos que deberán realizarse para la recuperación de las tierras, disminución del valor del patrimonio del actor y daño moral; con basamento en que no se enfocó la actividad probatoria hacia los daños cuya reparación específicamente pretendía.

2.Que, radicada la causa en esta sede (fs. 711) y sustanciados los recursos (fs. 717/713, 726/730, 762/765 vta., 768/778, 787, 790), queda el litigio en condiciones de ser resuelto en este Tribunal de Alzada (fs. 792/794).

3. Que, a continuación, relataré suscintamente las quejas planteadas por los litigantes.

En el caso de la parte actora, éstas se circunscriben estrictamente a los rubros “pérdida y/o disminución de ganancia futura”, “gastos que deben realizarse a los efectos de procurar la recuperación de la tierra”, “disminución del valor del patrimonio del actor” y “daño moral”.

Cuestiona que la A quo trate de forma genérica y con los mismos fundamentos su rechazo. Refiere a la pericia producida por el perito oficial de la que surge el anegamiento del suelo que necesariamente produjo no solamente la pérdida de lo cultivado sino otros efectos indirectos que en esa prueba se detallan y que conllevan 3 o 4 años para la corrección de los valores de salinización del suelo sufridos por la propiedad de actor.

Alega que en el rechazo de este reclamo, la sentencia evalúa arbitrariamente la prueba y, por lo tanto, la misma deviene autocontradictoria; y, señala que no se puede desconocer el informe de los rendimientos promedios por hectárea de los cultivos de soja de la zona producido por el Ministerio de la Producción de la Provincia.Asimismo, califica de injusta y basada en la voluntad de la Jueza el rechazo del reclamo por “Daño Moral”.

En suma, pide la modificación de la sentencia en estos puntos, con la admisión de la pretensión resarcitoria pretendida.

En otro orden, los puntos en los que se basa el recurso planteado por la parte codemandada Markman son los referidos a que la sentencia no analiza las pruebas producidas por su parte y limita el estudio del caso a constataciones que no coinciden, incluso que algunas se contradicen, faltan a la objetividad, son imparciales y no logran determinar la existencia de las obras cuestionadas, que dirijan las aguas a un solo punto o que impidan el normal escurrimientos de aguas.

Alega que tampoco se probó que el inmueble del actor Dedich sea el inferior, ya que si se tiene en cuenta el informe sobre pendientes no lo sería siendo, en definitiva, a quien le podría caber responsabilidad por la construcción -según se desprende de distintas testimoniales- de un canal a los efectos de desviar el curso natural de aguas y acelerar su scurrimiento.

Le agravia también a esta parte que la Sra. Jueza tuvo por acreditada “la construcción de bordos o terraplenes” desconociendo los innumerables planteos y exposiciones que demuestran que fue imposible una injerencia de los mismos en inundaciones generalizadas y el hecho de no haber probado el nexo de causalidad, ni la magnitud de los mismos.

Asimismo, le agravia la trascendencia que le da a la constatación efectuada por el Escribano Vélez y cuestiona que pese a reconocer que la actividad probatoria de la actora no s e enfocó en la acreditación de daños, sin embargo basándose en los dichos de un perito hace lugar a los mismos, sin advertir que toda la zona sufrió pérdidas importantes, incluso que los rindes fueron bajísimos.

En definitiva, esta parte pretende la revocación de la sentencia y el consecuente rechazo de la demanda.

Por último, quien expresa sus agravios es la parte codemandada Fernández.Este litigante cuestiona que en la sentencia se omite todo pronunciamiento sobre su principal defensa, expuesta a fs. 96 vta., donde denunciaba que el actor había construido un canal en su campo, de aproximadamente 1.100 metros en dirección oeste, cuando la pendiente de la zona es de S-O hacia el N-O y no de O-E como lo deriva de hecho el canal construido por el actor para modificar el curso natural de las aguas; dice que esa defensa la vuelve a retierar a fs. 667 (puntos a y b) y que, al no expedirse sobre este tema, la sentencia no se ajusta a derecho y debe ser revocada.

Otra queja refiere a que ambos accionados deben responder solidariamente; dice que ellos no se encuentran en una situación equivalente y que, en su caso, debería cada uno responder por el daño que pudiera haber causado. En otros términos, sostiene que no se ponderó qué daño sería atribuible a cada uno.

Otro punto que se cuestiona es la indemnización admitida ya que incluye tanto las pérdidas de las cosechas, en un porcentaje arbitrario, como por otro lado los gastos de siembra de la misma cosecha. Indica que se incurre en una “plus petito” puesto que en la demanda no se peticiona lo que finalmente se manda a pagar; y que, además, da por perdidas las supuestas cosechas en el campo del actor sin que existan pruebas que lo corroboren.

Por último, se agravia por la imposición del cien por ciento de las costas del juicio cuando la misma sentencia rechaza una serie de rubros. Sostiene que si se hubiesen repartido proporcionalmente de conformidad a lo peticionado y obtenido por el actor, éste debería haber cargado con el 80% de los gastos del juicio y los demandados solo el 20%.

En definitiva, también pide la revocación de la sentencia y el rechazo total de la demanda.

4.Que, del estudio de los memoriales recursivos presentados, confrontados con la sentencia dictada en la instancia anterior y las constancias del expediente, entiendo que la sentencia debe ser revocada en razón de los siguientes motivos de hecho y de derecho que paso a exponer.

Para que exista un daño resarcible debe demostrarse la existencia de un nexo causal entre el hecho y el daño. La determinación de la relación de causalidad implica previamente precisar el hecho ilícito a los fines de la determinación de la vinculación que existe entre éste y los daños que se dice se han sufrido. De ello se deriva que si no se ha acreditado la conducta activa o pasiva del demandado, que de alguna manera lesiona a la actora, la responsabilidad se desvanece. No alcanzan las meras conjeturas, sino que se requiere de una prueba determinante relativa a la conducta del agente – aquí, los propietarios de los fundos vecinos- que es objeto del reproche. Ello, en virtud de que no todo daño es indemnizable.

Conforme al principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba se ha sostenido en doctrina: “Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para suministrarle al órgano jurisdiccional la convicción o la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al pleito. No se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia jurídica reconocida por la ley, cualquiera que sea el sistema de valoración y de aportación de los medios al proceso, pues este principio no significa que se regule su grado de persuasión, sino que el juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio aceptado por el legislador, para llegar a una conclusión sobre la existencia y las modalidades de los hechos afirmados” (DE SANTO, Víctor, “La prueba Judicial – Teoría y Práctica”, Editorial Universidad- Bs.As. pág. 13).

Debo señalar que comparto con la Sra.Jueza en tener por comprobado la existencia de bordes en el lado Norte y Este del inmueble del actor, según surge de la constatación notarial efectuada. Empero, debo indicar respetuosamente que discrepo con ella en cuanto a la relación de causalidad entre aquellos terraplenes y los daños que Dedich dice haber sufrido en su campo. Pienso así, primero, porque no es a cargo de los demandados justificar que esa construcción no fue realizada para impedir el escurrimiento natural de aguas hacia sus inmuebles. En segundo término, aún cuando puede inferirse que “no existe otra razón de su existencia que impedir” ese escurrimiento natural lo cierto es que la parte interesada no probó la existencia de daños. Adviértase que ese mismo déficit en la actividad probatoria fue expresamente destacado en la sentencia; siendo el actor quien, sin lugar a dudas, debió ofrecer y diligencias la prueba respectiva y que acreditara los elementos fundantes de la acción, el daño y la relación de causalidad, sin que se pueda desde el órgano jurisdiccional suplir a la parte interesada en alguna actividad respecto a estos últimos pilares de la reparación civil intentada.

Insisto. No hay prueba alguna respecto a los daños sufridos en el campo y que tengan directa relación de causalidad con el inmueble de los demandados. En este sentido, no hay prueba concluyente de los hechos que determinan la relación de causalidad y, como consecuencia, po puede haber condena alguna. Recuerdo que se ha hablado reiteradamente en doctrina que “La relación de causalidad es un elemento necesario, imprescindible en todos los casos de responsabilidad civil. Sin que puedan ser excluidos aquellos que se fundamentan en la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa. En éstos se prescinde de la culpa pero no del vínculo de causalidad (LOPEZ MESA, Marcelo – PASARIN, Carolina, “El mito de la causalidad adecuada”, en La Ley, 2008-B-861, Cita Online:AR/DOC/353/2008).

El requisito legal de causalidad, exige la prueba de la causalidad adecuada entre acción y daño, cualquiera sea el caso de que se trate, bien sea responsabilidad contractual o extracontractual, y de esencia subjetiva u objetiva, ya que el requisito de causalidad adecuada juega en todos los ámbitos de un reclamo resarcitorio (LOPEZ MESA, Marcelo – PASARIN, Carolina, en TRIGO REPRESAS, Félix A. – LOPEZ MESA, Marcelo, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, 2a. Edic. Actualizada y Ampliada, La Ley 2011, T. II, pág. 361).

En este sentido, el Mas Alto Tribunal de nuestro país ha resaltado la importancia de acreditar la relación de causalidad a los fines de la procedencia de la reclamo por daños al señalar que “No cabe hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada contra la Provincia de Córdoba por las propietarias de unos campos que se encontrarían anegados por el actuar negligente de la accionada, pues la demandante no ha aportado prueba alguna en ese sentido toda vez que desistió de la realización del peritaje hidráulico que había requerido como prueba anticipada para acreditar aquellos extremos, lo que ha impedido comprobar la necesaria relación causal entre los hechos que se denuncian y la inundación de las tierras de su propiedad como así también la naturaleza de las medidas correctivas que la Provincia debería haber adoptado (cfr. CSJN, en “Iturbe c. Provincia de Córdoba”, del 12/08/2003, I. 88.XXXVI).

En este aspecto, solo cabe rechazar por ser lisa y llanamente inadmisibles los alegatos de la parte actora respecto a que carece de toda lógica demostrar cuál es el perjuicio sufrido por la acción de la contraria porque “todo esto constituye un resultado previsible con lo acontencido en la fracción de campo del actor, aún cuando se hubiesen llevado adelante tareas de recuperación del suelo”.

Además, de la declaración testimonial del Ingeniero Villa Uría se desprende que no había agua en el campo del accionante algunos días después de la constatación notarial en la que se comprueba la existencia de las bordas. Tampoco hay en toda la causa una sola prueba que permita corroborar la disminución en la calidad de la tierra, de qué manera esa situación podía afectar los rindes futuros así como de gastos realizados para la recuperación de aquella. Y, esto fue expresamente destacado en la sentencia. Y si bien la parte actora reconoce la no realización de gastos en la recuperación del suelo (expresión de agravios, fs. 720 vta.) también lo es que no dirigió su actividad probatoria hacia los daños cuya reparación específicamente pretendía y que vinculaba directamente a la existencia de terraplenes construidos en los campos linderos.

Podrá compartirse o no lo que afirmo pero resultaba menester acompañar al proceso y diligenciar aquellas pruebas capaces de otorgar al juzgador un convencimiento fehaciente o al menos verosímil, siendo la más apta para determinar de dónde proviene el daño y el origen del mismo.Como principio general, el hecho dañoso debe ser probado por quien reclama la indemnización, lo que en mi opinión no ha ocurrido en la especie.

Acreditado que fuera la existencia del hecho dañoso y los daños (carga que corresponde a quien reclama) nace la presunción de existencia de una relación de causalidad adecuada entre uno y otros, pero la falta de alguno de esos presupuestos no permiten la aplicación de conjeturas; no se pueden conjeturar daños que no han sido eficientemente probados en el proceso y, menos aún, un beneficio obtenido por los demandados.

Mas, si se observa que en la zona hubo varios períodos de declaración de emergencia, lo que permite comprender que por la magnitude de las lluvias la situación es similar en toda la zona y que precisamente en esa zona hay bajos naturales pero que todos los campos estaban llenos de agua por igual; así como la existencia de bordos internos en el campo del actor (declaraciones testimoniales del Ingeniero Agrónomo Zanuttini, fs. 148; Fain, fs. 233; Días, fs. 234; Uría, fs. 610; Rojas, fs. 615).

5. Por lo tanto, conforme a lo que he manifestado, para concluir y ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es negativa.

Así voto.

A la segunda cuestión, los Dres. Lorezno J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado a las cuestiones anteriores, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar los recursos de nulidad interpuestos por ambos demandados a fojas 687 y 689. 2) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fojas 684 y adminitir los deducidos por los demandados a fojas 687 y 689.En consecuencia, cabe revocar la sentencia impugnada, en cuanto ha sido materia de revisión, y en su lugar rechazar la demanda en su totalidad. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, vencida. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de lo estipulado en la instancia de origen.

Así voto.

A la misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad interpuestos por ambos demandados a fojas 687 y 689. 2) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fojas 684 y adminitir los deducidos por los demandados a fojas 687 y 689. En consecuencia, cabe revocar la sentencia impugnada, en cuanto ha sido materia de revisión, y en su lugar rechazar la demanda en su totalidad. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, vencida. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de lo estipulado en la instancia de origen.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen. Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht Secretario