Los datos de los docentes en la inscripción de acceso y ascenso on line no son sensibles o íntimos

Partes: Lopez Eduardo Marcelo c/ GCBA s/ incidente de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103606-AR | MJJ103606 | MJJ103606Sumario:
1.-Corresponde revocar la medida cautelar dictada a fin de que el Gobierno de la Ciudad se abstenga de condicionar el acceso de los docentes a través del sistema de inscripción on line, a la información personal contenida en los buscadores de internet de cada trabajador, pues a tenor de lo prescripto en la Ley Nº 4109 , modificatoria del Estatuto Docente, los datos incorporados al sistema de ingreso y ascenso en la carrera docente no parecen compatibles con la definición de datos sensibles que se encuentra prevista en el art. 3° de la Ley Nº 1845.

2.-Toda vez que los antecedentes profesionales que debe ingresar cada docente como información necesaria para el sistema de clasificación previsto en el sistema de ingreso on line y ascenso en la carrera docente no se vislumbran como susceptibles de revelar origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual, se juzga que la medida cautelar dictada a los fines de que el Gobierno de la Ciudad no los solicite, no cumple con el requisito de verosimilitud del derecho.

3.-Puesto que la medida cautelar concedida adolece, en este estadio procesal, de la verosimilitud del derecho requerida, pues la impresión de pantalla adjunta, además de ser el único documento que fundaría la aseveración de la parte actora, en modo alguno parece acreditar un punto que parece esencial para dar sustento a la postura esgrimida por la actora, esto es, que el demandado tendría acceso a cualquier información del usuario docente que no sea la requerida a los fines de la clasificación docente (art. 1° de la Ley Nº 4109), se juzga que la medida debe ser revocada.

4.-Corresponde considerar que la causa se trata de una acción colectiva toda vez que se pretende debatir el derecho de un grupo determinado de personas respecto de la preservación de datos de carácter sensible al momento de utilizar un mecanismo on line de inscripción de naturaleza obligatoria para los docentes de la CABA, por lo que estamos frente a un supuesto de afectación de derechos subjetivos plurales de un grupo determinado de personas y no ante un mero interés simple de todos los ciudadanos.

5.-Dado que se trata de examinar la eficacia con la que la entidad gremial actora podría representar al grupo de personas que conforman la clase aquí delimitada, razonable es concluir en que, siendo una asociación que se dedica a representar los derechos de trabajadores docentes que laboran en la CABA, en principio estaría en condiciones de cumplir con la finalidad buscada, esto es, una representación adecuada de la clase.

Fallo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a través de la presente acción de amparo, Eduardo Marcelo López, en su carácter de secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) pretende que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) suspender de manera definitiva “. la obligación que tienen los docentes de PERMITIR al GCABA obtener datos vinculados a su intimidad y que proceda a suprimir todos los mecanismos a través de los cuales el GCABA puede ingresar a los perfiles de google (listados de personas en los círculos de google, administración de contactos de google) de los trabajadores docentes de la CABA y todos aquellos datos sensibles e íntimos de los trabajadores de la educación de la CABA que no sean pertinentes respecto de la tarea docente y que hayan sido almacenados por el Ministerio de Educación de la CABA a través del nuevo sistema de inscripción on line docente” (v. fs. 1; el destacado y las mayúsculas obran en el original).

En ese marco, solicitó el dictado de una medida cautelar consistente en que el GCBA garantizase de manera inmediata que el sistema de inscripción on line para los trabajadores de la educación de la ciudad no solicitará a los docentes información vinculada con su intimidad para acceder a aquél; en particular, que suspendiese en el sistema informático la obligación que se le exige a los docentes de permitir a la aplicación informática del GCBA obtener datos tales como listados de personas en los círculos de Google, información básica del perfil de Google, administración de fotos y videos de Google y administración de contactos de Google.

2. Que, en función de ello, a fs. 44/47 obra la resolución mediante la que el Sr.juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en concreto, ordenó al GCBA que “. por conducto de quien corresponda, garanti[zase] de manera inmediata que el sistema informático que lo vincula con los trabajadores de la educación de la Ciudad no solicite a los docentes ninguna información vinculada con su intimidad para condicionar su acceso. En particular, [que se] SUSPEND[iese] en dicha relación informática la obligación que le exige a los docentes permitir el acceso del GCBA a la información contenida en el perfil de ‘Google’ de cada trabajador” (v. fs. 46; el destacado y las mayúsculas obran en el original).

Para decidir de ese modo, refirió la normativa que define y protege los denominados datos sensibles (citó la Ley nacional 25.326 y la local 1845) y concluyó en que, a partir de ello “. y del relato de los hechos efectuado por el amparista se desprende prima facie que los datos a los que pretendería acceder el GCBA resultan ser datos sensibles, cuyo resguardo se encuentra protegido por las normas antes referidas, y el accionar estatal estaría vulnerando dicha protección” (v. fs. 45).

Asimismo, cabe destacar que, en el punto II de la resolución y a raíz de la naturaleza colectiva que le otorgó a la acción, el Sr. juez de grado ordenó la publicidad del presente proceso, con invocación de lo reglado en el Acuerdo Plenario 4/16 de esta Cámara de Apelaciones.

3. Que dicha decisión fue apelada por el GCBA (v. fs. 78/94 vta.).

En su memorial, cuestionó: i) la idoneidad de la vía procesal escogida, por cuanto no existiría arbitrariedad o ilegalidad manifiesta alguna; ii) la representatividad de la entidad gremial actora respecto de la totalidad de los docentes que se desempeñan en el ámbito local y, por tanto, el trámite de la presente como acción de clase y las medidas de publicidad adoptadas por el Sr.juez de grado; iii) la viabilidad de la medida cautelar decretada, por cuanto, además de que no se le corrió traslado alguno, no existe verosimilitud del derecho, habida cuenta de que las cuentas de correo electrónico y sus respectivas contraseñas son de exclusivo conocimiento y administración por parte de cada docente y de que los datos que se requieren son los que se han solicitado desde siempre a efectos de cualquier inscripción en las áreas curriculares pertinentes; iv) la configuración del peligro en la demora, dado que el daño que se alega deviene meramente conjetural en función de la finalidad laboral de la cuenta de correo electrónico; v) la arbitrariedad de la resolución cuestionada, así como que la medida dictada invade la zona de reserva de la Administración.

4. Que, luego de conferirse traslado del recurso (v. fs. 111) y remitirse las actuaciones a esta Cámara, tomó intervención la Sra. fiscal ante esta instancia en los términos que surgen de fs. 119/126 vta.

5. Que, tal como acertadamente señaló la Sra. representante del Ministerio Público Fiscal, las cuestiones reseñadas en los agravios identificados en los puntos i) y ii) precedentes fueron objeto de tratamiento en una resolución dictada en el marco de una causa de características similares a la presente en cuanto a ese aspecto (“Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior [ADEMYS] c/ GCBA s/ amparo”, A6529-2014/0, del 26/02/16).

A partir de ello y siguiendo tales pautas, es conveniente aclarar que, en primer lugar, se dará tratamiento al punto vinculado con la caracterización de la presente como un supuesto de proceso colectivo así como también al relacionado con la representatividad de la entidad gremial actora.

6. Que, ello asentado, cabe recordar que, frente al objeto de la presente acción (transcripto en el considerando 1° de esta resolución), el Sr.juez de grado decidió otorgarle carácter colectivo y ordenar “. la publicidad del presente proceso, a fin de garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un interés en el resultado del litigio conozcan la existencia del proceso judicial en cuestión.” (v. fs. 46/46 vta.).

Ahora bien, para verificar la existencia del primero de los aspectos a determinar, corresponde examinar si en el caso se encuentran presentes los requisitos necesarios para considerar a la presente como una acción de clase, tal y como la habría considerado el a quo.

Ellos son: (i) una causa precisa para justificar la acción colectiva; (ii) una razonable determinación del grupo afectado; (iii) un control estricto de la parte que ejerce la representación; y, (iv) un manejo eficiente y eficaz del caso (Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia colectiva, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 121).

En ese mismo sentido se ha expedido la CSJN al dictar la Acordada 32/2014 (Reglamento del Registro Público de Procesos Colectivos).

Nótese que, con base en lo dispuesto por ese Tribunal en los precedentes “Halabi” (Fallos: 332:111) y “PADEC c/ Swiss Medical SA” , del 21/08/13, y si bien con la finalidad de fijar la obligación de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación -en los que fueran radicados procesos colectivos que tuvieran por objeto bienes colectivos o la tutela de intereses individuales homogéneos- de comunicar a aquél la promoción de este tipo de acciones, en el reglamento aludido se hace referencia al modo en que deben actuar los magistrados a los que les corresponda intervenir en dichos casos.

Allí se especifica que la comunicación pertinente procederá “. tras haber dictado la resolución que considera formalmente admisible la acción colectiva; identifica en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; reconoce la idoneidad del representante y establece el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” (conf. art.3°).

En suma, más allá de que, como es sabido, no se encuentra regulado lo atinente a cómo deben tramitarse los procesos colectivos, los aspectos indicados son aquellos que habría que tomar en cuenta para determinar si estamos en presencia de uno y, luego, el modo en que debe tramitar el caso.

7. Que, dicho eso, pareciera que, como ha entendido el Sr. juez de grado, se encontrarían reunidos los presupuestos para considerar que la presente se trata de una acción colectiva.

(i) En primer lugar, es dable entender que hay una causa precisa que justifica considerar que estamos en presencia de un proceso colectivo.

En el caso, se pretende debatir el derecho de un grupo determinado de personas respecto de la preservación de datos que resultarían de carácter sensible al momento de utilizar un mecanismo on line de inscripción que sería de naturaleza obligatoria para aquel grupo (docentes de la CABA).

Para lograr tal fin, se ha requerido la eliminación de dicho sistema informático y de todos los mecanismos a través de los cuales el GCBA podría ingresar a los perfiles de Google de todos los trabajadores docentes, así como la supresión de todos aquellos datos sensibles que hubieran sido almacenados por el Ministerio de Educación del GCBA (v. fs. 1).

Pues bien, en ese marco, pareciera que estaríamos frente a un supuesto de afectación de derechos subjetivos plurales de un grupo determinado de personas y no ante un mero interés simple de todos los ciudadanos.

(ii) El grupo afectado, como surge del punto precedente, estaría razonablemente determinado. Ello es así en tanto la acción se ejerce en representación de todos los docentes de la CABA, que estarían obligados a utilizar el sistema de inscripción cuya utilización se impugna.En esa dirección, se ha dicho que “[l]a clase debe estar definida de modo que todos los sujetos que la integran puedan quedar obligados por la sentencia que se dicte, o bien puedan invocarla en acciones ulteriores, para lo cual es aconsejable la utilización de un criterio objetivo, debiendo desecharse los meramente subjetivos (ej.: intenciones de los reclamantes), o aspectos que dependan de la resolución de la causa (aquellos que fueron discriminados por un hecho, pero es eso lo que debe establecer la sentencia final)” (Lorenzetti, op. cit. p. 130).

Este tribunal, al cabo, considera que la clase ha sido definida en esos términos.

(iii) En lo que ti ene que ver con el control sobre la representación, si bien, en principio, no sería ésta la etapa en la que, conforme lo previsto en la ley de amparo que rige en la jurisdicción (art. 13 de la Ley 2145), correspondería evaluar el punto, lo cierto es que, de todos modos, es un requisito vital para la tramitación de un proceso colectivo. De hecho, se constituye en uno de los presupuestos para que así sea. De tal forma, se hará consideración de lo estrictamente necesario para cumplir con el deber de verificar la presencia de dicho requisito, sin perjuicio, claro está, del tratamiento que el juez de grado le dé al asunto en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva.

En el caso, ejerciendo la representación del presunto grupo afectado, se presenta el secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) tratándose éste de un sindicato simplemente inscripto (v. fs. 11/13). Según su estatuto, tiene por objetivos garantizar la defensa de los intereses laborales de sus afiliados así como de las fuentes laborales de todos los trabajadores de la educación (conf. art. 2°; v. fs.15).

Así pues, dado que, en definitiva, se trata de examinar la eficacia con la que la entidad gremial actora podría representar al grupo de personas que conforman la clase aquí delimitada, razonable es concluir en que, siendo una asociación que se dedica a representar los derechos de trabajadores docentes que laboran en esta Ciudad, en principio estaría en condiciones de cumplir con la finalidad buscada: una representación adecuada de la clase.

Por lo demás, es oportuno subrayar que en supuestos como el del caso rige “. un deber general de buena fe a cargo tanto de la parte como del abogado. (.) la buena fe es un principio general del Derecho y cabe requerirlo a quien obra en interés de terceros. Específicamente, la ‘Regla 23.a’ requiere que el actor represente adecuadamente a la clase (.) no sólo porque es un individuo perteneciente al grupo (tipicidad de la pretensión) sino porque está capacitado para defenderlos a todos” (Lorenzetti, op. cit., p. 132).

Al respecto, es dable señalar que, más allá del control que le corresponde efectuar al juez que tiene a su cargo el trámite de un proceso colectivo, en este expediente el magistrado de grado procuró ordenar que se comunicara a los eventuales interesados la existencia del trámite de los presentes actuados (v. punto II de la resolución de fs. 44/47).

Por último, y a mayor abundamiento, tratándose de derechos de incidencia colectiva, toda discusión acerca del alcance de la representación que podría ejercer la actora en relación con el presunto grupo afectado quedaría de lado en virtud de lo previsto en los artículos 14 bis y 75, inciso 22, de la CN y en el convenio Nº87 de la OIT (confr. CSJN, in re “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 18/06/2013; y Fallos:331:2499 y 332:2715 ).

(iv) Finalmente, las medidas adoptadas por el a quo en el punto II de la resolución apelada se traducen en una evidencia de la intención que habría tenido el magistrado de trámite de manejar el caso de modo eficiente y eficaz.

Sin embargo, concretamente en relación con las ordenadas en el apartado 1) de ese punto, entiende esta sala que corresponde dejar sin efecto la publicación de edictos en los diarios La Nación y Pagina 12, así como la notificación a través de medios de radiodifusión y audiovisuales que no sean de resorte exclusivo de la Administración local (TV Pública y señales de noticias con cobertura en la ciudad -acápite b-). En primer lugar, por cuanto la publicación en el Boletín Oficial y en los restantes canales de comunicación indicados por el Sr. juez de grado (apartados b, c y d del citado punto 1) parecería suficiente para lograr el fin perseguido; y, en segundo lugar, por cuanto tal publicación conllevaría una erogación que, a la luz de lo antedicho, no aparece justificada.

En esta línea y a modo de ejemplo, nótese que, en el precedente antes citado de esta sala (“ADEMYS”, A6529-2014/0), que también involucraba a un sector determinado de los trabajadores docentes de la ciudad, este tribunal entendió suficiente a estos fines la publicación de edictos en el Boletín Oficial, la del pronunciamiento respectivo en la página web del Ministerio de Educación y la exhibición de una circular en cada establecimiento educativo.

8. Que, asimismo, así como lo dispuso esta sala en el citado precedente “ADEMYS” así como en los autos “Travers, Jorge c/ GCBA s/ otras demandas contra autoridad administrativa” (Expte. N°:C2411-2016/0, del 10/11/16), se considera adecuado informar a la CSJN la existencia del presente pleito.Si bien este tribunal no desconoce que aún no se habría celebrado el convenio pertinente con la CSJN a los efectos de implementar un sistema que permita “. compartir la información almacenada y facilitar el acceso recíproco e ilimitado a los registros respectivos” (conf. este último Tribunal, Acordada 32/14, v. cons. 4°), a los fines allí previstos se considera pertinente que, de todos modos, el juzgado de trámite informe al Máximo Tribunal federal lo concerniente a estos actuados de acuerdo con las pautas fijadas en el Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos regulado a través de dicha acordada.

Ocurrir ante la CSJN del modo indicado encuentra aval en las razones por las cuales se dictó esa reglamentación, pero también en la proyección de los efectos de la sentencia que oportunamente se dicte.

Es que el presente caso se trata de un juicio que debe tramitar ante la justicia ordinaria con asiento en el territorio de la CABA y, como ha ocurrido en muchas oportunidades, existiría la posibilidad de que se promoviera otra acción con el mismo objeto que la de los presentes actuados en un fuero distinto al Contencioso Administrativo y Tributario, siendo ese motivo suficiente como para operar del modo indicado.

9. Que, despejado lo concerniente a la naturaleza de la presente acción, cabe abordar la cuestión referida a la decisión cautelar adoptada.En función de ello, resulta oportuno poner de resalto que en el artículo 177 del CCAyT se establece que “[l]as medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. Y que “[q]uien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas en este Código”.

Por otro lado, en el artículo 189 del referido código se dispone que “[l]as partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1) Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público. 2) Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión”.

10. Que, asimismo, resulta conveniente señalar que la CSJN tiene dicho que “[s]i bien el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican” (in re “Líneas Aéreas Williams S. A. c/ Catamarca, Prov.de s/ Interdicto de retener” , el 16/07/96). “Por ello, la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora” (confr. CSJN, “Grinbank c/ Fisco Nacional” , el 23/11/95; “Pérez c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, el 25/06/96; “Frigorífico Litoral Arg. c/ DGI s/ declaración de certeza”, el 16/07/96).

Finalmente, debe recordarse que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisitos mencionados precedentemente se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (confr. esta sala in re “Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, el 21/11/00).

11. Que, expuestas tales pautas generales, es preciso recordar que el Sr. juez de grado consideró que la cautelar resultaba procedente por cuanto, a través del sistema de inscripción on line de los docentes de la ciudad, el Ministerio de Educación del GCBA accedería a datos sensibles de esos trabajadores.

Pues bien, de acuerdo con lo que surge de la normativa aplicable, tal conclusión parece, en esta instancia cautelar, desprovista de sustento suficiente.

En primer lugar, por cuanto, a tenor de lo prescripto en la Ley 4109 (modificatoria del Estatuto Docente), los datos incorporados al sistema on line de ingreso y ascenso en la carrera docente (v. art. 2° de dicha norma) no parecerían compatibles con la definición de datos sensibles que se encuentra prevista en el artículo 3° de la Ley 1845. En efecto, los antecedentes profesionales que debe ingresar cada docente como información necesaria para el sistema de clasificación no se vislumbran como aquellos susceptibles de revelar “. origen racial o étnico, opini ones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual.” (art.3° mencionado).

Y, en segundo lugar, dado que, aun soslayando lo anteriormente expuesto, la medida cautelar concedida adolece, en este estadio procesal, de la verosimilitud requerida. En efecto, la impresión de pantalla obrante a fs. 10, único documento que fundaría la aseveración de la parte actora, además de su generalidad como elemento de convicción, en modo alguno parece acreditar un punto que parece esencial para dar sustento a la postura esgrimida por la actora, a saber, que el Ministerio de Educación tendrá acceso a cualquier información del usuario docente que no sea la requerida a los fines de la clasificación docente (conforme art. 1° de la Ley 4109).

En suma, las circunstancias apuntadas así como también la vaguedad de la prueba aportada hasta el momento para fundar la procedencia de la tutela anticipada (carga procesal en cabeza de quien solicita la cautelar, cabe agregar), impiden, a criterio del tribunal, tener por configurado el esencial requisito de la verosimilitud del derecho.

12. Que, por otro lado, si bien es cierto que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisitos mencionados precedentemente (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (“Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, del 21/11/00), ello es posible cuando, de existir realmente uno de ellos, se haya probado en forma mínima la presencia del otro. Es decir, si no se ha podido demostrar alguno de los requisitos (como aquí sucede), ello resulta suficiente para denegar la medida precautoria requerida.

En suma, por todo ello, corresponde revocar la resolución cautelar de fs. 44/47, punto I.

Voto de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Núñez:

1. Que, dado que coincido con lo expuesto por mis colegas en los considerandos 1° a 7°, adhiero a la solución que se desprende de ellos.

2. Que, despejado lo que antecede, cabe abordar la cuestión referida a la decisión cautelar adoptada.Al respecto, resulta oportuno poner de resalto que en el artículo 177 del CCAyT se establece que “[l]as medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. Y que “[q]uien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas en este Código”.

Por otro lado, en el artículo 189 del referido código se dispone que “[l]as partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1) Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público. 2) Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión”.

3. Que, asimismo, resulta conveniente señalar que la CSJN tiene dicho que “[s]i bien el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican” (in re “Líneas Aéreas Williams S. A. c/ Catamarca, Prov.de s/ Interdicto de retener”, el 16/07/96). “Por ello, la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora” (confr. CSJN, “Grinbank c/ Fisco Nacional”, el 23/11/95; “Pérez c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, el 25/06/96; “Frigorífico Litoral Arg. c/ DGI s/ declaración de certeza”, el 16/07/96).

Finalmente, debe recordarse que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisitos mencionados precedentemente se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (confr. esta sala in re “Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, el 21/11/00).

4. Que, expuestas tales pautas generales, es preciso recordar que el Sr. juez de grado consideró que la cautelar resultaba procedente por cuanto, a través del sistema de inscripción on line de los docentes de la ciudad, el Ministerio de Educación del GCBA accedería a datos sensibles de esos trabajadores.

Pues bien, de acuerdo con lo que surge de la normativa aplicable, tal conclusión parece, en esta instancia cautelar, desprovista de sustento suficiente.

En efecto, la impresión de pantalla obrante a fs. 10, único documento en que se sustentaría la aseveración de la parte actora, aparece como exiguo para fundar la verosimilitud del derecho invocada; nótese que dicha constancia, además de su generalidad como elemento de convicción, en modo alguno parece acreditar un punto que parece esencial para dar sustento a la postura esgrimida por la actora, a saber, que el Ministerio de Educación tendrá acceso a cualquier información del usuario docente que no sea la requerida a los fines de la clasificación docente (conforme art.1° de la Ley 4109).

En suma, las circunstancias apuntadas así como también la ausencia de prueba suficiente que permita fundar la procedencia de la tutela anticipada (carga procesal en cabeza de quien solicita la cautelar, cabe agregar), impiden, a criterio del tribunal, tener por configurado el esencial requisito de la verosimilitud del derecho.

5. Que, por otro lado, si bien es cierto que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisitos mencionados precedentemente (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (“Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, del 21/11/00), ello es posible cuando, de existir realmente uno de ellos, se haya probado en forma mínima la presencia del otro. Es decir, si no se ha podido demostrar alguno de los requisitos (como aquí sucede), ello resulta suficiente para denegar la medida precautoria requerida.

En suma, por todo ello, corresponde revocar la resolución cautelar de fs. 44/47, punto I.

Por todo lo expuesto y de conformidad con el criterio sustentado por la Sra. fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, revocar la medida cautelar que integra el punto I de la resolución de fs. 44/47. 2) Confirmar el punto II de la resolución de fs. 44/47, con excepción de las medidas de publicidad referidas en el considerando 7° de la presente. 3) Ordenar al juzgado de trámite que informe a la CSJN acerca de la tramitación de los presentes actuados de conformidad con las pautas fijadas en el Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos creado a través de la Acordada 32/14. 4) Imponer las costas en el orden causado (art. 14 de la CCABA, art. 28 de la Ley 2145 y art. 62, 2° párr., del CCAyT).

Regístrese, notifíquese por secretaría y a la Sra. fiscal ante la Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.