Pena de inhabilitación especial para dos abogados por estafa procesal y uso de documento privado falso

Partes: D. H. C. y otro c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía – ley 23.187 – art. 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 16-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103318-AR | MJJ103318 | MJJ103318Sumario:
1.-Corresponde desestimar la excepción de prescripción opuesta por dos abogados con respecto a la sanción de inhabilitación especial para ejercer la profesión por considerarlos responsables de los delitos de estafa procesal y uso de documento privado falso, en tanto que el plazo según el art. 48 de la Ley 23.187 es bienal y, toda vez que no existe condena penal, el punto de inicio de su cómputo es el momento que el Colegio Profesional tomó conocimiento de los hechos por medio de los oficios recibidos e inició las actuaciones sin finalizar dicho término.

2.-La acción penal es independiente de la acción disciplinaria y por lo tanto no se violó el principio no bis in idem, ya que ésta tiende a resolver los reproches éticos formulados y la circunstancia de que en la causa penal se haya declarado la prescripción de la acción emergente del delito por los que fueron condenados en una sentencia no firme y como consecuencia se haya sobreseído a los abogados, no se superpone con la atribución exclusiva del Tribunal de Disciplina de fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado, ya que el poder disciplinario es independiente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los abogados en los términos del art. 43 de la Ley 23.187.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de febrero de 2017.- JEE

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que las presentes causas disciplinarias Nº 25.389/25.393 se iniciaron el 22 de septiembre de 2010, con el oficio remitido por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 26, en el que hizo saber las condenas al abogado M. C. D. a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio profesional de la abogacía, por considerarlo co-actor penalmente responsable del delito de estafa procesal cometido en grado de tentativa en concurso ideal con uso de documento privado falso (fs. 1) y al abogado H. C. D. a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio profesional de la abogacía, por considerarlo instigador del delito de estafa procesal en grado de tentativa en concurso ideal con documento privado falso (fs. 16).

II.- Que los profesionales formularon sus descargos, a fs. 170/173 M. C. D., por derecho propio y a fs. 191/209 H. C. D., con defensor oficial.

III.- Que la Sala I del Tribunal de Disciplina resolvió, por sentencia nº 92 del 16 de julio de 2014, imponer a los profesionales, M. C. D. (Tª 52 Fº 863) y H. C. D. (Tª 9 Fº 613), la sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesional a cada uno, contemplada en el artículo 45 inciso d) de la ley 23.187, por haber infringido los artículos 6 inciso e), 44 inciso e) de la ley 23.187 y los artículos 6 y 10 inciso a) del código de ética.

Para así decidir, el voto que dio fundamento a la decisión, al que adhirieron los restantes vocales que suscribieron la sentencia, trató en primer lugar los planteos de nulidad, prescripción e incompetencia para lo cual sostuvo que:i.el artículo 15 del RPTD otorga la “facultad” al tribunal para efectuar la suspensión, siendo en consecuencia facultativa; ii.al momento de correr el traslado de fs. 157, la causa penal estaba concluida y se le acompañó la copia del comunicado del TOC nº 26 (fs. 1); iii.el procedimiento disciplinario fue iniciado de oficio según los artículos 16 y 5 del RPTD. iv.los oficios del TOC nº 26 fueron recibidos en el Colegio Público el 10/09/2010 y el 22 del mismo mes fueron iniciadas las actuaciones disciplinarias. En las actuaciones no hubo denuncia, el TOC nº 26 se limitó a informar sobre la condena de los letrados y el Colegio Público, de oficio, inicio el procedimiento que es el que tiene interés legítimo en promover la acción disciplinaria, por lo que el inicio de las actuaciones interrumpió el curso de la prescripción; v.el plazo del artículo 12 del RPTD es un plazo ordenatorio o meramente conminatorio pero no perentorio. vi.existe independencia entre la acción penal y la acción disciplinaria profesional, que se encuentra delegada por la ley 23.187 en el Tribunal de Disciplina del Colegio. Puede darse que la causa penal finalice sin condena, pero el Tribunal de Disciplina puede ejercer su poder disciplinario si de las constancias de la causa penal surge afectación al correcto ejercicio de la abogacía.

En cuanto al fondo de la cuestión sostuvo que: i. de las constancias de la causa penal surge con claridad la conducta imputada a los denunciados, y tampoco ofrecieron prueba que pudiera agregar algún elemento para cambiar el marco fáctico admitido. ii. la potestad sancionatoria penal tiene como fin principal la prevención y represión de la delincuencia, mientras que la disciplinaria se encamina al mantenimiento de la disciplina como factor determinante, más allá de la común naturaleza derivada del ius puniendi estatal. iii. si bien en sede penal se había sobreseído a los profesionales por prescripción (fs.147/150), “la prescripción no borra el delito, sino que elimina su punibilidad penal” y el sobreseimiento no es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (Baigun-Zaffaroni, Código Penal, análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, t. 2B, pág. 217 y sigts.). iv. realizó una síntesis de los hechos relacionados y la conducta de los denunciados en el proceso penal tanto en el TOC nº 26 como en la Cámara de Casación Penal (fs. 235 vta./238). v. no se violó el principio non bis en ídem, toda vez que no hubo condena en sede penal y recordó la jurisprudencia vigente en cuanto que “La absolución o el sobreseimiento definitivo en las causas penales no impide al Tribunal de Disciplina examinar si pese a la inexistencia de delito, hubo violación de la ética profesional. El artículo 15 del RPTD no es ilegítimo ni arbitrario, pues coincide con una regla general del derecho disciplinario (Fallos: 301:735; 305:102, entre otros), recogida por el art. 43 de la ley 23.187.” vi. para la aplicación de la sanción se tuvo en cuenta las pautas a que hace referencia el artículo 26 del Código de Ética, los antecedentes de los denunciados (fs. 213/227), la antigüedad en la matrícula y por tratarse de una falta grave.

IV.- Que contra dicha decisión los profesionales interpusieron recursos directos de apelación contemplado en el artículo 47 de la ley 23.187. A fs. 250/267 el doctor H. C. D. y, a fs. 268/278 el doctor M. C. D., que fueron contestados a fs. 310/319.

El señor H. C. D. en primer lugar planteó la nulidad de todo lo actuado con fundamento en que: i. no se calificaron las conductas ni declaró el derecho aplicable, requisitos que le impone el procedimiento para imponer la pena o sanción. ii. la sentencia de la cámara de casación, a la que hace referencia es inexistente y nula pues dicho tribunal no observó el término para dictarla. iii.se desconoce la diferencia entre la prescripción de la acción y de la pena. iv. tuvo en cuenta la información de fs.

213/227, de forma genérica y sin explicar de qué manera influyó esa información sobre lo decidido.

En cuanto a sus agravios, señaló: i.la excepción de incompetencia en los términos de los artículos 1º, 17 y 20 de la ley 23.187 y 1º del código de ética, no fue tratada; ii.la excepción de prescripción de la acción disciplinaria dispuesta en el artículo 48 de la ley 23.187; iii.el plazo máximo de duración del proceso según el artículo nº 12 del RPTD; iv.la vulneración del principio non bis in ídem, ya que los hechos que se analizan en el sumario ya fueron juzgados y sancionados; v.el principio de inocencia basado en la presunción de inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable.

Por su lado, el señor M. C. D. se agravia de lo siguiente: i. el fallo recurrido es nulo por no cumplir con las formalidades que exige el artículo 163 del C.P.C.C.N, al no expedirse respecto a los planteos de nulidad de previo y especial pronunciamiento del informe de fs. 13, de la desestimación y/o archivo por “des comunicación” y de la prescripción; ii. se violó el artículo 34 inciso 4 del C.P.C.C.N. ya que resulta aplicable al tribunal de disciplina en cuanto al procedimiento toda vez que el Colegio Público de Abogados remite al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículos 13, in fine, 40 de la ley 23.187 y artículos 6 y 9 del RPTD); iii.se vulneró el artículo 102 del Código Procesal Penal al no resolver las excepciones planteadas al momento de dictar sentencia, el artículo 123 por la falta de motivación, y los artículos 399 y 404, inciso 4 por señalar ni tipificar debidamente la conducta achacada como violatoria.

V.- Que a fs. 290/293, el señor H. C. D. acompañó la denuncia penal por prevaricato formulada contra los jueces del Tribunal de Disciplina, planteó la prejudicialidad en los términos del artículo 1101 del código civil y solicitó la suspensión de las actuaciones hasta que recaiga sentencia en sede penal. A fs. 294 el señor M. C. D. adhirió al planteo de prejudicialidad efectuado.

A fs. 296/297, el señor H. C. D. acompañó constancia de sobreseimiento a los integrantes de la sala I del Tribunal de Disciplina y que fue confirmada por la sala VI de la Cámara Criminal y desistió de la prejudicialidad planteada. A fs. 299 el señor M. C. D. hizo lo propio.

A fs. 320, pasan los autos para dictar sentencia. A fs. 321, el señor M. C. D. solicitó que se dejara sin efecto el llamado de autos y previo a dictar sentencia, se requieran las causas “Teyko S.A. s/ Quiebra” al juzgado nº 24/47 y la nº 17.127 al Colegio Público de Abogados.

VI.- Que, corresponde tratar en primer término la excepción de prescripción planteada por los recurrentes.

El plazo de prescripción aplicable se encuentra previsto en el artículo 48 de la ley 23.187, que establece que “Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido – razonablemente- tener conocimiento de los mismos.Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio”.

Por su parte, el artículo 15 del reglamento de procedimiento para el Tribunal de Disciplina determina que “Cuando por los mismos hechos que dieron origen a la causa disciplinaria se tramite o hubiera tramitado causa penal, el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina será independiente de aquella. Es facultad del Tribunal de Disciplina disponer la suspensión del proceso disciplinario si la causa penal estuviese pendiente de resolución. No se computará plazo alguno mientras dure la suspensión”.

En ese sentido, esta sala ha dicho que para el cómputo de la prescripción se debe tener en cuenta la fecha en la que el CPACF tomó conocimiento de los hechos -de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 de la ley 23.187 (esta sala, causas “Perriconi de Matthaeis, Mario Pablo c/ CPACF (expte. 24449- 24892/09) s/ Colegios Públicos” y “Polito, Roberto Héctor c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ Ejercicio de la Abogacía – Ley 23.187 – art. 47”, pronunciamientos del 3 de marzo de 2015 y del 26 de mayo de 2016, respectivamente).

Sobre esa base, y teniendo en cuenta que el plazo es bienal toda vez qu e no existe condena penal, el punto de inicio del cómputo del plazo es el momento que el CPACF tomó conocimiento de los hechos por medio de los oficios recibidos el 10 de septiembre de 2010 e inició las actuaciones el 22 de septiembre de 2010. Por lo tanto, el plazo establecido por la norma no se cumplió y el planteo prescripción debe ser desestimado.

VII.- Que tampoco resultan admisibles los planteos de nulidad de los profesionales, puesto que los recurrentes invocan defectos o vicios referentes al procedimiento disciplinario, que consintieron en sede administrativa (fs. 163/164 y 165).

Además, para que proceda la pretensión de nulidad debe acreditarse el perjuicio provocado por los alegados vicios.Los recurrentes no demostraron ningún perjuicio, máxime si tuvieron conocimiento de los hechos investigados y de su tipificación (fs. 157), presentaron sus descargos (fs. 170/173 y fs. 191/209), y no ofrecieron ninguna prueba en sentido contrario (esta sala, causas “Burztyn c/ CPACF”, “Argibay Molina c/ CPACF” y “Perriconi de Matthaeis c/ CPACF”, pronunciamientos del 2 de julio de 1991, del 4 de diciembre de 1997 y del 3 de marzo de 2015, respectivamente).

VIII.- Que con relación al principio non bis in ídem, cabe recordar que la acción penal es independiente de la acción disciplinaria, ya que ésta tiende a resolver los reproches éticos formulados. La circunstancia de que en la causa penal se haya declarado la prescripción de la acción emergente del delito por los que fueron condenados en una sentencia no firme y como consecuencia se haya sobreseído a los abogados, no se superpone con la atribución exclusiva del Tribunal de Disciplina de fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado, ya que el poder disciplinario es independiente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los abogados en los términos del artículo 43 de la ley 23.189 (esta sala, causas “Solorzano, Claudio René c/ CPACF”, “Méndez, Claudio Salomón c/ CPACF” pronunciamientos del 15 de febrero de 2013 y del 12 de marzo de 2015, respectivamente, y “Polito”, citada).

Se trata de esferas jurisdiccionales distintas, en las que difieren la finalidad perseguida, los bienes jurídicos tutelados y los valores en juego, de modo que aun cuando la misma conducta puede tener encuadramiento en ambos ordenamientos, ello no impide la investigación paralela o sucesiva por parte de ambas jurisdicciones a los efectos de determinar las responsabilidades de distintas naturalezas, y en su caso la aplicación de sanciones en cada uno de esos ámbitos (esta sala, causas “Galante, Eduardo Jesús c/ CPACF”, pronunciamiento del 3 de noviembre de 2011, “Méndez” y “Polito”, citadas).

IX.- Que es sabido que el plazo previsto en el del artículo 12 del RPTD es de carácterordenatorio o meramente conminatorio para la duración total del proceso y no contempla ninguna sanción procesal en los casos en que se exceda dicho plazo.

Desde la comunicación del TOC nº 26 hasta el dictado de la sentencia del tribunal a quo, las actuaciones tuvieron su trámite procesal propio sin que se advierta inactividad por parte del Tribunal de Disciplina. Al respecto cabe tener en cuenta que desde la primera notificación al abogado H. C. D. en el expediente administrativo (fs. 167) hasta la designación de su defensor oficial (fs. 190), transcurrió siete meses.

X.- Que por lo demás, cabe recordar que la responsabilidad primaria del juicio de la conducta ética de los abogados corresponde a los pares del profesional, en tanto ellos cumplen los mismos menesteres y conocen -por lo tanto- los alcances de su responsabilidad profesional y la compleja serie de comportamientos inspirados en los usos profesionales, en la tradición y en las reglas de costumbre.

Los miembros del Tribunal de Disciplina son los expertos en la valoración de las conductas; los jueces deben atenerse a ese juicio, salvo que concurriesen causales que, por ilegalidad o arbitrariedad de lo decidido, hicieran caer la validez de las decisiones que dicho tribunal haya tomado en cumplimiento de la potestad específica de valoración profesional (esta sala, causas “Pastor, Humberto Ariel c/CPACF”, “Guevara, Edgardo Jorge c/ CPACF”, “Méndez, Claudio Salomón c/ CPACF” y “Delega, Marcelo Alejandro c/ CPACF”, pronunciamiento del 13 de diciembre de 2011, del 30 de agosto de 2012, del 12 de marzo de 2015 y del 2 de julio de 2015, respectivamente).

XI.- Que, en ejercicio de esas atribuciones propias, el Tribunal de Disciplina ponderó las constancias existentes en la causa penal y tuvo por acreditadas las infracciones éticas que se formularon.

En el caso del abogado H. C.D., él no negó su participación en los hechos por los que fue sancionado, sino que se limitó a sostener que su participación tuvo lugar como “amigo personal”; sin embargo, de las pruebas colectadas en aquel expediente surge que el letrado ejerció su condición de abogado, por lo que carece de toda consistencia afirmar que los hechos por lo que se lo sanciona son ajenos al ejercicio profesional.

Desde la perspectiva trazada no puede dejar de advertirse que los recurrentes no han probado en autos que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados -órgano a quien el legislador atribuyó el juzgamiento ético del comportamiento de los integrantes del foro local- haya ejercido ilegal o arbitrariamente su potestad al decidir del modo en que lo hizo (esta sala, causas “Castro Roberts”, “Marchesin”, “Sincosky” y “Delega”, pronunciamientos del 16 de septiembre de 2014, del 27 de abril de 2014, del 20 de mayo de 2015 y del 2 de julio de 2015, respectivamente).

Véase que los profesionales reiteran, en lo sustancial, las justificaciones que había intentado hacer valer ante el tribunal a quo, las que han recibido un tratamiento adecuado por parte de aquél. Es más, los agravios ofrecidos por los recurrentes sólo traducen una discrepancia con la valoración efectuada y resultan insuficientes para probar la inexistencia de una conducta pasible de sanción.

Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: a) desestimar los agravios de los actores y confirmar la sentencia Nº 92 del 16 de julio del 2014 dictada por la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el marco de las causas Nº 25.389/25.393.Con costas, (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); b) establecer en la suma de cinco mil ($ 5.000) los honorarios a favor del doctor Ignacio Andrés Castillo (Tº 110 Fº 514) por su intervención ejerciendo la representación procesal y la dirección legal de la demandada (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del arancel de abogados y procuradores), en razón de la naturaleza del proceso, la inexistencia de monto concretamente discutido, ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido durante la sustanciación del presente recurso directo.

El Dr. Carlos Manuel Grecco integra esta sala en los términos de la acordada nº 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Clara M. do Pico

Rodolfo E. Facio

Carlos M. Grecco