Indemnización a consorcio por servidumbre administrativa de electroducto que explota dentro del inmueble

Partes: Consorcio Propiedad Ruiz Huidobro 3737 c/ Edenor S.A. s/ expropiación – servidumbre administrativa

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 9-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103315-AR | MJJ103315 | MJJ103315Sumario:
1.-Corresponde que una empresa de energía eléctrica abone una indemnización a raíz de una servidumbre administrativa de electroducto que explota dentro del terreno perteneciente a un inmueble, en virtud del perjuicio positivo susceptible de apreciación económica que ello acarrea con motivo de la ocupación física de un espacio determinado por la cual se ve imposibilitado su uso por un extenso e ilimitado período de tiempo; la determinación de la indemnización por la afectación de la servidumbre tendrá en consecuencia el carácter de permanente y de orden legal, y deberá tenerse en cuenta el valor económico de dicho espacio y el perjuicio directo causado al resto del inmueble.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2017, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en autos: “Consorcio Propiedad Ruiz Huidobro 3737 c/ Edenor SA s/ expropiación-servidumbre administrativa”; y, El señor juez de Cámara Dr. Carlos Manuel Grecco dijo:

I. El Consorcio Propiedad Ruiz Huidobro 3737 promovió demanda contra la firma Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) con la finalidad de inscribir por ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la C.A.B.A. la servidumbre administrativa de electroducto que explota dicha distribuidora dentro del terreno perteneciente al consorcio, más el pago indemnizatorio por la ocupación del predio sirviente en virtud del perjuicio positivo susceptible de apreciación económica que ello acarrea -conforme lo dispuesto por los arts. 9, 10, 11, 12, 13 y s.s. de la ley 19.952 y su modificatoria ley 24.065-, con más intereses y costas.

II. El señor juez de primera instancia acogió la demanda y, en consecuencia, condenó a EDENOR S.A. al pago de la indemnización de pesos quinientos veinticinco mil ($525.000), con más los intereses según la tasa de interés pasiva promedio que mensualmente publica el B.C.R.A. (art. 10 del decreto 941/91), desde el requerimiento extrajudicial de fecha 3/07/2012 -fs. 10- hasta el momento de su efectivo pago, e impuso las costas a su cargo (fs. 256/259).

Para decidir de esa manera, consideró que:

(i) la distribuidora reconoció que en el predio objeto de autos funciona un centro de transformación afectado con una servidumbre de electroducto mediante la resolución (E.N.R.E.) nº 256/07, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la C.A.B.A. el día 20 de junio de 2007 bajo el F.R. nº 16-47055 (fs.24), por lo que no se encuentra controvertida la procedencia del reclamo indemnizatorio ni la inscripción registral efectuada, sino que la cuestión debatida se circunscribe a la determinación de su monto; (ii) la ley 19.552 ha previsto el pago de una suma única como indemnización del daño producido por la constitución de una servidumbre administrativa de electroducto, en base a los siguientes parámetros: a) el valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble gravado; y b) la aplicación de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente (art. 9); (iii) el perito ingeniero designado utilizó el método denominado “por comparación homogeneizada de valores” y determinó el valor de la servidumbre de la cámara transformadora de electricidad ubicada en el inmueble en cuestión, en la suma de pesos quinientos diez mil ($510.000), a agosto de 2014 (fs. 169/175); a su vez, el perito martillero presentó su informe a fs. 225/226, aplicó el método comparativo, por considerarlo óptimo para llevar adelante la tarea encomendada, y estableció el monto del resarcimiento en pesos quinientos veinticinco mil ($525.000) al 23/12/2014; (iv) las impugnaciones efectuadas por la demandada a ambas pericias no han evidenciado la falta de conocimiento aseverada. Más aún, si se pondera que las resoluciones cuya aplicación solicitó para efectuar los cálculos pertinentes no son aplicables al caso. La resolución (E.N.R.E.) nº 135/02 efectúa una categorización respecto de las construcciones civiles de centros (tipo cámara) destinadas a la prestación del servicio de distribución de electricidad y, en consecuencia, establece una tabla de valores promedio a aplicar por m2 de obra, como referencia para los conflictos entre las distribuidoras y los usuarios por reintegros originados por la construcción cuyos costos fueron afrontados por la parte.Por su parte, la resolución (E.N.R.E.) nº 602/01 -que dejó sin efecto la resolución (E.N.R.E.) nº 425/00- se refiere a la situación de parcelas que son cruzadas por torres de alta tensión o electroductos (fs. 194/199); (v) la circunstancia de que el E.N.R.E. no haya establecido los valores a aplicar para calcular el coeficiente de restricción que permita determinar el monto indemnizatorio en los inmuebles urbanos, no impide que la percepción pecuniaria pueda ser fijada judicialmente según los parámetros determinados en la ley 19.552; debiendo, en el caso de autos, estarse a las conclusiones arribadas en la prueba pericial. Toda vez que existe una diferencia pecuniaria entre ambas pericias, deberá estarse al monto establecido por el perito martillero -en la suma de pesos quinientos veinticinco mil ($525.000)- dado que dicha pericia fue expresamente solicitada por la demandada y por ser su profesión la más idónea para efectuar la tasación; (vi) los intereses a la tasa pasiva promedio del B.C.R.A. se devengarán a partir del momento con virtualidad moratoria, el que se concretó con el requerimiento extrajudicial de fecha 3/07/2012 (fs. 10), y hasta su efectivo pago.

III. Disconforme con lo resuelto, a fs. 260 la demandada interpuso recurso de apelación; expresando agravios a fs. 265/268, los cuales fueron replicados a fs. 276/278.

En su memorial, sustancialmente, se queja de la incorrecta apreciación que el juez a quo efectúa respecto:

(i) de los informes periciales -en particular, el efectuado por el perito martillero-, en tanto considera que confunden el valor de la propiedad con el valor de restricción al dominio que ejerce la servidumbre; (ii) de la resolución (E.N.R.E.) nº 602/01.

IV.Descripta la cuestión litigiosa, cabe poner de relieve que la distribuidora no controvierte la existencia de la servidumbre de electroducto establecida en el predio de la actora, ni se opuso a que se determinara una indemnización en favor de aquélla, sino que la única cuestión que se encuentra en debate es el monto del resarcimiento fijado por el juez de grado sobre la base de los parámetros del informe del perito martillero obrante a fs. 225/226.

V. Ante todo es oportuno recordar que, de acuerdo con el criterio de esta sala, como en estos casos no se trata de una desposesión del inmueble, sino de una limitación en el ejercicio del derecho de propiedad, no podría, válidamente, llegarse a la conclusión de que el monto indemnizable debe ser determinado por la simple operación de multiplicar los metros cuadrados que ocupa la cámara transformadora por el valor de cada metro en el mercado actual (causa “Consorcio de Propietarios Quartier de Oro- Cerviño 4502 c/ EDENOR S.A. (expte. 122757/01) s/ expropiación- servidumbre administrativa”, pronunciamiento del 3 de mayo de 2012) y, por esa razón, ha convalidado la aplicación de un coeficiente de restricción (causa “Consorcio de Propietarios ‘Manzana Versailles II’ y otro c/ EDESUR S.A. y otro s/ expropiación – servidumbre administrativa”, pronunciamiento del 11 de agosto de 2015; en un sentido similar, Sala III, causa “Asociación Argentina Sefaradí de Cultura y Beneficencia c/ Edesur S.A. s/ expropiación – servidumbre administrativa”, pronunciamiento del 10 de noviembre de 2016 y Sala IV, causa “Consorcio de Propiedad Juana Azurduy 2660/62 c/ Edenor S.A y otro s/ contrato administrativo”, pronunciamiento del 13 de octubre de 2016).

VI. La resolución E.N.R.E.nº 602/2001, cuya aplicación peticionó Edenor, fue dejada sin efecto por la resolución conjunta 589/2015 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y 56/2015 del Tribunal de Tasaciones de la Nación (artículo 2º).

En el artículo 1º de esa resolución conjunta se aprobaron “los criterios para la definición de los valores que requiere la aplicación de la Ley Nº 19.552 por la constitución de Servidumbre Administrativa de Electroducto, contenidos en el ANEXO que integra la presente resolución”.

Dicho anexo contiene la regulación referente a la tasación de servidumbres de electroducto de cámaras de electricidad.

Concretamente, se previó que “La indemnización debe establecerse con motivo de la ocupación física de un espacio determinado por la cual se ve imposibilitado su uso por un extenso e ilimitado período de tiempo, la determinación de la indemnización por la afectación de la servidumbre tendrá en consecuencia el carácter de permanente y de orden legal, y deberá tenerse en cuenta el valor económico de dicho espacio y el perjuicio directo causado al resto del inmueble. De acuerdo con la Norma TTN 1.x corresponderá partir del valor de mercado o venal del espacio afectado. Por tratarse de una afectación y no de una transferencia de dominio, dicho valor será corregido por un coeficiente multiplicador de 0,95. La determinación del valor de mercado del espacio afectado se realizará según la Norma TTN 3.x, es decir por el Método Comparativo, asimilando dicho espacio al espacio general del que forma parte”.

Bajo tales premisas, el agravio expresado por Edenor S.A., por el que pretende la aplicación del coeficiente de restricción al dominio al monto que compone la indemnización debatida en la causa, debe ser admitido.

VII. Expuesto lo anterior, es sabido que la prudencia aconseja aceptar los resultados del peritaje en tanto no exhiban errores manifiestos, insuficiencia de conocimientos científicos o no resulten contradichos por otra prueba de igual o parejo tenor (Fallos:319:469 ; 320:326 ; 333:1331 ; y esta sala, causa, “Silva Federico Sebastián c/ E.N.-Mº Justicia-P.F.A. y otro s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 1º de septiembre de 2016).

En efecto, en la presente causa se realizaron dos pericias. El peritaje llevado a cabo por el experto ingeniero utilizó el método denominado ‘por comparación homogeneizada de valores’ (fs. 171), determinando el monto indemnizatorio en la suma de pesos $510.000. Mientras que el perito martillero utilizó para su labor ‘el método comparativo’, determinando el quantum en la suma de pesos $525.000. Los parámetros indicados en ambas pericias guardan s imilitud con los que están previstos en la norma T.T.N. 3.x. Ante la diferencia dineraria entre ambas pericias -sólo de $15.000-, el juez a quo optó por las conclusiones emanadas del informe del especialista martillero, brindando razonados motivos, que se comparten. Por ello, cabe tener por válido el informe pericial ponderado en la instancia anterior, en los términos del artículo 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Asimismo, con arreglo al artículo 165 del ordenamiento adjetivo, al monto consignado en dicho peritaje ($525.000), debe aplicarse el coeficiente de restricción establecido en la aludida resolución conjunta 589/2015 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y 56/2015 del Tribunal de Tasaciones de la Nación y en las normas T.T.N. 15.2 y 15.1 (0,95). Por consiguiente, la demanda es procedente, por la suma de $498.750.

En mérito de las razones expuestas, VOTO porque se confirme parcialmente el pronunciamiento apelado y se lo modifique en los términos expuestos en el considerando VII. Con costas de ambas instancias a la demandada, por encontrarse sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los Dres. Clara María do Pico y Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: confirmar parcialmente el pronunciamiento apelado y modificarlo en los términos expuestos en el considerando VII. Con costas de ambas instancias a la demandada, por encontrarse sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El doctor Carlos Manuel Grecco interviene en la presente causa en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Carlos Manuel Grecco

Clara María do Pico

Rodolfo Eduardo Facio

Hernán E. Gerding (Secretario)