Cambios en materia de caducidad en el Código de Procedimientos Civil y Comercial Santafesino. Bilvao, Facundo

Autor: Bilvao, Facundo – Ver más Artículos del autor

Fecha: 6-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10637-AR | MJD10637

Doctrina:

Por Facundo Bilvao (*)Mediante la Ley 13.615 se introdujeron cambios en materia de caducidad en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. El espíritu de la reforma procura, desde nuestro punto de vista, dotar de mayor celeridad a la tramitación de las causas judiciales actualmente atrapadas en un Código absolutamente desactualizado, y a disuadir a los litigantes de los permanentes atrasos e incumplimientos de las cargas fiscales de reposiciones de tasas de justicia, de actuación e impuestos de sellos.

La ley modifica la redacción de los arts. 232, 233 , 236 , 241 y 242 ; derogando asimismo el art. 334 del Código de rito.

Concretamente, en materia de caducidad, el nuevo art. 232 establece un nuevo plazo de perención para los procesos judiciales que tramitan ante los tribunales de Primera Instancia de Distrito, fijándolo en 9 (nueve) meses (la ley anterior preveía un plazo de un año). En cambio no prevé modificación alguna en relación con los procesos que tramiten por ante la Justicia de Circuito, el cual continúa siendo de 6 (seis) meses, tal como lo preveía el artículo anterior.

Al igual que la norma original, el artículo dispone que el plazo de la perención de instancia corre durante los días inhábiles y empieza a contarse desde la última actuación o diligencia judicial destinada a impulsar el procedimiento; pero advirtiendo que no correrá mientras los autos estuvieren pendientes de resolución o actividad judicial.Estimamos que, en el caso, dirimente será definir y delimitar qué se interpretará por «actividad judicial», y al respecto, entendemos que la mención refiere a aclarar situaciones en las cuales algunos tribunales invocaron la caducidad de la instancia sin advertir que el plazo de la perención se había cumplido estando pendiente, por ejemplo, la realización de audiencias fijadas para plazos más extensos que el de la caducidad (1). Tengamos presente que el instituto de la perención de instancia debe interpretarse con carácter restrictivo. De allí que la aplicación que de ella se realice debe adecuarse a esas características, sin extender con excesivo ritualismo el criterio que le preside más allá de su ámbito propio (2).

Además, la norma dispone que la resolución sobre la caducidad solo es apelable si la declara.

El art. 233 mantiene la obligación del secretario del respectivo juzgado de dar cuenta al tribunal cuando advierta que ha transcurrido el término señalado. El Juzgado deberá correr traslado a las partes y, luego, recién resolverá al respecto.

Con independencia de la obligación del órgano jurisdiccional, este artículo faculta a las partes a pedir la declaración de caducidad por vía de acción o de excepción antes de consentir ningún trámite del procedimiento; en cuyo caso el tribunal resolverá luego de correr traslado de tal petición a la contraparte.

Lo saliente de la reforma en la norma radica en la extinción de la obligación de notificación al Señor Agente Fiscal, siendo ahora necesario el traslado a las partes antes del dictado de la resolución respectiva.

El art.236 aclara que cuando la caducidad se produjere antes de la sentencia de primera instancia o antes de su notificación a las partes, no se extinguirá la pretensión (el texto anterior mencionaba «la acción»); la cual podrá ser ejercida por la parte interesada en nueva demanda.

Esta misma norma dispone que el juez o tribunal de la causa puede notificar de oficio la resolución sobre la caducidad de la instancia, y prevé que, cumplida la notificación de la misma, la perención dará fuerza de cosa juzgada al fallo, aun cuando se hubiere recurrido.

Otra modificación sustancial en el instituto la vemos reflejada en relación con la imposición de las costas del juicio perimido. En tal sentido, el art. 241 dispone que, en primera instancia, las mismas estarán a cargo del actor; y en caso de demanda y reconvención, respectivamente, al actor y al reconviniente. Si la perención se produjera en segunda instancia, las costas de esta serán a cargo del o de los recurrentes.

La reforma nos parece saludable y más justa esta solución que la prevista en la norma anterior. Ello sin perjuicio de considerar que la reforma se ha quedado a mitad de camino, pues creemos que lo recomendable hubiese sido exigir al condenado en costas en el juicio declarado caduco antes de la sentencia de primera instancia o antes de su notificación a las partes (art. 236, primera parte), a que justifique el pago de las costas como condición «sine qua non» para la admisibilidad de la nueva demanda.

Finalmente, el art. 242 ratifica la fórmula de su antecedente al prever que cuando por infracción a las leyes fiscales deban paralizarse los procedimientos y el deudor de la obligación tributaria fuere el actor, se producirá la perención si transcurridos noventa días, incluidos los inhábiles, no se hubiere satisfecho el impuesto y la multa.En segunda instancia, si el infractor fuere el apelante, se le considerará como actor a estos efectos, y la paralización durante el tiempo establecido tendrá como consecuencia la deserción del recurso.

La nueva redacción de la norma agrega que esta caducidad fiscal se produce por el mero transcurso del tiempo sin necesidad de liquidación o intimación alguna o pendencia del procedimiento de los arts. 291 y ss. del Código Fiscal (t. o. en 2014), y que el plazo corre desde la notificación de la providencia que ordena cumplir con la obligación fiscal.

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(1) Cfr. Juzgado de Circuito N.° 31 de Sunchales, autos «G., M. B. c/ L., A. A., D., S. O. s/ Medidas preparatorias de juicio ejecutivo y de aseguramiento de bienes» (Expte. 3591/2011), con dictamen de la Señora Agente Fiscal N.° 1 de Rafaela, Dra. María Alejandra Politi de fecha 9/9/2016.

(2) Fallos 310:1009; 315:1647, entre muchos otros.

(*) Abogado, UNL. Notario, UNL. Máster en Derecho Empresario, Universidad Austral.