Responsabilidad del conductor de reparar los perjuicios causados a los familiares de la víctima fatal del accidente que se produjo cuando el demandado ingresó a una curva a más de 150 km/h

Partes: Ferrari Hugo R. y otrp c/ Storero María B. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 10-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102991-AR | MJJ102991 | MJJ102991

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda de daños y perjuicos derivados del accidente de tránsito que se cobró la vida de los familiares de los actores, toda vez que resultó acreditado que en el lugar del siniestro existían carteles indicadores de la curva, escuela, cruce peatonal, velocidad máxima 60 km/h y el obrar culposo del conductor fue la causa adecuada del accidente por su actuación antirreglamentaria y negligente que le llevó a perder el dominio del automóvil – circulando a mas de 150 km por hora – , descartándose la calificación de culpa grave alegada por el asegurador al declinar su responsabilidad (art. 114 L.S.) por considerar que no existieron los elementos que la tipifican.

2.-Toda vez que o bien la distracción del conductor le obstó para una adecuada apreciación del tiempo, velocidad y distancia con respecto a la curva a la que se aproximaba (negligencia) o incurrió en un error de cálculo respecto de la distancia de frenado para reducir a tiempo la velocidad (impericia) e inobservancia de las normas reglamentarias (arts. 36 , 50 y concordantes, Ley 24.449), supuestos que se inscriben en la culpa del art. 512 CCiv. y que conducen a que éste, el titular registral y la aseguradora respondan por los perjuicios causados.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Alejandro A. Román y María Eugenia Chapero, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la citada en garantía, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 59 – Año 2.011 – FERRARI, Hugo Ricardo y Otra c/ STORERO, María Belén y/u Otros s/ ORDINARIO” y sus acumulados Art. 342 C.P.C.: “Expte. N° 192 – Año 2.014 – AGÜERO, Fabiana Marcela c/ SUC. DE HORACIO LUIS STORERO y Otros s/ ORDINARIO” y “Expte. N° 201 – Año 2.008 – VILLARREAL, Félix y GOROSITO, Nélida Estela c/ SUC. DE HORACIO L. STORERO y/o MARÍA BELÉN STORERO s/ ORDINARIO”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercera, Dra. María Eugenia Chapero.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Los recursos de nulidad interpuestos a fs. 900 y 903 del Expte. N° 059/11, fs. 940 y 942 del Expte. N° 192/14 y fs. 1023 y 1024 del Expte. N° 201/08, por la codemandada María Belén Storero y por el asegurador citado en garantía, fueron desistidos por aquélla (fs. 918, 962 y 1054, respectivamente, de los expedientes citados) y no fue sostenido por el asegurador en la Alzada; no existiendo motivos que hagan procedente la declaración de nulidad de oficio.A esta cuestión voto por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A esta primera cuestión, el Dra. María Eugenia Chapero dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

El 09/07/2003, siendo aproximadamente las 16:15 horas, se produjo un accidente de tránsito en la ruta provincial Nº 70, a la altura de la curva de Colonia La Nueva cuando el automóvil BMW 330 CI, Dominio DZG 911, conducido por el Sr. Horacio Luis Storero, acompañado por Juan José Cescut, Valeria Inés Ferrari, Agustín José Parola y Claudia Zulema Villarreal, al ingresar en la curva derrapó y perdió estabilidad, dio un giro en el aire durante el cual tropezó con la garita para micros a la que redujo a escombros, y se detuvo unos metros más adelante, ocasionando el fallecimiento de todos sus ocupantes (ver Expte. N° 1278/03, Juzgado en lo Penal Correccional de la Primera Nominación de Santa Fe, agregado por cuerda, inspección ocular y croquis, fs. 3/5; fotografías fs. 57/60).

Con ese motivo fueron iniciadas en la primera instancia las causas “Expte. Nº 1044 – Año 2003 – Ferrari, Hugo Ricardo y otra c/ Storero, María Belén y/u otro s/ ordinario” (Nº 059/11 de esta Cámara), “Expte. Nº 938 – Año 2003 – Agüero, Fabiana Marcela c/ Suc. de Horacio Luis Storero y/o responsables s/ ordinario” (Nº 192/14 de Cámara), y “Expte. Nº 847 – Año 2004 – Villarreal, Félix y Gorosito, Nélida Estela c/ Sucesores de Horacio Luis Storero y otros s/ ordinario” (Nº 201/08 de Cámara), cuya acumulación en el marco del art. 342 del C.P.C. fue dispuesta a fs. 754 y fs. 832; fs.

714/715; y fs.967/968, respectivamente, resolviéndose las tres causas en una sola sentencia (Resolución Nº 612 de fecha 03/07/2013, obrante a fs. 855/898, fs. 895/938 y fs. 978/1021, respectivamente).

En ese pronunciamiento, en virtud de los arts. 1109, 1113 y concordantes del C. Civil y arts. 50 y concordantes de la ley 24.449, se resolvió: 1) Con relación a los autos “Expte. 1044 – Año 2003 – Ferrari, Hugo Ricardo y otra c/ Storero, María Belén y/u Ot. s/ ordinario”, hacer lugar a la demanda y condenar a los accionados (“Sucesores de Horacio Luis Storero”, María Belén Storero y “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.”) a abonar a los actores en el plazo de diez días, los rubros y montos acogidos -por gastos de servicio funerario, $ 1.000; por gastos de sepultura, $ 5.403; por frustración de asistencia económica a los actores, art. 1085, segunda parte, del C.C., la suma de $ 188.514; y por daño moral por la muerte de una hija, la suma de $ 40.000 a cada uno de sus padres- más los intereses dichos en los considerandos y las costas. 2) Con relación a los autos “Expte. Nº 938 – Año 2003 – Agüero, Fabiana Marcela c/ Suc.de Horacio Luis Storero y otros s/ ordinario”, hacer lugar a la demanda y condenar a los accionados (“Sucesores de Horacio Luis Storero”, María Belén Storero y “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.”) a abonar a los actores en el plazo de diez días, los rubros y montos acogidos -por gastos de sepelio la suma de $ 2.000; por el daño moral, la suma de $ 40.000 para Fabiana Marcela Agüero, viuda de Juan José Cescut, $ 40.000 para Rocío Cescut, hija de la víctima, y $ 10.000 para Sofía Cescut, hija también que a la fecha del accidente contaba con apenas diez meses de vida; y por lucro cesante, pérdida de chance, gastos de subsistencia de la viuda y sus hijas menores, la suma de $ 80.000 para la viuda y $ 50.000 para cada una de las hijas- más los intereses dichos en los considerandos y las costas. 3) Con relación a los autos “Expte. Nº 847 – Año 2004 – Villarreal, Félix y Gorosito, Nélida Estela c/ Suc.de Horacio Luis Storero y/o María Belén Storero s/ ordinario”, hacer lugar a la demanda y condenar a los demandados (“Sucesores de Horacio Luis Storero”, María Belén Storero y “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.”) a abonar a los actores en el plazo de diez días, los rubros y montos acogidos -por gastos de sepelio, la suma de $ 1.250; por daño moral la suma de $ 40.000 a cada uno de sus progenitores por el fallecimiento de su hija Claudia Zulema Villarreal; y por pérdida de chance, la suma de $ 60.000 para ambos-, más los intereses dichos en los considerandos y las costas.

Para decidirlo así la sentencia consideró que no está controvertido entre las partes el hecho del accidente ocurrido y el daño originado, como tampoco que el automóvil señalado tenía la cobertura de un seguro extendido por la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.” según la póliza Nº 005428292 (ver fs. 706/724). Con el informe pericial del Ing. Hernán D. Radesca (fs. 351/367) consideró probado que el día del accidente el BMW circulaba por la ruta Nº 70 hacia el Noreste por un tramo recto cuando al llegar a la altura del Km. 44,5 se llega a una curva pronunciada perdiendo su conductor el control del automóvil cuando ingresa a la curva debido a la velocidad excesiva que estima en 159,30 km/h, produciéndose el derrape primero sobre la calzada y luego sobre la banquina en la que se produjo el vuelco y giro en el aire, atropello a la garita y detención unos metros después de la garita sobre la banquina y parado sobre sus cuatro ruedas. Ponderó asimismo las declaraciones de Martín Flesia (fs. 327), Gonzalo Fermín Rodríguez (fs. 327 vta.) y Carlos Jesús Vázquez (fs.328) como también las formuladas por ellos en la causa penal que obra por cuerda, resaltando la presencia de carteles indicadores de la curva, escuela, cruce peatonal, velocidad máxima 60 km/h y “Colonia La Nueva”. Concluyó que la culpa del conductor del BMW fue la causa adecuada del accidente por su actuación antirreglamentaria y negligente que le llevó a perder el dominio del automóvil. Ello no obstante, descartó la calificación de “culpa grave” alegada por el asegurador al declinar su responsabilidad (art. 114, L.S.) por considerar que no existieron los elementos que la tipifican entendiendo que Storero, en ningún momento y con las cualidades del vehículo que conducía, ingresó a la curva de Colonia La Nueva, a sabiendas y deliberadamente para perseguir el resultado del siniestro ocurrido. Aludió a la incidencia del art. 68 de la ley 24.449 en punto a las víctimas del accidente en cuanto a la obligatoriedad del seguro, para su debida protección; y a la inoponibilidad de la culpa grave a los damnificados, sin perjuicio, en su caso, de repetir lo pagado contra su propio asegurado. También descartó la pretendida exclusión de cobertura basada en que el conductor llevaba cuatro acompañantes con infracción de la cláusula segunda de las condiciones de la póliza, por entender abusiva la misma en función de lo dispuesto por el art. 40, inc. g, de la ley 14.449, desde que no se demostró en autos que los otros tres pasajeros incidieron en el evento dañoso ni que estorbaran al conductor del rodado; y el transporte benévolo no excluye la responsabilidad que el art. 1.113 del C. Civil impone al dueño o guardián del automóvil, con cita del precedente “Melnik” de la C.S.N. Por ello declaró procedente la demanda contra Horacio Luis Storero (art. 1109, C.C.), María Belén Storero en su carácter de titular registral del automóvil (art.1113, C.C.) y la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.”, como citada en garantía (sentencia de primera instancia, fs. 855/898 del Expte. Nº 059/11, registro de esta Cámara; fs. 895/938 del Expte. N° 192/11, y fs. 978/1021 del Expte. N° 201/08).

Contra ella apelaron la codemandada María Belén Storero (fs. 900, Expte. N° 059/11; fs. 940, Expte. N° 192/14 y fs. 1023, Expte. N° 201/08) y el asegurador (fs. 903, fs. 942 y fs. 1024, respectivamente), pero sólo mantuvo el recurso este último, dado el desistimiento de las apelaciones de la codemandada María Belén Storero (fs. 918; fs. 962; fs. 1054).

Al expresar sus agravios, el asegurador hace expresa manifestación del acierto de la sentencia cuando ordenó la acumulación de las tres causas, puesto que responde n a un mismo hecho ilícito, y dispuso resolverlas en una única sentencia, señalando que es indubitable la procedencia de la demanda, de allí que sus agravios no persiguen el rechazo de la demanda, sino que se limitan a cuestionar el rechazo de la declinación de la citación de garantía formulada por su parte en las tres causas (ver fs. 173/184; fs. 48/59; fs. 153/164, respectivamente) efectuada en la sentencia. Es así cómo centra su argumento acerca de la existencia de la culpa grave del conductor del BMW en la velocidad definida en las periciales efectuadas en los distintos expedientes que van desde una mínima de 160 km/h hasta casi 190 km/h, cuando la velocidad máxima permitida era sólo de 60 km/h, y la alta tecnología mencionada por la sentencia, en la que habría confiado su conductor, no lo autorizaba a circular a mayor velocidad que la permitida.Explica que perseguir un resultado es dolo y cosa distinta es representarse que con “esa misma conducta puede suceder el accidente, lo más probable es que ocurra, no quiero que suceda, pero igualmente no hago nada distinto para que esa probabilidad no se cumpla y por ello, eso es dolo eventual, eso es culpa con representación. Storero pareciera que no quiso matarse ni matar a cuatro de sus ocupantes. Pero sin lugar a dudas se representó que conduciendo el rodado a 180 km/h en una curva el accidente podía suceder y tener tales o cuales consecuencias e igualmente no hizo nada distinto para que esas condiciones cambiaran, siguió imprimiendo velocidad al rodado pese a la profusa cartelería que le indicaba lo contrario y sabiendo del peligro potencial que ello tenía, seguramente se representó que el accidente podía suceder y no hizo nada por evitarlo. Más aún, debemos suponer incluso que en los numerosos kilómetros recorridos con anterioridad al accidente, también desarrolló velocidades incluso superiores a las que llevaba al momento del accidente y tampoco hizo nada, ni, suponemos, lo hicieron sus acompañantes, para que disminuyera su marcha” (3. Tercer agravio). Cuestionó el fundamento de la sentencia basado en el art. 68 de la ley 24.449, señalando que el seguro obligatorio previsto estuvo contemplado en sucesivas resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación que, a la fecha del accidente (julio de 2003) tenía un monto mínimo de cobertura de $ 30.000 para el caso de muerte o incapacidad total y permanente.De allí infiere que el seguro obligatorio tenía ese límite, que se duplicaba en el caso de siniestro múltiple, pero quien contrató por un monto mayor no lo hizo por ser obligatorio sino por propia decisión, agraviándose en cuanto la sentencia entendió que la aplicación del seguro obligatorio incorporado por la ley 24.449 cambie el sentido y circunstancias del seguro voluntario que “Sucesores de Horacio Luis Storero S.R.L.” tuvo en miras cuando contrató el seguro sobre el rodado BMW de propiedad de María Belén Storero (4. Cuarto y 5. Quinto agravios). Por último se agravió sosteniendo la vigencia del plenario “Mustafá” ya que también hoy el seguro por encima del valor mínimo obligatorio sigue siendo voluntario. Mantuvo la cuestión constitucional y solicitó que se haga lugar a la declinación de la citación de garantía y se revoque la condena extensiva a la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.”, en la medida del seguro, con costas a la parte actora citante (expresión de agravios del asegurador, fs. 924/930; fs. 973/979; fs. 1061/1068, de las causas “Ferrari”, “Agüero” y “Villarreal” respectivamente). Sus agravios fueron respondidos a fs. 933/936 por la parte actora, y a fs. 939/941 por la codemandada Storero (Expte. N° 059/11); a fs. 1004/1011 por la parte actora, y a fs. 1014/1018 por la codemandada Storero y evacuada la vista por la Asesora de Menores a fs. 1022 (Expte. N° 192/14); a fs. 1071/1078 por la parte actora, y a fs. 1081/1085 por la codemandada Storero (Expte.N° 201/08).

Para ingresar al tratamiento del recurso resulta oportuno recordar que con acierto se ha dicho que la culpa grave como la causa legal de exoneración de la responsabilidad de la aseguradora excede la regular graduación de negligencia y por su magnitud resulta cercana a la intencionalidad en la producción del evento dañoso, o por lo menos, traduce una actitud de grave despreocupación ante el eventual resultado perjudicial, aunque este no haya sido deliberadamente buscado por el sujeto. Por ende, la configuración de culpa grave debe ser analizada de conformidad con las

circunstancias particulares de tiempo, persona y lugar que se relacionan con el

hecho, pues el fundamento de la exoneración de responsabilidad de la aseguradora, radica esencialmente en que la conducta del asegurado supera las previsiones de riesgo propias del contrato, e incursiona en un margen de participación en la producción del siniestro, que desarticula sus bases convencionales (Corte Suprema de la Nación, “Olmos, Paula Eva c/ Strapoli, Juan Antonio Rosario y otro”, 19/12/91, Fallos: 313:1897, Disidencia de los Dres. Mariano Augusto Cavagna Martínez y Eduardo Moliné O’Connor y del Dr. Rodolfo C. Barra).

Asimismo, autorizada doctrina jurisprudencial ha coincidido en algunas cuestiones en torno a la culpa grave contemplada en el art. 114 L.S., entre ellas, que todo lo relacionado con la culpa grave es de interpretación restrictiva como causal de exclusión; funciona el principio in dubio pro asegurado; es pauta para establecer la existencia de culpa grave merituar la conducta del asegurado como aquella que el sujeto no habría adoptado de no contar con cobertura asegurativa; no debe perderse de vista el contexto en que se realiza el acto; constituye una culpa con representación, como el dolo eventual, y consiste en la asunción consciente e innecesaria de un riesgo probable (ROUILLON, Adolfo A. N., -Director- , “Código de Comercio Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, T. II, pág. 166).

Las características técnicas del automóvil fueron descriptas en el informe pericial del Ing. Radesca.Se trató de un “BMW Cabriolet”, modelo 330 C I, con una cilindrada de 2979 cms3, potencia nominal de 231 cv, y una velocidad máxima aproximada de 247 km/h (fs. 362 y fs. 365; póliza de seguros, fs. 707) tratándose de una unidad descapotable (ver informe pericial, fs. 824/825, Expte. “Villarreal”).

En cuanto al lugar, se muestra ilustrado en la fotografía satelital obrante en el informe pericial del Ing. José Luis Rópolo (fs. 823, causa “Villarreal”), donde se observa la real dimensión urbana de Colonia La Nueva a ambos lados de la ruta (ésta es atravesada sólo por una calle) y, transitando en el sentido que lo hacía el BMW, es decir, de Oeste a Este, la curva estaba precedida por un extenso tramo recto que se extendía en zona exclusivamente rural, y exceptuando un amplio sesgo, así lo hacía en una prolongada recta desde Nuevo Torino (ver Google; también Red Caminera de la Provincia de Santa Fe, publicado por la Dirección Provincial de Vialidad).

En ese marco y tratándose de un automóvil modelo año 2002 (el accidente ocurrió el 09/07/2003) es dable suponer que en el habitáculo del mismo, el incremento de la velocidad fuera poco menos que imperceptible dadas las características tecnológicas del vehículo, y que en esa extensa recta su conductor haya alcanzado o superado los 200 km/h aludidos en los informes periciales (ver fs. 828/825 del Expte.

“Villarreal”; y fs. 521/528, Expte. “Agüero”). De cualquier modo, los hechos demostrados indican que o bien la distracción del conductor le obstó para una adecuada apreciación del tiempo, velocidad y distancia con respecto a la curva a la que se aproximaba (negligencia) o incurrió en un error de cálculo respecto de la distancia de frenado para reducir a tiempo la velocidad (impericia) e inobservancia de las normas reglamentarias (arts. 36, 50 y concordantes, ley 24.449), supuestos que se inscriben en la culpa del art. 512 C.C.Pero en las circunstancias del caso, es sencillamente inverosímil que el conductor hubiese pretendido ingresar a la curva a una velocidad de 200 km/h, o mayor, para sortearla a esa velocidad, desde que ello implicaba inexorablemente la pérdida de estabilidad y la producción del accidente (culpa con representación; ver informe pericial del Ing. Radesca, fs. 353/355, Respuesta N° 3). Mucho menos que ese resultado se hubiese representado al amparo de una cobertura del seguro (ver fotografías a fs. 57/60, causa correccional, agregada por cuerda). Por el contrario, los testimonios producidos corroboran que el auto, inmediatamente antes de ingresar a la curva, venía haciendo “viboritas” (Vázquez, Carlos Jesús y Rodríguez, Gonzalo Fermín (fs. 31 y 35 de la causa correccional; fs. 328 y 327 vta. de “Ferrari”; fs. 407 y 411 de “Agüero”; fs. 773 y 774 de “Villarreal”), de lo que se infiere un tardío apercibimiento para iniciar la maniobra de disminución de velocidad o frenado antes del ingreso. Pero de ningún modo la intención de hacerlo ni siquiera a la velocidad estimada en la pericia del Ing. Radesca (159,30 km/h; fs. 361, causa “Ferrari”). De allí que, sin perjuicio de la culpa que le atribuyó la sentencia de primera instancia, en conclusión consentida, no corresponda la imputación de culpa grave con los alcances del art. 114 de la L.S., en el marco de la doctrina jurisprudencial señalada, como lo pretende el recurrente.

El tratamiento de las demás cuestiones planteadas por el recurrente resulta ocioso ya que, atendiendo a la conclusión arribada, la extensión de la condena al asegurador citado en garantía, en los términos del art. 118 de la L.S., se muestra incuestionable.

Por estas razones propugno el rechazo de la apelación y la confirmación del fallo impugnado, en cuanto ha sido materia de agravios, con costas al recurrente vencido.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A.Román dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A esta misma cuestión, el Dra. María Eugenia Chapero dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la tercera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde:

1) Rechazar los recursos interpuestos, con costas al recurrente. 2) Los honorarios de la Alzada serán el 50 % de los que se regulen en primera instancia.

A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M. Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dra. María Eugenia Chapero dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE

APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE RAFAELA, con la

abstención de la Dra. María Eugenia Chapero (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: 1) Rechazar los recursos interpuestos, con costas al recurrente. 2) Los honorarios de la Alzada serán el 50 % de los que se regulen en primera instancia. 3) Regístrese, agréguense copias certificadas de la presente a los autos Expte. N° 192/14, “Agüero, Fabiana Marcela c/ Suc. de Horacio Luis Storero y Otros s/ ordinario” y Expte. N° 201/08, “Villarreal, Félix y Gorosito, Nélida Estela c/ Suc. de Horacio L. Storero y/o María Belén Storero s/ ordinario” acumulados según el art. 342, C.P.C., notifíquese y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

María Eugenia Chapero

Juez de Cámara SE ABSTIENE

Héctor R. Albrecht

Secretario