El nosocomio demandado resulta responsable por los daños derivados de la lesión que presenta un menor en su ojo debido a una mala oclusión palpebral efectuada durante un acto quirúrgico

Partes: V. C. J. G. c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-102699-AR | MJJ102699 | MJJ102699

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por los daños y perjuicios contra un nosocomio por la lesión que presenta un menor en su ojo, ya que tuvo origen en la mala oclusión palpebral efectuada durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato y que dicha oclusión ha sido el origen de las úlceras que luego se infectaron.

2.-El nosocomio demandado resulta responsable por los daños y perjuicios derivados de las úlceras que sufrió un menor en su ojo luego de una intervención quirúrgica, ya que se encuentra acreditado que se le colocó el respirador artificial y que la protección ocular comenzó a realizarse recién al día siguiente y ante la aparición de los signos que evidenciaron problemas en la vista, por lo que cabe concluir que la decisión de no realizar la protección ocular a partir del primer momento en que se le colocó el respirador, no sólo fue desacertada, sino que lleva ínsita un grado evidente de desidia impropio de la conducta de agentes que cargan con la responsabilidad del cuidado de la salud de menores de edad.

3.-No puede sostenerse que el daño que presenta un menor en su ojo debido a una mala oclusión palpebral efectuada durante un acto quirúrgico sea por causa de un caso fortuito que exima de responsabilidad al nosocomio, ya que el presunto riesgo era absolutamente previsible y también era evitable de haberse realizado la protección ocular a partir del día en que se le practico la intervención quirúrgica, lo que hubiera evitado el mencionado daño.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de octubre de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

I. El Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 619/624, hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios interpusieran Rodrigo Gilberto V. y Patricia Lourdes C., en representación de su hijo menor de edad J. G. V. C., condenando al Hospital de Pediatría Samic, Prof. Dr. J. P. Garrahan a pagar a los actores la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($1.900.000.-), con más sus intereses y costas del proceso.

Sin perjuicio de ello, hizo lugar además a la excepción de falta de legitimación pasiva que opusiera el Estado Nacional – Ministerio de Salud, imponiendo las costas en el orden causado.

Para así decidir, tuvo por acreditado que J. G. V. C. fue internado en el Hospital Garrahan el 3 de agosto de 2003, por presentar una “comunicación interventricular primembranosa (CIV) grave”, que el 16 de septiembre se llevó a cabo el cierre de la CIV subtricuspídea de 15 mm. y que luego presentó un cuadro de absceso corneal bilateral profundo.

Haciendo mérito de lo informado por el perito médico oftalmólogo concluyó que la lesión que presenta el menor tuvo origen en la mala oclusión palpebral efectuada durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato y que dicha oclusión ha sido el origen de las úlceras que luego se infectaron.Y que si bien no existen medidas de oclusión o protección ocular que sean siempre eficaces, es indudable que existe obligación de cuidar los ojos de los pacientes que se encuentran sedados con respiración artificial.

Tuvo por acreditado además que el menor ingresó a la UCI con respiración mecánica asistida el 16 de septiembre, posteriormente se intentó dejarlo sin asistencia respiratoria pero fue necesaria su reutilización a partir del día 17; y que consta la protección ocular a partir del día 17, de lo que se infiere que hasta el día 17 no se realizó la protección que debía realizarse generando el daño por el que se reclama en las presentes.

Con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional – Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, estimó que no ha sido parte en la relación sustancial que motiva la demanda y que resulta ajeno a la conducta que se le atribuye al Hospital de Pediatría Samic, Prof. Dr. J. P. Garrahan que en los términos del Decreto 815/1989 reviste la calidad de ente autárquico con patrimonio propio.

II. Alza sus quejas el Estado Nacional a fs. 634 y vta., la Defensora Oficial en representación del menor a fs.

644/648 y el Hospital demandado a fs. 649/659, contestados exclusivamente éstas últimas a fs. 662/666 por los actores y a fs. 667 por la Defensora Oficial.

Las quejas de la Defensora Oficial se refieren al quantum indemnizatorio por considerarlo exiguo y al rechazo del daño psicológico.

Las del nosocomio demandado a la imputación de responsabilidad argumentando que se arbitraron todos los medios de prevención, cuyos efectos no son absolutos, y que el caso de autos se trató de un hecho fortuito, dado que en algunas situaciones pese a tomarse todas las precauciones las afecciones oculares igual se desarrollan, no dándose necesariamente un supuesto de negligencia médica.Se agravia asimismo del monto de la indemnización por considerarlo excesivo, de la fecha desde la que se calculó la tasa de interés y de la imposición de las costas del proceso.

Las quejas del Estado Nacional se refieren a la imposición de las costas en el orden causado.

III. En primer término analizaré los agravios vertidos por la demandada que apuntan a la procedencia de la acción porque de prosperar vaciarían de contenido el resto de las quejas introducidas, no sin antes señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077). Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte, Código Procesal (confr. esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

La Corte tiene decidido que en los juicios sobre responsabilidad de los médicos la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del profesional que demuestren una actividad negligente, imprudente, o la falta de la pericia necesaria, y no sólo sobre el resultado negativo del tratamiento o de la intervención quirúrgica, pues no queda comprometida la responsabilidad si la conducta considerada reprochable no está probada suficientemente.(Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Santa Cruz, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios – 6/7/99).

En tal orden de ideas, y siendo la culpa la omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o evitar un daño, una perturbación a la prestación, no puede conceptualizarse a la misma como el mero descuido o la incuria, sino que la negligencia (o la impericia, y/o la imprudencia, y/o el incumplimiento de los reglamentos) debe traducirse necesariamente en un daño, ya que no existe la noción de culpa sin la presencia del daño imputable al agente. En tal orden de ideas, uniformemente se admite en doctrina que para que deba responderse por un daño, es necesario que el mismo haya sido “causado” mediante acción u omisión, por su autor; a ello alude también en diversos preceptos, nuestro Código Civil, cuando establece que el daño indemnizable es el que se “causare” o se hubiese “causado” u “ocasionado” a otros (arts.512, 513, 520, 522, 1.068, 1.074, 1.111, 1.113, 1.114 y ccds., del Código Civil); es entonces la relación de causalidad un presupuesto inexcusable para reparación del daño (CSJN, 30/6/99, LL 2000-B-498; ídem 24/8/99, LL 1990-A-9 y DJ 1990-2-251).

Se ha sostenido respecto de los galenos que, aunque no pueden asegurar el éxito, si pueden comprometer una determinada eficiencia o bondad en su labor para conseguirlo, o una mejor calidad del método; en efecto, se ha resuelto que en el caso de los médicos, difícilmente puede concebirse un supuesto en que el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas sea mayor, desde que en ellos se confía, de modo exclusivo, en determinadas circunstancias, la vida misma de los pacientes, por lo que la menor imprudencia, el descuido o la negligencia más leves, adquieren una dimensión especial que les confiere una singular gravedad, de modo que no hay cabida para culpas “pequeñas” pues el recto ejercicio de la medicina es incompatible con actitudes superficiales (CNCiv., Sala A, 15/5/96, LL 1997-F.958, 40.085-S; ídem., CNCiv., Sala E, 31/5/96, LL 1996-D-705; entre otros).

De la compulsa de la pericia de fs. 477/482 surge que el perito informa que el menor J. G. V. C. al ingresar el 19 de agosto de 2003 al nosocomio demandado derivado de la provincia de San J., presentaba Sindrome de Down, cardiopatía congénita (comunicación interventricular) y bronquiolitis y que el 16 de septiembre se le realizó una cirugía correctora de cardiopatía congénita.Informa además que se deben tomar medidas preventivas para que no se produzcan lesiones córneas que posteriormente puedan infectarse, procediéndose a la protección ocular que consiste en lubricar el ojo con un gel que permite que el mismo se mantenga húmedo y la oclusión palpebral para que no se evaporen las lágrimas, es decir, no permitir que las córneas se sequen y de esa manera se produzcan úlceras.

Al preguntársele si tales medidas logran su objetivo en todos los casos en que se utilizan, contesta “generalmente si” si fueron correctamente realizadas. Y que si bien la operación se realizó el 16 de septiembre, de las constancias obrantes en la historia clínica y del listado de productos de farmacia utilizados en el paciente surge que se comenzó con la protección ocular un día después, el 17 de septiembre.

Le fue requerido informe además si la virulencia del microorganismo productor y las características constitucionales del paciente pudieron actuar como factores causales del tipo de lesiones y de la rápida evolución presentada en 24 hs. a lo que el experto contestó que el menor no presenta características constitucionales predisponentes y que la virulencia del microorganismo tiene relación causal con la evolución al actuar sobre una lesión corneal anterior.

Informa categóricamente que la lesión tiene su origen en la mala oclusión palpebral durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato a partir de una patología típica del Síndrome de Down como es la Comunicación Interventricular en el corazón, concluyendo que apareció en el postoperatorio mientras se encontraba en terapia intensiva con respiración mecánica asistida, una úlcera corneal en ambos ojos que se infectó provocando un absceso bilateral, que fue tratado con colirios locales y tratamientos quirúrgicos.Que la evolución fue mala quedando como secuela definitiva una opacidad corneal total en ambos ojos, lo que provocó la pérdida total de la agudeza visual o ceguera en ambos ojos, informando además que padece de una incapacidad del cien por ciento (100%) de la total obrera.

Con posterioridad y en contestación a las impugnaciones vertidas por la demandada el perito confirma que la mala oclusión palpebral es el origen de las úlceras que posteriormente se infectaron y que no existen causas que originen por sí solas la aparición de úlceras corneales en ambos ojos como las que presentó el menor sin el acompañamiento de una deficiente oclusión palpebral, agregando que es indudable que existe obligación de cuidar los ojos de los paciente que se encuentran sedados en respiración artificial.

Lo relatado respecto del informe efectuado por el experto resulta a todas luces suficiente para tener por acreditada la mala praxis de los galenos intervinientes en el cuidado posoperatorio del menor y confirmar en consecuencia lo resuelto en la instancia de grado en este sentido.

Sin perjuicio de ello, la demandada en sus agravios realiza un pormenorizado análisis del funcionamiento ocular y las particularidades que se presentaron en el caso de autos que me permito introducir a continuación porque estimo que resulta de utilidad para echar luz sobre las circunstancias que se debaten.

Así, describe que los ojos en circunstancias normales, están bien equipados con mecanismos de defensas naturales que protegen su superficie. Los parpados proveen una barrera física a los traumas y la desecación y previenen la adherencia de microorganismos a la superficie ocular. Las lágrimas forman una delgada película que provee un medio adecuado para las células epiteliales, lubricando la superficie corneal a la vez que diluyen y remueven los estímulos nocivos. Las lágrimas son bactericidas porque contienen numerosas sustancias antimicrobianas.

Continúa explicando que el reflejo del parpadeo que presentan las personas con estado vigil, distribuye uniformemente las lágrimas por toda la superficie ocular.La presencia de una buena función de los párpados y lágrimas mantiene el epitelio corneal sano e intacto.

El cierre de los párpados durante el sueño, no ocurre sólo por la relajación muscular de los mismos, sino que es un proceso activo que involucra la contracción del músculo orbicular de los párpados con la inhibición del elevador superior de los párpados.

Es fácil comprender entonces -sostiene- que el uso de medicamentos, tales como los relajantes musculares, produzca la abolición de la contracción tónica del músculo orbicular, permitiendo que la posición de los párpados dependa del balance de fuerzas pasivas. La sedación también disminuye el reflejo de parpadeo, lo cual incrementa la posibilidad de alteraciones de la córnea.

Agrega que en los pacientes en asistencia respiratoria mecánica el cierre de los párpados puede ser incompleto debido a la sedación y a la acción de los relajantes musculares. A menos que se implementen acciones de cuidado preventivo, esta situación conduce inevitablemente a la queratopatía (patología de la córnea).

Para luego pasar a explicar en que consiste la protección ocular en cuanto a que se trata de suplir artificialmente los mecanismos propios del ojo.

Destaca que a fs.540 el Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría informa que las medidas de protección ocular no siempre son eficaces para evitar lesiones oculares como argumento para fundamentar en definitiva su posición respecto a que se trató de un caso fortuito pese a todos los esfuerzos realizados por el personal a cargo de la salud del menor.

Debe remarcarse que el médico, al igual que otros profesionales, goza de discrecionalidad técnica en el cumplimiento de su prestación, y dentro de esa libertad de obrar deben guiarse por los dictados científicos; de manera que si existen varios métodos científicamente aprobados, pueden elegir libremente cualquiera de ellos, el que a su entender resulte el más apropiado para el caso dado (CNCiv., Sala C, 30/12/57, JA 1958-III-587; ídem., Sala G, 15/4/85, LL 1986-C-548).

Ahora bien, sin perder de vista la dificultad que presenta para la demandada acreditar que se trata de un caso fortuito, cabe poner de relieve que no se ha debatido que el día 16 de septiembre al menor se le colocó el respirador artificial y que la protección ocular comenzó a realizarse recién al día siguiente y me permitiría aventurar que fue ante la aparición de los signos que evidenciaron problemas en la vista y que describe el experto en su fundado informe. Frente a dicho resultado, no cabe más que concluir que la decisión de no realizar la protección ocular a partir del primer momento en que se le colocó el respirador, no sólo fue desacertada, sino que lleva ínsita un grado evidente de desidia impropio de la conducta de agentes que cargan con la responsabilidad del cuidado de la salud de menores de edad.

En el sub lite, no ha existido un caso fortuito que exima de responsabilidad al nosocomio. En efecto, el presunto riesgo era absolutamente previsible.También era evitable de haberse realizado la protección ocular a partir del día de la intervención quirúrgica, lo que hubiera evitado el daño que causó esta controversia.

Lo expuesto conduce necesariamente a desestimar el agravio introducido por la demandada en este aspecto.

IV. Sentado lo anterior, corresponde analizar los agravios vertidos respecto del quantum indemnizatorio teniendo en consideración que han introducido sus quejas por exiguo la Defensora Oficial en representación del menor y por elevado la demandada.

El a quo fijó una indemnización en concepto de daño material en la suma de $ 1.200.000 y daño moral en la de $ 700.000.-, desestimando el daño psicológico reclamado por considerar que no se encuentra probado ni estimado en la causa.

En este sentido, debe tenerse presente que la Corte ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida (Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 321:1124; 322:2002 y 326:1673).

El perito médico en su dictamen informó que la actora padece una incapacidad total y permanente del 100% de la TO (v. fs. 477/482).

Considero que los argumentos expuestos por la Defensora Oficial en esta instancia vinculados a la protección de personas con discapacidad fueron debidamente receptados por el Magistrado de la anterior instancia en el fallo impugnado.Es este sentido, estimo suficiente la suma otorgada de $ 1.200.000.- en concepto de daño material, para responder por el perjuicio reclamado por la actora.

Por otro lado, la mera invocación que realiza la demandada respecto a que considera elevadísima la suma referida, por sí misma no resulta suficiente fundamento para debatir su procedencia en tanto y en cuanto no aporta ningún elemento en detrimento de la conclusión arribada por el “a quo”.

Con respecto al daño moral, cabe recordar que se trata de una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. PIZARRO, Daniel, “Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del derecho”, pág. 36, cita extraída del fallo de la Sala III de este Tribunal “in re” 17/6/08, “González y otros c/ Corporación Asistencial S.A.”). Se trata pues de una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág.208). Resulta indudable el agravio moral padecido por la actora.

Qué duda puede existir respecto de la conmoción que genera en una persona el hecho de adaptarse a la vida luego de haber perdido el sentido de la vista. Esa aflicción existe y comparto con el a quo que debe ser indemnizada.

En materia de daño extrapatrimonial o moral, insisto con la dificultad que se plantea en orden a la determinación cuantitativa de su extensión. Es por ello que, a los fines de obtener una solución equitativa, deberá estarse a las circunstancias que rodean el caso.Así, resulta imprescindible observar, entre otros aspectos, las personalidades de los damnificados (edad, sexo, condición social, etc.).

Debe tenerse presente que la herramienta que brinda el derecho para reparar las aflicciones espirituales no es otra que la que se contempla en los arts. 522 y 1078 del anterior Código Civil, la que difícilmente pueda representar con exactitud el sufrimiento real para sustituirlo por un equivalente en dinero (conf. ZAVALA de GONZALEZ, Matilde, “Cuánto por daño moral”, pub. en L.L. 1998-E, 1061). En ese sentido, debe recordarse que la naturaleza resarcitoria del daño moral importa que no guarde necesariamente relación con existencia del daño material, pues no se trata de un accesorio de éste (conf. Sala II, causa n° 17628/98 del 12.4.07; n° 6341/98 del 26.4.07; n°4820/97 del 4/03/08; entre otras). Ponderando las condiciones apuntadas, propongo la confirmación del monto otorgado en la sentencia de grado.

Respecto del agravio vinculado a que no se le reconoció al menor una indemnización en concepto de “daño psicológico”, sin entrar en el debate respecto a si corresponde o no su resarcimiento en forma autónoma, teniendo en consideración que no se produjo ninguna prueba a fin de acreditarlo y la imposibilidad -pretensión esgrimida por la Sra. Defensora Oficial- de presumirlo a mérito de la gravedad de la lesión que padeciera, soy partidario de la confirmación de lo decidido en la anterior instancia respecto al rechazo del rubro en cuestión, lo que propongo al acuerdo.

V. En lo que respecta a los “intereses”, corresponde señalar que genéricamente se identifica a aquéllos como “los frutos civiles” del capital o como “el rendimiento de una obligación de capital” (LLAMBIAS: “Código Civil.”, t° II-A; BELLUSCIO: “Código Civil.”, t° 3, pág. 113, comentario del Dr. Ameal; VILLEGAS-SCHUJMAN: “Intereses y Tasas”, 1990, pág. 86), habiéndoselos incluso definido como “los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina durante un tiempo dado” (BUSSO:”Código Civil.”, t° IV, pág. 268, n° 4), con lo cual puede señalarse que estos son “la prestación accesoria de pagar una cantidad de dinero, en general de manera reiterada o periódica, que corresponde a quien disfruta de un capital ajeno, en proporción a su cuantía y al tiempo de su disfrute” (PUIG BRUTAU: “Fundamentos de derecho civil”, t° I, vol. II, pág. 347).

En tales términos y de conformidad con los conceptos expuestos, si bien puede señalarse que los intereses son propios de las “deudas de dinero”, debe agregarse que también devengan acrecidos las “deudas de valor” -o también llamadas “deudas de dinero finales”- porque a los efectos de su cancelación se convierten en una suma líquida de dinero, siendo que en estas deudas el interés que se agrega cubre el daño que sufre el acreedor cuando no recibe de inmediato sino luego de cierto lapso su crédito de valor (vg. indemnizaciones por hechos ilícitos, etc.) (HIGHTON: “Código Civil.”, t° 2-A, pág. 468/469; CASIELLO: “Los intereses y las deudas de valor”, LL 151-864), es decir que en uno u otro supuesto el accesorio (interés) viene a paliar el efecto que causara en el acreedor el no haber podido gozar de tal dinero en tiempo oportuno.

Al tratarse en el caso de intereses de naturaleza compensatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 622 del anterior Código Civil, teniendo en cuenta que al no aclararse en la sentencia que los montos fueron estimados a valores actuales, cabe presumir que lo fueron a valores históricos, corresponde en consecuencia, su liquidación desde la fecha de producción de cada daño, lo que sella la suerte adversa del agravio vertido por el nosocomio demandado en este aspecto.

VI.La imposición de la totalidad de las costas o su distribución prudencial entre las partes en hipótesis en las que no fueron acogidos los rubros reclamados en su totalidad no depende de la aplicación matemática, teórica o abstracta de un principio jurídico, sino de la valoración de las circunstancias y matices propios de cada proceso en particular. Y la ponderación de las connotaciones que especifican el sub examen persuaden de que es justo lo decidido en primera instancia en cuanto impuso la totalidad de las costas a la demandada vencida, a tenor del criterio objetivo del vencimiento o derrota y en el orden causado respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional (arts. 70 y 71 CPCC).

Tengo en cuenta en ese sentido, ante todo, que bien pudo creerse la actora con derecho a reclamarle al Estado Nacional como cabeza de la organización política del sistema sanitario de la República los daños ocasionados por dependientes de un Hospital Público.

Por lo expuesto propondré la confirmación de lo decidido en materia de costas en la instancia de grado y la imposición de las costas de esta instancia en el orden causado en la relación actora – Estado Nacional, por no haber mediado contradictorio y al nosocomio demandado el resto por no hallar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota (art. 70 segundo párrafo CPCC).

VII. Voto en consecuencia por la confirmación de la sentencia de fs. 619/624, con costas.

La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia.

El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni