Responsabilidad del letrado por la declaración de caducidad de instancia aun cuando el mandato estuviese extinguido

Partes: Bani Matías Gonzalo y otros c/ C. M. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 14-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-103007-AR | MJJ103007 | MJJ103007

Sumario:
1.-Corresponde confirmar que el abogado demandado en la presente acción es responsable de la caducidad de instancia dictada en la causa donde tramitó el accidente de tránsito pues aún cuando resulte correcto que no podía ya renunciar a un mandato extinto por el fallecimiento de la parte, ni tenía ya facultades para desistir del proceso, lo cierto es que el art. 53 del CPCCN. le impone al letrado el deber de continuar ejerciendo los actos procesales necesarios hasta tanto los herederos tomen la intervención que les corresponda.

2.-Puesto que el accionado debió poner en conocimiento del tribunal el fallecimiento de su representado, a fin que se cite a sus herederos aún cuando no se hallaba habilitada la instancia, o bien, de ser cierto que fue decisión de los herederos abandonar el proceso, plasmar en los documentos pertinentes dicha manda, y no lo hizo, se juzga que el letrado demandado es responsable por la declaración de caducidad de instancia decretada en la causa donde tramitó el accidente de tránsito.

3.-Sin perjuicio de que el mandato se encontrara extinguido por el fallecimiento de su representado, las obligaciones resultantes del patrocinio letrado no se circunscribían a preparar los escritos que deben llevar su firma, sino que implicaban la asunción de la plena dirección del proceso y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la mejor manera, hasta su total terminación; por lo que, existiendo una conducta debida por el demandado, éste no la ha cumplido en forma adecuada, y dicho incumplimiento hizo nacer la obligación de reparar los daños producidos.

4.-Se juzga que debe admitirse la reparación del daño moral pues no se ha reclamado la pérdida de chance por la frustración de obtener una sentencia favorable en el expediente donde fue declarada la caducidad, sino justamente, el daño que generara en los actores el incumplimiento del demandado a sus obligaciones como profesional.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre del 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Bani Matías Gonzalo y otros c/ C. M. E. s/ Daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de fs. 366/372, en la que se hizo lugar a la demanda incoada por Matías Gonzalo Bani, Lucas Emiliano Bani, Luciano Ezequiel Bani y Eloisa Elba Cattini, contra M. E. C., apela las parte demandada, quien en virtud de los fundamentos expuestos en su presentación de fs. 405/410, intenta obtener la modificación de lo decidido, corrido el pertinente traslado, contestó la actora a fs. 414/415, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento definitivo.

El fallo hizo lugar a la demanda interpuesta por los herederos de Luis Alberto Bani -ex cliente-, contra el anterior letrado del causante, Dr. M. E. C., a causa de la declaración de caducidad de instancia dictada en los autos “Bani Luis Alberto c/ Droege Sebastián Benjamín y otros s/ Daños y Perjuicios”, y condenó al demandado al pago de la suma de $ 63.000, en concepto de daño moral.

La demandada se agravia por la responsabilidad profesional que se le imputa, la procedencia del reclamo y en subsidio por el monto otorgado en concepto de daño moral.

Antes de avanzar con el estudio de los agravios resalto que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el hecho, resulta de aplicación lo establecido en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

En primera medida trataré el agravio respecto de la responsabilidad.

De las constancias de los autos recibidos ad effectum videndi, caratulados “Bani Luis Alberto c/ Droege Sebastián Benjamín y otros s/ Daños y Perjuicios” surge que el Dr. M. E. C. inició el proceso en su carácter de letrado apoderado de Luis Alberto Bani en fecha 19 de septiembre de 2007, con base en el accidente de tránsito que habría ocurrido el día 21 de agosto de 2005. Allí nunca se alcanzó a habilitar la instancia en virtud de no haberse cumplido en debida forma con la mediación obligatoria con los requeridos.

El último escrito suscripto por el aquí demandado en su carácter de apoderado fue el de fs. 25, presentado con fecha 23 de mayo de 2008.

Con posterioridad, ante el pedido de desparalización efectuado por el letrado que inició estos autos en carácter de patrocinante, el tribunal decretó la caducidad de instancia el día 6 de julio de 2011.

De los autos “Bani Luis Alberto s/ Sucesión ab-intestato” se desprende que el causante falleció el día 23 de mayo de 2008. Esas actuaciones fueron iniciadas por los aquí actores en carácter de herederos, con el patrocinio del demandado, en fecha 22 de agosto de 2008. Este último continuó ejerciendo su patrocinio hasta el mes de febrero de 2011, respecto de la totalidad de los herederos, y hasta el mes de diciembre de ese año respecto de la aquí coactora Eloisa Elba Cattini -quien se presentara a su vez en representación de su hijo menor Luciano Ezequiel Bani-.

De lo hasta aquí reseñado queda acreditado que Luis Alberto Bani, encargó al Dr. M. E. C.la promoción de los autos por daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito, que por diferentes inconvenientes nunca logró alcanzar la instancia judicial.

Una vez fallecido el cliente, el letrado continuó en contacto con el grupo familiar, interviniendo en el proceso sucesorio, por más de dos años, pero sin efectuar acto impulsorio alguno en las otras actuaciones.

Entiendo entonces que, entre las partes quedó celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales.

En este tipo de relación, el abogado pone de su parte toda su ciencia y experiencia, y si quebranta los deberes que el ejercicio profesional le impone y a causa de ello ocasiona un daño a su cliente, debe indemnizarlo, por resultar un claro incumplimiento contractual (conf. Llambías, Obligaciones, Manual, pág.178; Jorge Mosset Iturraspe, Responsabilidad profesional del abogado por daños en el ejercicio de su misión, en la obra “Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales. Parte Especial”, director Félix Trigo Represas, Ed.La Ley, 2007, T V, pág.1043; ver responsabilidad contractual del abogado en Trigo Represas, Responsabilidad civil del abogado, Hammurabi, 1991 pág.113 y sgtes.).

Cabe recordar que por los mismos hechos aquí debatidos, los actores iniciaron una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que impuso una multa al profesional por la suma de $ 5.000 en los términos del art. 45 inc. c) de la ley 23.187.

En dicho fallo, que fuera luego confirmado por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se tuvo por probada la falta disciplinaria en la que incurrió el matriculado, que de acuerdo a los fundamentos allí expuestos violentó el deber de lealtad, probidad y buena fe, prescripto por el art. 6 inc. e) de la ley 23.187 y 10 inc. a) in fine del Código de Ética (conf. fs. 150/152 de los autos “C. M. E.c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso directo).

Coincido con este razonamiento pues, aún cuando resulta correcto que, como alega el apelante, no podía ya renunciar a un mandato extinto por el fallecimiento de la parte, ni tenía (como consecuencia de esa extinción) facultades para desistir del proceso, lo cierto es que el art. 53 del Cód. Procesal le impone al letrado el deber de continuar ejerciendo los actos procesales necesarios hasta tanto los herederos tomen la intervención que les corresponda.

Entonces, el accionado debió poner en conocimiento del tribunal el fallecimiento de Bani, a fin que se cite a sus herederos, aún cuando no se hallaba habilitada la instancia; o bien, de ser cierto que fue decisión de los herederos abandonar el proceso -circunstancia que no se encuentra acreditada-, plasmar en los documentos pertinentes dicha manda.

En esa línea de ideas, se ha dicho que “la alegada decisión del cliente de no continuar la marcha de un proceso es insuficiente para justificar el accionar negligente del letrado patrocinante que dejó perimir la instancia porque una decisión de tal magnitud debió haberlo motivado a exigir la suscripción de un escrito desistiendo del proceso o en su caso instrumentar que quedaba relevado de las obligaciones a su cargo” (CNCivil, sala G, Z, M c. H L, L s/ daños y perjuicios-resp. prof. Abogados, 12/02/2014, ED 257 , 250, AR/JUR/25078/2014).

Si bien las declaraciones testimoniales resultan concordantes con la versión del demandado, ellas fueron prestadas por integrantes o ex integrantes de su estudio jurídico, por lo que su entidad probatoria resulta extremadamente escasa.

Vale la pena recordar que en la relación cliente-abogado, es este último quien posee los conocimientos técnicos, y es en quien recae el agravamiento de la obligación previsto por el art. 902 del Cód.Civil.

Por eso, aún cuando el mandato se encontraba extinguido, las obligaciones resultantes del patrocinio letrado no se circunscribían a preparar los escritos que deben llevar su firma, sino que implicaban la asunción de la plena dirección del proceso y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la mejor manera, hasta su total terminación. (conf. TRIGO REPRESAS, Félix A., “Los distintos roles del abogado.”, publicado en Revista de Derecho de Daños, 2005-1, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 84).

En consecuencia, entiendo que existiendo una conducta debida por el demandado, éste no la ha cumplido en forma adecuada, y dicho incumplimiento hizo nacer la obligación de reparar los daños producidos.

En base a ello, propongo rechazar este agravio.

Se agravia también de la procedencia del rubro daño moral.

En su agravio el apelante expresa que no habría existido daño, pues las posibilidades de resultar victoriosos en el proceso que culminara con el decreto de caducidad de instancia, eran escasas.

Refiere también que, aún luego de dictada la caducidad de instancia siguió actuando como letrado patrocinante de los herederos en los autos sucesorios, lo que quedó acreditado con el escrito de noviembre de 2011, presentado dos meses después de dictada la resolución en los daños y perjuicios, lo que descartaría la existencia de daño moral de parte de sus ex clientes.

En cuanto al primer fundamento debo aclarar que en el presente no se ha reclamado la pérdida de chance por la frustración de aquella posibilidad, sino el daño moral que generara en los actores el incumplimiento del demandado a sus obligaciones como profesional. A ello no obsta que los actores estimaran el monto del reclamo en la misma suma que se demandó en el proceso original.El hipotético destino final de la demanda interpuesta, si bien relevante, no resulta un factor que logre excluir la obligación de resarcir el daño moral, pues este no depende de la existencia de perjuicios patrimoniales, sino de la prueba del hecho principal; ya que no media interdependencia entre tales rubros, en tanto cada uno tiene su propia configuración.

En relación al segundo argumento esgrimido, entiendo que si bien la presentación efectuada en los autos sucesorios con posterioridad a la resolución que tuvo por finalizado el proceso de daños se encuentra suscripta por una de las herederas, no se encuentra probado que ella, la coactora Elba Eloisa Cattani, tuviera conocimiento de la caducidad de instancia decretada, pues quien se presentó en esas actuaciones fue el coactor Matías Gonzalo Bani.

Entonces, no estando probado que con conocimiento de la finalización anormal del proceso de daños alguno de sus clientes continuara con el patrocinio del letrado demandado, deduzco que debe rechazarse el presente agravio.

Por último, reprocha el monto fijado en concepto de daño moral.

El juez de grado otorgó por esta partida la suma de $ 63.000.

Para estimar la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.- “La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia en tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas” (cfr. Llambías, “Obligaciones” T. I, pág.229).

Así, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos de los damnificados debió generar la noticia de la caducidad de instancia decretada en el proceso iniciado por su padre, estimo que la suma establecida es excesiva.

Así, propongo que se la reduzca a $ 25.000.

En suma, de ser compartido mi criterio propongo al acuerdo que se modifique la sentencia de grado y que se reduzca el monto otorgado en concepto de daño moral a la suma de $ 25.000, y que se confirme en todos los demás aspectos que fueron materia de agravios. Las costas de esta instancia se imponen en un 70 % al demandado y en un 30 % a los actores (conf. art. 68 del Cód. Procesal).

El Dr. Fajre y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: Modificar la sentencia de grado, reduciendo el monto otorgado en concepto de daño moral a la suma de $ 25.000, y confirmar todos los demás aspectos que fueron materia de agravios. Las costas de esta instancia se imponen en un 70 % al demandado y en un 30 % a los actores (conf. art. 68 del Cód. Procesal). Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO. José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper