Procedencia de la excepción de arraigo en los juicios de extensión de quiebra, diferenciando si quien lo promueve es el síndico o un acreedor. Moriconi, Damián A.

Autor: Moriconi, Damián A. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 23-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10652-AR | MJD10652

Doctrina:

Por Damián A. Moriconi

Sumario:

1. No resulta procedente la excepción de arraigo en los juicios promovidos por el síndico, puesto que si tendría que garantizar las eventuales costas de los juicios de recomposición patrimonial que promueve, importaría un obstáculo al cumplimiento de las funciones que le impone la ley concursal, por aplicación de una norma procesal local prevista para juicios individuales. 2. Resulta procedente el arraigo articulado en el marco de un juicio de extensión de quiebra promovido por un acreedor, aún cuando se encuentre en concurso preventivo, ya que lo inicia a su beneficio, riesgo y coste, encontrándose sometido a todos los avatares de un juicio ordinario, entre ellos, el arraigo.

El fallo en comentario se pronunció sobre una cuestión escasamente tratada por los tribunales de Alzada de la ciudad de Rosario, cual es, la procedencia de la excepción de arraigo en un juicio de extensión de quiebra iniciado por un acreedor de la fallida, que a su vez, se encuentra en concurso preventivo.

La plataforma fáctica y jurídica del caso refiere a un juicio de extensión de quiebra, con fundamento en el art. 160 LCQ, promovido por un acreedor de la fallida -que se encuentra en concurso preventivo- en contra de terceros, en el cual, el demandado articuló una excepción de arraigo como artículo de previo y especial pronunciamiento, que fue rechazada por el juez de primera instancia. Interpuesto el correspondiente recurso de apelación, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario hizo lugar a la impugnación, y declaró procedente la excepción de arraigo.

Aunque resulte harto conocido, a modo introductorio, definiremos al arraigo como «la garantía que debe prestar el actor, a solicitud del demandado, para asegurar el pago de las costas del juicio, a las que eventualmente podría ser condenado.Es un instituto impuesto en resguardo exclusivo del demandado para seguridad suya que si el actor es vencido, habrá de responderle por las costas causadas en su defensa frente a una demanda carente de derechos» (1).

A su vez, el art. 330 del CPCC se encarga de enumerar los supuestos en los cuales el arraigo no resulta procedente: 1) cuando el actor poseyere bienes en la provincia suficientes para pagar las costas; 2) si la demanda fuera interpuesta por reconvención; 3) si el actor hubiera sido declarado pobre para litigar por resolución firme anterior a la articulación del arraigo, o bien, agrega el fallo cuestión, si el actor goza de tal beneficio «ministerio legis» (tal como ocurre con los trabajadores y el código procesal laboral provincial); 4) cuando el actor es una persona jurídica, con domicilio en la provincia, que por ley o su estatuto tenga objetivos sociales sin fines de lucro.

Aclarado lo anterior, y respecto del tema que nos ocupa, dividiremos el análisis en dos partes, según si el juicio de extensión de quiebra -en el cual se articula la excepción de arraigo- es promovido por el síndico o por un acreedor.

En el primer supuesto, es decir, cuando el juicio es promovido por el síndico, el punto de partida lo constituye el fallo dictado en Tribunal Pleno por las Salas de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, en el cual se resolvió que «no procede el arraigo en los juicios seguidos contra un tercero por el síndico del concurso» (2).

Resulta necesario aclarar el alcance del fallo pleno citado, en cuanto que sostiene que no resulta procedente el arraigo únicamente en los juicios promovidos contra terceros por el síndico de una quiebra y no de un concurso preventivo, puesto que solo en la quiebra el fallido pierde, como regla general, la legitimación para actuar en los litigios referentes a los bienes desapoderados, sustituyéndolo el síndico en la titularidad de tal legitimación.Es la traslación al proceso del efecto del desapoderamiento producido por la apertura de la quiebra.

Así, en la quiebra, el síndico es el único habilitado para promover las acciones judiciales tendientes a recomponer el patrimonio del fallido -en este caso, el juicio de extensión de quiebra-, y por tanto, si se le exigiera que garantice las eventuales costas de las acciones judiciales que promoviere contra terceros, importaría obstaculizar el cumplimiento de las funciones que le impone la ley concursal, por la aplicación de normas de procedimiento destinadas a regir procesos individuales.(4)

En conclusión, en los juicios de extensión de quiebra promovidos por el síndico no resulta procedente la excepción dilatoria de arraigo.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la excepción dilatoria de arraigo es interpuesta por el demandado en un juicio de extensión de quiebra promovido únicamente por el acreedor, que a su vez, se encuentra en concurso preventivo?

Ante todo, cabe resaltar que no difiere el tratamiento del caso bajo análisis, el hecho de que el acreedor que promovió el juicio de extensión de quiebra -y respecto del cual se articuló el arraigo- se encuentre en concurso preventivo, por dos razones:

1) El concursado -a diferencia del quebrado- conserva la administración de sus bienes, y por tanto, tiene legitimación procesal para actuar en juicio sin necesidad de que intervenga el síndico.

2) En caso de que resulte vencido deberá cargar con las costas (art.251 CPCC), que al ser posteriores a su presentación en concurso preventivo, no quedan abarcadas por los efectos de este.

Siendo un acreedor, y no el síndico, quien promueve el juicio de extensión de quiebra, se advierte fácilmente que las razones que justifican la improcedencia del arraigo en relación a los juicios promovidos por el síndico, no se repiten en el supuesto en el cual quien inicia el juicio es un acreedor del fallido.

El acreedor -a diferencia del síndico- no es auxiliar de la justicia ni está constreñido por la ley para iniciar un juicio de extensión de quiebra, sino que lo promueve a su beneficio, riesgo y coste.

En tal sentido, se dijo que «la dispensa de arraigar solo corresponde para las acciones “revocatorias” (“concursal” y “pauliana”) iniciadas por la “Sindicatura”; el acreedor que promueve estas acciones no puede exigir esta excepción. Interpretamos que en este supuesto el acreedor acciona a su riesgo y beneficio. Si en la revocatoria concursal el “creditor” no cuenta con el “beneficio de pobreza”, con mayor razón no lo tendrá en la acción revocatoria común contra el primer adquirente y posterior sub-adquirente. A pedido de parte y en cualquier estado del juicio, el juez puede ordenar que el interesado afiance las eventuales costas del proceso a cuyo efecto las estimará provisionalmente. No prestada la caución, el juicio se tiene por desistido con costas al accionante (art. 120, 2do.Párrafo ). Parecida solución por otra parte (“caducidad”) es la que receptan las leyes procesales locales, por falta de afianzamiento de las costas del juicio por parte del accionante» (5).

Por tanto, «cuando el demandante es un acreedor y no el síndico, está sometido a todos los avatares de un juicio ordinario y, en consecuencia, por ejemplo, podrá ser excepcionado por arraigo» (6).

Resumiendo, cuando el juicio de extensión de quiebra es promovido por un acreedor -y no por el síndico- resulta procedente la excepción de arraigo, puesto que ni la ley ni su función lo eximen de tal circunstancia, sino que como accionante asume los riesgos y beneficios del juicio iniciado.

Así, el fallo en cuestión resolvió con tino la controversia planteada, que además, ayuda a desalentar aquellas demandas «temerarias» de extensión de quiebra, promovidas por acreedores insolventes -que pretenden sustraerse de arraigar las costas del juicio- en contra de terceros que guardan alguna vinculación con la fallida (gerentes, directores y socios de una persona jurídica) a los fines de obtener a cualquier precio el cobro de sus acreencias.

———-

NOTAS:

(1) PEYRANO, Jorge W.: Excepciones procesales, Ed. Panamericana, Santa Fe, 1993, p. 227.

(2) CCCR en Pleno, 19-03-2012, Legaldoc, ID11166.

(3) HEREDIA, Pablo D.: Tratado Exegético de derecho concursal, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, Tomo 3, p. 1055.

(4) DEGIOVANNI, Rodolfo A.: La excepción de arraigo no es admisible en los juicios promovidos por el síndico de un concurso, Zeus 4-D/3.

(5) BARACAT, Edgar J.: «Inoponibilidad concursal por “actos anteriores” a la quiebra: “Situación procesal” de cocontratantes y subadquirentes del fallido. Reglas procesales», La Ley 2010-D, 828.

(6) BARAVALLE, Roberto A. y GRANADOS, Ernesto I. J.: Ley de Concursos y Quiebras 24.522, Liber, Rosario, 1996, Tomo II, p. 226.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.