Procesamiento por el uso de cédula de identificación de automotor y título de propiedad falsos

Partes: Legajo de Apelación en autos L. J. L. s/ uso de documento adulterado o falso (art. 296)

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 7-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102691-AR | MJJ102691 | MJJ102691Sumario:
1.-Es procedente confirmar el procesamiento del imputado por el delito de uso de documento apócrifo destinado a acreditar la titularidad de dominio o habilitación para circular de vehículos automotores -cédula de identificación de automotor y título de propiedad- (art. 296 en función del 292 , CPen.) pues, analizadas las pruebas incorporadas al expediente, es posible afirmar la probabilidad de que conociera el carácter adulterado de los documentos y si bien se desconoce quién practicó materialmente las adulteraciones de documentos, fue él quien los utilizó en tales condiciones y los presentó al serle requeridos.

2.-El procesamiento por el delito de falsificación de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley (art. 289 , inc. 3, CPen.) debe ser confirmado ya que, teniendo a la vista las chapas patentes de automotor, surge que su carácter espurio no resulta evidente, ni aparecen como burdas ni ostensibles a primera vista, descartándose por que no poseen la calidad necesaria para engañar a nadie, y por tanto, carecen de idoneidad para afectar el bien jurídico tutelado.

Fallo:

Rosario, 7 de diciembre de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente n° FRO 74029979/2012/1/CA1 de entrada, caratulado “Legajo de Apelación en autos L., J. L. s/ Uso de documento adulterado o falso (art. 296)” (del Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de San Nicolás), de los que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por el Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de San Nicolás, Dr. Héctor Silvio Galarza Azzoni, (fs. 113/114 vta.) contra la Resolución de fecha 05/05/2014 (fs. 104/112) mediante la cual se dispuso decretar el procesamiento de J. L. L. por suponérselo prima facie responsable del delito de uso de documento público apócrifo destinado a acreditar la titularidad de dominio o habilitación para circular de vehículos automotores – la cédula de identificación del automotor n° 33710312 y título de la propiedad del automotor n° 7021803 – previsto y reprimido por el art. 296 en función del art. 292 segundo párrafo del Código Penal; y por la Defensora Ad Hoc ante los Juzgados Federales de San Nicolás, Dra. Silvina Costa (fs. 123/127) contra la resolución de fecha 30/06/2015 (fs. 117/121 vta.) por medio de la cual se amplió el procesamiento de L. por suponérselo prima facie responsable del delito de falsificación de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley – específicamente la falsificación de las placas patentes SJE 340 -, previsto y reprimido por el art. 289 inc 3° del C.P., en concurso real con los delitos del art. 296 en función del art. 292 segundo párrafo del C.P.

Elevados los autos a la Alzada (fs. 144) e ingresados por sorteo informático en esta Sala “B” (fs. 145), se dispuso la celebración de la audiencia en los términos del art. 454 del CPPN (fs.148), habiendo la defensa solicitado se tengan por reiterados los agravios expresados en los escritos recursivos presentados (fs. 149), con lo que la causa quedó en estado de dictarse el presente (fs. 150).

La Dra. Vidal dijo:? 1°) Al interponer el recurso contra la resolución de fecha 05/05/2014, el defensor se agravia de la valoración que hizo el juez de los hechos de la causa y la presunción del dolo que realizó contra su defendido, en contra del principio de inocencia.

Sostiene que si bien el juez consideró que se encuentra acreditada la presentación de la documentación del vehículo por parte de L., tal circunstancia no implica que conociere que era apócrifa.

Señala que conforme la compulsa de la tarjeta verde y del formulario 08, éstos poseen aptitud para engañar a cualquier persona, ya que coinciden con la forma, sellos, y tamaño con los originales. Que asimismo están a nombre de Néstor Martín Culjak, por lo que no resultaría necesaria la realización del contrato de compraventa entre L. y el vendedor del vehículo, tal como lo exige el magistrado.

Indica que el dolo de su defendido no ha sido debidamente acreditado, en virtud de su inexperiencia en la compra y venta de vehículos, su escasísima instrucción y su condición de vulnerabilidad social (situación casi de pobreza).

Peticiona finalmente que se revoque el procesamiento dictado contra el encartado por ausencia de prueba del dolo requerido para la figura penal.

2°) Al quejarse respecto a la resolución de fecha 30/06/2015, la defensa de L.alega que la maniobra atribuida a su asistido carece de la suficiente aptitud para vulnerar el bien jurídico amparado, esto es, la fe pública.

Refiere nuevamente a la falta de instrucción de su asistido, y manifiesta que es llamativo el hecho de que no se haya investigado ninguno de los datos aportados por él al recibírsele declaración indagatoria, no habiendo citado el a quo a quien su pupilo identificó como supuesto vendedor del vehículo, como así tampoco al propietario del taller mecánico sito en Belgrano Dávila de la ciudad de San Pedro; datos éstos que apuntan a tener por acreditada la falta del dolo que el tipo penal requiere para configurar el delito.

Pone de manifiesto la escasa instrucción de L., y la circunstancia de que éste hubiera adquirido el automotor de buena fe, razones que aduce, permiten sostener, el desconocimiento del imputado acerca de la falsedad de las chapas patentes.

Efectúa reserva de recurrir ante Tribunales Superiores.

3°) Conforme surge de la declaración indagatoria, se le imputó a J. L. L. “.Haber utilizado una Cédula de Identificación de Automotor N° 33710312 falsa y un Título de la Propiedad Automotor N° 7021803 falso, por cuanto ambos son una reproducción con impresora a chorro de tinta color y los datos insertos en los mismos no coinciden con los expresados por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Asimismo, haber aplicado la chapa patente SJE-340 al vehículo marca Peugeot, modelo 205, color blanco, cuyo N° de Chasis es VF320CK2225203636 y N° de Motor 10FS4C1347090, cuando el dominio que correspondía a ese vehículo era VCZ-753. Cabe señalar que el rodado que se halló en posesión del compareciente -Marca, Modelo, números de chasis y motor antes descriptos- poseía pedido de secuestro activo por robo.Todo ello en oportunidad en que el personal policial perteneciente a la Subdelegación de Investigaciones San Pedro-Baradero, que se encontraba realizando un operativo de control y vigilancia en la ciudad de San Pedro el día 18 de octubre de 2012, siendo las 16:00 horas” (fs. 87/90 vta.).

Analizando los agravios vertidos por la defensa, en tanto indicó que no surge demostrado en autos el dolo exigido por la figura atribuida, se advierte conforme a las reglas de valoración probatoria correspondientes a la sana crítica racional -lógica, psicología y experiencia- y, en virtud de las constancias glosadas a la causa y de la cédula verde y título de identificación del automotor que se tienen a la vista (documentación reservada en Secretaría), la? probabilidad de que el causante conociera el carácter adulterado de los documentos que presentó.

Resulta necesario además señalar que la figura prevista en el art. 292 del C.P. no requiere la posibilidad de perjuicio efectivo, sino su mera posibilidad, como textualmente indica la norma “de modo que pueda resultar perjuicio”.

En tal sentido, “.Creus afirma que la doctrina tradicional consideró que la falsificación debe poner en peligro a otro bien jurídico junto con la fe pública. Y agrega: “el perjuicio o su peligro pueden recaer sobre cualquier bien; no se restringen a los de carácter propiamente económico, ni siquiera a los de índole material, ni a los de naturaleza privada: se extiende a los inmateriales, a los públicos; hasta se menciona comprendidos la honra y los intereses políticos y los que puede tener el Estado en el cumplimiento de determinadas actividades o en la reglamentación para la concesión de ciertas habilitaciones. Es pues, indiferente quién sea el titular del bien que se perjudica o pone en peligro.” (Edgardo Donna, “Derecho Penal. Parte Especial”, Tomo IV, edit. Rubinzal Culzoni, 2004, pág.151).

En cuanto a la idoneidad de la falsificación se ha señalado que:”Cuando la ley penal reprime la creación de un documento público falso o la adulteración de uno verdadero no requiere la efectiva producción de un daño, sino que tan sólo reclama el peligro presunto que pueda resultar de ella dado que tal acto tiene como destino su utilización, que además de lesionar la fe pública considerada en abstracto, lleva insita la posibilidad de perjuicio de cualquier bien jurídicamente tutelado que no necesariamente ha de ser de índole patrimonial. Es decir, basta un perjuicio potencial que puede ser de cualquier naturaleza y no necesariamente patrimonial, sin exigirse que con el instrumento se obtengan beneficios” (C.N.Cas.Pen., Sala II, 8-5-2003, “D.H.C.”, c. 4238, reg. 5648, WebRubinzal penal 5.1.1.9.r2).” (ambos fallos citados por Donna, op. cit., pág. 181).

4°) Ahora bien, el agravio principal del apelante consiste en la supuesta ignorancia por parte del imputado respecto del carácter adulterado de los documentos por él presentados a la autoridad preventora a cargo del control vehicular que dio inicio a las presentes actuaciones, y que a juicio de su defensa acarrea la inexistencia del tipo subjetivo.

En esa dirección se advierte que las circunstancias acreditadas en el sumario, evaluadas conforme a las reglas de la sana crítica racional, que no han podido ser enervadas por las alegaciones de la defensa, me determina a propiciar la confirmación del procesamiento recurrido, sin perjuicio del ahondamiento de la investigación, recordando que, conforme surge del art. 306 del CPPN, se trata de un pronunciamiento para el que basta un juicio de probabilidad de la existencia del delito, y de la presunta intervención responsable del imputado.

No se encuentra controvertido el primero de tales aspectos en tanto aparece acreditado de forma más que suficiente, por lo que corresponde analizar en esta instancia -conforme surge de la apelación deducida- si los elementos probatorios reunidos en el sumario efectivamente dan sustento al juicio de probabilidad efectuado por el a quo en torno a la intervención de J. L. L.en aquel hecho; esto es, a su conocimiento sobre la adulteración de los documentos que utilizara.

En tal sentido, analizadas las probanzas incorporadas al expediente, se advierte que, contrariamente a lo que sostiene el apelante, es posible afirmar la probabilidad de que el causante conociera el carácter adulterado de los documentos que presentó.

Si bien no puede acreditarse -en este estadio procesal- quién practicó materialmente las adulteraciones de documentos atribuidas a L., fue él quien los utilizó en tales condiciones y los presentó a los numerarios de la Subdelegación de Investigaciones San Pedro Baradero al serle requeridos.? Entre los documentos que presentó a tales efectos, se encuentran el título automotor n° 7021803, y la cédula verde n° 33710312 que, tal como lo determinó la pericia efectuada, son apócrifos, producto de una reproducción de i mpresora a chorro tinta color (fs. 66/67).

Sentada tal característica de los documentos, cabe remarcar que es el propio imputado, quien surge prima facie como el principal interesado en su posibilidad de uso, sin que las presuntas explicaciones dadas por él al momento de prestar declaración indagatoria, logren contrarrestar los elementos ya señalados, atento a que prima facie, las circunstancias en las que relata que adquirió el vehículo no aparecen como usuales o demostrativas de su buena fe, basta para ello señalar la actitud de quien habría entregado un automóvil, a un desconocido sin cobrar su valor ni documentar el supuesto trato realizado (ver fs.88/89) y la del imputado que no verificó absolutamente nada antes de adquirirlo, siendo que sobre el vehículo pesaba una orden de secuestro por hurto.

La defensa no ha acreditado por tanto la buena fe de L., como las condiciones en la que se llevó a cabo la operación de compra del vehículo por su parte, por lo que los elementos objetivos analizados, no se encuentran controvertidos con otros que desvirtúen su fuerza convictiva.

En síntesis, no resulta creíble en este estadio procesal, conforme a las reglas de la sana crítica racional, que el encartado desconociera que los documentos que presentó a la autoridad preventora no eran auténticos; por el contrario, es dable suponer que se valió de ellos, en claro beneficio personal.

Por ello estimo que corresponde el rechazo de la pretensión esgrimida por la defensa respecto del procesamiento de su defendido por suponérselo prima facie responsable del delito del art. 296 en función del art. 292 del CP.

5°) En lo que respecta al procesamiento dictado por el juez a quo con relación a las chapas patentes que tenía el vehículo que conducía L., respecto de las cuales se determinó que no son originales y que su numeración no concierne a ese vehículo (art. 289 inc. 3° del C.P.), resulta oportuno señalar lo siguiente.

Este Tribunal en el Acuerdo dictado en autos “Legajo de Apelación en autos HILDNER, Helder Erich s/ Uso de documento adulterado o falso (art. 296 CP), falsificación documentos públicos”, expte. n° FRO 5474/2013/1/CA1, dispuso que no correspondía la intervención de este fuero federal, debiendo el juez extraer fotocopias de la parte pertinente del sumario y remitirlas al Juzgado Provincial que por turno corresponda basando tal decisión en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las infracciones vinculadas con maniobras relativas a la identificación de automotores (art. 289, inc.3° del C.P.), carecen de entidad para producir perjuicio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor o una obstrucción a su normal desenvolvimiento (Fallos: 303:1607; 312:2347; 313:86; 524).

Ahora bien, jurisprudencia más reciente del Alto Tribunal sentó el criterio de que aunque tal infracción sea de competencia de la justicia ordinaria, en virtud de que los hechos del caso constituyen una única conducta (insusceptible de ser escindida) en los términos del art. 54 del Código Penal, corresponde al fuero de excepción (que debía en ese caso conocer en la falsificación de la cédula verde) continuar con la investigación de la causa, sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior (Fallos 327:5592).

Por ello, habré de modificar el criterio sentado en el antecedente nombrado y resolver respecto a la queja vertida por el apelante de que la falsedad de las chapas patentes era tan burda, detectada a simple vista por los inspectores que la maniobra desplegada por el encartado careció de la aptitud suficiente para vulnerar el bien jurídico amparado.

Cabe destacar en relación a ello, que teniendo a la vista “las chapas patentes”, surge que su carácter espurio no resulta evidente, ni aparecen como burdas ni ostensibles a primera vista, descartándose por ello el argumento? de que no poseen la calidad necesaria para engañar a nadie, y por tanto, carecen de idoneidad para afectar el bien jurídico tutelado.

La jurisprudencia reseña que “. El tribunal reitera su doctrina expuesta en autos, “P” del 6.3.92; “J.S.” del 1-6-95 y “R, D.” del 27-10-98, por la que se establece que la virtualidad suficiente del documento para producir la afectación del bien jurídico tutelado, debe analizarse teniendo en cuenta la apreciación que en el momento puede efectuar el hombre común que se intenta inducir a error y no la que puede efectuar un individuo experto, que cuenta con los elementos adecuados para descubrir sus deficiencias” (C.N.Fed.Cr.Corr, Sala II, 27-4-2000, “L., J” c.16.402, reg. 17.471, J.4 – S-7, WebRubinzal penal 5.1.1.2.r).” Y la doctrina ha dicho “La imitación tiene que ser idónea para hacer aparecer como verdadero el documento falso. No es necesario que sea perfecta, sino que debe poseer apariencia de genuinidad, por lo que es requisito que los rasgos objetivos del documento falso y la coherencia de su contenido lo hagan aparecer como genuino. Esta valoración de la idoneidad del instrumento debe efectuarse por el juzgador teniendo en cuenta lo que el instrumento falso representa al ciudadano común y no a un experto o perito” (Andrés J. D ‘Alessio, “Código Penal comentado y anotado”, tomo II, edit. La Ley, 2004, pág. 974).

Teniendo presentes dichos conceptos y parangonándolos con las chapas patentes de autos no surge en mi criterio a simple vista para una persona común su falsedad puesto que su apariencia imita con idoneidad a una verdadera.

No resulta suficiente, para afirmar lo contrario, la apreciación efectuada por la autoridad preventora a cargo del control vehicular que dio inicio a la causa, atento a que la tarea que realizaba era precisamente la de detectar las irregularidades que ofrecieran este tipo de elementos.

Por ello considero que corresponde también confirmar el procesamiento de L. por suponérselo prima facie responsable del delito del art. 289 inc. 3° del Código Penal. Así voto.- El Dr. Toledo adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

Confirmar la Resolución recurrida de fecha 05/05/2014, en cuanto ordenó el procesamiento de J. L. L. como presunto autor del delito de uso de documento falso (art. 296 en función del 292 del Código Penal) y la de fecha 30/06/2015 que amplió el procesamiento de L. por considerarlo autor del delito de falsificación de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley (art. 289 inc. 3° del Código Penal). Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 74029979/2012/1/CA1).-

Fdo.: Elida Vidasl- J. G. Toledo (Jueces de Cámara) Ante mi, María Verónica Villatte (Secretaria de Cámara).- CONSTANCIA: que suscriben la presente dos vocales de la Sala “B” por encontrarse vacante la tercer vocalía. Precísase asimismo que no interviene juez subrogante en tal vocalía en la presente causa de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas N° 222/2016 y 226/2016 de esta Cámara Federal (art. 109 R.J.N.).