Mala praxis del abogado que retuvo cánones locativos que le abonaba su cliente

Partes: S. H. F. c/ K. J. M. s/ daños y perjuicios – responsabilidad profesional abogado

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 2-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102437-AR | MJJ102437 | MJJ102437Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar al abogado demandado que actuó en un juicio de desalojo y cobro de alquileres, como en la mediación por consignación de alquileres y reconducción del contrato , pues nunca debió retener el dinero recogido e imputado al pago de los cánones locativos y por ello debe entenderse que su actuación se alejó de la lexartis, o sea, la conducta esperable actuando con diligencia, causando un gravamen mayor al demandante a quien colocó en una situación de morosidad frente a su locador.

2.-De acuerdo con la pauta establecida en el art. 768, inc. c) del CCivCom., corresponde aplicar hasta el efectivo pago la tasa activa establecida por el plenario ‘Samudio’ , aunque ya no sea de aplicación el plenario en tanto hacíareferencia a la legislación derogada.

3.-El art. 771 CCivCom. prevé que el juez debe valorar el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación , lo que significa que,desde el día de la mora el acreedor (víctima)se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado, por ello para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima, la tasa de interés debe ser importante.

Fallo:

En Buenos Aires, a 2 días del mes de diciembre del año 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “S., H. F. c/ K., J. M.; s/daños y perjuicios. Responsabilidad profesional abogado” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la demandada contra la sentencia de fs.392/402 que hizo lugar a la demanda por incumplimiento contractual por la suma de $ 26.115, con más intereses y costas del juicio.

A fs.419/420 expresa agravios S. y pide que se modifique el decisorio de grado. Solicita que se reconozca el derecho al cobro de los intereses sobre el capital, conforme los desembolsos efectuados debido a que deben quedar incorporados al capital de condena. También se agravia por la escasa cuantificación del daño moral en la suma de $ 3.000.

El accionado cuestiona la responsabilidad que le es atribuida en el asunto, en tanto considera que actuó correctamente en el caso que le fuera encomendado en su calidad de abogado, por lo que pide que se revoque el decisorio de grado. Dice que actuó en el juicio de desalojo y cobro de alquileres, como en la mediación por “consignación de alquileres y reconducción del contrato”, por lo que tiene derecho al cobro de emolumentos. Respecto del acogimiento favorable del daño moral por el a quo, manifiesta que en tanto se encuentra la actuación cuestionada dentro de la esfera de la responsabilidad contractual, su procedencia es restrictiva.

III.Agravios relativos a la imputación de responsabilidad al letrado a- Básicamente el actor funda su pretensión en dos reclamos.

Por un lado cuestiona la responsabilidad profesional del accionado que lo colocaron en una situación de morosidad frente a su locador, con las consecuencias nefastas derivadas de ello; y por otro, pide la devolución de las sumas que le abonó a K. conforme los recibos acompañados en concepto de cánones locativos y honorarios, además de los montos abonados en concepto de honorarios del letrado de la actora en los juicios de desalojo y ejecutivo, y a su nueva letrada patrocinante, Dra. R.

La Magistrado ha sido puntillosa en el análisis de los hechos, con referencia especial al acta de mediación convocada por el actor asistido por el accionado sobre la consignación de alquileres, y luego las presentaciones en el juicio sumarísimo de desalojo y el cobro ejecutivo por expensas. Veamos.

El letrado participó en el juicio de desalojo iniciado el 24 de abril de 2008, como letrado patrocinante del demandado. En ese expediente el actor desconoció la calidad de propietario del locador, pidió la nulidad del contrato y se opuso a la restitución del inmueble locado. Esa presentación llevó la firma del actor junto al Dr. K. y fue presentado en el expediente el 27 de mayo de 2008. El 29 de mayo pidió que se proveyera el escrito de responde; con fecha 23 de junio de 2008 presentó otro escrito donde pidió el rechazo de la demanda, también firmado por ambos.

Cuando se declaró la cuestión de puro derecho, dicho decisorio fue apelado por el aquí actor, con la firma de su letrado el 18 de julio de 2008. Finalmente el 12 de agosto de 2008 el actor junto a su letrado K. depositó las llaves del local, y pidió un mandamiento de entrega de tenencia, lo que fue ordenado previa conformidad del locador a fs.63/4.

A fs.69 el juez impuso las costas del proceso al locatario, y reguló los honorarios del letrado del locador, siendo dicho interlocutorio apelado por S.con el patrocinio del Dr. K. conforme el memorial de fs.75. Los honorarios del letrado del locador fueron confirmados por la Alzada, y ante su falta de pago, ordenado su embargo en una cuenta bancaria. Luego el demandado pidió su propia regulación, la que fue efectuada a fs. 93 por la suma de $ 660, el 24 de febrero de 2010.

Respecto del juicio ejecutivo de cobro de alquileres, observamos que fue iniciado en la misma fecha que el juicio de desalojo.

Existió una primera presentación a fs.17 efectuada el 27 de mayo de 2008 en la preparación de la via ejecutiva con la firma de S. y el letrado K., que fue inconducente a los fines pretendidos, pero que sirvió para dilatar el proceso. El decisorio de fs.22 fue recurrido por S. con una revocatoria con apelación en subsidio el 18 de junio de 2008, decidida a fs.26, por auto confirmatorio. Intimado de pago el locatario, se presentó con su letrado K. a fs.32, oponiendo la excepción de inhabilidad de título el 23 de julio de 2008, la que fue rechazada por la a quo conforme la sentencia del 11 de septiembre de 2008 de fs.41/3.

Frente a la ampliación de la ejecución, S. se opone a fs.51, mediante un escrito firmado por K., presentado el 3 de noviembre de 2008. A fs.57 contesta un traslado de pedido de sanciones con fecha 26 de noviembre de 2008. A fs.63 se dicta sentencia sobre la ampliación de la ejecución, y posteriormente se ordenan embargos en entidades bancarias.

Recién a fs.90, con fecha 11 de diciembre de 2009, se presenta un acuerdo firmado por ambos contendientes asistidos por letrados, en el caso de S. con nuevo patrocinio letrado a cargo de la Dra. P. R., reajustándose la pretensión en la suma total de $ 11.000 por capital, intereses y gastos, conforme el reclamo por vía ejecutiva correspondiente a los meses marzo a septiembre de 2008.b- Se observa entonces, de acuerdo al estudio de los juicios de desalojo y de cobro de alquileres, que el accionar del abogado fue siempre como letrado patrocinante del demandado S., y que todos los escritos presentados en ambos expedientes llevaban su firma junto a la del cliente. Sobre ello no hay discusión alguna.

También se encuentra reconocido por el actor S. que al vencimiento del contrato de locación el 28 de febrero de 2008, su idea era la “reconducción” o la prórroga por los menos por “seis meses que era el tiempo que el suscripto estimaba prudente a los fines de organizar su emprendimiento comercial en otra ubicación” (ver fs.74 vta., 5to.pár. del escrito de demanda). Es evidente que ello fue cumplido con creces, en tanto luego de diversos planteos en ambos juicios se decidió la entrega de llaves recién con su presentación en el desalojo en agosto de 2008, y la tenencia fue recuperada por mandamiento diligenciado el 22 de septiembre de ese año.

Se encuentra también acreditado que S. no pagó los alquileres desde marzo a septiembre de 2008, y que tampoco pagó los honorarios del letrado del locador.

Ahora bien, si bien las circunstancias indicadas precedentemente son ciertas, no lo es menos que el Dr. K. recibió del actor S. diversas cantidades de dinero en distintas fechas, con imputación a los alquileres adeudados.

El recibo de fs.11 de fecha 11/7/ 2008 da cuenta de la recepción por el accionado de $ 1000 en concepto de alquileres; el de fs.12 de fecha 8/5/2008 de $2000 por idéntico concepto; y finalmente el de fs.13 sin fecha, también por alquileres por la suma de $ 3.000. O sea, un total de $ 6.000 recibidos por el letrado K.para depositarlos mediante su consignación judicial, o en su caso darlos en pago en el juicio ejecutivo.

Ninguna de esos caminos fue tomado por el abogado, quien conservó en su patrimonio ese dinero, y permitió la ejecución del actor en el juicio ejecutivo mediante el embargo de cuentas bancarias, hasta que se arribó a un acuerdo presentado en el expediente el 11 de diciembre de 2009, con el nuevo patrocinio letrado de la Dra. R.

Entiendo que la suma final de $ 11.000 convenida entre las partes en concepto de capital, intereses y gastos no fue más allá de lo históricamente adeudado. En ambos expedientes el Dr. K. tuvo una actuación acorde a su mandato, en el sentido de demorarlo por unos meses hasta que el actor pudiera alquilar otro local; sin embargo, lo que aquí se cuestiona es que no existía motivo alguno que justificara la retención de los alquileres que S. le había entregado para abonarlos al locador, o en su caso, consignarlos judicialmente.

Aquí no se cuestiona su estrategia procesal, que a las resultas de ambas causas, pareciera acorde a las expectativas del cliente, sino lo censurable es que K. nunca debió retener el dinero recogido e imputado al pago de los cánones locativos. Su actuación se alejó de la lex artis, o sea, la conducta esperable actuando con diligencia, causando un gravamen mayor al demandante S. (conf.art.512, 902, y cc Cód.Civil).

Por lo tanto, opino que debe confirmarse la sentencia de grado, pero reajustarse los importes de condena a las sumas retenidas por el letrado a quien se le confió ese dinero, y que no cumplió con la obligación asumida, ello es la suma de $ 6.000 en concepto de capital.

Considero que no corresponde la repetición de suma alguna por otros conceptos, en tanto al momento de la primera entrega de dinero ya estaba en mora S., y el curso de las cosas no hubiera cambiado si los depositaba, en tanto su meta final era dilatar el proceso por varios meses hasta que pudiera encontrar otro local para alquilar.

No puede soslayarse la circunstancia que la audiencia de mediación correspondiente a un juicio de “consignación de alquileres y reconducción del contrato” a pedido de S. con firma K. fue celebrada el 26 de marzo de 2008, ya cuando el actor quería evitar la devolución de la tenencia por varios meses, conforme su postura volcada en su escrito inicial de este juicio y corroborado con la declaraciones testimoniales de G. y Q. V. -fs.120 y fs.140 respectivamente-.

El actor no podía desconocer que adeudada los cánones locativos en tanto los recibos de K. eran de fecha de mayo y junio de 2008, y en dos oportunidades correspondieron al alquiler de dos o tres meses juntos. La mora en que había incurrido no podía sanearse.

A todo evento, el pago de la suma de $ 11.000 en concepto de capital, intereses y gastos que se acordó en el juicio ejecutivo que responde a los alquileres adeudados -que entiendo que incluye la cláusula penal-, más gastos, no resulta desproporcionada en atención a la intención originaria que se tenía de dilatar el proceso por varios meses, y que recién terminó pagándose en diciembre de 2009.Nótese que la cláusula penal por retención indebida había sido convenida en el contrato de locación en el 0,3% diario, que eleva en un 30% el alquiler mensual, lo que arroja por 7 meses de marzo a septiembre, el monto final de un total de $ 9.100.

De este modo, no observo derecho alguno por parte del actor a negarse a pagar o pretender en este caso la repetición del capital abonado de $ 11.000, que incluyen los honorarios del abogado en el juicio ejecutivo, más gastos, y menos los de su propio abogado, como los de la abogada que lo reemplazó, Dra. R., quien a mérito de todo lo dicho cobró evidentemente sumas abultadas en proporción al trabajo realizado (ver recibos de fs.15, fs.16 y fs.17 por un total de $ 2.500; conf. art. 37 y 40 ley de Arancel profesional de abogados).

IV- Daño moral Siempre he indicado que participo de la postura doctrinaria y jurisprudencial que considera la indemnización por daño moral, de carácter resarcitorio, y no sancionatorio (ver Orgaz, El daño resarcible, 1967).

Se entiende por daño moral una afección a los sentimientos de una persona, que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria (Conf. Bustamante Alsina, Teoría de la responsabilidad civil, p. 205; Zavala de González en Highton (dir.), Bueres (coord.), Código Civil y normas complementarias.

Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo 3A, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.172).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha dicho que:

“cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el onus probandi. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. 1, ps.387/88).

En el caso, estamos en presencia de un locatario de un inmueble que trató de prorrogar el plazo locativo, ya sea mediante un acuerdo con el locador o directamente de hecho, no pagando o tratando de judicializar el caso.

Era un contrato de locación con destino comercial, con el plazo vencido al mes de febrero de 2008, de lo que se desprende que S. sabía que debía dejar el inmueble en la fecha pactada, y que las “piruetas procesales” efectuadas en ambos expedientes civiles solo le permitían ganar el tiempo necesario para mudarse a otro local (ver testimonios de Gonzáles, fs.120 y Quintero Vázquez, fs.140). Ello tuvo su costo, en razón que sufrió embargos.

No obstante lo indicado precedentemente, no puede olvidarse el hecho de que parte de los alquileres fueron abonados al abogado, y que éste no les dio el destino final apropiado, sino que los guardó para sí; allí podría radicar el presunto daño del actor, debido a que fue defraudado por su abogado. Pero lo central es que el actor se colocó en esa situación, convalidando con su firma los diversos planteaos dilatorios en los expedientes de desalojo y de cobro de alquileres con el patrocinio letrado del accionado.

Por las razones expuestas, entiendo procedente el reclamo (conf.art.522 Cód. Civil), y considero correctamente justipreciada la partida por la Magistrada.

V-Intereses a- Corresponde sobre el capital de condena imponer intereses desde que las sumas abonadas fueron desembolsadas por S., tal como dispuso la a quo.

En tal inteligencia corresponde aplicar la tasa activa desde la fecha de cada recibo de fs.11 y 12.El recibo por $ 1000 del 11/7/2008 y el recibo por $2000 del 8/5/2008 permiten que se apliquen intereses desde esas fechas hasta su efectivo pago.

En cuanto al tercer recibo sin fecha obrante a fs.13 por un total de $3.000, corresponde la aplicación de intereses desde el momento que fue solicitada su repetición extrajudicialmente por medio de la carta documento fechada el 7 diciembre de 2009 -ver fs.20- los que también deben correr hasta su efectivo pago. b- Desde el 01/08/2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial que en su art. 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como los intereses son consecuencia de una relación jurídica existente, debe aplicarse la nueva ley (conf. Kemelmajer de Carlucci, “Las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución”, en Claves del Código Civil y Comercial, Rubinzal-Culzonni, 2015, pág.152; Roubier, Le droit transitoire (conflits des lois dans le temps), 2ª.ed. Dalloz-Sirey, París, 1960, n°42, pág.198 y n°68, pág.334).

En ese entendimiento y de acuerdo con la pauta establecida en el artículo 768, inc. c) CCC, propiciaré continuar desde el 01/08/2015 y hasta el efectivo pago con la aplicación de la tasa activa conforme el plenario “Samudio” , aun ya no sea de aplicación el plenario en tanto hacía referencia a la legislación derogada.

Dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que:

“Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

En el caso, no hay una tasa acordada entre las partes, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central.

Por otro lado, el art. 771 Cód.Civil y Comercial prevé que el juez debe valorar “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, que desde el día de la mora el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Entiendo que para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima, la tasa de interés debe ser importante.

La fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor. La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio”).

Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan -con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos válidos- las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, se desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores.

Es sabido que el interés moratorio debe reparar, en principio, la pérdida de chance de aplicación de las sumas adeudadas a otro negocio redituable o en el detrimento temporal de la solvencia para afrontar deudas líquidas y exigibles por parte del acreedor afectado por la mora (ver Curá, José María, Código Civil y Comercial comentado, La Ley, 2da.ed.actualizada, 2016, T III, comentario art.768 CCC).

Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya sea por aplicación de la doctrina del fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A.” del 20/4/2009, ya por considerar que no había motivos para cambiarla a partir de la vigencia del nuevo Código por una tasa pasiva u otra diferente. Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto.

La tasa activa judicial conforme el plenario Samudio (tasa anual de 29,71% tomando del 1/9/2015 al 1/9/2016) resulta ser casi la mitad del impacto inflacionario anual -de público y notorio-, y mucho menor a las que se aplican en el giro comercial bancario (ej. Banco Nación Argentina, tasa de interés para préstamos personales con destino libre, T.E.A 58,60%).

Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado, en definitiva, refleja el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios.

No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, prevé que “el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%” a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes. Este límite, que fue convalidado por la Corte Suprema (“Proconsumer c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.s/ sumarísimo, del 17/05/2016, LA LEY 2016-D, 159, al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor – por el momento- a la tasa que en esta decisión se establece.

Se sigue entonces el criterio de nuestro Máximo Tribunal por el cual la determinación de la tasa de interés a aplicar -anteriormente conf. art.622 CC- queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan los ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito de la cuestión (conf. “Banco Sudameris c/ Belcam S.A.” , CSJN Fallos 317:507, ver La Ley 1994-C-30).

De este modo, desde la mora y hasta el 1/8/2015 se dispone la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina conforme el plenario “Samudio”(dado que hasta esa fecha y desde la mora, esta Sala entiende que la doctrina plenaria es obligatoria, como se ha sostenido en numerosos precedentes; ver “Nieto, Rubén Esteban c/ Cajal, Saúl Guillermo y otros s/ Daños y perjuicios”, Expte. 104.622/2011, del 12/06/2016; “Focaraccio, Georgina Vanesa y otros c/ Giménez, Ángel y otro s/ daños y perjuicios”, Expte. 95.334/2013, del 10/08/2008; “Medina, Daniel c/ Fernández Prior, Jorge s/ daños y perjuicios”, Expte. 100.900/2013, del 15/07/2016, entre otros); y a partir de allí y hasta el efectivo pago, el doble de la tasa activa premencionada. c- Por lo demás, no corresponde hacer lugar al rubro “intereses bancarios” peticionados por la suma de $ 5.200, en tanto solo es procedente la demanda por las sumas cobradas por K. de $6.000, en tanto no fueron abonadas o consignadas a favor de locador del inmueble.No advierto relación de causalidad del daño con el hecho analizado, invocado en autos por el accionante.

VI-Colofón Por los considerandos precedentes propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas: I-La modificación de la sentencia de grado, reajustando el importe de condena a la suma total de $ 6.000 en concepto de repetición de capital. II-Aplicar intereses conforme la tasa activa respecto del recibo de fs.11 por $ 1.000 desde el 11/7/200, el de fs.12 por $ 2.000 desde el 8/5/2008 y el de fs.13 por $ 3.000 desde el 7/12/2009, en todos los casos hasta el efectivo pago conforme la tasa activa según dispuso la a quo, y a partir del 1/8/2015 en el doble de esa tasa conforme se estableció en el considerando V. III- Confirmar el resto que decide y fuera materia de agravios. IV-Imponer las costas de Alzada por su orden, dada la forma de resolución de la presente (conf.art.68 CPCC).

El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:I-La modificación de la sentencia de grado, reajustando el importe de condena a la suma total de $ 6.000 en concepto de repetición de capital.

II-Aplicar intereses conforme la tasa activa respecto del recibo de fs.11 por $ 1.000 desde el 11/7/200, el de fs.12 por $ 2.000 desde el 8/5/2008 y el de fs.13 por $ 3.000 desde el 7/12/2009, en todos los casos hasta el efectivo pago conforme la tasa activa según dispuso la a quo, y a partir del 1/8/2015 en el doble de esa tasa conforme se estableció en el considerando V. III- Confirmar el resto que decide y fuera materia de agravios. IVImponer las costas de Alzada por su orden, dada la forma de resolución de la presente (conf.art.68 CPCC).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.