Intervención judicial de la sociedad de responsabilidad limitada en grado de coadministración

Partes: Viscomi Salvador Antonio c/ Monte Olivia S.R.L. y otro s/ ordinario s/ incidente art. 250

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 1-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102415-AR | MJJ102415 | MJJ102415Sumario:
1.-Debe mantenerse la intervención judicial de la sociedad de responsabilidad limitada en grado de coadministración, sin desplazamiento de los órganos de administración y control, si del informe presentado por el veedor, emergen situaciones de irregularidad” respecto del funcionamiento del organo de administración y gobierno, que no pueden soslayarse teniendo en miras el interés de la sociedad, que podría verse afectada de mantenerse la situación de anormalidad reflejada en el manejo interno del ente.

2.-La constatación de irregularidades tales como la falta de firma de los socios gerentes de las actas correspondientes a la aprobación de estados contables, distribución de utilidades y consideración de la gestión de la gerencia y fijación de honorarios, sumada a que no obra acreditado en forma fehaciente el sentido de voto de cada socio respecto de cada una de las decisiones sociales que pretenden tenerse por válidas, lo que revela su imposibilidad para ponerse de acuerdo en la instrumentación de las reuniones de socios, tornan procedente la intervención judicial del ente en grado de coadministración, sin desplazamiento de los órganos de administración y control.

3.-Las diferencias de los dos únicos socios del ente que se reflejan en la falta de consenso necesario para la adopción de resoluciones esenciales para la marcha de la sociedad de responsabilidad limitada torna de imposible cumplimiento el agotamiento de la vi´a intrasocietaria, con carácter previo a solicitar la intervención judicial en grado de coadministración, y ponen en riesgo el normal desenvolvimiento y cumplimiento del objeto social.

4.-La comprobación de circunstancias que ponen de manifiesto el irregular funcionamiento de la sociedad, con motivo de una gestión antisocial de los socios y administradores, constituye fundamento idóneo de la intervención judicial en grado de coadministración, con abstracción de la determinación de responsabilidades, lo que ha de ser objeto de ulterior dilucidación, sin que sea necesario promover como presupuesto necesario la acción de remoción en los términos que sen~ala el art. 113 y ss. de la Ley 19.550.

Fallo:

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016.

Y Vistos:

1. Viene apelada por los accionados, la resolucio´n dictada por la magistrada de grado en cuanto dispuso admitir la intervencio´n judicial del ente en grado de coadministracio´n, sin que importe desplazamiento alguno de los o´rganos naturales de administracio´n y control y con sujecio´n a las pautas establecidas (v fs. 124/132).

2. El memorial de agravios luce en fs. 145/150 y fue contestado a fs.177

3. A criterio de esta Sala resultan suficientemente habilitantes los extremos resen~ados por la magistrada para disponer el agravamiento de la intervencio´n decidida.

Es que atendiendo al informe presentado por el veedor designado en su oportunidad, emergen ciertas situaciones de “irregularidad” respecto del funcionamiento del o´rgano de administracio´n y gobierno de la sociedad, que este Tribunal no puede soslayar- teniendo en miras el intere´s de la sociedad, que podri´a verse afectada de mantenerse la situacio´n de anormalidad reflejada en el manejo interno del ente. (v. fs. 1796/800).

Desta´case en tal sentido, lo informado a fs.1796 punto 4.2 de su informe bajo ti´tulo “Funcionamiento del o´rgano de gobierno de la Sociedad, cuando ,refiere “Las reuniones de socios se celebraron con normalidad hasta el 10/5/2012, en tanto que con posterioridad a esa fecha conforme el ana´lisis del Libro de Actas y a partir del folio 39 surgen ciertas irregularidades.”, entre las que se sen~alan la falta de firma de los socios gerentes de las actas pasadas en el Libro respectivo que tuvieron por objeto en lo sustancial: (i) aprobar los Estados Contables del Ejercicio Econo´mico n° 32 finalizado el 31 de diciembre de 2012, distribucio´n de utilidades y consideracio´n de la gerencia y fijacio´n de honorarios (ver acta pasada al folio 39/40); ii) aprobar los Estados Contables del Ejercicio Econo´mico n° 33 finalizado el 31 de diciembre de 2013, distribucio´n de utilidades y consideracio´n de la gestio´n de la gerencia y fijacio´n de sus honorarios (v.acta pasada al folio 41/42).

Igual situacio´n se desprenderi´a de la u´ltima acta copiada al Libro de fecha 5 de mayo de 2015 (v. folios 50/51) que tuvo por objeto en lo sustancial, aprobar los Estados Contables del Ejercicio Econo´mico n° 34 finalizado el 31 de diciembre de 2014, distribucio´n de utilidades y consideracio´n de la gestio´n de la gerencia y fijacio´n de sus honorarios. Su´mase a lo expuesto que ma´s alla´ de lo manifestado por el recurrente, la ausencia de firmas en las actas y falta de certificacio´n contable de esos estados contables obstan en principio a otorgar los efectos que predican.

De otro lado, ahonda el cuadro de irregularidades descripto, que no obra acreditado en forma fehaciente el sentido de voto de cada uno de los socios respecto de cada una de las decisiones sociales que pretenden tenerse por va´lidas, lo que sumado a la falta de firma de las actas revela que los mismos no pueden ponerse de acuerdo siquiera en la forma e instrumentacio´n de las reuniones de socios (v. fs.1786/1805).

Agre´gase a lo expuesto, que la administracio´n activa de la sociedad – ma´s alla´ de alguna intervencio´n del actor -la lleva adelante el socio Jose Giufridda, cuestio´n por cierto que fuera puesta de relieve al tiempo de disponerse la veeduri´a y que en este estado de la causa y dentro del marco cautelar que informa el presente no aparece totalmente despejado.

En ese contexto, las diferencias de los dos u´nicos socios del ente que se refleja en la falta de consenso necesario para la adopcio´n de resoluciones esenciales para la marcha de la sociedad torna de imposible cumplimiento el agotamiento de la vi´a instrasocietaria que postula el recurrente, y ponen en riesgo el normal desenvolvimiento y cumplimiento del objeto social de la misma.

Es que en el caso de sociedades constitui´das por dos socios, donde cada uno resulta titular del 50 % de las capital y votos de la sociedad; donde adema´s la representacio´n es conjunta, como las decisiones sociales en el o´rgano de gobierno, ya sea reuniones de socios o asambleas, deberi´a siempre tomarse por mayori´a, los socios deberi´an adoptar todas las resoluciones por unanimidad, ya que ninguno de ellos, por si´ solo, posee la mayori´as necesarias para decidir cualquier tema sometido a consideracio´n.

Y ello es justamente lo que acontece en la especie, en particular para la adopcio´n de resoluciones esenciales como la aprobacio´n de estados contables desde el an~o 2012 y la falta de firma en las actas asamblearias, lo que revela un funcionamiento irregular del o´rgano de administracio´n, sin posibilidad actual de ajustar el funcionamiento a las disposiciones estatutarias y de la ley 19550, genera´ndose adema´s un estado de incertidumbre en cuanto a la conduccio´n de los negocios societarios que habilitan la medida de intervencio´n (cfr. Sala E, en autos “Fafian, Marta B y otros c.Compan~i´a de Anilinas Federal y otro” del 10/9/2003).

Es ma´s la situacio´n descripta, segu´n la doctrina, si perdura en el tiempo, constituye una real imposibilidad de lograr que el objeto social pueda ser desarrollado con normalidad, y pone en peligro a la

sociedad resultando un fundamento ido´neo de la cautela.

Consecuentemente y como la medida pretendida debe

tener en miras fundamentalmente el intere´s de la sociedad; la cual podri´a verse afectada de mantenerse en la situacio´n referida, debe entonces buscar el Tribunal el justo equilibrio entre los intereses en juego, atendiendo siempre al intere´s de la persona colectiva, sin tomar injerencia infundada en los negocios del ente, pero sin esperar que e´ste se desmorone para nombrarle judicialmente un administrador (Ca´mara, “Derecho Societario”, p. 653/4).

Bajo tal perspectiva, la comprobacio´n de circunstancias que ponen de manifiesto de alguna manera el irregular funcionamiento de la sociedad, con motivo de una gestio´n antisocial de los socios y administradores constituye fundamento ido´neo de la cautela excepcional como la dispuesta por la a quo. Ello con abstraccio´n de la determinacio´n de responsabilidades, lo que ha de ser objeto de ulterior dilucidacio´n, sin que sea necesario promover como presupuesto necesario para la intervencio´n la accio´n de remocio´n en los te´rminos que sen~ala el art. 113 y sgtes. de la ley 19.550.

4. Por u´ltimo, los cuestionamientos al informe del veedor

resultan insuficientes para obtener la revocacio´n de la medida en tanto la

existencia de conflictos insolubles entre los socios, con intereses encontrados ponen en peligro grave a la sociedad y pueden conducirla a una para´lisis de hecho, que podri´a traer consecuencias incluso a terceros.

Cabe aclarar finalmente que ello no perjudica la posibilidad de que con otros elementos de juicio pudiera resolverse de otro modo, ya que lo decidido en materia de medidas precautorias no causa estado.

5. Por ello, se resuelve:

Desestimar el recurso de apelacio´n interpuesto, manteniendo la intervencio´n en grado de co-administracio´n con el alcance dispuesto por la magistrada de grado, con costas a los vencidos (art. 68, 1er. pa´rrafo Cpr.)

Notifi´quese a las partes (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devue´lvase a la instancia de grado.

Ha´gase saber la presente decisio´n a la Secretaria de Comunicacio´n y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez

Mari´a Eugenia S