Rechazo de la demanda de daños y perjuicios promovida contra un odontólogo, ya que no existió un accionar culposo de su parte en tanto no sólo diagnosticó correctamente a la actora, sino que además efectuó una extracción que no presentó complicaciones

Partes: C. G. c/ M. A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 14-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102257-AR | MJJ102257 | MJJ102257Sumario:
1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios promovida contra un odontólogo, ya que no existió un accionar culposo de su parte en tanto no sólo diagnosticó correctamente a la actora, sino que además efectuó una extracción que no presentó complicaciones y le recetó antibióticos no sólo en forma previa a la extracción sino también con posterioridad a ella, máxime cuando no se desentendió de su paciente sino que la revisó en otra oportunidad donde le hizo una placa de relajación, masajes y una limpieza donde pudo constatar una alveolitis.

2.- Cuando la Historia Clínica es expedida por un médico de una institución sanitaria privada, tiene la naturaleza jurídica del documento privado; carece de valor probatorio hasta tanto se acredite la autenticidad de la firma que figura en ella, sea mediante el reconocimiento (expreso o tácito) de la parte a quien se lo atribuye, o mediante la comprobación que puede realizarse por cualquier clase de pruebas, entre las cuales el cotejo de letras es la que mayor eficacia reviste.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 219.889/51.838, caratulados “C., G. C/M., A. P/Daños y Perjuicios”, originarios del Vigésimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Secretaría No. 20, de esta Primera Circunscripción Judicial, venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación de fs. 401 interpuesto por la Dra. María Luz Corte por la actora, G. C., en contra de la resolución de fs. 394/400.

Practicado a fs. 432 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Ábalos, Leiva y Ferrer.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Abalos, dijo:

I.- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 394/400, por la cuál la Sra. Juez “A Quo” rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. G. C., impuso las costas del proceso a la actora y reguló los honorarios a los letrados y peritos intervinientes.

A fs. 410/420 la Dra. María Luz C. por la accionante expresa agravios, solicitando que se revoque la sentencia y se acoja la demanda, contestándolos a fs. 422 y sgtes. el Dr. Gabriel R. Juan por el demandado, quedando la causa a fs. 431 con autos para sentencia.

II. PLATAFORMA FACTICA.

A fs. 60/65 se presenta la Dra. María Luz Corte por la Srta. G. C.quien interpone demanda ordinaria por daños y perjuicios.

Relata que el día 25 de junio de 2008 su mandante concurrió a consulta odontológica con el Dr. A. M. aquejada por un fuerte dolor en la muela del juicio del maxilar inferior del lado izquierdo. El profesional le dijo que era la muela del juicio y que debía tomar antiinflamatorios. Su mandante solicitó su extracción.

El 27 de junio del mismo año se realizó la extracción del molar, sin realizar sutura, únicamente le colocó una gasa, la que debía retirar luego de media hora. Agrega que su mandante cumple con esto y que alrededor de las 22.30 horas ya no podía ingerir, tenía todo el hemisferio izquierdo inflamado incluso la garganta.

Explica que por no mejorar el cuadro concurre nuevamente al consultorio del demandado junto a su madre el día sábado 28 de junio de 2008, oportunidad en que le hizo un mordillo -con una pasta rosadita- y le indicó que se colocará un trapo caliente en la cara.

Manifiesta que luego de que los medicamentos no dieran resultado con el dolor, le receta una orden de inyecciones que no hicieron efecto y que el día domingo 29 de junio se palpa una pelota en la sien del lado izquierdo por lo que intenta buscar al profesional, no pudiendo dar con él ni encontrar una guardia donde atenderse.

A las 24 horas de ese día la Dra. Jimena Rojas Flores la revisa y le da orden de internación de urgencia en el Hospital del Carmen, donde le suministraron antibióticos. Dándole el alta el día lunes 30 de junio. Al día siguiente el cuadro empeoraba y al concurrir al Centro de Salud de Las Heras el pediatra del mismo le dijo que se fuera de urgencia al Hospital Lagomaggiore.Luego de internarse, esa noche se desvanece y que al despertar no recuerda más nada.

Aduce que por el mal cuadro que presentaba su mandante tuvo un shock séptico y que como consecuencia estuvo tres minutos sin respirar, por ello se la traslada a terapia intensiva, realizándole toda clase de estudios, inclusive una tomografía computada.

El día 7 de julio se le realiza una cirugía encontrando gasa podrida descompuesta al raspar el hueso. Continúa internada en observación comenzando el cuadro a evolucionar de manera favorable. Dándole el alta el 11 de julio.

Por último cuenta que por un lapso de tres meses tuvo que ir al Hospital a que los médicos le realizaran los controles, lo que la obligó a suspender sus estudios y que no pudo concurrir a su trabajo por seis meses.

Cita jurisprudencia y funda en derecho.

Reclama gastos médicos y farmacéuticos ($2.200), gastos de traslado ($2.100), lucro cesante ($3.900) y daño moral ($28.000). Ofrece prueba.

A fs. 80/88 se presenta el Dr. Gabriel R. Juan en nombre y representación del demandado A. M. peticionando el rechazo total de la demanda, con costas a la actora.

Luego de negar en forma genérica y particular cada uno de los hechos invocados por la accionante, refiere que el día lunes 23 de junio de 2008 la actora concurre a su consultorio por dolor en la zona del maxilar inferior y que se le diagnostica periocoronaritis, siendo la profilaxis correcta con antibióticos. Se le receta la ingesta de amixen clavulánico de 1 gr.cada 12 horas y analgésicos.

Expresa que el 26 de junio se realiza la cirugía, sin necesidad de sutura, indicándole la misma medicación durante siete días y que ninguna complicación presentaba el cuadro y tampoco debía presentarse si la paciente cumplía con las indicaciones de ingesta que se le indicaron.

Describe que el 28 de junio es sorprendido en su domicilio particular por la presencia de la actora y su padre, quienes de mala manera lo increpan por el dolor y la inflamación que sufría, en dicho momento le sugiere que concurra a un centro asistencial para su internación y seguimiento durante la noche. Le recomienda el Hospital del Carmen a lo que hace caso omiso.

El día 1 de julio la actora concurre al consultorio y se le aplica una placa de relajación, masajes para que comience a abrir la boca ante el cuadro de trismus que presentaba y se le limpio el alveolo, colocándose una gasa con iodo. Al día siguiente la actora concurrió al Centro de Salud donde presta servicios su mandante siendo el propio demandado quien decide llevarla al Hospital Lagomaggiore en donde logra que quede internada. Dice que por la noche lo llaman de dicho nosocomio y le informan que la paciente había sufrido una descompensación. Al llegar al lugar le explican que estaba anémica, con dificultad respiratoria y que por lo tanto la pasarían a terapia intensiva.

Refiere que a través de comunicaciones telefónicas se le informa la buena evolución de la paciente. Y que luego de eso se suspende toda comunicación con esta, por lo cual se vio imposibilitado de seguir obteniendo información sobre la salud de la actora.

Entiende por último que la actora fue correctamente atendida por su mandante, desde su consulta pasando por todo el proceso en el que fue requerido, y que la documentación acompañada demuestra la falacia del planteo efectuado por la actora.Afirma que las omisiones de cumplir con las prescripciones del demandado y lo que sucedió dentro del Hospital no puede serle a él imputado, debiendo rechazarse la demanda incoada.

Producida la prueba se dicta sentencia.

III. LA SENTENCIA RECURRIDA.

La Magistrada entiende que la responsabilidad del odontólogo en virtud del contrato que celebraron actora y demandada para la extracción de una de las muelas del juicio de la accionante, debe ser meritada a tenor del Código Civil derogado en virtud de ser la normativa que se encontraba vigente al tiempo de llevarse a cabo el contrato (23/06/2008).

Indica que existe acuerdo entre las partes en cuanto la accionante habría consultado al demandado (según la actora el 25/6/08 y según el demandado el 23/6/08) por presentar dolor en una de sus muelas del juicio del maxilar inferior izquierdo; que luego de esa consulta el profesional dispuso la necesidad de extraer la muela, extracción que se realizó según la accionante el 27 de junio del 2008 y según el odontólogo el 26 del mismo mes y año.

Concuerdan que luego de la extracción, no se practicó sutura alguna sino que simplemente se colocó una gasa que la paciente extrajo luego de una hora tal como el odontólogo le había ordenado.

Expone la actora -y reconoce el demandado- que luego de la extracción la Srta. C. presentó inflamación, dolor e imposibilidad de abrir la boca; que aquella se comunicó no sólo telefónicamente sino que se dirigió en forma personal al domicilio del odontólogo quién la revisó y le recomendó concurrir a un centro asistencial para su internación; reconoce la accionante que el 29/6, frente a la sugerencia del odontólogo, concurrió al Hospital del Carmen donde le suministraron antibióticos y le dieron el alta al día siguiente. Coinciden además las partes con respecto a que el demandado atendió a la Srta. C.luego en su consultorio y en un centro de Salud donde este atiende y que el día 2 de julio el propio demandado, ante el estado que presentaba la actora, recomienda su internación en el hospital Lagomaggiore, nosocomio donde permaneció internada primero en sala común y luego, a causa de un shock séptico, en terapia intensiva; que el 4 de julio pasó a sala común y el día 7 de julio se le realizó una cirugía donde se le hace una limpieza de la cavidad y se encuentran pedazos de gasa podrida y descompuesta.

Reconoce la accionante que su estado comienza a evolucionar y el 11 de julio del 2011 le dan el alta.

De la prueba rendida la Sentenciante tiene acreditado que el día 23/06 el demandado atendió a la actora y le recetó la ingesta de antibióticos -en forma previa a la extracción- indicándole además la necesidad de extraer la muela; que la historia clínica informa que el 26/6/08 se le extrajo el elemento 38 y se le indicó continuar con antibióticos durante 7 días más; que el 1/7/08 el demandado atiende nuevamente a la accionante, le receta una placa de relajación y masajes además de efectuar una limpieza de la cavidad -ante la presencia de una alveolitis- colocando una gaza con iodo en el lugar donde se había realizado la extracción (fs. 79 vta.); que el 2 de julio del 2008 ingreso al Hospital Lagomaggiore donde se constató que tenía dificultad para respirar y se le diagnosticó un flemón dentario; que en dicha oportunidad, la actora refiere que estaba tomando antibióticos luego de que se le hizo la extracción de la pieza dentaria pero al no evolucionar como se esperaba se decide su internación para realizar diagnóstico y tratamiento (fs.142/143).

Del análisis de las pruebas rendidas, la Juez concluye que el demandado no sólo diagnosticó correctamente a la actora, sino que además efectuó la extracción que no presentó complicaciones y le recetó antibióticos no sólo en forma previa a la extracción sino también con posterioridad a ella; que no se desentendió de su paciente sino que la revisó en otra oportunidad donde le hizo una placa de relajación, masajes y una limpieza donde pudo constatar una alveolitis por lo cual colocó una gaza con iodo el 1/7/08 que es la gaza que finalmente luego fue retirada por el cirujano máxilo facial del Hospital Lagomaggiore y que más allá de las consultas que hizo la actora al accionado, igualmente continúo con un tema infeccioso que luego derivo en un flemón de piso de boca y en el shock séptico por el cuál debió ser trasladada a la unidad de terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore y que puso en serio riesgo su salud.

Luego de meritar la pericia como las aclaraciones de la misma, la Iudex entiende que no existió un accionar culposo por parte del demandado; la paciente fue correctamente diagnosticada con los métodos necesarios para el caso -examen y anamnesis- y que debido al primer diagnóstico -pericoronaritis- se resolvió extraer el tercer molar; que ante este cuadro preventivamente se recetó la ingesta de antibióticos durante dos días y que luego de la extracción se recetaron 7 días más de antibióticos; que frente a la complicación que se produjo el odontólogo también diagnosticó correctamente el cuadro -alveolitis- llevando a cabo el tratamiento que para estas dolencias corresponde es decir una limpieza de la zona y la colocación de una gasa ioadada; que este tipo de complicaciones, según lo refiere la perito, son comunes luego de una extracción del tercer molar y además pueden deberse a múltiples factores no todos relacionados con una mala praxis médica sino que tienen que ver también con el estadoinmunológico de la paciente, la virulencia y tipo de germen como también la higiene que de la herida haga el paciente y que el demandado al advertir que la infección no cedía y el cuadro infeccioso continuaba, fue él mismo -como la propia actora lo reconoce- quién la derivó al hospital donde finalmente fue internada, sufrió el shock séptico y luego fue compensada y que el cuadro infeccioso que presentó la actora y que luego se agravó no tuvo que ver con la gasa en mal estado que se le retiró en el hospital sino que el cuadro infeccioso ya lo tenía la paciente cuando se le extrajo el molar y se extendió a otros tejidos.

Afirma la Pretoria respecto a la falta de extracción de dicha gasa, que la misma se le colocó a la actora por el demandado el 1 de julio tal como surge de las constancias de la historia clínica, por lo que no fue una gasa olvidada por el odontólogo luego de la extracción sino que por el contrario fue colocada con iodo como tratamiento para solucionar la alveolitis; que el 2 de julio, la actora quedó internada en el hospital Lagomaggiore de donde le dieron el alta el 11 de julio, por lo que no le fue posible al demandado extraer la gasa iodada que había colocado debido a que no tuvo más contacto con la actora puesto que ésta quedó internada, debiendo en todo caso el Hospital al revisar a la actora advertir que la misma tenía dentro del alveolo una gasa iodada, por lo que rechaza la acción.

IV. LA EXPRESION DE AGRAVIOS y SU CONTESTACION.

A fs. 410 y sgtes. la Dra. María Luz Corte por la accionante se agravia que la Juez tuviere por cierto que ingresó en el Hospital Lagomaggiore el 2/7 cuando de la Historia Clínica (ver fs.143) surge que lo hizo el 5/7/2.008 y que lo que consigna no es un diagnóstico de “flemón dentario” sino lo que refiere la paciente.

Explica que si la placa acrílica que el demandado colocó a la actora cuando concurrió a su consultorio cuando ya no podía abrir la boca fue el 1/7/2.008 y la actora fue internada recién el día 5/7/2.008, porque fue a buscar al demandado al Centro de Salud donde trabaja y fue la médica pediatra de ese centro quién le ordenó la internación, lo cierto es que el demandado durante esos 4 días no efectuó diligencia médica alguna para que la actora no hubiere llegado al Hospital Lagomaggiore en el estado de riesgo de vida en el que ingresó.

Señala que el odontólogo no constató las causas por las que la paciente llegó a su consultorio sin poder abrir la boca; que no aportó ningún estudio médico ni orden médica que constate o acredite la diligencia debida.

Indica que según la pericia médica la peticionante no podría extraerse la gasa iodoformada colocada en el alvéolo por el cuadro de tridmus (imposibilidad de abrir la boca) del 1/7/2.008, por lo que inexorablemente debe concluirse que la gasa fue colocada post extracción y no fue cambiada desde el día 26/6/2.008 y mucho menos que el demandado haya limpiado la zona desde esa fecha porque la consulta post extracción fue la del día 1/7/2.008 (ver fs.79 vta.).

Afirma que el shock séptico fue provocado por una gasa en estado de putrefacción; que el demandado debió haberlo detectado cuando la actora concurrió a su consultorio el día 1/7/2.008 y no 4 días después cuando fue a buscarlo al Centro de Salud.

Critica que la Juez de Grado realice una evaluación de la conducta médica apoyada en un informe pericial carente de absoluto rigor científico e inserto en manifiestas omisiones y contradicciones.

Especifica que la mala práctica médica radica en que el demandado el 1/7/2.008 cuando la actora concurre a su consultorio no indagó sobre las causas por las cuales no podía abrir la boca, le colocó una placa acrílica y la manda a su casa y cuatro días después ante el cuadro que la paciente presentaba cuando lo fue a buscar al Centro de Salud le ordena su internación en el Hospital Lagomaggiore cuando si la orden de internación hubiere sido el 1/7/2.008 aquella no hubiere sido internada con un cuadro de shock séptico producto de una gasa colocada en un alvéolo inmediatamente después de la extracción.

Manifiesta que el diagnóstico del Hospital Lagomaggiore refiere shock séptico por gasa en estado de putrefacción; que el diagnóstico del Dr. D. Aquino profesional que operó a la actora en el Hospital Lagomaggiore, consigna que extrae gasa iodoformada dejada por el odontólogo que practicó la extracción con olor putrefacto (ver fs. 157) y que la perito no puede desvirtuar el diagnóstico del Dr. Aquino.

Reitera que la gasa iodoformada le fue colocada post extracción quirúrgica el día 26/6/2.008 y no le fue cambiada en la otra consulta el día 1/7/2.008 porque la actora no podía abrir la boca y fue internada 4 días después, por lo que pretende que se deje sin efecto la sentencia cuestionada.

Corrido traslado de los agravios a fs. 422 y sgtes el Dr. Gabriel E.Juan por el demandado los contesta, solicitando el rechazo de los mismos, por las razones que expresan, a las que se remite en honor a la brevedad.

V. LA NORMATIVA APLICABLE Y ANALISIS DEL CASO.

1).- Agravios mínimos.

En razón a lo peticionado por el apelado en la contestación del recurso, se recuerda que en orden a valorar la suficiencia de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio que armonice con el respeto del derecho defensa en juicio y con el sistema de la doble instancia adoptada por la ley, mas sin que esa flexibilidad llegue a un extremo tal que, en los hechos, se traduzca en la derogación lisa y llana de los recaudos exigidos por la ley formal.

Para medir la suficiencia o insuficiencia de una expresión de agravios, el “sentido común” es quizás, la piedra de toque en todo campo de la materia procesal que no se encuentra total y acabadamente limitada (donde incluimos también este tema), por lo que a su luz debe analizarse la idoneidad del escrito de expresión de agravios” (PEYRANO, Jorge “Compendio de reglas procesales en lo civil y comercial, pág. 155).

Asimismo se ha sostenido que “la deserción del recurso de apelación concedido libremente se produce cuando el apelante no presentó la expresión de agravios dentro del plazo de diez días, o lo que es lo mismo, cuando esa presentación fue extemporánea; o cuando el apelante no efectuó la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que consideraba equivocadas, o se remitió exclusivamente a presentaciones anteriores.Conviene recordar que en caso de duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse por un criterio amplio, que es el que más armoniza con el ejercicio irrestricto del derecho constitucional de defensa en juicio; o lo que es lo mismo, que la deserción del recurso de apelación por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios debe ser interpretada restrictivamente, en tanto acarrea una pérdida de derechos” (KIELMANOVICH, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentario art. 266, Lexis Nº 9220/008127).

En este caso, se aprecia que no es viable la pretensión de la recurrida, en el sentido que se declare desierta la apelación, pues su lectura pone de manifiesto que, en el peor de los supuestos, le son aplicables los precedentes a tenor de los cuales “debe desecharse de plano la declaración de deserción del recurso cuando existe un mínimo de agravio, con lo que la instancia se abre, debiendo interpretarse restrictivamente, de donde la duda sobre la insuficiencia de la expresión de agravios no autoriza a declarar desierto el recurrimiento” (Confr. L.S. 151:164).

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dicho: a) “Un recurso debe ser declarado desierto, cuando las consideraciones desarrolladas resultan inconducentes, subjetivas y car entes del debido sustento jurídico”; b) “En caso de duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse por un criterio amplio, que es el que más armoniza con el ejercicio irrestricto del derecho constitucional de defensa en juicio; o lo que es lo mismo, que la deserción del recurso de apelación por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios debe ser interpretada restrictivamente” (SCJMza, Sala I, 29/07/2.011, expte. N° 100.943, “Fiscalía de Estado en J: 213.843/12.538 Daldi, José Luis c/Coop. De Viv. Y Urb. El Triángulo Ltda. P/Ejecución Cambiaria s/Inc.Cas.”).

Por ello, se estima que la pretensión recursiva de la parte actora viene habilitada desde el punto de vista formal, no advirtiendo razones de suficiente magnitud que justifiquen una declaración de deserción, como pide al contestar agravios, la parte apelada.

2).- Responsabilidad odontológica. Prueba.

Se ha dicho que la prestación odontológica es un servicio médico especializado en la atención y cuidado de la salud de las piezas dentarias que constituyen el aparato masticatorio. Por lo tanto, todo el régimen jurídico concerniente a la responsabilidad de los médicos en general es aplicable a otros profesionales del arte de curar, como los odontólogos en todo cuanto sea compatible con la índole de sus tareas (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G. Fecha 20/11/2.007. Cita Online: AR/JUR/8955/2007).

El accionar del odontólogo implica un mayor grado de agresividad y realización de maniobras cruentas que otras especialidades médicas. El dentista despliega su labor dentro de un minúsculo especio físico: “cavidad bucal” (cuyas características anatómicas dificultan la realización de determinadas maniobras), valiéndose de tornos, pinzas y herramientas de tipo cortante, que potencian la posibilidad de lesionar tejidos vecinos, nervios, etc. Como si ello fuera poco, en la boca se desarrollan distintas funciones vitales para el individuo (masticación, respiración, fonación, etc.).

El odontólogo asume en principio una obligación de medios, por lo que el paciente que imputa mala praxis al odontólogo debe probar la negligencia del galeno, el daño causado y la relación de causalidad entre su desempeño y el daño acaecido (PREVOT, Juan Manuel. “Responsabilidad Civil del Médico”. Cita Online: 0003/014310 ).

Es así que la prestación odontológica configura una obligación de medios y no de resultado, pues no garantiza la recuperación del asistido, sino el apropiado tratamiento, adquiriéndose el compromiso de atenderlo con prudencia y diligencia (CNFed. Cont.Administrativo, Sala I, 25-6-91, LA LEY, 1992-E, 52 y CNCivil, Sala F, 5-2-98, LA LEY, 1998-E, 94).

Para consagrar la responsabilidad por mala praxis de un odontólogo, “no basta con demostrar un resultado insatisfactorio, sino que es menester acreditar que tal derivación fue consecuencia de su falta de diligencia en la aplicación de las técnicas y conocimientos proporcionados por la ciencia odontológica, que no fueron acordes a las reglas usuales admitidas por la medicina y los recursos terapéuticos a su alcance -en el caso, colocación de implantes- cuyo éxito depende de múltiples factores que muchas veces escapan a la actuación del profesional e incluso se vinculan con la conducta seguida por el propio paciente, no parece razonable imponer en cabeza del odontólogo una obligación de resultado que comprometa su responsabilidad sin más reflexión que el fracaso de la prestación suministrada” (CNCiv., Sala A, 22/12/05, LA LEY, 2006-B, 378).

Es así que si la conducta del odontólogo es la científicamente adecuada, no es el odontólogo quien introduce la causa del daño con lo cual otro será el hecho generador, el que puede obedecer a la causalidad de la víctima (causa predisponente en el organismo del paciente), o por una situación culposa que introduce (paciente que oculta datos al ser interrogado, adicciones, medicamentos que interfieren con otros), o a otras situaciones objetivas ajenas al obrar del profesional (vicio o defectos de los materiales).

El odontólogo debe acreditar la realización de una conducta científica adecuada, vale decir que, frente a varias alternativas terapéuticas posibles, ha optado por un método idóneo y adecuado, y del que normal y ordinariamente puede esperarse determinados resultados (at. 901 del Cód. Civil) (WEINGARTEN, Celia. “Responsabilidad del odontólogo”, en Revista de Derecho de Daños. 2.003-3 “Responsabilidad de los profesionales de la salud” Ed. Rubinzal-Culzoni, pág.348 y sgtes).

En el campo de la responsabilidad médica, “en algunas ocasiones, la causa del daño producido en la actividad profesional médica puede conocerse con certeza, aún sin pericia. Sin embargo, normalmente, los juicios de mala praxis médica versan sobre aspectos científicos y técnicos sobre los cuales el Juez no está en condiciones de opinar pues se trata de aplicar conocimientos ajenos a su saber. Por eso, hay acuerdo doctrinal y jurisprudencial en que, como regla, resulta indispensable recurrir a la prueba de peritos.” (SCJMza.”Cereda, Olga Ester en J Cereda, Olga c/Pcia. de Mendoza p/D. y P. s/Inc. Cas.”. Fecha 16/3/2005.LS. 348:119).

En todo juicio sobre responsabilidad médica las cuestiones involucradas son de carácter científico o técnico; de allí la necesidad de ocurrir al dictamen de los peritos, porque la valoración jurisdiccional del tema motivo del dictamen implica una aprehensión cognoscitiva mediata, es decir, el magistrado es un sujeto cognoscente de segundo grado, ya que de ordinario no posee los conocimientos científicos que le permitan llegar directamente al objeto primario. Cuando la demanda está dirigida a demostrar la mala praxis médica, el dictamen pericial es el único medio probatorio para poder determinar si ella se produjo por una actividad negligente o imprudente, o por falta de la pericia necesaria en los médicos. También se ha dicho que encontrándose en debate la responsabilidad médica, la prueba relevante y específica ha de ser el dictamen pericial, que asesora al sentenciante en temas que escapan a su formación profesional, y más aún al común de la gente, y si bien este consejo no es de obediencia cadavérica, su apartamiento debe darse de mediar razones que impidan conferirle eficacia científica, habiéndose considerado insuficientes al efecto las declaraciones de testigos, que son insusceptibles de abastecer los aspectos que hacen a la incumbencia inherente a la ciencia de la medicina (QUADRI, Gabriel Hernán. “Criterios Jurisprudenciales Bonaerenses en materia de responsabilidad médica. Parte II. Publicado en Cita Online:0003/800622).

En estas cuestiones de alta complejidad técnica, caracteriza la actividad probatoria, la incidencia fundamental de la prueba científica y el rol casi excluyente, por su singular importancia y la natural gravitación que ejercen las pericias médicas a la hora en que debe decidirse el caso. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, sala I. “Sanoval, Hilda c. Hospital José Domingo Mercante y otros”. Fecha 09/08/2005. LLBA 2006, 127.Cita Online: AR/JUR/5555/2005).

Debe agregarse, que la historia clínica es otra prueba decisiva en los juicios de responsabilidad tanto a favor como en contra del galeno, entendiéndose por tal la información realizada por escrito de todo el proceso médico del paciente, incluyendo las pruebas realizadas en el mismo (VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A. “Responsabilidad Civil de los Médicos” en Bueres-Highton. “Código Civil” 4 A. Ed. Hammurabi, 759 y sgtes).

Es así que la historia clínica mal confeccionada puede constituir una presunción hominis de culpa, inferencia ésta que podría encerrar una presunción de causalidad; sin embargo puede ocurrir que esa presunción, en un caso puntual sea insuficiente si se trata simplemente de una omisión singular, aislada y no se conecta con otras presunciones (SCJM, Sala I, “Felici, Jorge y ot. en J: Garrido de Donaire, Silvia Jorge Felici y ot. Daños y perjuicios – Inconstitucionalidad”, 08/06/2000, LS 295:330); y estando claro que “la historia clínica debe ser el fiel reflejo de los pasos cronológicos seguidos por los facultativos y sus auxiliares, y si bien las omisiones no autorizan por si solas a concluir que no se practicaron las medidas que las reglas de arte exigían, no puede negarse la trascendencia de una historia clínica que omite datos imprescindibles para el seguimiento y evolución del paciente” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 20/10/2006, “C., L. c. J., J.y otros”, La Ley Online).

3).- Meritación de los agravios

A).- Debe recordarse que la demanda debe individualizar el objeto litigioso, que debe ser designado con toda exactitud, los hechos en que se funde, los cuales deben ser explicados brevemente, el derecho y la petición en términos claros y positivos, conjunto de requisitos extrínsecos de la demanda que unidos contribuyen a la individualización del objeto litigioso.

En particular, la demanda debe contener una exposición de hechos, los cuales deben ser explicados claramente; el actor debe relatar todos aquellos acontecimientos, especial y temporalmente determinados, de los cuales pueden deducirse los presupuestos de las normas jurídicas que amparan o protegen una situación jurídica. La determinación de cuál sea el acontecimiento concreto que responda a los predicados que se señalan, ha dado lugar a dos tendencias legislativas: a) Teoría de la individualización, que se observa en aquellos sistemas que han adoptado el proceso oral, sostiene que no es necesario un relato minucioso de los hechos, sino que basta con indicar la relación jurídica que ha dado lugar al litigio; b) Teoría de la sustanciación, que requiere que la demanda contenga una narración de los hechos, más o menos detallada, según las circunstancias del litigio, sobre los cuales deberá expedirse el demandado reconociéndolos o negándolos, o sea, que ejercite su derecho de defensa; no es necesario, sin embargo, que se narren todos los hechos, distinguiendo la doctrina entre hechos sustanciales y hechos circunstanciales, pues mientras no solamente el Juez no puede sustituirse a la actividad individual respecto de los primeros, respecto de los segundo no solamente pueden resultar de la prueba, sino que el Juez puede deducirlos por vía presuncional.

En la legislación argentina, domina la teoría de la sustanciación; las leyes procesales exigen que la demanda contenga una exposición de hechos; pero no deja de observarse que la teoría de la sustanciación solamente impera en el proceso de conocimiento.El actor está obligado a explicar los hechos en que funda su pretensión, exigencia que reviste fundamental importancia por cuanto incumbe al demandado la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente, determina la pertinencia de la prueba y la sentencia debe considerar sólo los hechos alegados por las partes. (CARLI, Carlos, “La demanda civil”, La Plata, Editorial Lex, 1.977, pág. 82 y sgtes.).

Nuestro Código de forma, prescribe en relación a la demanda, que debe contener los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión (art. 165 inc. 4), o sea debe contener la causa o motivo por el que se demanda, la causa pretendi o causa de la pretensión.

En los código procesales dispositivos atenuados como el nuestro, en los que rigen la teoría de la sustanciación, los hechos alegados por las partes ponen un corcet al proceso y al Juez, ya que fijan el thema decidendum, y son los únicos que podrán ser objeto de prueba y que podrán ser evaluados por el Juez por aplicación del principio de congruencia, salvo los hechos notorios, los indicios y presunciones que pueden ser invocados por el Juzgador aunque no hayan sido invocados por las partes. Distinto es lo que pasa con la exposición del derecho, ya que el Juez puede en principio apartarse del citado por los litigantes (GIANELLA, Horacio C. “Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza” To. II. Ed. LA LEY fs. 37/38).

La actora al deducir la acción entre otros hechos que denuncia, afirma que una vez que el accionado le realiza la extracción del molar, le colocó sólo una gasa y le indicó que en media hora de la intervención se la sacara, habiéndolo hecho en la hora indicada; y que el 2/7/2.008 fue internada en el Hospital Lagomaggiore.

Sin perjuicio de señalarse que dichos extremos no se encuentran controvertidos; vale decir, existe conformidad entre las partes (art.177 del CPC), en especial en lo referente a la fecha de internación en el Hospital Lagomaggiore, de la Historia Clínica aportada por éste (ver fs, 141, 142, 149, 152) surge que la Srta. C. ingresó al nosocomio el 2/7/2.008 y firmó el consentimiento para prácticas médicas y/o quirúrgicas del Hospital Lagomaggiore el mismo día (ver fs. 156), siendo ello tanto así que ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva el 3/7/2.008 (ver fs. 145, 147,155, 178).

Por ello, que en la foja 143 de la Historia Clínica se hubiere colocado como fecha de ingreso 5/7/2.008, encontrándose sobre escrito el 5, cuando de todo el resto surge el 2/7/2.008 como fecha de ingreso, extremo respecto al cuál las partes están contestes, le impide a la recurrente recién en esta Instancia, argüir que fue ingresada el 5/7/2.008 y que por no haber sido internada con anterioridad, el 1/7/2.008, arribó al Hospital en aquella fecha con un cuadro de shock séptico.

Si bien la apelación devuelve al Tribunal superior la plenitud de la jurisdicción y éste se encuentra frente a la reclamación en la misma posición que el inferior (LOUTAYF RANEA, Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil” 1 .2da. edición actualizada y ampliada. Ed. ASTREA; pág. 84/86; GIANELLA, Horacio G. “Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza”. T. I LA LEY, pág. 1006), ello no habilita, que la cuestión que no fuera propuesta al Juez, pueda ser materia de apelación, toda vez que ésta presupone la previa consideración por el magistrado de los hechos sometidos a su decisión. (Confr. Quinta Cámara Civil, “Villagra, Susana c/Videla Martínez, Alida s/Sumaria”, Fecha. 06/10/1999. Lexis Nexis 33/3440 y “Sticca de Correa, Celina y ots. c/Liderar Comp. General de Seguros S.A.”. Fecha 10/12/2008.LLGran Cuyo 2009 (marzo), 192; Tercera Cámara Civil, “Dirección General de Escuelas c/Farías, Catalina E.”, Fecha 12/02/2008, Lexis Nexis, Nº 70048171).

“El Tribunal “Ad Quem” sólo puede emitir pronunciamiento válido, con respecto a las cuestiones involucradas en la pretensión de la actora y en las oposiciones de los demandados, esgrimidas ante el Juez “A Quo”. Una vez trabada la “litis” – con demanda y contestación -, no pueden las partes modificar la relación procesal originaria y a sus límites debe ceñirse el decisorio jurisdiccional. Los principios de igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, fundados en la garantía del debido proceso y en la inviolabilidad de la defensa en juicio, son el basamento a su vez del principio de congruencia, íntimamente relacionado con la “litis contestatio”. Esta constituye el encuadre infranqueable dentro del cual debe procederse a la producción de la prueba, a su valoración y como se dijo, adecuarse el pronunciamiento que se dicte, so peligro de incurrir en extra o ultra petito de dictarse una sentencia incongruente o arbitraria, por resolver cuestiones no debatidas” (Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, expte. N° 23.139, “O.M.G. S.A. c/Walter O. García y ot. p/Ejecutivo”, 31/07/1997, LS 143 – 118).-

Ergo, no es un hecho controvertido que luego de realizada la extracción el odontólogo le colocó sólo una gasa que la actora retiró, y que fue internada en el Hospital Lagomaggiore el 2/7/2.008.

B).- Se queja la recurrente que se tenga por cierto que el 1/7/2.008 el accionado le hubiere realizado una limpieza de cavidad y que le hubiere colocado una gasa. Denuncia que éste no indagó las razones por las cuales no podía abrir la boca ni le realizó ningún estudio.

A fs. 270 y sgtes.obra el informe de la perito odontóloga, especialista en cirugía y traumatología buco máxilo facial, que informa que según la historia clínica odontológica “el profesional diagnostica pericoronaritis e indica mediación antibiótica y analgésica, posteriormente el 26/06/08 realiza extirpación quirúrgica del moral causante del cuadro inflamatorio e infeccioso, luego el día 1/7/08 el Dr. M. realiza placa de acrílico por trismus, masaje en zona, limpieza (alveolitis) y colocación de iodo, aclarando que el relato de la paciente en su consultorio, durante revisación, concuerda con lo documentado en la historia clínica.

Que la accionante, según lo expresado por la perito, no hubiere podido cambiar la gasa por el trismus que se informa, ello no significa que el odontólogo en la consulta del 1/7/2.008 luego de hacerle la placa de acrílico, masajes de relación hubiere podido, como consta en la Historia clínica aportada por el accionado, realizar toilette de la cavidad (lavaje y curetaje), y colocación de gasa iodoformada en el alveolo, valiéndose al efecto de pinzas u otros elementos para introducirla, aún cuando la accionante no hubiere podido abrir completamente la boca.

En cuanto a la conveniencia de colocar una gasa iodoformada, la perito informa que es una práctica indicada que se usa en la actualidad para el tratamiento de la alveolitis, en ese momento el diagnóstico no es pericoronaritis, ya que estamos frente a una de las complicaciones más frecuentes de la exodoncia. Aclara que la gasa fue puesta en esa consulta post-extracción (1/7/2.008) ya que estaba frente a una alveolitis (ver fs. 298), que para esta patología no es necesario realizar cultivo ni antibiogramas ni tampoco imagenológico porque la patología de los tejidos blancos no se observan por radiografía, y que a tenor de lo documentado por el accionado y el relato de la paciente, concluye la experta que la práctica odontológica fue implementada correctamente (ver fs.299).

No se soslaya que la historia clínica no fue suscripta por la paciente, sin embargo se coincide con la Magistrada de Grado, que luego de la extracción del molar, el accionado no se desentendió de la actora. Ante la inflamación y dolor que padecía la accionante, las que no cedieron ante los antibióticos que le ordenó ingerir tanto pre como post a la extracción, le sugirió que se hiciere ver en el Hospital del Carmen, en dónde le dieron antibióticos y le dieron de alta; el 1/7/2.008 la atendió haciéndole una placa de acrílico, limpieza de la cavidad, colocándole una gasa iodoformada en el alveolo, y al no mejorar su cuadro, sea el demandado o la médica pediatra que trabajaba con él en el Centro de Salud, la derivaron al Hospital Lagomaggiore dónde quedó internada.

C).- Se agravia la apelante, que la perito no puede desvirtuar el diagnóstico del Dr. D. Aquino profesional que operó a la actora en el Hospital Lagomaggiore, el que consigna que extrae gasa iodoformada dejada por el odontólogo que practicó la extracción con olor putrefacto (ver fs. 157).

Además, afirma la actora que el diagnóstico del Hospital Lagomaggiore consigna shock séptico por gasa en estado de putrefacción.

Respecto a esto último, la Historia Clínica, a diferencia de lo aseverado por la Srta. C., indica que el 8/7/2.008 la paciente fue derivada a la UTI por shock séptico por celulitis y/o flemón peri-odontógeno 3er molar izquierdo, probablemente post-extracción (ver fs. 151).

Por otra parte y respecto al diagnóstico del Dr. Aquino, no se desconoce que la Magistrada, en el auto de admisión de prueba ordenó que el Dr. Aquino compareciere a reconocer firma y contenido de la instrumental que se le exhibirá, entre la que se encuentra el supuesto diagnóstico citado (ver fs. 18), no habiendo comparecido a reconocerlo, no obstante las múltiples citaciones.Sin embargo no puede dejar de advertirse que el diagnóstico a que se hace referencia, no es tal, sino que constituye el Pr otocolo Quirúrgico de la intervención de fecha 7/7/2.008 y que forma parte de la historia clínica No. 165194, titular G. C., remitida por el Hospital Lagomaggiore.

Desde el punto de vista jurídico procesal, la Historia Clínica es un documento meramente probatorio, ya que constata la existencia de hecho del estado de salud -enfermedad de una persona-, respecto del cual la ley no exige una forma determinada.

Cuando la Historia Clínica es expedida por un médico de una institución sanitaria privada, tiene la naturaleza jurídica del documento privado; carece de valor probatorio hasta tanto se acredite la autenticidad de la firma que figura en ella, sea mediante el reconocimiento (expreso o tácito) de la parte a quien se lo atribuye, o mediante la comprobación que puede realizarse por cualquier clase de pruebas, entre las cuales el cotejo de letras es la que mayor eficacia reviste; y, parte de la doctrina dice, en cambio, que cuando es expedida en un ente asistencial público, la Historia Clínica adquiere la calidad de documento público; pero, la jurisprudencia, a su vez, ha dicho que la Historia Clínica no está comprendida dentro de la enunciación del art. 979 del Código Civil que define a los instrumentos públicos (SC Bs. As., 13/06/1972, in re “Suárez de Rigueiro, María”)(GARAY, Oscar E. “Negligencia, informe pericial y la importancia de la historia clínica en la responsabilidad médica. La necesidad de regular la “H.C. informatizada”. Publicado en: RCyS 2006 , 448).

Ponderando que la historia clínica de la Srta. C. que corre a fs.136/183, en dónde consta el protocolo quirúrgico, fue remitida de un hospital público, Lagomaggiore, obrando constancia a fs. 137 vta., que se adjunta historia clínica No.165.194, suscripta por el responsable del Departamento de Estadística del Hospital Luis Lagomaggiore, se entiende que corresponde tener por autentica la historia clínica, y el protocolo quirúrgico que corre a fs. 157, resultando innecesario el reconocimiento ordenado.

Por lo tanto, si bien cabe tener por cierto que el Dr. Aquino al efectuar limpieza del alveolo, extrajo gasa iodoformada en mal estado y con olor putrefacto y que la misma habría sido dejada por el odontólogo que hizo la extracción (ver fs. 157), ello no significa que la hubiere dejado el día de la extracción -26/6/2.008- máxime cuando ésta fue sin sutura, colocándose sólo una gasa que fue extraída por la actora, cuando el 1/7/2.008 se le realizó limpieza de la cavidad, colocándosele una gasa con iodo.

Sin perjuicio de ello, y colocándonos en la postura más favorable a la recurrente, y no pudiésemos determinar en qué fecha fue dejada la gasa que luego extrajo el 7/7/2.008 el Dr.Aquino, resulta fundamental determinar si ésta fue la causa del estado que presentaba la actora.

La perito Odontóloga especialista en cirugía y traumatología buco máxilo facial, dictamina que el origen de la dolencia no es la gasa iodoformada en el alveolo del elemento 38; indica que la gasa iodoformada se coloca como parte del protocolo para aliviar el cuadro ya perpetrado en la paciente; que lo ocurrido a la actora es consecuencia de una infección diseminada a regiones subyacentes al terreno donde se encontraba el tercer molar extraído, situación que había comenzado con la clínica del paciente, previo a su intervención; que debido a la imposibilidad de detener con barreras naturales el cuadro infeccioso, este avanzó.

Señala que hay que tener en cuenta el tipo de microorganismos y su virulencia, tal es así que en la interconsulta con el servicio de infectología del Hospital Lagomaggiore se cambia el esquema de antibióticos por unos más específicos para el tipo de gérmenes que evidenciaba el cuadro infeccioso; que cambia la administración oral por la parenteral, para poner freno más rápidamente al avance patógeno; que la infección odontogénica puede progresar a los tejidos blandos dando lugar a la formación de celulitis o flemones y absesos; que esta infección puede quedar confinada a la cavidad oral o bien afectar los diferentes espacios faciales, que pueden llenarse de pus cuando tienen lugar una infección y que por estar estrechamente comunicados, la infección se difunde rápidamente de unos a otros; que luego de una extracción de un tercer molar, se espera la cicatrización normal de la herida; que ante una complicación, como es la alveolitis, la infección avanza a planos faciales secundarios y es conveniente la derivación a un centro asistencial de mayor complejidad con especialistas en la materia y que el diagnóstico, tratamiento y pronóstico corresponden al cuadro descripto. (ver fs.275)

En cuanto a la medicación que recetó el demandado a la paciente, indica que el 23 de junio se le indicó amoxicilina-clavulánico de 1 gr. cada 12 horas manifestando además que la droga, la dosis y la frecuencia son las adecuadas, y que la infección desaparezca totalmente depende de muchos factores, de eliminar la causa (muela del juicio) de completar el esquema de antibióticos sugerido por el profesional, del tipo de germen, de su virulencia, de la higiene del paciente, no es una ciencia exacta, y al no serlo se barajan varias posibilidades. (fs. 296).

También informa la perito que surge de la historia clínica que el odontólogo recetó antibióticos por 7 días luego de la extracción.

La medicación indicada se ve respaldada por la prueba acompañada por la accionante (ver fs. 8) dónde se lee escrito en forma manuscrita “amixen clavulánico 1gr. 1 cada 12 hs, 7 días; Dexa 2 ml; diclofenax 75 1 cada 12 hs, 5 días.

Puesta a disposición de las partes el informe pericial, no fue impugnada por la parte accionante la aseveración que la “gasa iodoniformada” no fue la causante de la dolencia de la actora.

Como se expresara en la responsabilidad médica de los médicos y hospitales, que resulta aplicable a los odontólogos, resulta indispensable recurrir a la prueba de peritos (CORREA, María Angélica. “Responsabilidad médica y derecho a la salud”. LLGran Cuyo2016 (marzo), 123 Cita Online: AR/DOC/119/2016), a la hora de determinar qué grado de participación en el resultado pudo haber tenido el incumplimiento del galeno, así como las consecuencias posibles que podrían haber derivado de un comportamiento diligente por parte de este último. (AIZENBERG, Marisa-ROITMAN, Adriel J. “Responsabilidad Civil Médica y la relación de causalidad. Pérdida de la Chance ante casos de error de diagnóstico”. LA LEY 30/07/2009, 3 o LA LEY 2009-D, 594. Cita Online:AR/DOC/2633/2009 ); y que aunque el Juez es perito de peritos, ello no lo habilitada para modificar las conclusiones de los dictámenes periciales sin razones valederas. El Juez tiene plena facultad para apreciar el dictamen pericial, pero no puede ejercerla con discrecionalidad, pues para poder apartarse de las conclusiones formuladas por el experto, debe tener razones muy fundadas. Si el Juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, de equidad, que para el caso pueden exigirse, lo mismo que los demás requisitos para su validez y su eficacia y no existen otras pruebas mejores o iguales en contra, por lo cual queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad. (DE-VIS ECHANDIA, Hernando, “Teoría General de la Prueba” Judicial, T. II, Bs. As., Víctor de Zavalía 1970, p. 348 vta.).

Por ello, cuando el peritaje, aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales (Suprema Corte de Justicia de Mendoza que a su vez admite (SCJMza. Autos N° 29.866/77741 – “Sechter David c/ Munich. Ciudad de Mendoza p/ D. y P. s/ Inc.”. Fecha 25/10/04. LS. 342:153).

Va de suyo que no habiendo desvirtuado la actora, que la gasa iodoformada encontrada en el alveolo del elemento 38, hubiere sido la causa de la complicación presentada por ésta, o dicho en otras palabras, no existiendo prueba alguna de igual o mayor valor probatorio al dictamen, que revierta la conclusión que no existe relación de causalidad entre la gasa iodoformada y el cuadro que presentó la Srta. C. con posterioridad a la extracción del molar, quién además fue medicada en forma correcta tanto antes como después del procedimiento, corresponde el rechazo de las quejas.

VI.En consecuencia, deberá rechazarse el recurso de apelación deducido por la actora, confirmándose la resolución recurrida. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta los señores Jueces de Cámara, Dres. Claudio F. Leiva y Claudio A. Ferrer, dijeron:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Abalos, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por la apelante vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta los señores Jueces de Cámara, Dres. Claudio F. Leiva y Claudio A. Ferrer, dijeron:

Que por las mismas razones adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 14 de diciembre de 2.016.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal

RESUELVE:

1°) No hacer lugar al recurso de apelación incoado a fs. 401 por la Dra. María Luz Corte por la actora G. C., en contra de la sentencia de fs. 394/400, la que se confirma en todas sus partes.

2°) Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa a los Dres. Gabriel R. Juan; Mariel F. Molina de Juan; María Luz Corte y Rosario María Nanclares en las sumas de ($.); ($.)($.); y ($.) respectivamente. (Arts. 3, 15 y 31 de la Ley Arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen.

msa/dds/5908

Dra. María Silvina Ábalos

Juez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva

Juez de Cámara

Dr. Claudio A. Ferrer

Juez de Cámara

Dra. Andrea Llanos

Secretaria de Cámara