Medida de no innovar en relación al estado de ocupación de un inmueble

casa_propia1Partes: Pellegrini Zulema María Luisa s/ quiebra – incidente art. 250 del CProc.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 18-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101951-AR | MJJ101951

Sumario:1.-La medida cautelar de no innovar, como en general toda otra medida de seguridad, se orienta a preservar, mientras se sustancia el proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho y su finalidad consiste en impedir que mediante su alteración por las partes durante el curso del proceso, la sentencia se torne de cumplimiento imposible o el derecho que ella reconoce, ilusorio.

2.-Al tratarse de un remedio de excepción dentro de las medidas cautelares, la valoración de las circunstancias que conducen al reconocimiento de la medida de no innovar. debe ser extremadamente cuidadosa, y necesariamente restringida, en especial cuando se trata de limitar facultades que son inherentes a la propiedad.

3.-Es requisito de procedencia de las medidas cautelares la acreditación de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora. Respecto del primero de esos recaudos, para conseguir el dictado de una resolución que acoja favorablemente una pretensión cautelar es preciso -al menos- la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el peticionante (fumus bonis iuris) en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal puede declararse la certeza de ese derecho. No se trata de exigir, a los fines de esa comprobación, una prueba concluyente; empero, es necesario como mínimo un mero acreditamiento, mientras que, el peligro en la demora, a su vez, ha sido identificado con el interés jurídico que la justifica para disipar un temor de daño inminente; y la contracautela, con la caución que asegura a la otra parte el resarcimiento de los eventuales daños irrogados por la medida indebidamente peticionada.

4.-La petición cautelar, requiere del análisis inexcusable de la verosimilitud del derecho que asiste al pretensor en relación a la reclamación que formula en la acción de fondo, y la ponderación de la congruencia entre ambos elementos. Dicha nota típica del instituto precautorio refiere a la instrumentalidad, es decir, a una vinculación accesoria con un proceso principal, al cual sirve para garantizar la efectividad de su resultado.

5.-El principio de la instrumentalidad de las medidas cautelares significa que su dictado solo puede concebirse en tanto exista juicio pendiente en el que se discuta el derecho que se ha querido asegurar, pues de lo contrario constituiría una arbitrariedad.

6.-Resulta procedente la medida de innovar dispuesta por el magistrado de grado, en tanto se procura evitar mediante su adopción el eventual perjuicio irreparable que generaría a los actores la orden de hacer efectivo el desalojo de la vivienda donde habita el grupo familiar, pues con ello se protege el acceso a la vivienda-digna a la que debe asignarse preferencia, no por su valor económico, sino por su vinculación con un derecho humano consagrado en la constitución nacional y en diversos tratados internacionales de rango constitucional, que no podría ser desconocido por el dictado de actos jurisdiccionales que impidan su tutela.

7.-En tanto la medida de no innovar guarda relación con el objeto de la acción de fondo propuesta por los presentantes, (incidente de usucapión) y en tanto el peligro en la demora se verifica en la circunstancia que de disponerse el desahucio, se frustraría el resultado perseguido en el proceso de usucapión, e irrogarían perjuicios de difícil reparación ulterior a los involucrados, la medida debe mantenerse. Ello no supone desatender los derechos del apelante, en tanto el comprador sabía de la existencia de ocupantes y las vicisitudes que tal circunstancia podía generar dentro del proceso de adquisición del bien que se sabía ocupado con antelación a la subasta. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de Octubre de 2016.

VISTOS:

1. Apeló la compradora en subasta, la decisión mediante la cual el a quo en el incidente de usucapión decretó la medida de no innovar y suspendió la orden de desahucio decretada en los autos caratulados “Pellegrini Zulma María Luisa s/ inc de enajenación de bienes”

El memorial se encuentra glosado a fs. 68/70; fue contestado por los ocupantes a fs. 72/75 y por el síndico a fs. 85/86.

Básicamente el comprador se agravia por la medida de no innovar dispuesta en el incidente de enajenación con fecha 7 de abril de 2015.

En tal sentido, señala haber sido comprador del inmueble en pública subasta de buena fe y refiere que el momento de adquirir el bien no pesaba demanda alguna de usucapión.

Agrega que los ocupantes tampoco opusieron en forma oportuna nulidad de la subasta y la misma resulta improponible en este estado por extemporánea.

Por último cuestionó el monto de la caución real fijada de $ 10.000.

2. El exámen del incidente de enajenación que se tiene a la vista se caratula “Pellegrini Zulma María s/ quiebra s/ inc de enajenación” y tramita bajo n° 17051/10.

En esos obrados se dispuso la venta en pública subasta de un inmueble ubicado en la localidad de Esteban Echeverría de titularidad del fallido. Y al efectuarse la constatación del bien el martillero dejó constancia que el mismo se encontraba ocupado por el Sr. Barba desde hacía aproximadamente 22 años con su familia (v fs. 92 vlta), de lo que además se dejó constancia tanto en el edicto como en el boleto de compraventa.

La subasta se llevó a cabo y se tuvo por adquirente a Jubil Ren S.R.L. con fecha 9/11/07 (fs. 121/122).

Ordenada la intimación para la desocupación del bien, los ocupantes se presentaron y opusieron defensa de usucapión (fs. 171/74), que fue declarada caduca con fecha 22.09.14 (fs.488/89), decisión confirmada por esta Sala a fs. 512/514.

Ello motivó una nueva intimación de desalojo.

Posteriormente el apoderado de los sucesores del Sr Jaime Barba inició un incidente de usucapión, expte n° 46036/1998/1 actualmente en trámite y solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender el desahucio ordenado en los autos “Pellegrini Zulma María Luisa s/ inc de enajenación de bienes”, expte n° 17051/2010, (fs. 45 del expediente n° 46036/98/1 y fs 40/46 de estos autos), medida cautelar por cierto ordenada por el magistrado y que es objeto del recurso bajo examen (v fs. 47 del incidente).

3. Cabe señalar que, en principio, la medida cautelar de no innovar, como en general toda otra medida de seguridad, se orienta a preservar, mientras se sustancia el proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho (conf. Palacio L., ” Derecho Procesal Civil”, t° VIII, p. 176). Su finalidad consiste en impedir que mediante su alteración por las partes durante el curso del proceso, la sentencia se torne de cumplimiento imposible o el derecho que ella reconoce, ilusorio.-

Por ello, al tratarse de un remedio de excepción dentro de las medidas cautelares, la valoración de las circunstancias que conducen a su reconocimiento debe ser extremadamente cuidadosa, y necesariamente restringida, en especial cuando se trata de limitar facultades que son inherentes a la propiedad (Arazi, Rolando, “Medidas Cautelares”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, pág.265), siendo por ello su aplicación de carácter restrictivo (Sala E, 9.12.89 “Corafro, Alfredo y otros c/Banco de la Provincia de Buenos Aires”).

De otro lado, es requisito de procedencia de las medidas cautelares la acreditación de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora.

Respecto del primero de esos recaudos, reiteradamente se ha sostenido que para conseguir el dictado de una resolución que acoja favorablemente una pretensión cautelar es preciso -al menos- la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el peticionante (fumus bonis iuris) en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal puede declararse la certeza de ese derecho. No se trata de exigir, a los fines de esa comprobación, una prueba concluyente; empero, es necesario como mínimo un mero acreditamiento (conf. Palacio, Lino E., ob. cit, T. VIII, p. 33 núm 1223; CCiv, Sala A, 23.2.90).

El peligro en la demora, a su vez, ha sido identificado con el interés jurídico que la justifica para disipar un temor de daño inminente; y la contracautela, con la caución que asegura a la otra parte el resarcimiento de los eventuales daños irrogados por la medida indebidamente peticionada (conf. Martinez Botos, “Medidas Cautelares”, pág. 55 y ss, Ed. Universidad, 1990).

Ahora bien, la petición cautelar, requiere del análisis inexcusable de la verosimilitud del derecho que asiste al pretensor en relación a la reclamación que formula en la acción de fondo, y la ponderación de la congruencia entre ambos elementos.

Dicha nota típica del instituto precautorio refiere a la instrumentalidad, es decir, a una vinculación accesoria con un proceso principal, al cual sirve para garantizar la efectividad de su resultado -conf. F. Carnelutti, citado por Palacio Lino Enrique, ob. cit, Tomo VIII, pág 15, Ed.Abeledo Perrot, 1985-. Esto significa que su dictado solo puede concebirse en tanto exista juicio pendiente en el que se discuta el derecho que se ha querido asegurar, pues de lo contrario constituiría una arbitrariedad (esta Sala, 25.4.10, “SA Lito Gonella e Hijo ICIFI c/Bisa Seguros Reaseguros SA y otros s/medida precautoria s/ incidente de apelación (art. 250 CPCC)”; Sala A, 24.4.07, “Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico SA c/Tomografía Computada de Bs. As. SA s/med. precautoria”).

4 . Al amparo de tal preceptiva, este Tribunal comparte la medida dispuesta por el magistrado de grado, en tanto se procura evitar mediante su adopción el eventual perjuicio irreparable que generaría a los actores la orden de hacer efectivo el desalojo de la vivienda donde habita el grupo familiar.

Es que con ello se protege el acceso a la vivienda-digna a la que debe asignarse preferencia, no por su valor económico, sino por su vinculación con un derecho humano consagrado en la constitución nacional y en diversos tratados internacionales de rango constitucional, que no podría ser desconocido por el dictado de actos jurisdiccionales que impidan su tutela.

En este contexto y en tanto la medida de no innovar guarda relación con el objeto de la acción de fondo propuesta por los presentantes, (incidente de usucapión) y en tanto el peligro en la demora se verifica en la circunstancia que de disponerse el desahucio, se frustraría el resultado perseguido en el proceso de usucapión, e irrogarían perjuicios de difícil reparación ulterior a los involucrados, la medida debe mantenerse.

ello no supone desatender los derechos del apelante; en tanto el comprador sabía de la existencia de ocupantes y las vicisitudes que tal circunstancia podía generar dentro del proceso de adquisición del bien que se sabía ocupado con antelación a la subasta.

Por ello y consonancia con lo propiciado por el Ministerio Público Fiscal cuyos argumentos se comparten y hacen propios al que por razones de economía nos remitimos, los agraviosdel quejoso no pueden ser admitidos.

5. Por último la contracautela tampoco se verifica insuficiente a tenor de la situación planteada y el derecho de raigambre constitucional comprometido.

6. En función de lo expuesto, se resuelve: confirmar la resolución dictada cuya copia obra a fs. 47 que dispuso una medida de no innovar respecto del inmueble cuya usucapión se demanda y ordenara suspender la orden de desahucio decretada en el incidente de enajenación que tramita bajo n° 17051/2010.

Costas por su orden considerando que bien pudo el apelante creerse con derecho a peticionar como lo hizo.

Notifíquese (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1° y n° 3/2015) y a la Sra. Fiscal ante la Cámara. Fecho, devuélvase a la anterior instancia a sus efectos.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

RAFAEL F. BARREIRO

JUAN MANUEL OJEA QUINTANA

ALEJANDRA N. TEVEZ

MARÍA EUGENIA SOTO

PROSECRETARIA DE CÁMARA